Costumbres en común
Introducción de Julio Martínez-Cava
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Pero los problemas y las técnicas relativos a la recuperación de datos son la parte menos importante del asunto. En un estudio que exige que revisemos no solo nuestros métodos, sino también todo el problema, Jeanette Neeson ha demostrado la posibilidad de que los historiadores buscaran lo que no debían buscar y se equivocaran también del lugar donde buscarlo. Neeson presenta razones convincentes para suponer que «la oposición parlamentaria y el motín eran los medios menos eficaces, y probablemente menos comunes, de oponerse al cercamiento».[326] Y, dirigiendo de nuevo la atención a todo el proceso de cercamiento, desde que se propuso hasta su puesta en práctica, que a menudo se demoraba mucho, muestra un volumen y una variedad asombrosos de formas de protesta —que hasta ahora habían permanecido ocultas en los archivos locales—: cabildeos, cartas, peticiones, ataques a los inspectores, destrucción de archivos y también los incendios provocados, los motines y la destrucción de cercas, lo cual podía continuar durante años después de terminado el cercamiento. Y esta resistencia tenaz no carecía de función. Se puede demostrar que retrasó los cercamientos, a veces durante décadas, y cabe que a veces modificase sus condiciones. «Si los terratenientes y los agricultores acabaron ganando la batalla del cercamiento, puede que los artesanos rurales y los peones agrícolas tuvieran algo que decir en lo que se refiere a las condiciones de la rendición».[327]
Si los datos que la doctora Neeson ha descubierto en Northamptonshire se vieran corroborados por las investigaciones en otros condados, ello cambiaría nuestra comprensión del cercamiento en el siglo XVIII y de la profunda hostilidad con que era recibido por una parte importante de la comunidad rural. En general, la oposición acababa siendo vencida; casi sin excepción, los campos abiertos ya habían sido cercados en 1850, y la oposición raramente mantuvo tierras comunales y baldías abiertas durante mucho más tiempo, salvo en circunstancias especiales, como, por ejemplo, tierras baldías extensas de las cuales participaran varios pueblos, regiones boscosas y pantanosas y tierras comunales contiguas a ciudades con mercado o centros urbanos mayores. Las protestas urbanas en torno a los derechos comunales eran con frecuencia más formidables y más visibles que las rurales, y, aunque está claro que no son características de la costumbre agraria, todavía pueden proporcionar un punto de partida en cuestiones generales de derecho comunal.
La razón más obvia para el éxito urbano es sencillamente la superioridad numérica y el anonimato que la misma ofrecía a los amotinados. En modo alguno hay que suponer que todos los motines urbanos eficaces contra el cercamiento estallaran en poblaciones constituidas en corporación. Pero el asunto de la constitución en corporación reviste verdadera importancia, toda vez que distingue entre derechos de prescripción y derechos instaurados por la costumbre. La costumbre se impone a la tierra, pero la prescripción «se supone en la persona»: «Se hace siempre en el nombre de una persona cierta y sus antepasados, o de aquellos cuya herencia tiene», y normalmente se establece mediante la recitación de la concesión o escritura original.[328] Las poblaciones constituidas en corporación mediante escritura eran personas jurídicas, cuyos ciudadanos podían, por consiguiente, alegar derechos de prescripción más generosos que los que la ley reconocería por costumbre. En el fallo importante del caso Gateward (pp. 206-207) se dictaminó que los «habitantes» no pueden prescribir que tienen beneficio en suelo ajeno, con la reserva «a menos que estén constituidos en corporación».[329] Si se concedían derechos de prescripción al uso de tierras comunales mediante escritura a una corporación, entonces el ejercicio de estos derechos (así como las personas facultadas para ejercerlos) se convertía en un asunto sobre el que no debían decidir los tribunales, sino la reglamentación intramuros de la corporación.
De hecho, las escrituras que se citan a menudo y de las cuales derivaban sus derechos los ciudadanos, en lo que se refiere al uso de las tierras de la ciudad, con frecuencia son tan ambiguas y tan susceptibles de interpretaciones varias como los derechos en los manorial villages. Podemos verlo en el caso de Coventry. Se afirmaba que el derecho provenía en primer lugar de una concesión efectuada por sir Roger de Montealto (1249) reservando a los «communiariis» «pastos razonables» para tantos animales «con los cuales puedan arar de forma conveniente y cuidar sus tierras cultivables, y que, por razón de esas tierras, tanto por derecho como por costumbre, deberían tener y estaban acostumbrados a tener tierra comunal». Esto fue «traducido» —sospecho que por un porfiador popular a finales del siglo XVII o principios del XVIII— del siguiente modo: «Guardando para todos los jornaleros de campo pastos y tierras comunales razonables para tantos animales como puedan mantener y que deberían tener y estaban acostumbrados a tener tanto por derecho como por costumbre».[330] Al hacerse más valiosos tanto la tierra como los derechos, los intentos de limitar estos o de cercar aquella fueron recibidos con tumultuosa resistencia en 1421, 1430, 1469, 1473, 1495 y 1509,[331] a la vez que un serio motín logró impedir que se cercaran más tierras en 1525.[332] Puede que la definición de quiénes poseían derechos de commoner no se hiciese firme hasta el siglo XVII.
