Antifascistas
27. Okupas, anarquistas, operaciones policiales y neonazis
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27. Okupas, anarquistas, operaciones policiales y neonazis
«Si ellos son tu puto agobio,
tú serás su jodida pesadilla».
SPEERETH, Antisocial, 1996
En València, el movimiento antifascista, que tuvo su auge los años posteriores al asesinato de Guillem Agulló, vivió un parón organizativo a partir del desalojo del Kasal Popular en 1996. Más allá de las convocatorias puntuales que se articulaban como respuesta a algún acto de la extrema derecha o de los casuales encontronazos de jóvenes de izquierdas con grupos neonazis, no existió una plataforma duradera que aglutinase a varios colectivos y estuviese centrada únicamente en el antifascismo. Eso si, el SHARP creció notablemente aquellos años y aglutinó a gran parte de los jóvenes antifascistas de la época, igual que el movimiento okupa y la izquierda independentista del entorno de Maulets. Todos estos, junto a miembros de otros colectivos y movimientos sociales, coincidían siempre que sonaba la corneta ante una movilización o una acción de respuesta. Se creaban asambleas antifascistas puntuales cuando había actos concretos, como un mitin de AuN en 1999, o campañas contra las agresiones fascistas, como la que sufrieron varios jóvenes en Xàtiva durante la Nochevieja de 1997.
Aquella noche, unos veinticinco neonazis vinculados a la sección Fan Club de los Ultra Yomus asaltaron un local donde jóvenes independentistas y de izquierdas celebraban el Año Nuevo. No era el primer ataque fascista que se denunciaba en la ciudad. El mismo año, dos meses antes, un grupo de neonazis trató de reventar un acto de conmemoración del Nueve de Octubre y provocó diversos incidentes que se saldaron con la detención de varios de los agresores. Los antifascistas de Xàtiva, ante el incremento de la actividad de los neonazis en la comarca, crearon la Assemblea 8 d’Octubre y tuvieron un grupo bastante activo en Xàtiva, Canals, l’Olleria y otras localidades durante varios años.
Los asaltantes de Nochevieja fueron absueltos por la Audiencia de València en octubre del año 2000, al «no quedar acreditado, por falta de pruebas, qué personas en concreto fueron las causantes y autoras» de las lesiones denunciadas. Entre estas lesiones, varios puntos de sutura a un joven en la cabeza. Un año antes de la sentencia, en agosto de 1999, otro joven fue agredido en la localidad de la Llosa de Ranes con un puño americano. La violencia neonazi en la zona hizo saltar todas las alarmas y fue el motivo de que los jóvenes de la comarca formaran un colectivo antifascista que se mantendría bastantes años estable.
En València ciudad, el movimiento okupa protagonizó la mayoría del activismo de finales de los noventa y principios del nuevo siglo. La potencia de este movimiento puso en jaque al Ayuntamiento de Rita Barberá y centró todas las miradas de la Brigada de Información de la policía y de los medios de comunicación. El conflicto urbanístico en el barrio marinero del Cabanyal fue el epicentro de las luchas sociales de los primeros años del siglo XXI. Se multiplicaron las okupaciones y las reivindicaciones contra la especulación urbanística, que se replicarían también en La Punta, la zona contigua al puerto, cuya ampliación amenazaba las barracas centenarias y las huertas milenarias, donde vivían mayoritariamente personas mayores y trabajadores del campo que llevaban generaciones allí. La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto se iba a comer un buen trozo de paraje natural, con la expulsión de sus vecinos incluida. El Cabanyal y La Punta fueron los puntos calientes en los que tanto el movimiento okupa como el ecologista, los principales movimientos sociales de la época, centraron su actividad.
La extrema derecha mantenía un perfil bajo a nivel público. Había actos puntuales y agresiones protagonizadas por algunos individuos, sobre todo vinculados a los ultras del fútbol y los grupos anticatalanistas de la época, muy activos y violentos desde la transición. Sin embargo, después de la desarticulación de Acción Radical, destacó un activismo neonazi que, aunque más discreto, daba un paso más cometiendo atentados contra sedes políticas.
