Antifascistas
20. Actos de gamberrismo y tribus urbanas
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20. Actos de gamberrismo y tribus urbanas
«Todo esto va a acabar muy mal,
todos y todo tienen que acabar mal.
Si siguen así machacando a la gente,
un día de estos se levanta potente
con el puño levantando pa’decir que es suficiente,
de los palos de la pasma ya tenemos bastante».
SARGENTO GARCÍA, Acabar mal, 1999
La primera mitad de los años noventa estuvo marcada por la violencia de la extrema derecha y la aparición, como respuesta, de los primeros colectivos y plataformas antifascistas. Los asesinatos de Sonia, Lucrecia y Guillem mostraban la multidireccional violencia de los neonazis: una transexual, una mujer migrante y un joven antifascista. No serían los únicos crímenes de aquellos años.
En 1993, Susana Ruiz, una joven de izquierdas de dieciséis años, fue secuestrada, violada y asesinada por un grupo de neonazis a la salida de un concierto en el barrio de San Blas (Madrid). Según explicó El País en enero de 1996, los asesinos pertenecían a Bases Autónomas y eran «hijos de personas relevantes».[18] La información la proporcionó Antonio Moreno, recluso de la prisión de Guadalajara.
Este preso señaló el lunes ante la juez Ana Ferrer, instructora del caso de Susana Ruiz, que él presenció el crimen y que hasta ahora ha callado por miedo a represalias, según fuentes de la investigación. Ese fue precisamente el motivo por el que otro ex cabeza rapada, José Alberto Zamorano Orellana, huyó de su casa en noviembre de 1994 tras dejar grabada una cinta que debía entregarse a la policía en caso de que le ocurriera algo.
El juez consideró «fantasioso» este relato y el caso, a pesar de haberse reabierto hasta en cuatro ocasiones, se cerró sin culpables.
El 21 de mayo de 1995, Ricardo Rodríguez, «Richard», fue asesinado en una zona de ocio en Costa Polvoranca (Alcorcón) por un grupo de neonazis. Lo mismo que David Martín unos meses después (en octubre del mismo año) en Arganda del Rey y que David Emilio González en el barrio de Moncloa (Madrid), quien, tras negarse a gritar «Viva Franco» y «Arriba España», fue asesinado a navajazos por otro grupo de neonazis.
La respuesta al asesinato de Richard en Alcorcón fue un aviso a las autoridades, a las que se cuestionaba su permisividad ante las constantes agresiones y asesinatos neonazis. La manifestación en recuerdo del joven terminó con el asalto y el incendio del pub Donqui, un punto de encuentro habitual para neonazis. El País calificó estos hechos de incidentes protagonizados por punkis, lo que reafirmaba el marco de tribus urbanas que los medios y los políticos pretendían instaurar.
Centenares de punkis arrasan el bar de los «rapados» de Costa Polvoranca. […] Los punkis son rivales de los cabezas rapadas y bakaladeros.
El domingo 29 de octubre de aquel mismo año, El Mundo publicó una carta de María Gascón, de SOS Racismo, junto a un reportaje sobre los grupos neonazis de Madrid. El texto, titulado «Demasiadas preguntas», plantea claves sobre aquel momento, cuando todavía coleaba el caso de Lucrecia y las agresiones neonazis no cesaban.
Lo que parecía ser el techo de la violencia neonazi, no fue sin embargo sino el principio de una escalada de agresiones —varias de ellas con resultado de muerte— hasta la última conocida, y que ha acabado con la vida de David Martín en Arganda. Y en todo este tiempo, se ha podido comprobar que las víctimas ya no solo responden a los clásicos estereotipos considerados objeto de aniquilación según la ideología neonazi. El fin último, la violencia, puede caer sobre cualquiera que parezca más débil o indefenso.