Un apunte en el libro del Court Leet[333] de 1663 induce a pensar que todos los que «habitan y pagan Scot and Lott»[334] tenían derecho común (se trata de una definición más estrecha de lo que sugieren apuntes anteriores).[335] Una creencia más popular era que la tierra pertenecía al «alcalde, los alguaciles y la corporación de la ciudad […] y un millón y otros estaban en posesión de dicho manor».[336] En 1674 esto se definió claramente como ciudadanos alistados en compañías. Durante todo el siglo XVIII los derechos de los ciudadanos se defendieron celosamente, en especial por medio del aprendizaje; y hasta bien entrado el siglo XIX los derechos en las lammas lands[337] se señalaban anualmente (como en otras ciudades) por medio del llamado lammas riding, que consistía en que la corporación y los ciudadanos recorriesen a caballo los límites de los campos y pisotearan el trigo que hubiera crecido en ellos (a menos que se ganara su benevolencia por medio de cerveza floja y alimentos) y derribaran puertas y obstrucciones.[338]
En el siglo XIX Coventry se encontraba completamente rodeada de lammas lands, lo cual incrementaba la densidad de la población y significaba que el valor potencial de las tierras como terrenos para construir subía anualmente. Al final, después de muchas polémicas y de largas y astutas negociaciones, los ciudadanos vendieron sus derechos a cambio de una asignación considerable de estas tierras. Para entonces el derecho del ciudadano había caído en manos de una minoría (aunque esta era grande). Joseph Gutteridge, cintero, opinaba que la disputa de mediados de siglo se refería solamente a los derechos de un grupo privilegiado. Pero seguía lamentando la pérdida de tierras que en su juventud, en la década de 1820, eran un «verdadero paraíso. Solía vagar por ellas sin estorbo ni obstáculo».[339]
Tenemos aquí una mezcla de derecho de prescripción, mito y afirmación por parte de grupos tumultuosos. La disputa intramuros por el ejercicio de los derechos surgía cuando la enajenación de terrenos comunales urbanos era efectuada por la corporación misma, en nombre de derechos de ciudadanos que cada vez se estaban haciendo más exclusivos y corruptos. Cuando la corporación de Leicester cercó los South Fields en 1753 y los alquiló a tres arrendatarios (entre los que había dos concejales), los motines continuaron durante por lo menos tres años, en los cuales los «postes y verjas y el seto vivo […] instalados para cercar los citados campos» fueron «derribados, arrancados y destruidos en gran número […] de una manera sumamente ruidosa y tumultuosa». El cercamiento, que se intentó por primera vez en 1708, no quedó terminado hasta 1803.[340] En Nottingham, donde seiscientos acres (243 hectáreas) de lammas lands y otros trescientos cincuenta acres (141 hectáreas) de pastos con derecho comunal permanecieron abiertos hasta bien entrado el periodo victoriano, un testigo declaró ante la Comisión Especial sobre el Cercamiento de Tierras Comunales (1844) que esto surtía un efecto muy perjudicial en la moral del pueblo:
Da origen a mucha falta de respeto por las leyes del país en general; como, por ejemplo […] cuando llega el día en que las tierras pasan a ser comunales [normalmente el 12 de agosto] […] la población sale, destruye las vallas, derriba las puertas y comete muchos otros actos ilegales, que indudablemente tienen derecho a hacer, en nombre del derecho del común que tienen […], la consecuencia es violencia y abuso constantes.
El testigo explicó que los ciudadanos eran «todos votantes, lo cual es una gran desgracia, y están engañados con respecto a sus derechos, y el valor de ellos, por elementos que en los periodos electorales recurren a la agitación». Habían ejercido derechos sobre las lammas lands durante muchos años, y «siendo un grupo muy numeroso, y siendo muchos del grupo de una clase social muy baja, son capaces de recurrir a actos de violencia a los que un grupo constituido en corporación no recurriría».[341] Los derechos por prescripción y los derechos por afirmación de uso se habían vuelto totalmente indistintos.
Los impresores ofrecieron a Nottingham y otros commoners baladas contra el cercamiento de tierras, que probablemente eran más leídas que cantadas: «Vosotros, ciudadanos todos de Nottingham, venid a escuchar mi canción»:
Vuestros derechos y vuestras libertades quiero que honréis,
y miro hacia la posteridad, me parecen siempre queridos;
a nosotros a nuestros hijos por la carta que prevalece,
así que ahora, muchachos míos, uníos y no aceptéis postes ni verjas […].
No toleremos invasiones en nuestro camino,
mas para repeler semejante tiranía pongámonos de acuerdo ahora;
pero que todos los valientes hombres libres disfruten de su derecho de Tierra.[342]
Cuanto más miras, más te encuentras con que estas disputas eran normales, tanto en las ciudades grandes como en las pequeñas. Podían ser masivas y muy violentas, como la disputa que hubo en Sheffield en 1791. Se había aprobado una ley especial para cercar seis mil acres (2.430 hectáreas) de tierra comunal y baldía junto a la ciudad, compensando a los pobres con dos acres (0,809 hectáreas) solamente. Esto provocó motines espectaculares que puede que influyeran en los ciudadanos y les hiciesen tomar una dirección «painita» o «jacobina». Los encargados del cercamiento fueron atacados; la multitud abrió la cárcel de deudores y liberó a los presos; hubo gritos de «¡Fuera el rey!» y «¡Fuera impuestos!».[343] O podía tratarse de hechos pequeños y simbólicos, como en Streatham Common en 1794, cuando seis hombres vestidos de negro llegaron en un coche de punto y demolieron la empalizada del duque de Bedford.[344] Londres y sus alrededores no tendrían parques hoy día si los commoners no hubiesen defendido sus derechos, y a medida que el siglo XIX fue transcurriendo, los derechos de esparcimiento se hicieron más importantes que los derechos de pasto y fueron defendidos celosamente por la Commons Preservation Society.[345] A estos «verdes» prematuros debemos los pulmones urbanos que tenemos.[346] Más que eso, de no haber sido por la tenacidad con que los commoners de Newbury defendieron sus derechos a Greenham Common, ¿dónde diantres habría podido aparcar sus proyectiles nucleares la OTAN?[347]
III
Sin embargo, no deberíamos llevar demasiado lejos la distinción entre los derechos de prescripción y los derechos establecidos por la costumbre. Aunque los commoners urbanos apelasen a «derechos reconocidos», cuando lograban sus propósitos, era por medio de la afirmación del uso, de su puro peso numérico, de su fuerza política. Y la ley podía manipularse. La «prescripción» podía ser una patraña jurídica, una concesión supuesta (pero no registrada).[348] Quizá deberíamos darle la vuelta al problema. En las ciudades, las tierras comunales eran a menudo defendidas con mayor fortuna que en el campo. ¿Nos dice esto algo sobre derechos y sobre la propiedad y la ley?
