Antifascistas
26. Barcelona: Doce de Octubre de 1999
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26. Barcelona: Doce de Octubre de 1999
Durante los años noventa, los movimientos sociales de izquierda habían articulado ya una potente y extensa red antifascista en prácticamente todo el Estado español. Más allá de los colectivos y las coordinadoras que trabajaban exclusivamente en la investigación de los grupos fascistas y la propaganda contra estos, se estableció una especie de protocolo de actuación cada vez que los grupos de extrema derecha organizaban un acto.
Un punto de inflexión fue la manifestación del Doce de Octubre en Barcelona el año 1999. Desde los años ochenta, la extrema derecha se paseaba por el barrio de Sants para celebrar el Día de la Hispanidad y siempre había protestas de diferentes colectivos. Algunas veces, como he explicado en otro capítulo, se producían enfrentamientos entre miembros de la extrema derecha y militantes de colectivos de izquierdas e independentistas. A partir de 1998, la Plataforma Antifeixista y varios colectivos del barrio exigieron a las autoridades que atendieran las denuncias de agresiones que se sucedían alrededor de la convocatoria del Doce de Octubre en Barcelona, que se había convertido en un punto de encuentro anual para los grupos de extrema derecha de todo el Estado español.
En 1999, varias agresiones neonazis encendieron los ánimos unos días antes del acto de extrema derecha en el barrio de Sants —convocado por la Alianza por la Unidad Nacional (AuN) de Ynestrillas—. En la localidad catalana de Mollerusa, detuvieron a ocho neonazis que habían herido a cinco personas. En el barrio de la Sagrada Familia (Barcelona), otros ultraderechistas apuñalaron unos días antes a una persona migrante. Esos mismos días, varios neonazis atacaron el Centro Social Okupado La Kadena, en Esplugues de Llobregat. La noche anterior al Doce de Octubre, dos jóvenes fueron víctimas de una cacería nazi en el mismo lugar en el que horas después iba a realizarse el acto ultraderechista.
En 2019, veinte años después de aquellos acontecimientos, el digital catalán Crític publicó un especial sobre la protesta que marcaría un punto de inflexión en el antifascismo barcelonés.[28] A partir de lo que explicaba el antropólogo Manuel Delgado, recordaba los antecedentes que habían rodeado esa efeméride desde el año 1991. Fue entonces cuando se empezó a organizar una respuesta a la cada vez más habitual violencia de la extrema derecha. Crític lo explicaba así:
A partir de entonces, jóvenes del barrio de Sants agrupados alrededor del colectivo La Mandrágora comenzaron a pedir la ilegalización del acto fascista. La periodista y activista feminista Joana García Grenzner formaba parte de este colectivo y recuerda bien el proceso de pedir firmas a todas las entidades del barrio para conseguir que el pleno del distrito se pronunciara a favor de impedir el acto fascista. En 1994, ante el silencio de la Delegación del Gobierno español —entonces todavía en manos del PSOE, porque en el Gobierno del Estado estaba Felipe González—, se empezó a organizar un festival antifascista y antirracista en el centro cívico de las Cotxeres de Sants, a solo ochocientos metros de la plaza de los Países Catalanes —donde se celebraba el acto fascista—. «No nos lo pusieron fácil —recuerda Grenzner—: a la chica que fue a pedir el permiso, la acorralaron en la comisaría de Vía Laietana para meterle miedo. Realmente nos temíamos un ataque fascista a gran escala y habíamos preparado nuestro propio servicio de autoprotección. Hay que pensar que los organizadores éramos todos muy jóvenes». El año anterior, Guillem Agulló había sido asesinado en València y las agresiones fascistas eran habituales en Barcelona. Se respiraba un ambiente de tensión.
Aquel año de 1999 los antifascistas se organizaron definitivamente para enfrentarse físicamente a los fascistas, vista la pasividad de las autoridades y la impunidad en la que quedaban sus agresiones. El movimiento okupa era entonces muy potente. Los enfrentamientos con la policía se habían sucedido tras el desalojo del Cine Princesa en 1996, que terminó con cuarenta y ocho detenidos y quince heridos. Gran parte del movimiento antifascista de Barcelona, como ocurría en València, Madrid, Zaragoza y otras ciudades, tenía mucha relación con el movimiento okupa. Este se había forjado también bajo una constante y contundente represión, acompañada siempre de la criminalización a la que lo sometían los medios de comunicación. Estaban acostumbrados a la calle y a la crónica posterior. Además, los centros sociales también eran blanco de los ataques neonazis.
Se juntaron cerca de dos mil personas para dirigirse a la plaza donde Ynestrillas calentaba a los suyos. «¡España para los españoles! Salid a la calle a ganar lo que es vuestro y recuperad el espíritu de los hombres valientes de la época del caudillo», arengaba Ynestrillas desde el escenario, según explicaba la revista Illacrua.[29] Los antifascistas avanzaron hacia la línea policial que protegía a los fascistas, formada por cerca de cincuenta furgonetas de antidisturbios. Los agentes cargaron contra los antifascistas y así comenzó una algarada por todo el barrio que duraría cerca de dos horas y terminó con numerosas entidades bancarias y oficinas de empresas de trabajo temporal (ETT) destrozadas, varios heridos y veintiséis detenidos. Catorce de ellos ingresaron inmediatamente en prisión.