Las preguntas surgen solas: ¿Están los skinheads organizados? ¿Tienen alguna vinculación —además de la ideológica— con organizaciones fascistas como Bases Autónomas, Acción Radical u otras? ¿Por qué estas organizaciones no son perseguidas y desmanteladas? ¿Por qué no son detenidos muchos de sus miembros, aun siendo reincidentes y conocidas sus identidades, lugares de reunión y acciones? Y si lo son, ¿por qué son rápidamente puestos en libertad —aun en caso de asesinato como el de David en Arganda—, al módico precio de cincuenta mil pesetas? ¿Qué tipo de vinculación tiene algún policía, como el municipal Jesús Heras, identificado por sus víctimas como integrante de un grupo skin que les agredió en el pub Graffiti? ¿Cuántas armas u objetos de ataque han sido requisados por la policía? ¿Por qué se confunde a la ciudadanía denominando tribus urbanas a los que no son sino grupos neonazis? ¿A quiénes persigue el grupo especial de la policía para tribus urbanas?
Sería imprescindible una manifiesta voluntad ética y política de las instituciones. Pero mientras importantes autoridades, como la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, o Carlos López Collado, de la Federación de Municipios y Provincias y concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, o Juan Ignacio Sánchez, de la Fiscalía General del Estado, califiquen estas acciones de actos de gamberrismo, como afirmaron públicamente a principios del mes de septiembre, la impunidad de los skinheads y de los grupos fascistas que los animan y orientan seguirá alimentando una violencia de la cual no serán ellos los únicos responsables.
La preocupación por la violencia de los grupos neonazis ya no era solo cosa de los antifascistas, de los colectivos de migrantes, LGTBI o personas en situación vulnerable. La sociedad empezó a percibir que cualquiera podría ser víctima por una mirada desafortunada, un tropiezo casual o el capricho de estos personajes. Y este patrón se repetía más allá de las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona o València.
En enero de 1995 en Terrassa (Barcelona), una joven guineana de diecinueve años, Elvira Alimama, fue víctima de una brutal agresión por parte de un grupo de neonazis. Unos años antes, varios jóvenes de la ciudad (Tupé, Xavi y Alicia) fueron apuñalados también por neonazis, que actuaban de manera constante e impune en la zona. Se hacían llamar los Lobos Grises. Jaume, vecino de Terrassa y militante antifascista, lleva tiempo realizando hilos en Twitter donde explica algunas de las anécdotas y fechas simbólicas de los movimientos sociales. Conocido en la red como Guifos, contó la historia de los neonazis de su ciudad y de cómo, en 1994, la ciudadanía empezó a organizarse ante la pasividad de las instituciones, y creó la Plataforma Antifeixista de Terrassa y otros grupos autónomos de acción directa bajo el nombre Antinazis Terrassa y BATCN (Brazo Armado de Terrassa Contra Nazis). Tras la agresión a Elvira, que sufrió graves heridas y estuvo hospitalizada, los colectivos antifascistas convocaron una gran manifestación en la ciudad. Las instituciones —que hasta entonces negaban que existiese un problema de violencia neonazi— y los partidos políticos trataron de rentabilizar la situación. Jaume lo cuenta de manera tajante:
Rápidamente, sectores del Ayuntamiento del PSOE, de ERC e ICV neutralizan la combatividad de la convocatoria, la convierten en una manifestación por la multiculturalidad y se ponen frente a la pancarta para salir a la foto. Eran elecciones…
Finalizada la manifestación, un grupo de unos ochenta jóvenes antifascistas realiza el recorrido del centro hasta Can Palet —el lugar donde había ocurrido la agresión a Elvira—. Persiguen por las calles y atacan a varios grupos de fascistas.
Jaume —cuyos datos aparecieron en las listas negras de los fanzines neonazis de aquella época— explica que, durante un tiempo, la ofensiva antifascista logró parar la violencia de los neonazis en un lugar donde hasta ese momento, habían actuado de manera impune.
En Asturias, a mediados de los años noventa la violencia neonazi también hizo saltar las alarmas. El historiador asturiano Enrique Faes y Francisco Álvarez realizaron en 1998 un dosier titulado Racismo y extrema derecha en Asturies, que editó el Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies. En él advertían que la semilla neonazi empezaba a germinar en la zona y registraban las agresiones que se habían cometido hasta la fecha, así como la reacción de la ciudadanía y de las autoridades, además de la creciente preocupación de varios colectivos al respecto.