El 4 de marzo de 2000, la policía arrestó a trece neonazis en València, Llombai y Xàtiva, acusados de incendiar las sedes del PSOE en Manises, del PP en Alboraia y de EUPV en Xirivella, tres localidades de la comarca de L’Horta, en los alrededores de la ciudad de València. Los autores del atentado reivindicaron la acción colgando pasquines de un grupo neonazi llamado Hermandad Nacional-Socialista Armagedón. Faltaban ocho días para las elecciones generales y este grupo neonazi entró en campaña llamando a la abstención. En el número 9 de su boletín Resistencia, correspondiente al mes de junio de 1999, ya manifestaban abiertamente su odio y oposición a la democracia ante las elecciones europeas del 13 de junio y advertían: «Sea como fuere, lo seguro es que nos veremos en las calles las próximas elecciones, en siete meses».
Como es habitual en los grupúsculos más fanatizados y puristas, rechazaban incluso las llamadas «fuerzas nacionales», es decir, los partidos que conformaban la atomizada extrema derecha española, a menudo también enfrentadas entre sí, a las que acusaban de estar impregnadas de «nacional-catolicismo» por el«cínico tufillo moralista que se desprende de su discurso político, que invita antes a la oración resignada más que a la acción resuelta, lo cual ya da pistas de su capacidad». En su boletín de septiembre de 1999 —donde se encuentra este texto, titulado «Fuerzas nacionales… ¡Puro folclore!»— arremetían concretamente contra DN, a la que tildaban de «ultraderecha renovada», y AuN, a la que llamaron «ultraderecha» sin más, «ambas astillas del mismo palo podrido».
De AuN, el proyecto de Ricardo Sáez de Ynestrillas, decían que «fe y ganas de trabajar» no le faltaban, pero lo acusaban de falta de honestidad y de representar «valores auténticos».
Lo esporádico de sus acciones y su pobre discurso político, asentado todo ello en una organización que atiende a un liderato personal más que discutible, convierten sus reivindicaciones en un ejercicio de falta de programa político, lo cual no convence a nadie.
Precisamente ese mismo año, varios miembros de AuN habían sido detenidos en Madrid acusados de preparar un atentado contra un autobús de familiares de presos vascos relacionados con Ekin, considerado parte del entramado político de ETA.
Detenidos cuatro ultras que preparaban
un atentado contra familiares de etarras
La policía encontró en los domicilios de los arrestados numerosas armas y material para fabricar explosivos. Efectivos policiales detuvieron en la madrugada del pasado sábado en Madrid a cuatro miembros de la ultraderechista Alianza por Unidad Nacional (AUN) cuando, supuestamente, planeaban un ataque contra los familiares de los veinte apresados en la operación Lobo Negro contra Ekin, el entramado político de ETA. Estos familiares seguían en la capital de España a los arrestados que declaraban ante Garzón. La policía halló también todo un arsenal en los domicilios de los detenidos y en locales de la AUN.
La operación policial que desembocó en las detenciones y en el hallazgo de los arsenales se desencadenó en las inmediaciones de la plaza de Castilla, a raíz del apedreamiento, a las 2.30 horas de la madrugada del sábado, del autobús en el que viajaron el pasado viernes a Madrid los familiares y allegados de los veinte detenidos en la operación policial en el País Vasco y Navarra contra Ekin, la organización que supuestamente dirige el aparato político de ETA. La policía localizó a varios individuos que, «en actitud vigilante», sacaban bolsas del interior de un vehículo. Íñigo Pérez, de cuarenta y tres años, fue detenido en el lugar, y poco después lo fueron también el abogado Pedro Pablo Peña Muñoz, de cuarenta y ocho años; Emilio Vergara Álvarez, de veintidós, y Javier Ocho Escobar, de veinticinco.
