Antifascistas
29. CEI y la librería Europa: juicio a la apología nazi
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29. CEI y la librería Europa: juicio a la apología nazi
«El nacionalsocialista actual
tiene la fama que merece… Lo siento».
Entrevista a RAMÓN BAU en El Cadenazo, abril de 2018
En uno de los foros neonazis que visitaba frecuentemente, me llamó la atención una organización que tenía una gran similitud con la extinta CEDADE. Se trataba del Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI), que editaba, además, una revista llamada La Voz del Pueblo. Hacía pocos años había leído el magnífico libro de Xavier Casals Neonazis en España, en el que se diseccionaba el movimiento neonazi español desde finales de los años sesenta hasta 1995, donde CEDADE jugaba un papel fundamental. Tras darle algunas vueltas, decidí crearme un correo electrónico con otra identidad y escribir a esta organización haciéndome pasar por un joven que empezaba a interesarse por el nacionalsocialismo.
La respuesta a mi primer correo fue casi inmediata. Alguien al otro lado me daba la bienvenida de una manera tremendamente educada, con gran amabilidad y mucho interés en enviarme material de la organización. Obviamente, no iba a proporcionarle la dirección de mi casa, así que decidí abrirme un apartado de correos. Mi interlocutor no sospechó nada y estuvo durante un tiempo enviándome todo tipo de material nazi: pegatinas sin firmar con cruces célticas y con la leyenda «La inmigración destruye tu futuro», otras del CEI y varios ejemplares de la revista titulada La Voz del Pueblo. Sin buscarlo, había dado con la organización heredera de CEDADE, tal y como intuía, dirigida precisamente por un exmiembro de esta, el ya citado Ramón Bau. No se si era él quien contestaba a mis correos y me explicaba, con tono resiliente, que éramos unos privilegiados conservando estos ideales ante la decadencia del mundo occidental, amenazado por el mestizaje, la usura y la pérdida de valores. Yo conocía bien su lenguaje, así que no me fue difícil seguirle el cuento.
Años después, en mayo de 2004, tras haber abandonado poco a poco el contacto con quien contestaba a mis correos, cansado de leer sus diagnósticos apocalípticos y conspiranoicos y ver que seguía recibiendo material de manera gratuita, leí en la prensa que el CEI había sido desarticulado.
Los Mossos d’Esquadra han desarticulado la cúpula directiva del Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI), una asociación de ideología neonazi que estaba enmascarada como ente cultural sin ánimo de lucro e inscrita así en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. La policía autonómica ha detenido a los tres responsables de la asociación en Catalunya. El juez ha decretado libertad con cargos para Ramón B. F., presidente del Círculo de Estudios Indoeuropeos, y prisión bajo fianza de tres mil euros para Óscar P. G., delegado de la entidad y dueño de la librería Kalki de Barcelona.
El CEI tenía una estructura jerarquizada en dos niveles: un círculo externo, compuesto por militantes de base y simpatizantes, y un círculo interno o núcleo duro, secreto, llamado «La Orden», integrado por un grupo de élite nacionalsocialista y que tenía como fin la resistencia activa contra el sistema, «de forma armada si fuera necesario», como aclaró el intendente Molinero. Esta asociación se había convertido en el máximo referente del neonazismo catalán, y tenía «una gran cantidad de contactos tanto en el Estado como fuera de él». En la operación también se ha requisado una gran cantidad de material de simbología nazi, como más de un centenar de banderas con esvásticas y cruces celtas, «dos de ellas originales del Berlín de los años treinta», según Molinero, y dagas, cascos, libros y otras publicaciones de exaltación del nacionalsocialismo y la raza aria. «La Orden utilizaba unos uniformes que son un compendio de símbolos nazis y otros propios del CEI para hacer excursiones y otras actividades, aunque por ahora no habían ejercido la violencia», señaló Molinero.[38]
Ni Ramón Bau ni el resto de los miembros del CEI habían sido los primeros neonazis detenidos por apología del genocidio. Ocho años antes, en 1998, Pedro Varela, también exmiembro de CEDADE y propietario de la librería Europa, fue arrestado tras entrar los Mossos d’Esquadra en el local, el mayor centro de difusión de propaganda nazi de Europa y uno de los mayores del mundo, según denunciaban desde hacía años varios especialistas en la materia. Los agentes se incautaron de 20.976 libros, 324 vídeos, 36 cintas y 124 fotolitos de temática nazi y antisemita. Solo hacía un año que el Código Penal español había incluido la negación del Holocausto en el apartado segundo del artículo 607 del nuevo texto legal, que establece que «la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo [la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso] o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que ampararen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años».
