Antifascistas

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48. Crear comunidad: el trabajo en los barrios que frena a la ultraderecha

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48. Crear comunidad: el trabajo en los barrios que frena a la ultraderecha

«Hay hombres que luchan un día y son buenos.

Hay otros que luchan un año y son mejores.

Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos.

Pero los hay que luchan toda la vida:

esos son los imprescindibles».

BERTOLT BRECHT, dramaturgo y poeta alemán (1898-1956)

Estos últimos años, han proliferado en varias ciudades del Estado español una gran red de organizaciones que frecen asesoramiento y apoyo a las personas en riesgo de exclusión amenazadas de desahucio. Activistas que ponen el cuerpo cuando llega la policía a echar a las familias de sus casas y que señalan a las entidades financieras que promueven los desahucios y a las instituciones que los permiten. Algunas han liberado varios edificios propiedad de grandes capitales para alojar a familias en situación vulnerable, han creado nuevos centros sociales y hasta huertos urbanos. Son fenómenos principalmente ubicados en grandes ciudades, pero también empiezan a aparecer en municipios más pequeños. Estos colectivos están formados en gran parte por una nueva generación de jóvenes que participa de otros movimientos sociales, también en el antifascismo, y que hoy son uno de los principales diques de contención de la extrema derecha. Han logrado juntar a vecinos de diferentes nacionalidades, culturas e incluso ideologías frente a las amenazas de los especuladores, promoviendo el apoyo mutuo y la solidaridad, haciendo que se conozcan entre ellos y vacunando así contra el odio racista y clasista que alimenta a la extrema derecha. Un activista de uno de estos sindicatos de barrio me explicó un día que, cuando subió a casa de una familia que iban a desahuciar, se encontró una bandera de Vox en el salón. El hombre le confesó que no se esperaba que fuera a salvarle del desahucio una pandilla de jóvenes antifascistas.

En València existe desde hace años el Centro Social Okupado Anarquista L’Horta (CSOA L’Horta), una antigua alquería en el límite norte de la ciudad, en el barrio de Benimaclet, junto a la carretera que separa la ciudad de la localidad de Alboraia. Allí llevan años trabajando por y para el barrio, y han conseguido la simpatía y la implicación del vecindario. Forman parte del gran tejido asociativo del barrio, que hoy se encuentra inmerso en una lucha vecinal contra un plan urbanístico que pretende construir más edificios sobre las huertas. La alquería estaba rodeada de matorrales y escombros. Durante meses, los jóvenes que lo okuparon limpiaron el terreno y lo acondicionaron para plantar huertos urbanos. Numerosos vecinos y vecinas del barrio tienen hoy su pequeña parcela, donde plantan frutales, verduras y hortalizas, mientras sus niños juegan en un espacio acondicionado para ellos. También se dan clases de artes marciales gratuitas y hoy es uno de los puntos de encuentro de numerosos colectivos de la ciudad. La actividad del centro es casi diaria, y allí se celebran presentaciones de libros, debates, charlas y todo tipo de actividades que terminan siempre al anochecer para no molestar a los vecinos. Las paredes de la entrada están decoradas con un mural enorme en recuerdo de Guillem Agulló.

Los colectivos y plataformas antifascistas continúan activos hoy en día prácticamente en todo el Estado español. Algunos dejaron de existir y surgieron otros nuevos con un nombre distinto, pero el relevo generacional ha posibilitado que siempre exista un punto de encuentro para el antifascismo. Más todavía desde la llegada de Vox y una cada vez mayor normalización del antifascismo, que empieza a ser asumido como condición imprescindible para cualquiera que defienda los derechos humanos. Los activistas antifascistas, como siempre, siguen implicados en muchas otras luchas y espacios alternativos, porque los trabajos comunitarios se entienden desde hace años como uno de los principales frenos a la penetración de la ultraderecha en los barrios populares. En los centros sociales okupados o autogestionados y en las plataformas vecinales, gimnasios, cooperativas y todo tipo de proyectos, la izquierda y el antifascismo tienen terreno de sobra ganado al fascismo. Pero no por ello se debe subestimar la capacidad de la ultraderecha para influir en las clases populares, sobre todo a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que son sus grandes aliados y repiten sus marcos mientras permiten y difunden sus discursos de odio y su desinformación.