El tono de algunos escritos de historia de la agricultura induce a pensar que hay poco que necesitemos saber acerca de la ley. Hasta el profesor Hoskins, en su comprensivo e informativo estudio de las tierras comunales, se permite afirmar que «contrariamente a la creencia general […] toda la tierra comunal es propiedad privada. Pertenece a alguien, ya sea un individuo o una corporación, y ha pertenecido a alguien desde tiempo inmemorial».[349] Eso podría hallar una justificación legalista —desde luego, Hoskins simplificó su explicación—, pero «pertenecer», la propiedad privada sobre la tierra, es en sí mismo un concepto que ha tenido una evolución histórica. El concepto central de la costumbre feudal no era el de la propiedad, sino el de las obligaciones recíprocas.[350] Una autoridad en derecho territorial sugiere que los derechos comunales
nacieron como derechos consuetudinarios asociados con el sistema comunal de agricultura que se practicaba en las primitivas comunidades de los pueblos. En un periodo muy antiguo estos pueblos se hallaban rodeados de extensiones de tierra baldía […]. En tal tierra los lugareños como comunidad apacentaban sus animales y en ella recolectaban madera y turba, etc. En el transcurso del tiempo, cuando el incremento de la población y la reducción de la cantidad de tierra no cultivada empezaron a producir hacinamiento y conflictos, sus derechos tenderían a estar definidos más claramente, pero continuarían siendo derechos comunales, principalmente sobre tierras baldías que se consideraban las tierras de la comunidad misma. El sistema de tenencia convertía a los lugareños en arrendatarios, y la teoría de la ley colocaba la freehold de la mayoría de las tierras del manor en el señor. Es cierto que algunos de los arrendatarios de este serán freeholders, pero la mayoría no tiene la tierra libre de cargas, sino en villanaje, y la superioridad del señor hace que sea natural que se le trate como al «propietario» de las tierras baldías. Así, una teoría de la propiedad individual suplanta anteriores conceptos más igualitarios. [El subrayado es mío].[351]
Eso no acaba de ser «pertenecer» desde «tiempo inmemorial». Hace pensar en lo que los siervos rusos decían a sus señores: «Nosotros somos vuestros, pero la tierra es nuestra».[352]
Tawney opinaba que en asuntos tales como el derecho de pastoreo «las aspiraciones comunales son una cuestión de sentimiento y de costumbre, y no de ley nacional».[353] Estas «aspiraciones comunales» persisten en el siglo XVIII donde coexisten con la regulación más escrupulosa de los derechos comunales y las limitaciones por parte de los estatutos de los pueblos (y la lex loci de los manorial courts) y de definiciones rigurosas de derechos comunales (appendant, appurtenant, of gross[354] y por vecindad) en la ley nacional. A menudo puede parecer que la ley y los usos están reñidos. Las autoridades en la materia coinciden en la opinión de que en muchas partes de Inglaterra y el país de Gales los cottagers y los sin tierra ejercían derechos de usufructo: de turberas, estovers y a menudo de pastoreo en tierras baldías (y a veces lammas lands o apacentamiento en los campos comunes una vez efectuada la recolección). Así, Gonner afirma: «Puede decirse que en todo el país con frecuencia los pobres que vivían cerca de las tierras comunales, descartando por completo la ocupación de cottages antiguos, llegaron por medio del uso a disfrutar de derechos del común menores», incluidos pastos para cerdos, gansos y, a veces, vacas.[355] La mayoría de las autoridades afirman categóricamente que estos derechos del común menores no tenían base alguna en la ley y se ejercían ilegalmente o se usurpaban. Y con un argumento que se cierra sobre sí mismo la afirmación se ve confirmada por la evidencia de que normalmente no recibían ninguna compensación por tales derechos cuando se procedía al cercamiento de tierras. Así, Kerridge dice: «Los ocupantes de cottages de la ley de pobres y de otros cottages recién construidos y, en general, todos los squatters instalados en tierra baldía no tenían acceso a los derechos del común, por lo que no se les debía ninguna asignación».[356] Y Chambers y Mingay dicen:
Los ocupantes de cottages de derecho comunal […] que disfrutaban del derecho comunal en virtud de su tenencia del cottage no recibían ninguna compensación porque no eran, por supuesto, los propietarios de los derechos. Esta era una distinción totalmente apropiada entre el propietario y el poseedor y no suponía ninguna trampa ni desprecio de los cottagers por parte de los commissioners.[357]
Sin embargo, esto representa dar por sentadas dos cosas: en primer lugar, la prioridad de «la teoría de la ley» sobre los usos y, en segundo lugar, que es correcto separar los derechos del usuario. Pero estas son, precisamente, las cuestiones que deben examinarse. Si se sigue la definición de Coke —«Las costumbres se definen como una ley o un derecho no escrito; que, habiéndose establecido por el prolongado uso y el consentimiento de nuestros antepasados, se ha practicado y se practica diariamente»—,[358] entonces en muchas parroquias el ejercicio de derechos del común menores quizá fuera probado por la antigüedad, la continuación, la certeza y la razón tanto como los de quienes ejercían la tenencia de la tierra y los ocupantes de tipo consuetudinario. La costumbre (explicó Coke) elimina la common law, pero esta podría actuar como correctora por tales motivos, y especialmente por causa de la razón. Kerridge, en uno de sus ataques inmoderados contra Tawney, escribe:
La common law solo podía permitir y confirmar las leyes consuetudinarias que fueran razonables, seguras, bien consideradas, obligatorias, sin perjuicio del rey y en beneficio del demandante. Tawney dio por sentado que en este contexto «razonables» se usaba en un sentido poco riguroso o general, y que probablemente a los abogados los intereses del señor les parecían más razonables que los del cliente; pero «razonables» e «irrazonables» son términos jurídicos de carácter técnico y significan «compatibles», «consonantes», «consecuentes», «conciliables», o sus antónimos. Una costumbre razonable era la que podía hacerse compatible con las otras leyes consuetudinarias de aquel manor y con la common law. Así, desaprobar costumbres irrazonables era, en casi todos los casos, rechazar costumbres fraudulentas.[359]
En modo alguno puedo aceptar las aseveraciones de Kerridge acerca de los poderes de la common law sobre la costumbre, que confunden lo esencial y lo trivial, omiten los criterios de antigüedad y uso continuo y confunden la verdadera relación entre los dos.[360] La common law no se hallaba sentada en lo alto «solo para permitir y confirmar» las costumbres que aprobara; al contrario, únicamente podía desaprobar la costumbre si lograba encontrarle defectos por estos motivos (y ciertos otros de índole jurídica), y solo entonces, cuando un caso se sometía a los tribunales de common law. Da la casualidad de que tampoco logro encontrar que Tawney escribiera las opiniones que Kerridge le atribuye.