Alertaron de la proliferación de pintadas y propaganda de grupos neonazis como Bases Autónomas o Vanguardia Nacional Revolucionaria en Xixón, Uviéu, Avilés, en las cuencas mineras, Cangas del Narcea o Ribeseya. Entre las pintadas, destacan las firmadas por Bases Autónomas contra Yekini —un jugador negro del Sporting de Gijón— y las de carácter antisemita contra la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a las comunidades sefardíes.
Simultáneamente, la violencia neonazi se hizo notar cada vez más. Varios marroquís, caboverdianos, argentinos y guineanos denunciaron que habían sido agredidos por motivos racistas. El negocio de un magrebí fue incendiado en Ribeseya y varias personas de izquierdas sufrieron numerosos ataques en Avilés a finales de 1995.
En 1996, una revista firmada por Bases Autónomas llamada El Francotirador se hacía eco de una reunión celebrada en el club de tiro de Trasona para fundar la Convocatoria Avilesina de la Acción Nacional de Bases Autónomas y se advertía que estaban preparando «acciones contundentes» contra los «guarros», es decir, contra personas de izquierdas de la zona. Esto provocó que los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Avilés (PSOE e IU) pidieran al equipo de gobierno municipal que se investigara la posible existencia de tramas ultras en la comarca. Enrique Faes y Francisco Álvarez relatan los resultados de la investigación en su dosier.
La policía local dedujo, tras una investigación al respecto, que no las había. Solo pudo detectar la presencia en el concejo de varias personas de ideología ultraderechista que, según dicho cuerpo policial, no suponen un peligro para la ciudadanía.
El Cuerpo Nacional de Policía abrió una investigación posterior, en respuesta a la alarma social creada por el fanzine de Bases Autónomas. Fuentes policiales señalaron que hay conexión de algunos cabezas rapadas con veteranos militantes de la ultraderecha avilesina. Los jóvenes ultraderechistas de cuya existencia tiene conocimiento la policía rondan la veintena.
El dosier explica que al principio las víctimas fueron principalmente personas migrantes, pero a mediados de los noventa el objetivo principal de los ataques fueron los jóvenes —incluso menores de edad— y los locales de izquierdas.
El Ayuntamiento de Xixón solicitó un informe a la policía, que aseguró que no existían grupos organizados, tan solo unas veinte personas relacionadas con el Batallón Gijón de Ultra Boys, las cuales «por el momento no representan un riesgo grave para la seguridad ciudadana». El Ayuntamiento había solicitado este informe a raíz de la agresión a un joven por llevar una camiseta del Che Guevara.
Las alarmas saltaron a principios de 1996 cuando varios alumnos del instituto Santa Bárbara de La Felguera recibieron amenazas de muerte. «Tu vida desde hoy es una cuenta atrás», decía una de las notas recibidas por una alumna.
[El 5 de marzo de 1996, medio millar de estudiantes se manifestó en La Felguera y Sama] para pedir que desde las instituciones públicas se adoptasen medidas para poner freno a la violencia ultraderechista. La marcha concluyó ante el Ayuntamiento de Llangréu, donde las/los estudiantes entregaron un escrito al alcalde, José María García, con quien se entrevistaron. Los representantes estudiantiles mostraron su convencimiento de que «esos fascistas están en el instituto, aunque las autoridades académicas lo nieguen».
El Cuerpo Nacional de Policía inició una investigación al respecto, pero el comisario de Llangréu manifestó que «es un tema que dudo que pueda llegar a esclarecerse, porque las amenazas están reflejadas con letras recortadas y, por tanto, arrojan muy poca luz al asunto».