El juicio tuvo lugar dos años después, con la comunidad judía de Catalunya y Sos Racisme como acusación particular. Supervivientes del Holocausto todavía vivos, algunos de ellos agrupados en la asociación Amical Mauthausen, así como otros colectivos antifascistas agrupados en torno a la Plataforma Cívica contra la Difusión del Odio convocaron una concentración a las puertas de los juzgados. El día anterior tuvo lugar otra concentración en la Plaça Sant Jaume en la que se reclamaba que «España deje de ser un refugio de destacados ideólogos y criminales de guerra nazis». Se seguía así la estela de Violeta Friedman, la anciana judía que había vencido al nazi belga Leon Degrelle pocos años antes y que sirvió para motivar a otros supervivientes del genocidio no solo a hablar de ello, sino a enfrentarse a sus verdugos, quienes hasta ese momento habían gozado de absoluta impunidad en nuestro país. El juicio coincidió casualmente con la celebración en Barcelona del foro «Las ciudades europeas contra la discriminación», en el marco del 50.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El periodista catalán Xavier Rius-Sant, especializado en la extrema derecha, publicó una tribuna en El País en la que explicaba la importancia de esta librería y recordaba el material que los Mossos d’Esquadra habían incautado: «veinte mil volúmenes de unos trescientos títulos y numerosos vídeos en los que se hacía una defensa exacerbada de Hitler y se insultaba e incitaba a la aniquilación de grupos sociales, étnicos y religiosos».[39] Rius-Sant abría el debate que generó la detención del librero y el supuesto ataque a la libertad de expresión que algunos, incluidos varios juristas progresistas, planteaban.
Además, coincidiendo aquí algunos juristas claramente demócratas con los argumentos de la defensa, manifiestan la complejidad de juzgar unas opiniones, por nefastas que sean, habida cuenta del derecho constitucional a la libertad ideológica y de opinión. Se viene a decir: ¿hay que encarcelar a Varela por creer que el genocidio nazi fue todo un montaje de Estados Unidos para, desde la compasión, dar el espaldarazo a la creación de Israel? ¿Se puede encarcelar a alguien por afirmar que en las cámaras de gas solo se desinfectaba a judíos y gitanos, que si murieron desnutridos fue por la falta de víveres del último año de la guerra debido al acoso aliado? ¿Debemos permitir que se publique que hay que limpiar Europa de negros y homosexuales? ¿Se debería tolerar, de acuerdo con este punto de vista no prohibitivo, que se publicaran libros en los que, por poner un ejemplo, tergiversando expedientes policiales y con testimonios falsos, se llegara a la tesis de que los malos tratos y asesinatos de mujeres que salen a la luz en España son solo un montaje de grupos de mujeres para conseguir más dinero en sus divorcios, que son ellas quienes se autolesionan y que sobornan a forenses para hacer pasar como asesinatos simples accidentes domésticos, aun a costa de encarcelar a inocentes viudos?
[…] La librería era un peligro como red, como trama, como punto de encuentro de skins que luego dan leña como Boixos Nois o Brigadas Blanquiazules, que compran revistas que incitan a echar a los inmigrantes africanos y unos jóvenes de Sant Feliu de Codines lo aplican disciplinadamente.