Cristina es profesora de la ESO. Actualmente sigue estudiando y se prepara para el doctorado. Empezó a militar muy joven y cuando entró en la Universidad Autónoma de Barcelona se vinculó a movimientos de izquierdas y antifascistas. En 2015 se metió de lleno en el proyecto de L’Obrera, en Sabadell, un espacio okupado por los vecinos que había acabado en manos de la entidad financiera Cajamar tras diez años en desuso. La okupación se llevó a cabo el Primero de Mayo, tras la jornada de protesta por el Día Internacional del Trabajador. El espacio se recuperó y se puso a disposición del barrio. Hoy en día es uno de los principales centros de dinamización social, cultural y política de Sabadell. «Un pequeño mundo de comunidad, solidaridad y creatividad popular», como explica el colectivo en un vídeo que celebra los cinco años de existencia y muestra la gran cantidad de actividades que se realizan allí y la gran variedad de personas que participan.

Cristina argumenta:

La extrema derecha se basa en crear divisiones, en enfrentar a lo que se llama clases subalternas. L’Obrera es una contra a todo eso, pero no meramente discursiva o propagandística, sino práctica, de vida cotidiana.

El proyecto de L’Obrera hoy forma parte del tejido del barrio y es uno de los ejemplos de la transversalidad de los nuevos movimientos sociales, que siguen manteniendo el carácter antifascista. Cristina afirma:

Los vecinos valoran y participan en L’Obrera. Han visto que es un espacio abierto que ofrece alternativas reales y no les molesta, sino todo lo contrario. Todas las actividades están llenas de gente.

El centro social es también el punto de encuentro de colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis (PAHC), de un colectivo de mujeres y del grupo excursionista La Màquia. En sus instalaciones se ofrecen clases gratuitas de repaso para estudiantes, de castellano, catalán y árabe, clases de swing, de salsa, capoeira, breakdance y hasta tiene un huerto urbano y uno de los principales gimnasios antifascistas del Estado español. Este lo bautizaron con el nombre de Johann Wilhelm Trollmann, «Rukeli», en honor al boxeador alemán gitano que en 1933 ganó el título de pesos semipesados y diez años después fue ejecutado por los nazis en el campo de concentración de Neuengamme.

Saber tratar las contradicciones con la gente que viene de fuera de los entornos activistas o politizados es uno de los asuntos pendientes de los movimientos sociales, si no quieren quedarse como un gueto. Es algo que muchos colectivos y centros sociales entendieron hace muchos años y empezaron a trabajar para que los vecinos vieran que estos proyectos estaban hechos por y para el barrio.

Es una tensión que siempre existe, pero la hemos gestionado bastante bien. Vienen personas que no están deconstruidas, que no son ni siquiera militantes, que vienen con sus prejuicios. Tenemos que saber lidiar con eso si no queremos dejarnos a muchísima gente por el camino. No es fácil, pero tenemos claro que ese es el camino si no queremos dejarlos en manos de la extrema derecha. No basta con decirle a la gente que se tiene que unir a una causa. Hay que crear proyectos de convivencia y cooperación real. Con cosas tan prosaicas como una escuela de repaso o un gimnasio.

Las clases de deportes de contacto que el gimnasio ofrece, principalmente, a jóvenes han sido una de las señas de identidad del proyecto.

Esto aglutina a muchas personas de edades y procedencias nacionales y políticas muy diferentes. Encontrarse tres veces a la semana y sacar adelante un gimnasio cooperativo, no clientelar, crea un vínculo, unos cuidados, una fraternidad real. Esto dificulta mucho a la extrema derecha enfrentar a la gente y afirmar que una persona de fuera es un problema para ti, porque tú la tienes allí contigo, boxeando, compartiendo. Eso es imbatible.

La autodefensa es un factor, pero hay otro ámbito importante —continúa Cristina—. Los deportes de contacto se han puesto de moda. A todo el mundo le gustan y la mujer ha entrado con fuerza en este terreno. El gimnasio Rukeli y otros movimientos sociales lo han entendido y han creado su propio espacio para esto. Hay crecimiento personal, responsabilidad compartida y cuidados, más allá de lo que es el deporte. Es una experiencia magnífica y a las mujeres nos proporciona la experiencia y la confianza que nos da esa igualdad que hemos conseguido aquí, importantísima para combatir las desigualdades de género, al menos para mí —concluye Cristina.

En Madrid también hay centros sociales que ofrecen clases de artes marciales con el mismo espíritu que L’Obrera. La Fábrica, en Vallecas —en marcha desde 2015— no esconde su vinculación con el antifascismo y con diversas causas sociales. Allí se organizan también talleres de defensa personal para mujeres que no entrenan habitualmente, y se organizan encuentros y veladas con otras iniciativas similares o donde la ultraderecha no ha conseguido estar presente. Lo mismo sucede con La Atalaya, que se denomina como centro juvenil pero también está autogestionado, como los anteriores. A día de hoy, hay veladas de deportes de contacto en las que participan todos estos colectivos antifascistas, como Antifa Warriors, y las hubo anteriormente, como la conocida como Puños Fuera, en Madrid, con el antifascismo como marca.