Este dosier de 1998 muestra una muy buena radiografía de la extrema derecha asturiana y sus acciones. Desde DN, AuN y FE-JONS hasta organizaciones esotéricas como Nueva Acrópolis, los ultras del Sporting o la trama empresarial que, supuestamente, estaría detrás de estos grupos. Destaca también la presencia del antiguo criminal de guerra nazi holandés Hauke Pattist,[19] quien había escapado de la prisión de Arnhem en 1946 y había pasado por Sudáfrica antes de llegar finalmente a España a principios de los años cincuenta. Desde entonces, vivió plácidamente en Asturias. A pesar de que la justicia de su país lo reclamó en numerosas ocasiones, los sucesivos Gobiernos del Estado español hicieron oídos sordos. Este exmiembro de las SS abrió una academia de idiomas y se dedicaba a organizar tertulias en algunos locales de la zona. Nunca manifestó arrepentimiento por su colaboración con el Tercer Reich y argumentaba que él «solo cumplía órdenes».[20]
Más allá de los colectivos de izquierdas más sensibilizados y combativos contra los grupos neonazis, se destaca la implicación de diversas ONG en la sensibilización y denuncia contra el racismo. El dosier, finalmente, agradece a los ayuntamientos que «muestran preocupación y asumen compromisos» y señala a aquellos que «actúan con total indiferencia o que, incluso, ponen en práctica políticas sociales (por ejemplo, en materia de vivienda para colectivos étnicos minoritarios) que propician actitudes discriminatorias».
En cambio, los colectivos antifascistas cuestionaron el papel de otras ONG en otras partes del Estado, ya que, a su entender, suponían una especie de cortafuegos que pretendía eclipsar sus denuncias y reivindicaciones, canalizando la respuesta por la vía institucional. De hecho, los medios de comunicación en muchas ocasiones regalaron el protagonismo a este tipo de organizaciones —como es el caso de Movimiento Contra la Intolerancia—, al tiempo que ignoraban e incluso criminalizaban a los grupos antifascistas.
Las organizaciones antifascistas fueron las primeras en dar la alerta y plantar cara a esta violencia. Estas proliferaron en distintas ciudades y comenzaron a coordinarse entre sí, compartir información y visibilizarse cada vez más. Las autoridades, por su parte —como explica María Gascón—, instauraron el relato de las tribus urbanas enfrentadas, la violencia juvenil o simplemente el gamberrismo. Una banalización del problema que, además, servía para equiparar víctimas con verdugos, obviaba el carácter ideológico de esta violencia y ponía bajo el foco de la policía a quienes se negaban a poner la otra mejilla y plantaban cara.
Margarita Robles, entonces secretaria de Estado de Interior y en el momento en que escribo este capítulo ministra de Defensa, afirmó en la presentación de un informe de Interior en septiembre de 1995: «En España se corre el peligro de magnificar un problema que es absolutamente minoritario». La hoy ministra proponía trabajos sociales para los jóvenes neonazis y «medidas resocializadoras» en el caso de que fueran menores de edad quienes cometieran «actos vandálicos». Además, consideraba el comportamiento de estas bandas solo «antisocial».
El País informó sobre la presentación de este informe el 13 de septiembre de 1995,[21] en la que participaron la directora general de Política Interior, Concepción Sáenz; Margarita Robles; la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Lledó; su homóloga en València, Carmela Moya; y el gobernador civil de Barcelona, Jaume Casanovas. El informe calculaba que existían en el Estado español cerca de 2.300 cabezas rapadas neonazis. La mayoría de ellos estaban en Catalunya, pero también había en Madrid, València, Murcia, Sevilla y Burgos. El informe explicaba cómo operaban estas bandas y cuáles eran sus métodos. Contaba que el más habitual «consiste en el apaleamiento en plena calle de extranjeros, mendigos, homosexuales y drogadictos. Otra forma de amedrentamiento es el ataque a viviendas o establecimientos frecuentados por sus enemigos, especialmente los inmigrantes negros y magrebíes». Las autoridades reconocían que existían bandas neonazis y que cometían actos de violencia contra colectivos vulnerables, pero finalmente incluían también en el relato a quienes intentaban frenarlos: «También destacan las luchas territoriales con otras tribus urbanas, como los punkis». Entre 1990 y 1995, las bandas neonazis habían asesinado ya a quince personas.