«Razonables» e «irrazonables» pueden ser «términos jurídicos de carácter técnico», pero en una visión muy sumaria de la jurisprudencia eran las puertas por las cuales un gran rebaño de otras consideraciones podía entrar balando y gruñendo en los campos de la common law. Quizá ningún caso fuera más citado en su relación con los derechos de usufructo marginales del habitante de un pueblo que el de Gateward (1607). Fue tanto una terminación de juicios precedentes como la base en la que se apoyarían muchos juicios subsiguientes. El acusado había alegado «ratione commorantiae et residentiae suae» de derecho comunal en la ciudad de Stixwold, en Lincolnshire. Fue rechazada porque el acusado era ocupante de una casa en la cual no tenía ningún interés:
Ningún tiempo ni herencia cierto, sino durante su habitación, y semejante clase de interés la ley no la acepta, pues la costumbre debería abarcar lo que tiene certeza y continuación.
Esto son «términos jurídicos de carácter técnico», aunque nos deslizamos a lo largo de ellos desde el derecho de usufructo hasta el usufructuario y su casa: «Porque nadie puede tener interés en un derecho comunal respecto a una casa en la cual no tiene ningún interés». Pero al rechazar a todos los «habitantes» o «residentes» del terreno adicional de lo razonable, se añadió que «no puede hacerse mejora alguna en ninguna tierra baldía, si se aceptara semejante derecho comunal».[361] El tribunal no podía saber que trescientos cincuenta años después, cuando el término «mejora» había adquirido una resonancia nueva, habrían dado licencia a una autopista para que la economía política cruzara las tierras comunales.
El caso Gateward se presentó técnicamente para imponer una restricción a un gentleman que apacentaba su ganado en las tierras comunales de Stixwold, aunque parece que, de hecho, Gateward se había presentado como paladín de los acostumbrados derechos de usufructo también de los habitantes pobres.[362] Los casos que se sometieron a los tribunales de la common law durante cien años o más raramente se referían a los derechos del común menores. Se referían a la regulación y el ajuste de intereses de los poseedores de tierra más importantes. Se prestó atención a la definición del appendant y appurtenant comunales: el appendant pertenecía a los ocupantes de tierra cultivable y llevaba consigo el derecho a situar animales comunales (los que aran y abonan la tierra cultivable) en la tierra baldía del señor. La levancy and couchancy[363] limitaba el derecho al número de animales que podían invernar en la propiedad cultivable. El appurtenant comunal no iba vinculado a ninguna tierra, sino a una heredad dominante, y abarcaba a otros animales, tales como cerdos, cabras, gansos, y se apoyaba en un uso y una prescripción inmemoriales. Las decisiones no seguían una única dirección. A veces los derechos del señor a convertir el terreno comunal en tierra baldía, a llevarse tierra o a llenar la tierra baldía de conejares se veían restringidos. Hubo incluso decisiones en las que los que poseían tenencias de tierra considerables excluyeron al señor de parcelas de su propia tierra baldía, al amparo de la misma regla de levancy and couchancy que excluía a los cottagers. Pero, como mínimo, uno de tales juicios contra un señor de manor de Suffolk, en 1654, resultó ineficaz, no porque fuese una ley mala, sino porque era imposible hacerla cumplir. Sir Francis North, en un sabio argumento en el King’s Bench en 1675, comentó que había sido
un caso de poca importancia que afectó al señor solo por sus costes, pues ha disfrutado de sus pastos contra ese veredicto desde entonces: puedo decirlo con conocimiento de causa, porque conozco a las partes y conozco el lugar […]. Puedo añadir que esto fue en tiempos populares, cuando todas las cosas tendían a la licencia del pueblo llano.[364]
A mediados del siglo XVIII la ley había dictaminado claramente que la levancy and couchancy era inherente al appendant comunal, así como al appurtenant comunal. En 1740, en un caso que se suscitó en Mark, Somerset, referente al abarrotamiento de Somer Leaze, el tribunal reconoció:
Hay en verdad algunos casos en los libros antiguos […] que hablan de derecho comunal ilimitado y que parecen dar a entender que la levancy and couchancy es solo necesaria en el caso de appurtenant comunal y no en el de appendant comunal. Pero la idea de derecho comunal ilimitado, en la amplitud en que se interpretaba antes, se refutó hace mucho tiempo y no puede tener ningún significado racional salvo en contraste con el derecho comunal restringido, en el cual un hombre tiene solo derecho a poner determinado número de animales.[365]
A comienzos de siglo, los tribunales habían hallado una interpretación generosa del appurtenant comunal. Una demanda de uso de los pastos comunales para el ganado levant and couchant de un cottage se consideró válida, aunque no tuviera tierra, toda vez que «un cottage contiene un curtilage[366] y, por ende, puede haber levancy […]. Supondremos que un cottage tiene por lo menos un patio».[367] La disputa en torno a esto oscilaba hacia delante y hacia atrás. Un carnicero que guardase ovejas en su sótano ¿tenía levancy and couchancy? La disputa concluyó finalmente en los años de apogeo del cercamiento de tierras, en 1792, cuando se decidió que el cottage debía tener tierra suficiente para levancy and couchancy.[368]