Después de comprobar que todos los arrestados eran miembros de la ultraderechista Alianza para la Unidad Nacional, partido que dirige Ricardo Sáenz de Ynestrillas, los efectivos policiales reclamaron autorización judicial para efectuar registros en los domicilios de los detenidos y en la sede de la formación. Allí se incautó, entre otros objetos, de escopetas, pistolas, rifles, navajas, trece porras, 37 mangos de madera, 260 cartuchos y material para fabricar explosivos. El juez encarceló ayer a uno de ellos e imputó a los cuatro sendos delitos de tenencia de explosivos, armas de fuego y armas prohibidas. El proceso se seguirá en los tribunales de justicia ordinaria.[30]
Armagedón no fue mucho más benevolente con Democracia Nacional en su fanzine:
Hoy en día, DN no pueden ser más que las siglas de Decadencia Nacionalista del espíritu patriótico que en el pasado caracterizó al pueblo español.
Y deseaba que fracasaran en las elecciones:
Solo queda esperar ver cómo esta caterva de políticos profesionales, que solo buscan su puesto dentro de la clase política de chupópteros, se hunden en su propia miseria, castigo ejemplar para aquellos que, olvidando los valores auténticos, pretenden vivir a costa de su prostitución.
Acusaban a DN de esconderse tras discursos cobardes y la falta de acción. Por eso, Armagedón quiso ser esa vanguardia revolucionaria que no renunciaba a sus principios y que pasaba a la acción con todas sus consecuencias.
Durante los registros, la Policía Nacional se incautó de bates de béisbol, machetes, porras, nunchacos, una pistola simulada, estrellas «ninja» y puños americanos, además de abundante propaganda y parafernalia nazi.
El diario Levante-EMV explicaba:
La clave de la inmediata detención de los componentes de Armagedón ha sido los antecedentes penales y policiales que tienen la mayoría de ellos. En realidad, casi todos figuraban en los archivos de la policía por haber participado en peleas callejeras, enfrentamientos en campos de fútbol o delitos de mayor entidad como apuñalamientos en la calle.
Uno de los detenidos en Xàtiva, además, estaba relacionado con varias agresiones a jóvenes de izquierdas de la ciudad.
El juez dejó en libertad sin fianza a los trece detenidos a los dos días de ser arrestados. A pesar del informe policial que vinculaba a los detenidos con Armagedón, la organización nazi que había reivindicado el incendio de las sedes, el magistrado consideró que no había pruebas para relacionarlos con aquellos hechos. Según el juez, tampoco existía riesgo de fuga. Ese mismo día, en la misma página del diario Levante-EMV que recogía la puesta en libertad de estos neonazis, figuraba otra información sobre la detención de otros tres, también de la comarca de La Costera, acusados de herir con un machete a varios jóvenes en la localidad de Canals. Uno de los detenidos tenía ya varias condenas por agresiones, sobre todo contra militantes de izquierdas e independentistas de la comarca. Un mes después, el Tribunal Supremo condenó por delitos de lesiones graves con instrumento peligroso a cuatro neonazis que, una noche de enero de 1994, habían propinado una brutal paliza a dos jóvenes que se tropezaron con ellos. Uno de los imputados por el caso Armagedón se encontraba entre los condenados. También otro joven que cinco años después sería de nuevo detenido en la conocida como Operación Panzer.
José Luis Roberto lideraba el espectro ultraderechista en València desde hacía años y trataba de consolidar el proyecto España 2000 en València y más allá; era esta la formación más activa durante aquellos tiempos. Habían pasado cinco años desde el desfile falangista en Russafa de 1997 con su anterior aventura política, la Falange Española-Frente Nacional Sindicalista. En 2002 lo volvería a intentar, pero con la marca propia de España 2000, fundada recientemente.
La Delegación del Gobierno, del PP, autorizó la manifestación que reclamaba «limpiar Russafa» de inmigración. La policía volvió a tomar el barrio, pero esta vez las múltiples asociaciones vecinales cambiaron de estrategia y convocaron en cada esquina con cacerolas y pancartas para mostrar su rechazo a los fascistas.
Vecinos de Russafa que observaron los incidentes desde sus casas aseguraron a Levante-EMV que la policía se mostraba impasible cuando un grupo de cabezas rapadas atacó un local regentado por inmigrantes y apalizaba a una persona. Tuvimos que ser los vecinos los que reclamamos a gritos a la policía que actuara, porque si no se limitaban a custodiar la marcha.