El verano de 2021 visité La Molinera, en Valladolid. Es un antiguo hotel abandonado por su dueño, inmerso en grandes deudas, y recuperado en 2018 por un grupo de jóvenes de la ciudad que pasaron meses limpiando y acondicionando el espacio. El edificio es enorme y en pocos años ha ido consolidándose como centro de actividades y encuentros de diversos movimientos sociales. Jorge, uno de sus miembros, explica la importancia de estos espacios.

Los centros sociales, okupados o alquilados, son proyectos que comportan una importante carga pedagógica para el conjunto de la sociedad, demostrando en la práctica que existen alternativas que se escapan a las redes del capital. Estas alternativas se sustentan principalmente en la dedicación y el compromiso militante, que surge de lo mejor que tiene y puede aportar cada persona a proyectos de estas características. En ese sentido, es importantísimo demostrar que lo que nosotros y nosotras podemos ofrecer, gestionar o desarrollar es éticamente superior a lo que depende de las lógicas del capitalismo.

Se transformó una de las antiguas salas del hotel en gimnasio, que fue bautizado Cuatro Siete Boxeo. Contaba con diverso material cedido por amigos y vecinos, así como sacos de boxeo. En las paredes lucían una imagen del Che Guevara y una pancarta con el logo antifascista y la leyenda «Campeones 1945», en referencia a la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Al gimnasio, igual que al resto de actividades que ofrece el centro, acuden personas ajenas al movimiento, pero que utilizan todo lo que este colectivo les ofrece de forma gratuita y se interesan por colaborar en todo aquello que pueden.

Ha sido fundamental ir sacando a los centros sociales de las dinámicas autocentradas, ya que en algunos solo se ofrecían actividades lúdicas del gusto de los okupantes y, por tanto, dirigidas en exclusiva a ellos mismos. Esto favorecía la desconexión entre estos proyectos de autogestión y los intereses del conjunto de las clases trabajadoras. Paradójicamente, un proyecto de centro social mal dirigido, un centro social que por su praxis facilita la criminalización o que genera más conflictos al barrio que los que ayuda a resolver puede contribuir al ascenso de posiciones reaccionarias en la sociedad.

La periodista de El Mundo Andrea Gómez publicó unos días antes de mi visita a La Molinera un extenso reportaje sobre el centro social en el que explicaba las dificultades que habían tenido y que, a pesar de ello, el proyecto tenía cada vez más peso en el tejido social vallisoletano. Al parecer, eso era algo que no sentaba demasiado bien a la ultraderecha local.

Nos hicieron una serie de pintadas en la fachada, en dos o tres ocasiones, pero las hemos borrado inmediatamente. También hemos sufrido ataques y amenazas por parte de grupos de extrema derecha. Tampoco queremos entrar mucho en eso, pero por ejemplo sospechamos que fueron los responsables de retirar una pancarta que pusimos en la fachada contra los Borbones.[188]

A pesar de los intentos de intimidación, los jóvenes que llevan La Molinera saben que cuentan con el apoyo de gran parte del vecindario y que al Ayuntamiento no le resultaría fácil echarlos. El edificio es propiedad de la Seguridad Social y está puesto a subasta, pero hasta que no haya un reclamo legal se encuentran en un limbo que les permite permanecer allí. De momento. Justo cuando estaba terminando este capítulo, contacté de nuevo con Jorge. Me comentó que acababan de enterarse de que un fondo buitre había adquirido el edificio y se estaban preparando para un proceso de desahucio. Sin embargo, Jorge destacó su intención de continuar hasta el final y remarcó la importancia de los centros sociales en la implicación y en la sinergia entre diversas luchas.

En un contexto histórico en el que imperan el egoísmo y la tendencia a beneficiarse de los demás, los centros sociales levantamos la bandera de servicio al pueblo: nos fundimos con sus problemas —porque también son los nuestros— y buscamos soluciones colectivas desde perspectivas progresistas; apoyamos los frentes de lucha feminista, de lucha sindical, de defensa de lo público, de protección del territorio y, por supuesto, contra el fascismo, el racismo y la homofobia; desarrollamos una sociabilidad, una cultura y un aprendizaje comunal que confrontan con el individualismo hegemónico; contribuimos en lo posible a elevar el nivel formativo e ideológico de las clases populares. Y en última instancia, tratamos de impulsar la confluencia de todos estos frentes en una lucha general por el cambio de régimen político y de sistema socioeconómico. Es necesario asumir —y asumirlo a conciencia— que todo centro social que se precie tiene que jugar ese papel y arremangarse para hacerlo con la mayor responsabilidad.