Cuando los derechos del común menores adquirieron un valor nuevo, ya fuera en el mercado (la venta de arcilla, turbas, madera) o en compensación al procederse al cercamiento, los tribunales les prestaron más atención. Entró entonces en vigor la decisión que se tomara en el caso Gateward. Cuando en 1741 se afirmó que el derecho de turbera era una costumbre depositada «no solo en los arrendatarios, sino en los ocupantes» de un pueblo de Cambridgeshire, el tribunal lo consideró «un gran absurdo, porque un ocupante, que no es más que un arrendatario a voluntad, nunca puede tener derecho a llevarse la tierra del señor».[369] En 1772 el King’s Bench mostró un criterio más liberal ante el derecho a cortar juncos, en un caso que se presentó en Theberton, Suffolk, y aceptó el testimonio oral de que «todo el mundo puede cortar juncos en la tierra comunal».[370] Pero dio marcha atrás al cabo de solo dos años en un caso que se suscitó en Ludham Waste, en Norfolk. Se aceptó que los copyholders, los ocupantes de tierras y los ocupantes de casas antiguas podían crear la costumbre de cortar turbas o juncos, pero «los habitantes no pueden, porque la habitación es una descripción demasiado imprecisa».[371] Siguiendo la misma tradición, la pretensión —surgida en Whaddon, Buckinghamshire— de que «todos los cabezas de familia pobres, necesitados e indigentes» pudieran recolectar y romper con garfios de madera las ramas podridas en dos bosquecillos fue rechazada porque «no hay límite […], la descripción de cabeza de familia pobre es demasiado vaga e incierta».[372]
No pretendo dar a entender que estas decisiones fueran irrazonables y tampoco que negasen los «términos jurídicos de carácter técnico». La mayoría de las decisiones surgieron —al menos hasta mediados del siglo XVIII— no con la intención de cortar el modesto ejercicio de derechos del común menores, sino en disputas entre los agentes más importantes, con el propósito de frenar la explotación de estos derechos por parte de intrusos y empresarios. Así, en el caso Bennett contra Reeve, en 1740, el demandante había obtenido el arrendamiento por noventa y nueve años de una parcela de una yarda (0,836 metros cuadrados) en Old Auster, que llevaba consigo el derecho de appendant comunal, y, basándose en esta yarda cuadrada, había soltado sesenta y cuatro ovejas en Somer Leaze. Otros casos surgieron de la explotación de derechos supositicios a vender turbas, madera, arcilla, o (en el caso de los juncos de Norfolk) que un herrero se llevara carretadas de juncos. El propio caso Gateward no iba dirigido contra la vaca o los gansos del feligrés pobre, sino contra un gentleman intruso.
Sin embargo, dentro de esta racionalidad iba evolucionando —como acertadamente vio Tawney— la ulterior racionalidad de las definiciones capitalistas de los derechos de propiedad. No quiero meterme en el terreno de los historiadores de la Edad Media tratando de definir lo que originalmente se quería decir al hablar de «la tierra baldía del señor» o del «suelo del señor». Pero tanto los historiadores agrarios como los jurídicos parecen coincidir en que la idea del origen de los derechos comunales en concesiones reales o feudales es falsa. La doctora Thirsk ha sugerido que los derechos de apacentamiento en pastos y tierras baldías eran quizá «el elemento más antiguo» en el sistema de campo común, descendiente de «derechos más extensos […] de los que se disfrutaba desde tiempo inmemorial»,[373] que los monarcas y señores anglosajones y normandos no instituyeron graciosamente, sino que, antes bien, reglamentaron y recortaron. Y hemos visto que fue «la teoría de la ley» (p. 203) la que depositó el freehold del manor en el señor. Pero esto no fue en términos de posteriores ideas de «propiedad» exclusiva: fue, más bien, «en dominio simple» y en términos feudales de la ley. Mientras las tierras baldías siguieron siendo extensas y no limitadas, los terratenientes y los commoners pudieron coexistir sin definiciones precisas de derechos. Todavía en 1620, en un caso relativo a Holme-on-Spalding Moor, un testigo declaró que no sabía si una heredad construida en el terreno comunal sesenta años antes tenía acceso a los bienes comunales por derecho o «por tolerancia o negligencia del freeholder», toda vez que en la época en que se construyó «el freeholder dio poco valor a los comunales debido a los reducidos bienes que los dichos ocupantes atribuyeron a los dichos comunales».[374] En un estudio de Chilvers Coton (Warwickshire) fechado en 1682 hay una especificación muy detallada del freehold y el copyhold en los campos abiertos, pero el homage se vuelve vago cuando se trata de los derechos comunales en la tierra baldía:
No sabemos con precisión qué ovejas u otro ganado el señor de este manor como tal o su agricultor pueden guardar en Coton o Nuneaton Outwood, pero el actual señor […] reivindica el derecho a guardar toda suerte de ganado, pero con el fin de no oprimir nuestros terrenos comunales.
Llaman la atención las palabras «nuestros terrenos comunales». Como veremos, en las ordenanzas de los pueblos los derechos comunales en tierra baldía se expresan a menudo con términos poco rigurosos o inciertos —a veces todos los arrendatarios, o copyholders,[375] a veces «todos dentro de este manor» o «habitantes» o «cottiers»,[376] o «feligreses»— excepto cuando se les remite a los tribunales. Las definiciones jurídicas son generalmente más precisas que los usos reales, y puede que lo sean más a medida que van ascendiendo por la escalera de la ley.