Los ultraderechistas desfilaron «con una estructura paramilitar», según el diario El Mundo, al grito de «¡Negros no, España no es un zoo!», haciendo el saludo nazi y gritando Sieg Heil. La policía, sin embargo, cargó contra un grupo de vecinos que aguardaba en una de las calles adyacentes al recorrido de la marcha. Los disturbios se extendieron rápidamente por el barrio, las barricadas cortaron varias calles, la policía disparó balas de goma y un coche patrulla resultó destrozado. La jornada se saldó con veintitrés antifascistas detenidos. Al mismo tiempo que se producían los enfrentamientos, un grupo de neonazis se desplazó al barrio del Carmen e, imaginando que no estarían los rojos que suelen andar por allí, asaltaron el bar Oasis de la calle Roters, agredieron a varios de los clientes y, posteriormente, a tres jóvenes que se cruzaron con ellos, dejando herida a una chica a la que, además, robaron el teléfono.
La reacción a la provocación racista y a la actitud de la policía fue unánime. La Assemblea Antifeixista, que se había reactivado para la ocasión, responsabilizó a la Delegación del Gobierno de los incidentes, y la acusó de ser «consciente del grado de conflictividad social que la manifestación fascista podía tener en este barrio mestizo, fomentando por pasiva los incidentes, y por activa, al ordenar a la policía atacar impunemente a contramanifestantes, viandantes y fotógrafos». Incluso el PSPV-PSOE, entonces en la oposición, culpó de los incidentes al PP por haber autorizado la marcha racista. El portavoz del grupo socialista, Andrés Perelló, aseguró que lo sucedido «demuestra el talante real del PP», al que acusó de tener «voluntad política de dar el mismo trato a los que defienden la democracia que a quienes quieren acabar con ella». Perelló señaló a los medios que «la autorización de la manifestación que llevaba el lema “Russafa limpia” no es solo injusta, sino que es indecente. El PP coloca a víctimas y verdugos en el mismo plano». Asimismo, afirmó que la delegada del Gobierno «dio la orden de que zurrara bien a los que tienen el coraje en un momento de anestesia social propiciada por el PP de salir a la calle a defender los valores de la multiculturalidad, de tolerancia y convivencia frente a quienes proclaman gritos de “¡viva Hitler!” y “¡moros fuera!”».
Eran años de constante agitación en la calle y los movimientos sociales, sobre todo el movimiento okupa, estaban constantemente en el punto de mira de las autoridades. La obsesión de las autoridades con el movimiento okupa era obvia. El desalojo del Kasal Popular años atrás no acabó con el movimiento, ni mucho menos, pues se esparciría por otros barrios y serviría de barrera contra los planes urbanísticos del PP en una etapa en la que la corrupción y la orgía especulativa campaban a sus anchas.
En 1999 tuvo lugar uno de los episodios más graves de represión contra el movimiento okupa en València. Decenas de jóvenes tomaron el Teatro Princesa y ese mismo día fueron desalojados.[31] El asalto de la policía terminó con la muerte de uno de los activistas y cincuenta y dos personas detenidas. José Luis Enguídanos, de treinta y dos años, que participaba en la acción reivindicativa, se precipitó al vacío cuando intentaba esquivar las balas de goma y huía de los gases lacrimógenos que la policía lanzaba contra los jóvenes atrincherados en el edificio abandonado. Sus compañeros, cuando vieron a su compañero herido, salieron voluntariamente y pidieron auxilio. La policía los golpeó brutalmente conforme iban saliendo, los subió a los furgones policiales y se los llevó a los calabozos mientras Enguídanos permanecía tendido en el suelo inconsciente, a la espera de una ambulancia. Falleció al día siguiente en el hospital.
En octubre de 2002, la policía había detenido a cuatro anarquistas acusados de atacar una inmobiliaria como protesta por el desalojo de un centro social en el barrio del Cabanyal, en un contexto de plena batalla contra la ampliación de una avenida que derribaría parte del histórico barrio marinero, a pesar de la oposición de la mayoría de los vecinos. Los cuatro detenidos ingresaron en el acto en prisión acusados de terrorismo, al contrario que los neonazis de Armagedón, que habían sido puestos en libertad inmediatamente a pesar de que la organización a la que supuestamente pertenecían había reivindicado los atentados contra las sedes políticas. El Juzgado de Instrucción número 2 de València dictó prisión provisional sin fianza para los cuatro okupas detenidos y se inhibió en favor del Juzgado Central de la Audiencia Nacional para que fuesen juzgados por terrorismo.