Otro de los proyectos que se han popularizado gracias a su enorme trabajo vecinal y sus campañas de difusión en las redes ha sido la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC). Ruymán Rodríguez, uno de sus miembros, nació en el barrio del Puerto de Gran Canaria, un distrito popular con mucha población migrante inmerso en un proceso de gentrificación constante. Lleva militando en Gran Canaria desde que era adolescente, en los años noventa, y confiesa que uno de sus puntos de enganche fue precisamente el antirracismo. Entonces, en el Parque de Santa Catalina se concentraba un gran número de personas de origen migrante en situación precaria que vivían al raso, la mayoría sin trabajo ni recursos.

La federación de empresarios empezó una campaña pidiendo la deportación de las personas migrantes. Decían que afeaban la zona e impedían que la gente consumiera. Un discurso totalmente racista que empezamos a contrarrestar con panfletos y pintadas.

En el archipiélago canario no ha habido presencia neonazi callejera como en otras partes del Estado. Según Ruymán, la mayoría de los que surgieron en algún momento venían de la península.

Hubo algunos conatos. Empezaron a producirse algunos ataques racistas y contra personas sin hogar coincidiendo con la campaña de los empresarios, pero se les cortó rápido. Violentaban a comunidades vulnerables que sabían que no iban a responder. Se les confrontó en la calle y se les expulsó. No volvieron a levantar cabeza.

Años después, en 2012, sí que aterrizó Respuesta Estudiantil, formado por estudiantes de Derecho canarios que habían estudiado en la Península.

Incluso llegaron a negociar con el sindicato mayoritario de estudiantes para poder manifestarse, sin enfrentarse. Los anarquistas y los independentistas canarios nos negamos a aceptar a los nazis en nuestras manifestaciones.

Varias televisiones recogieron los enfrentamientos entre los antifascistas y el grupo neonazi en una manifestación, que se saldaron con la expulsión de los neonazis a golpes. Nunca más volvieron a aparecer.

Ruymán apunta que el fascismo que ha existido siempre es otro que considera aún más peligroso.

El de traje y corbata. El de despacho y poltrona. El que hoy representa Vox. Como no dice «Heil Hitler» y no tiene dagas con esvásticas, se intenta englobar en una especie de neoconservadurismo, pero al final señala a las mismas personas que los otros. Estos son los que promueven el otro tipo de fascismo: el sociológico.

Aquí, el activista recuerda datos sobre la precariedad de las islas Canarias, uno de los territorios más pobres de la Unión Europea, con altas tasas de paro, un 35 por ciento de pobreza infantil, un 60 por ciento que no llega a final de mes, un 50 por ciento en riesgo de exclusión social y un 45 por ciento por debajo del umbral de la pobreza. Doscientos cincuenta desahucios al mes y un alquiler de media de los más altos. Las entidades financieras, además, mantienen miles de viviendas vacías en un territorio que vive casi exclusivamente del turismo (cerca de seis millones de turistas al año) y que se encuentra en un constante proceso de gentrificación.

En este maremágnum, con tanta inquietud, ansiedad y resentimiento, aterriza el discurso fascista que apunta que las personas migrantes son el problema, no el banco que te desahucia ni el hostelero que te explota. Además, la mayoría de los migrantes que vienen son de origen europeo, pero usan bulos para ubicar el problema en el último eslabón, promoviendo así la pelea entre el último y el penúltimo.

La Federación Anarquista intenta con su trabajo dar la vuelta a ese descontento, de modo que no sea aprovechado por la extrema derecha para difundir el miedo y el odio entre vecinos «y llevarlo al apoyo mutuo, la solidaridad y la convivencia». Por eso, la FAGC empezó a crear comunidades en 2012, cuando aumentaron los desahucios y mucha gente se quedó en la calle. Así, ante la extrema necesidad de muchas familias, los anarquistas canarios crearon en 2013 la Comunidad Esperanza, donde viven 76 familias y 210 personas, muchas de ellas migrantes. Este proceso no fue nada fácil, admite Ruymán, y requirió mucha pedagogía, mucha paciencia y un intenso trabajo.