Había dos ocasiones que dictaban precisión absoluta: un juicio de derecho y un proceso de cercamiento de tierras. Y ambas ocasiones favorecían a quienes tenían poder y dinero en detrimento de los pequeños usufructuarios. A finales del siglo XVII y con toda seguridad en el XVIII, los tribunales definían de forma creciente (o daban por sentado sin discusión) que la tierra baldía o el suelo del señor era propiedad personal del mismo, aunque restringida o recortada por los inconvenientes usos de la costumbre. Si el acceso del señor a alguna parte de «su» suelo era restringido, «será una forma fácil de permitir a los arrendatarios soportar todas las mejoras».[377]
El caso Gateward y decisiones sucesivas tomadas con este espíritu de «mejora» atravesaron con un experto cuchillo el cuerpo de la costumbre, cortando el derecho de usufructo del usufructuario. En una sola operación esto frenó a los grandes intrusos, los ganaderos, etc., sin licencia, en beneficio de los que poseían la tierra y los ocupantes consuetudinarios y, en conjunto, descalificó a categorías indistintas de pequeños usufructuarios, los cuales no tenían tierra ni tenencias de cottages antiguos.
Si bien es posible que esto no afectara mucho a los usos reales de los pueblos, podía dejar al commoner sin tierra, despojado de todos sus derechos, si un caso llegaba a los tribunales o al efectuarse el cercamiento de tierras. El derecho de usufructo había pasado del usufructuario a la casa o el lugar de un antiguo messuage. Se convirtió no en un usufructo, sino en una propiedad.
Esto no sucedió instantáneamente ni sin ambigüedades. La lógica de la racionalidad capitalista se vio retrasada por tenencias en copyhold y de tipo consuetudinario profundamente arraigadas.[378] El appendant comunal no se podía separar de la tierra y venderse, aunque en el momento de proceder a cercarla era el propietario, por supuesto, y no su usufructuario (si era cultivada por un arrendatario), quien podía convertir el derecho en dinero. El appurtenant comunal se podía vender con un cottage o con el lugar de un antiguo messuage, llevando consigo las mismas puertas (o derechos de pastoreo para los animales) de acceso a los pastos comunales. Pero esto no era una novedad y los historiadores jurídicos pueden hacernos retroceder hasta el siglo xii, momento en que ciertos derechos intangibles (tales como los derechos de colación eclesiásticos) empezaron a ser tratados como propiedades o «cosas». Sin embargo, esto se interpretó como un derecho en las «cosas», no a «poseer» la cosa misma, «un derecho presente» a utilizar o disfrutar.[379]
Lo que ocurrió, desde la época de Coke hasta la de Blackstone, fue una afirmación y una consolidación del concepto de la propiedad de la tierra y una materialización de usos en propiedades que podían alquilarse, venderse o dejarse en herencia. Blackstone tuvo buenas razones para poner al segundo volumen de sus Commentaries el título de «De los derechos de las cosas», no porque estos derechos fuesen una novedad (eran un capítulo antiguo de la ley), sino porque el mercado de estos derechos nunca fue más activo o más prolífico en poner la ley a prueba. Asimismo, cabría señalar que Blackstone no se refirió a derechos a cosas, sino a los derechos de las cosas. El siglo XVIII es testigo de este extraño periodo de ley mixta en el cual usos y derechos se vinculaban a un cargo o a un lugar y luego eran considerados como si fuesen cosas que merecían derechos humanos a su vez. El cargo de guardián de un bosque o un parque podía venderse con los poderes, los gajes y los derechos vinculados al mismo.[380] Un messuage antiguo (o su lugar) merecía derechos del común y la cosa podía ser transferida entre propietarios. Y de forma muy parecida las decisiones de la Cámara de los Comunes en los casos en litigio tendían a materializar la definición de los que podían ser electores en los burgos desde categorías indistintas tales como «habitantes» o «la comunidad en general» hasta habitantes que pagaban scot and lot, y de allí a personas que habitaran en casas antiguas o en casas construidas sobre cimientos antiguos (Bridport, 1628 y 1762; Arundel, 1693 y 1715; Bramber, 1715). En Seaford, en 1676, los alguaciles, jurados y ciudadanos «tenían no solo voz […] sino que además la elección estaba en la población», pero en 1761 «la palabra “población” […] abarca solamente los cabezas de familia habitantes que pagaran scot and lot», decisión que se inscribe en la misma tradición que la del caso Gateward. En Hastings, en 1715, los electores estaban limitados a «todos los que poseyeran bienes de herencia o vitalicios en Burgage Houses o Burgage Lands»[381] dentro del burgo.[382] Esto llevó a los absurdos de la Cámara de los Comunes no reformada, donde el derecho de elección podía residir en palomares, pocilgas, un espino o una cantera y era ejercido por los propietarios de estas cosas por medio de varias ficciones y estratagemas. «La costumbre de vincular derechos al lugar o, dicho de otro modo, a la materia inanimada, en lugar de a la persona, independientemente del lugar, es demasiado absurda para formar parte de un argumento racional». Así lo expresó Tom Paine.[383]
La conversión de los usos en cosas —y en dinero— de propiedad alcanzó siempre su apogeo en el momento de cercar tierras. Los propietarios de tierra, y no los que tenían su posesión (a menos que fuesen de tipo consuetudinario), recibían tierra a cambio de la extinción de derechos. Pero la ley, que desaprobaba los usos de los muchos, podía aprobar como propiedades activos extinguidos y derechos y cargos de clase superior de los pocos con «intereses». Cuando el bosque de Delamere fue cercado (1812), la mitad de los ocho mil acres (3.240 hectáreas) fue para el rey, junto con doscientas libras por año en concepto de alquiler de la otra mitad. John Arden, en calidad de guardabosque jefe, arquero y alguacil, y sus subguardianes fueron ampliamente compensados por la pérdida de gajes (incluido el «apacentamiento de conejos»), como lo fue también Thomas Cholmondeley «como propietario del disuelto monasterio de Vale Royal, y de diversos messuages, tierras, herencias y heredades, hasta ahora parte de las posesiones del abad y el convento de Vale Royal». Todos los derechos del común en el bosque quedaron extinguidos, con la salvedad de algunos «depósitos de musgo y turberas» demasiado húmedos para pastos e imposibles de desecar: aquí aún podía cortarse turba. Los arrendatarios con rackrent no recibían tierra alguna a cambio de los derechos perdidos, aunque los propietarios de tierras (que sí recibían tierra por la pérdida del derecho del común de sus ocupantes) recibieron orden de pagarles compensaciones.[384] Todo esto era correcto de acuerdo con la ley: sigue procedimientos normales. Pero señala una transformación generalizada de las prácticas agrarias, en la cual a los usufructuarios se les quitan los derechos y el título feudal antiguo es compensado generosamente en su transformación en derecho de propiedad capitalista.