A la campaña por la libertad de los cincuenta y dos detenidos en el desalojo del Teatro Princesa se sumaron dos años después la de los veintitrés antifascistas de Russafa y la de los cuatro okupas del Cabanyal, a quienes querían acusar de terrorismo. Con casi un centenar de activistas a la espera de juicio y varios de ellos en prisión, los movimientos sociales de entonces dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos a denunciar la persecución que sufrían y a apoyar a los encausados. Como siempre, las campañas represivas, la criminalización en los medios y la contundencia de los cargos contra los activistas desmovilizaron a una parte considerable de los simpatizantes del movimiento.
El periodista y profesor universitario valenciano Alfons Cervera publicó en el diario Levante-EMV un artículo en el que criticaba la contundencia contra los okupas, justo cuando Juan Cotino había sido nombrado delegado del Gobierno tras abandonar su cargo de director general de la Policía.
El otro día hubo una manifestación fascista tranquilamente consentida por las autoridades y después hubo también otra manifestación para protestar contra la de los fachas. Ahí empezó todo el lío y hoy hay en la cárcel cuatro detenidos acusados de terrorismo. Son jóvenes anarquistas y la justicia dice que rompieron unas tiendas, que lesionaron a alguien, que pertenecen a una asociación ilícita simpatizante de ETA, que tenían libros prohibidos en sus casas, que son okupas y estaban en la casa de la calle de la Reina cuando la policía la desalojó de malas maneras hace unos días. Todo eso dicen de los cuatro detenidos. Ellos, hasta el momento, no han podido decir nada. Sus abogados y sus familias aseguran que están en la indefensión más absoluta, al menos hasta el instante mismo en que escribo estas líneas.
[…] Agarran rápido a cuatro jóvenes que se mueven en los ambientes tildados por el lenguaje oficial de radicales, les registran la casa, sacan en las fotos cuatro fanzines y un par de objetos raros, les ponen las esposas, los presentan como el enemigo público número uno, los meten en el tinglado de ETA y la kale borroka y éxito asegurado.
[…] Algunas de las acusaciones me han hecho gracia, una gracia rabiosa, claro. De nuevo criminalizan al movimiento okupa, olvidando que ese movimiento pone de relieve la extorsión inmobiliaria a que esta ciudad se ha visto sometida en los últimos tiempos. Las casas se abandonan para que vengan los especuladores y levanten allí sus trapicheos con el suelo. Mientras tanto, la policía y algunos jueces persiguen con saña enfermiza a quienes se meten en esas casas para vivir allí y denunciar de paso esa barrabasada consentida y, si mucho me apuran, promovida por nuestros gobernantes.[32]
Los okupas pasaron un tiempo en prisión en régimen FIES. El juez pretendía que la Audiencia Nacional los juzgara por terrorismo, algo que esta finalmente rechazó. De este modo, fueron puestos en libertad hasta que se celebrara el juicio. Cuando, años después, finalmente fueron juzgados y resultaron absueltos. Uno de los que habían pasado un tiempo en prisión ni siquiera llegó al juicio, pues el fiscal retiró la acusación. Solo uno fue condenado levemente por daños y desórdenes públicos. Los neonazis de Armagedón, por su parte, fueron todos absueltos en 2005.