Joan Canela entrevistó para el artículo de Crític a un miembro de la Plataforma Antifeixista que vivió aquella manifestación.
Nunca nos asustó enfrentarnos a la policía. Sabíamos que podíamos resultar golpeados, heridos por una bala de goma o detenidos, pero formaba parte de la lucha y era una situación que se repetía con frecuencia. Era mucho más urgente mostrar la existencia del fascismo y su colaboración con la policía.
Según explicó el antifascista, esta vez decidieron «ir preparados» para protegerse de las cargas policiales. Esto, sumado a la gran asistencia, explica que las barricadas y la confrontación durasen más de dos horas.
Crític entrevistó también a la fotoperiodista Mireia Comas, que entonces trabajaba para varios medios generalistas.
Lo viví con mucha intensidad; eran momentos muy duros. Además, cuando había operaciones policiales contra los movimientos sociales, nos sentíamos solos y todos los medios de comunicación criminalizaban las protestas. Recuerdo mucho la sensación de estar aislados y que nuestro discurso no podía traspasar las fronteras del movimiento. Había manis en las que prácticamente solo estaba yo haciendo fotos; eso no les gustaba, porque documentaba la violencia policial. Empezaron a ir por mí: me paraban, me llamaban por mi nombre, los secretas me vacilaban.
Mireia había sido detenida anteriormente en dos ocasiones. Una de ellas bajo la ley antiterrorista, acusada de formar parte de un grupo inexistente, Acció Radical Catalana. Quedó en libertad al día siguiente. La otra vez fue en una protesta antifascista en Sabadell, un año antes de la manifestación del Doce de Octubre en Sants. Así lo recuerda la fotógrafa en Crític:
Me llevaron a comisaría y me golpearon entre ocho antidisturbios. La denuncia por malos tratos llegó a la Audiencia de Barcelona.
Catorce de los detenidos ingresaron directamente en prisión preventiva. Dos de ellos eran menores de edad. La jueza Remei Bona consideró que la alarma social y la posible pertenencia a asociación ilícita justificaban esta insólita decisión. Cuenta Joan Canela en Crític que uno de los detenidos que se libró de la prisión preventiva fue el hijo de Albert Batlle, entonces concejal de Deportes por el PSC. Faltaban cinco días para las elecciones autonómicas catalanas y todos los medios repetían constantemente las imágenes de los disturbios, que también entraron en campaña electoral. Los incidentes se compararon con lo que entonces se llamaba kale borroka, la lucha callejera que jóvenes del entorno de la izquierda abertzale protagonizaron durante años en Euskal Herria. Algunos políticos y periodistas incluso llegaron a afirmar que los antifascistas habían sido entrenados por Jarrai, la organización juvenil abertzale a la que se atribuía la autoría de cualquier incidente.
El conflicto vasco fue uno de los comodines que usaban los medios de comunicación y varios políticos para estigmatizar todos los movimientos sociales de izquierdas. Cualquier disturbio lo relacionaban directamente con Jarrai, a veces simbólicamente y otras directamente, sugiriendo su presencia. Como si esta organización tuviera franquicias por todo el Estado y fueran los vascos quienes enseñaran al resto como había que combatir en las calles…
La indignación ante el encarcelamiento de estos catorce jóvenes provocó una ola de solidaridad enorme. Las redes antifascistas tejidas con anterioridad se pusieron en funcionamiento y movilizaron a muchísima gente y a infinidad de colectivos, que organizaron todo tipo de actividades para visibilizar el caso y contrarrestar el relato oficial. Incluso se movilizaron estudiantes de Periodismo para denunciar el tratamiento mediático. Una de ellas fue Amaya Ruiz, que fue entrevistada en 2019 por Crític.
Elaboramos un informe extenso de toda la cobertura, con las violaciones del código deontológico, que hicimos llegar al Consejo de la Información de Catalunya avalado por prácticamente todos los profesores de la facultad. En cierto modo, esa gente había sido encarcelada por los medios y como futura periodista sentía que había que hacer algo.
Pasadas las elecciones y con la revalidación de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, el caso dio un giro. La juez retiró la acusación de asociación ilícita y liberó a los prisioneros tras diez días en régimen preventivo. Al día siguiente se había convocado una manifestación en favor de los presos que se preveía multitudinaria y que, a pesar de su liberación, reunió cerca de siete mil personas. El juicio se celebró cinco años después (en 2004) y se resolvió con penas inferiores a los dos años, por lo que ninguno de los detenidos ingresó en prisión.
La importancia de este caso va mucho más allá de los incidentes en sí mismos o de la campaña de solidaridad que vino después con los detenidos. A partir de aquel año, la Delegación del Gobierno decidió prohibir la convocatoria de la extrema derecha en el barrio de Sants y la trasladó a Montjuïc, lejos de la ciudad y con el acceso mucho más controlable. Aunque en el seno de los colectivos sociales que se movilizaron a favor de los detenidos hubo un intenso debate sobre la violencia, la prioridad era rescatar a los encarcelados y denunciar la desproporción de las acusaciones y las medidas adoptadas por aquella jueza. Pero conseguir el cambio de ubicación del acto fascista a partir de entonces y la enorme movilización solidaria que se articuló en tan solo diez días supuso una victoria sin precedentes.