Algunos de los residentes son parados de larga duración que ven con recelo que en la comunidad se aloje a personas sin hogar. Conseguimos, tras asambleas interminables y mucha pedagogía, que accedan. Lo mismo pasa después con las personas migrantes y luego con las personas gitanas. Al final se trata de ir compartiendo, conviviendo, para romper esos prejuicios. Cuando dependes de la olla común que hace la familia colombiana, el racismo no se sostiene. Igual que cuando la madre magrebí va a recoger a tus hijos al colegio porque tú estás trabajando, igual que cuando los niños de diferentes nacionalidades juegan juntos, consigues al fin comunidades más cohesionadas que son un dique contra el racismo.

Actualmente existen once comunidades de resistencia en la isla con más de mil personas viviendo de la autogestión. Tienen varios huertos de autoabastecimiento y una red de intercambio de enseres y ropa. Además, hay una oficina de asesoramiento para personas en situación precaria que no están sindicadas en la que se les ayuda a escribir currículums, a reclamar derechos laborales y otros asuntos que, por desconocimiento o por otras circunstancias, no pueden hacer por ellas mismas. También existen dos comunidades destinadas a la población migrante con gente en peligro de deportación, donde conviven más de doscientas cincuenta personas que siembran sus propios huertos y hasta han construido sus propios hornos de pan. Todo esto completamente al margen de las instituciones. Por iniciativa popular.

En noviembre de 2021, Vox anunció que iba a realizar un acto en Gran Canaria. A los pocos días, la FAGC convocó una concentración para mostrar su rechazo. Tras una intensa campaña de difusión en las redes sociales y por la ciudad canaria, cientos de personas secundaron la convocatoria antifascista, que eclipsó el acto del partido ultraderechista, a pesar de que había desplazado a decenas de personas desde la Península para hacer bulto.

La policía nos informó de que no habría problemas con la concentración si nos manteníamos en el sitio indicado, pero nos advirtió que habían encontrado a algunos neonazis rondando por la zona. Intentaron provocar, pero fracasaron. Todo se desarrolló sin incidentes, fue un éxito. Recibimos gran cantidad de mensajes de apoyo. Desde la comunidad musulmana hasta personas mayores que habían sido represaliadas por el franquismo. Fue muy emocionante y sintomático que hayamos sido los anarquistas quienes lleváramos la iniciativa.

Durante la entrevista, Ruymán destaca constantemente la manera de entender el anarquismo que tienen en la FAGC, una adscripción ideológica que reivindica orgulloso y que trata de definir con los hechos que desde la Federación llevan a cabo.

Siempre hemos entendido que debíamos hacer anarquismo para no anarquistas. Con el antifascismo pasa lo mismo. El antifascismo debe ser transversal. Debe ser adoptado por todos los colectivos, sobre todo por aquellos que más lo sufren: LGTBI, migrantes, racializados… Que las personas más amenazadas por el fascismo estén también en la lucha. Debe ser una respuesta social, popular y amplia. Pero también nos equivocamos mucho si pensamos que al fascismo se le para con papeletas cada cuatro años. El fascismo tiene las urnas porque antes ha tenido las calles. Si queremos sacarlos de las instituciones, hay que sacarlos primero de las calles. Sabemos que eso implica represión, que nos van a perseguir, pero debemos ser contundentes en esto y conseguir que no se hagan fuertes. El antifascismo debe ser de las vecinas, no un pasatiempo de fin de semana.

La proliferación de proyectos comunitarios en barrios populares y pueblos de todo el Estado español es un síntoma de la importancia que se está dando desde los movimientos sociales al contacto con los vecinos y vecinas en situación precaria. Conscientes —como explicaban Cristina, Ruymán, Neus y el resto de personas entrevistadas— de que la extrema derecha aprovecha la vulnerabilidad de muchas personas para atizar el odio contra otros colectivos también vulnerables, como las personas migrantes, la labor de estos movimientos está siendo fundamental para neutralizar la infección de los discursos racistas. A pesar de esto, existen múltiples canales por donde la ultraderecha cuela sus mensajes y sus marcos para arrastrar a parte de la población a su campo, sobre todo a través de las redes sociales, de sus discursos en las instituciones y de los medios de comunicación. Estos últimos reproducen constantemente estos marcos que criminalizan la pobreza y a determinados colectivos, y consiguen a menudo que el odio de las clases populares, por su precariedad, se focalice contra los más vulnerables, en vez de contra los responsables políticos y económicos de sus miserias. Miedo a los migrantes, a los okupas, a las personas sin hogar, a los movimientos sociales… Por eso, cuando estos colectivos trabajan en los barrios y consiguen crear lazos comunitarios por encima de nacionalidades, creencias y otros factores, la ultraderecha se encuentra con un muro.

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