Por otra parte, otros dos jóvenes anarquistas fueron detenidos en 2003.[33] Se les acusaba de enviar una carta-bomba al líder del partido España 2000, la cual explotó en una sede de Correos y causó heridas a un trabajador. La principal acusada reconoció los hechos, por los que se enfrentaba a una petición de pena de 132 años de prisión por nueve tentativas de asesinato, un delito de estragos y tres de daños. Aunque no pertenecía a ningún colectivo y actuaba por cuenta propia, esto sirvió para aumentar, aún más, las sospechas y la presión que soportaban los movimientos libertarios de la época. Estos no sabían cómo gestionar una situación, creada por una decisión individual y que suponía un mazazo para la campaña contra la criminalización que estaba en marcha ante las decenas de detenidos y la ofensiva mediática, policial y judicial contra los movimientos sociales. Las críticas y los debates internos se multiplicaron y quienes tenían juicios pendientes por su activismo vieron esta acción como un auténtico disparate que contribuiría a su estigmatización y a afianzar el relato institucional que pretendía asociar al movimiento anarquista con el terrorismo. La persona responsable del envío de la carta bomba declararía seis años después ante la Audiencia Nacional que todo se debía a «la vida loca» que llevaba, sin familia, trabajo ni domicilio estable, desvinculada ya de toda ideología política y militancia. Finalmente, en diciembre de 2009 fue condenada a cuatro años de prisión.[34] Nada más se supo de ella.
El descenso en la actividad de los movimientos sociales valencianos fue proporcional al nivel de represión por parte de las autoridades y la creciente criminalización en los medios de comunicación. La dedicación a las campañas por los encausados en todos estos procesos a menudo eclipsaba otras actividades. Esto se ha repetido a lo largo de la historia en varias ciudades. Las detenciones de activistas y las campañas mediáticas de criminalización disuaden a algunos y desvían las actividades de quienes permanecen a temas antirrepresivos, con lo que disminuye su activismo en otros frentes.
Los numerosos episodios represivos contra los movimientos sociales de izquierdas, que también nutren de militancia e infraestructuras al antifascismo, muestran una realidad que ha condicionado constantemente su actividad. Las autoridades son conscientes de que un proceso judicial supone un gran desgaste, que es aún mayor cuando se le añade una campaña de criminalización por parte de los medios de comunicación. Esto no solo afecta al entorno político de los activistas, sino también al personal y familiar. Dicha presión muchas veces condiciona no solo la actividad de estos colectivos, sino la propia implicación de los activistas, algunos de los cuales, por diferentes motivos, se enfrentan a situaciones en las que lo político y lo personal no siempre van de la mano. El entorno y su relación con las personas siempre influyen en la forma de afrontar estos procesos, por eso siempre fue importante una estrategia de defensa jurídica y política que también cuidase al individuo, que atendiese a su realidad y constantemente tuviese en cuenta las circunstancias personales, los miedos, las necesidades, los deseos y las capacidades de cada uno. Cuando el entorno es fuerte y la situación se aborda con empatía, el consenso en la estrategia suele funcionar. Cuando cada cual busca su propio provecho en la situación, las discrepancias terminan desgastando a los activistas, ahuyentando a otros y causando un daño irreparable al mismo movimiento.
De esto precisamente se aprovecharán a menudo las autoridades. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también conocen las circunstancias personales de los activistas: sus problemas familiares, laborales y personales; cómo se relacionan con sus entornos; sus puntos débiles. De modo que más de una vez han intentado utilizar todo esto para ofrecer algún tipo de trato beneficioso a quienes colaborasen con ellos aportando información. Esto es, han buscado confidentes. Pocas veces trascienden los tratos de estas personas con las autoridades y mucho menos los motivos.
Cuando el entorno es fuerte, empático y está bien concienciado, a las autoridades les es mucho más difícil contar con este tipo de colaboraciones. Cuando la persona encausada no encuentra protección ni comprensión en su entorno, cuando se ve envuelta en un proceso de estas características sin haber participado o a causa de una decisión personal que no forma parte de ninguna estrategia consensuada, es mucho más fácil que intente salvar el culo de cualquier manera.
El periódico Directa desveló años más tarde cómo funcionaba este chantaje. En abril de 2016, documentó cómo dos agentes de los servicios de información trataban de reclutar como confidente a un activista que había sido encausado en la llamada Operación Pandora, una de tantas causas judiciales contra supuestos grupos violentos anarquistas. En el 2014, Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, manifestó que «el terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país» tras la explosión de un artefacto en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Anunciaba lo que sucedería a los pocos meses: más de una treintena de detenidos y una campaña en los medios que advertía sobre una supuesta trama terrorista anarquista que operaba en nuestro país bajo las siglas GAC: Grupos Anarquistas Coordinados. Varias de las personas detenidas ingresaron en prisión provisional.