Cuando Kerridge escribe que «desaprobar costumbres irrazonables era, en casi todos los casos, rechazar costumbres fraudulentas», te deja asombrado en primer lugar por la pretensión de omnisciencia. (Incluso el gran sir Edward Coke dijo: «Si yo fuera por ahí con un catálogo de varias costumbres, con Sísifo […] emprendería un trabajo interminable».) Por supuesto, una vez que la ley hubo separado el derecho del usufructuario, podía encontrar motivos razonables para desaprobar usos de la mayor antigüedad y la mayor certeza. La common law permitía considerar «motivos» que tenían más que ver con la economía política de las «mejoras» (improvement) que con una atención estricta a los términos de la ley. Muchos jueces compartían la mentalidad de los terratenientes reformadores (improvers) (hombres razonables) y se enorgullecían de su intuición de las intenciones reales de sus predecesores y de los legisladores. Como señaló el juez Abbott, en un caso que desaprobó (una vez más) las pretensiones de los «habitantes»:
El significado de determinadas palabras en las leyes del Parlamento, así como otros instrumentos, no se encuentra tanto en una estricta corrección etimológica del lenguaje, ni siquiera en el uso popular, como en el tema o la ocasión en el cual se usan y el objetivo que se pretende alcanzar.[385]
Había que considerar que era mala suerte si los «usos populares» del derecho por parte del lenguaje parecían irrazonables a la mentalidad judicial. Lo que Kerridge (y otras autoridades en materia del cercamiento de tierras)[386] no examinan es si, mediante esta conversión del derecho en cosa y mediante esta introducción de las razones de las «mejoras», la ley misma no puede haber sido el instrumento de la expropiación clasista.
Al descalificar a categorías imprecisas de usufructuarios —ocupantes, habitantes, residentes, «todas las personas», etc.— el caso Gateward y otros casos sucesivos habían dejado al pueblo o a los habitantes solo la excepción de los derechos de paso o servidumbres, «como en un camino o calzada a la iglesia».[387] Era una concesión importante. Elevando a una razón de derecho la cuestión de las «mejoras», era posible efectuar un matrimonio entre los «términos jurídicos de carácter técnico» y los imperativos de la economía de mercado capitalista. El fallo, en 1788, en el Tribunal de Litigios Ordinarios contra el espigueo es conocido, pero puede resultar interesante leerlo otra vez teniendo presentes las razones de la ley.
Sin duda se trataba de una costumbre que tenía una sanción inmemorial y que continuó con vigor no disminuido hasta bien entrado el siglo XIX. La práctica estaba sancionada por la costumbre, pero también reglamentada por las ordenanzas de los pueblos.[388] Esta reglamentación continúa en el siglo XVIII, como lo demuestran algunas ordenanzas, aunque en otras la práctica se da por sentada y no se menciona. En Raunds (Northamptonshire), en 1740, hay una sugerencia de controles más rigurosos con el fin de impedir que forasteros y pobres reciban socorro: John Adams y familia se presentan al espigueo sin ser residentes (un chelín) y se apunta en las ordenanzas: «Ninguna persona con título espigará en los campos o cortará aulagas del terreno comunal».[389] En 1766 un juicio de la cuestión general del derecho en el King’s Bench resultó confuso. Los espigadores, encarcelados en Berkshire, habían espigado en un campo de cebada que estaba segado solo parcialmente. Lord Mansfield falló que «robar, so capa de arrendar o espigar, no debe justificarse». Pero otro docto juez comentó que «el derecho de arrendar aparece en nuestros libros».[390] En 1788 se vio en Litigios Ordinarios un pleito por penetración en finca ajena contra Mary Houghton, esposa de John Houghton, por espigar en cercados en Timworth, Suffolk. Parece ser que el caso no se presentó en los términos de costumbre (tal vez porque hubiera chocado al instante con los precedentes sentados por el caso Gateward), sino basándose en el reconocimiento universal del derecho en la common law. Los acusados eran «feligreses y habitantes de la citada parroquia de Timworth, legalmente establecidos en ella, y siendo personas pobres y necesitadas, e indigentes». Lord Loughborough juzgó que la demanda era indefinida:
En primer lugar, me pareció que no concordaba con la naturaleza de la propiedad que lleva consigo disfrute exclusivo.
En segundo lugar, perjudicial para la paz y el buen orden de la sociedad y equivalente a una vagabundería general.
En tercer lugar, imposible de disfrutar, toda vez que nada que no sea inagotable, como un arroyo perenne, puede disfrutarse de modo promiscuo universal.
Al trasladar la demanda de la costumbre a la common law, la defensa no había eliminado la dificultad, ya que «si esta costumbre formara parte de la common law del reino, imperaría en todas las partes del reino, y sería de práctica general y uniforme», mientras que en algunas partes era desconocida y en otras era modificada y disfrutada de varias maneras. En cuanto a los esfuerzos del acusado por apoyarse en la ley mosaica, «las instituciones políticas de los judíos no pueden obligarnos, ya que, incluso bajo la religión cristiana, el socorro a los pobres no es una obligación jurídica, sino un deber religioso». De esto lord Loughborough pasó a una homilía extraída directamente de la economía política:
Las consecuencias que surgirían de que esta costumbre se instituyese como derecho serían perjudiciales para los propios pobres. Su sustento solo puede nacer del excedente de la industria productiva; lo que sea una carga sobre la industria es una disminución muy impróvida del fondo para ese sustento; pues al ser menores los beneficios del agricultor, este sería menos capaz de aportar su parte a los impuestos de la parroquia; y de esta manera los pobres, del ejercicio de este supuesto derecho en el otoño, se expondrían a pasar hambre en la primavera.