Una persona contactó con Quim Gimeno, que era uno de los activistas encausados. En un primer momento se identificó como periodista, pero posteriormente reveló sus verdaderas intenciones. El joven activista se dirigió a un periodista de la Directa y le explicó lo que estaba pasando. Tras varios meses de investigación, los periodistas Jesús Rodríguez y Maties Lorente publicaron un reportaje con fotos y vídeos de uno de los encuentros de Gimeno con dos de los supuestos agentes.
Son las 11.30 del lunes 11 de abril de 2016. Sentadas en una mesa del Rabbar, tres personas conversan. Una de ellas es Quim Gimeno, un activista social y político barcelonés detenido el 28 de octubre de 2015 por los Mossos d’Esquadra y acusado de «pertenencia a organización criminal con fines terroristas» en el marco de la Operación Pandora, encabezada por la Audiencia Nacional (AN) española. Con él, se sientan otros dos hombres. Se presentan como D. S. G. —iniciales del nombre y los apellidos— y T. M. —solo por los apellidos—. Ambos aseguran que forman parte de «la seguridad del Estado». El objetivo del encuentro es claro: convencer a Gimeno de que provea información relativa a los movimientos sociales de Barcelona. A cambio recibirá «una contraprestación económica fija» y, dependiendo de las informaciones, «una especie de mejora económica», en palabras de la persona que se presenta como T. M. También habla de la posibilidad de contactar con la fiscalía para intermediar en el proceso abierto contra Gimeno: «Si nosotros en algún momento tuviéramos que hacer algo en relación con la fiscalía, no hay ningún problema. Me comprometo yo y, además, suele hacerse». Mientras conversan, un equipo de la Directa, con extrema discreción, observa lo que ocurre en la plaza y documenta gráficamente el encuentro.[35]
La Operación Pandora estuvo acompañada de otras dos causas contra grupos anarquistas: Piñata e Ice. En los tres casos se trataba de encuadrar a varios activistas anarquistas en la supuesta trama terrorista, pero la propia Audiencia Nacional desmontaría estas acusaciones. No era la primera vez que las decisiones y acciones individuales de algunas personas comprometían a colectivos enteros y a personas totalmente ajenas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aprovechaban estos incidentes para armar un relato que permitiese actuar contra movimientos sociales, incluso con meras sospechas y sin demasiadas pruebas, como se demostró en este caso. Esto fue lo que explicó el periodista Marcos Pinheiro en elDiario.es en 2018:
Los tribunales descartaron su vinculación con el atentado de Zaragoza y han rechazado que estén vinculados con los detenidos en las distintas operaciones contra el anarquismo. «La vinculación que se lleva a cabo de estos grupos es absolutamente gratuita. […] No se ha acreditado la existencia de tales grupos (GAC) y mucho menos la pertenencia a los mismos del ahora recurrente». Sus actividades eran absolutamente legales y no tenía nada que ocultar, como lo demuestra el hecho de que conocía que eran objeto de investigación policial, dijo la Audiencia Nacional en uno de sus autos.[36]
En el mismo artículo, Marcos Pinheiro concluye:
La última en cerrarse ha sido la Operación Ice, en esta ocasión con una sentencia absolutoria. La Policía detuvo en noviembre de 2015 a seis activistas de Straight Edge a los que acusó de haber atentado contra entidades bancarias. Formaban, dijeron, un grupo terrorista anarquista vinculado, de nuevo, con el atentado de Zaragoza, y aseguraron que en su casa se habían encontrado artefactos explosivos. La investigación se desinfló rápidamente, pero eso no impidió que el principal acusado pasase dieciséis meses en prisión en el régimen más duro mientras los Tedax analizaban petardos y botes con azúcar y vinagre. Los presuntos terroristas llegaron al juicio con una única acusación por su actividad en redes sociales, de la que fueron finalmente absueltos. La fiscalía ha renunciado a presentar recurso ante el Supremo y el caso ha muerto ahí.