El juez Gould dio una opinión exactamente contraria, con considerable erudición y mucha recitación de precedentes. Pero el juez Heath y el juez Wilson tomaron partido por lord Loughborough. Heath se expresó con singular fuerza: «Sancionar este uso introduciría fraude y rapiña y entrañaría una maldición para el país». Recurrió todavía más a las razones de la economía política:
La ley de Moisés no nos obliga. Es en verdad conforme a la caridad cristiana y a la humanidad común que los ricos cubran las necesidades de los pobres incapaces; pero el modo de cubrirlas debe ser de institución positiva. Hemos creado un fondo más noble. Hemos empeñado todas las propiedades territoriales del reino para el mantenimiento de los pobres, que en algunos casos han agotado la fuente. Los inconvenientes que tendría el que los pobres considerasen esta costumbre como un derecho serían infinitos […]. Abriría la puerta al fraude, porque los peones estarían tentados de esparcir el trigo para mejorar el espigueo de sus esposas, hijos y vecinos. […] Aumentaría la insolencia de los pobres.
El juez Wilson se mostró de acuerdo, pero se esforzó un poco más por demostrar que su opinión se basaba en la ley:
Ningún derecho puede existir en la common law, a menos que tanto el sujeto del mismo como quienes lo reivindiquen estén seguros. En este caso no lo están. El sujeto es el trigo esparcido que el agricultor tiene a bien dejar en el suelo, la cantidad depende por completo de su voluntad. El suelo es suyo, la semilla es suya, y en la justicia natural suyos son también los beneficios.[391]
Es difícil imaginar una expresión más pura de la racionalidad capitalista, en la cual tanto el trabajo como la necesidad humana han desaparecido de la vista y la «justicia natural» de los beneficios se ha convertido en una razón de derecho. En los argumentos del caso Steel contra Houghton y esposa vemos expuesta con claridad poco frecuente la complicidad de la ley con la ideología de la economía política, su indiferencia ante las reivindicaciones de los pobres y su creciente impaciencia con los derechos de usufructo coincidentes sobre el mismo suelo. Como expresó lord Loughborough, «la naturaleza de la propiedad […] lleva consigo disfrute exclusivo». ¿Y cómo podría ser el disfrute exclusivo si no dispusiera de poder para excluir del espacio físico de la propiedad a las insolentes clases inferiores?
En estas últimas páginas hemos prestado un poco de atención a la ley. Y deberíamos añadir unas cuantas palabras para protegernos de una posible mala interpretación. Los English Reports no están repletos de casos en los cuales commoners pobres se enfrentaran a sus señores o a grandes terratenientes en los más altos tribunales del país. A veces así lo hacían los freeholders o los ocupantes consuetudinarios, prometiéndose mutuamente compartir las costas.[392] Pero llevar los casos más arriba, a los tribunales de Litigios Ordinarios o al King’s Bench, no era «lo propio» de los cottagers ni de los peones. A menos que alguna parte con un interés importante estuviera de su lado, perdían sus derechos en silencio y sin luchar.
A modo de ejemplo, podemos citar dos casos en los cuales los derechos de «los pobres» se vieron afectados. El primero es el del espigueo. Peter King ha recurrido a sus dotes de detective para averiguar más cosas sobre este caso. De hecho, hubo dos casos; el primero, Worledge contra Manning (1786), se suscitó dos años antes del caso de Mary Houghton (1788), pero sin que resolviese la cuestión de derecho. Ambos casos se presentaron en la misma parroquia del Suffolk occidental y es probable que las demandas se sufragaran por medio de suscripción entre los que tenían la posesión de la tierra en aquel lugar. Tanto Benjamin Manning como John Houghton eran zapateros, y el doctor King sugiere que si Houghton pudo pagar los honorarios de un abogado, ello se debió solamente al apoyo de un benévolo propietario de tierras y magistrado de Suffolk, Capel Lloft. No cabe duda de que la pérdida de los casos (con los daños y las costas consiguientes) no benefició la carrera de ninguno de los dos acusados. Los Houghton se vieron obligados a hipotecar y vender luego su pequeña propiedad. Mary Houghton, la viuda de John, aparece por última vez en los anales de la ley de pobres como beneficiaria de una ayuda de alrededor de seis libras al año.[393]
Para el pequeño poseedor de tierra, el cottager o el pequeño commoner la ley fue siempre algo que había que evitar. Pero es de suponer que en el siglo XIX —al menos después de 1860— los pequeños commoners podrían defender sus derechos en los tribunales con la ayuda de filántropos poderosos o de la Commons Preservation Society. A veces así era. Pero incluso en aquellos años ilustrados podían surgir dificultades, ejemplo de las cuales es el caso del señor Willingale. Ya hemos encontrado (p. 173) las peticiones de madera de los habitantes pobres de Loughton, junto al bosque de Waltham (que formaba parte del bosque de Epping). El derecho a desmochar árboles de hasta cierta altura en los meses de invierno era una costumbre cuyo supuesto origen estaba en una concesión de la reina Isabel. Alrededor de la defensa de esta costumbre se había formado mucho ritual, pues había que comenzar a ejercerla en la medianoche del 10 de noviembre, momento en que los habitantes (generalmente calentados con cerveza floja) recorrían el bosque en visita de inspección. En los principios de la década de 1860, el señor del manor de Loughton cercó el bosque, pagó cierta compensación a los arrendatarios, construyó una valla para impedir la entrada del público y empezó a talar los árboles.