Varela fue el primer condenado en España por apología del genocidio. Como ya advirtió el historiador Xavier Casals que ocurriría, tras su detención se convirtió en un mártir para la causa, pues, según los neonazis, representaba la persecución de sus ideas y la falta de libertad de expresión. En la sentencia, que condenaba a Varela a cinco años de prisión, el juez Santiago Vidal confrontaba los argumentos de la defensa sobre la libertad de expresión de los nazis. El diario El País recogía así la información:
El juez explica, para rebatir otra tesis de la defensa, que «el respeto a los derechos humanos está y debe seguir estando por encima de cualquier otro derecho individual, incluido el de la libertad de expresión». El magistrado, que pertenece a la asociación progresista Jueces para la Democracia, cita entre sus argumentos jurídicos los convenios internacionales suscritos por España en defensa de los derechos humanos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Constitucional y hasta la declaración de los jefes de Estado y de Gobierno europeos reunidos en Viena en 1993 en la que se instaba a combatir la xenofobia. La sentencia relata también que el Código Penal no castiga las ideas de Varela «como método genérico […] sino solo cuando concurre un concreto y evidente riesgo de generar actos» violentos, como ocurre en este caso.[40]
El 17 de noviembre de 1998, El País habla del caso en su editorial y alude a la polémica sobre la libertad de expresión recordando el peligro de los discursos de odio por los que se juzgaba al librero nazi.
Pocas dudas puede haber de que esa es una función esencial de la literatura neonazi incautada hace dos años en la librería cuyo propietario ha sido ahora condenado. Y tampoco es posible ignorar que los crímenes nazis fueron antes teorías, adelantadas en libros y panfletos por autores como cierto pintor de origen austriaco obsesionado por no poder distinguir a simple vista a los judíos del resto de los ciudadanos de Viena.[41]
Sin embargo, la librería Europa siguió abierta con su actividad habitual. El juez descartó su cierre, porque el Código Penal no prevé esa medida por los delitos por los que fue condenado su propietario. Esto motivó que un año después de la sentencia los antifascistas intentaran asaltar el local tras una manifestación de casi dos mil personas en el barrio de Gràcia en la que pidieron su cierre definitivo.
Pedro Varela no entró en prisión. Su abogado presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, lo que dejó paralizada la sentencia de 1998 hasta que el alto tribunal lo resolvió nueve años más tarde. Durante todo ese tiempo, la librería Europa continuó siendo un centro de difusión de ideas nazis, así como punto de encuentro y peregrinaje de admiradores de Hitler de todo el mundo.
Pero en abril de 2006, una vez más, la librería y su dueño volvieron a ser objeto de otra operación policial, bautizada como Operación Séneca.[42] Los Mossos d’Esquadra habían descubierto un año antes que la Asociación Cultural Ediciones Ojeda distribuía libros que glorificaban el nazismo y negaban o justificaban el Holocausto. El domicilio en el cual estaba registrada era, casualmente, el número 12 de la calle Séneca de Barcelona, es decir, el mismo que el de la librería Europa. Los Mossos se incautaron de una importante partida de libros que iban a ser enviados a Chile, Argentina, Paraguay y Colombia. También descubrieron envíos de libros que niegan el Holocausto a Portugal, Alemania, Austria y Estados Unidos.
El 8 de enero de 2008, los colectivos antirracistas esperaban la revisión de la sentencia del caso Varela, tras casi diez años paralizada por el recurso al Tribunal Constitucional. «A los racistas, ni agua», dijo Begoña Sánchez, portavoz de SOS Racismo.[43] Amical Mauthausen, la Coordinadora de Gais y Lesbianas, y la Unión Romaní también llamaron a la «movilización social contra el racismo». Sin embargo, la Audiencia de Barcelona finalmente rebajó la condena de cinco años a siete meses de prisión por un delito de apología del genocidio y lo absolvió de los delitos que se le imputaban de incitación al odio, a la discriminación y a la violencia por motivos raciales o religiosos.
El fallo se debió a que un año antes, en 2007, el Tribunal Constitucional había sentenciado que la negación del genocidio no constituye un delito, aunque su justificación continuaría siéndolo.[44] La resolución respondía a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2000 respecto al primer inciso del artículo 607.2 del Código Penal. El Tribunal Constitucional precisa que la negación del genocidio no constituye un delito, pero su justificación continuará siéndolo. El párrafo motivo de controversia condenaba «la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo [referente a delitos de genocidio], o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años».[45]
La sección tercera de la Audiencia de Barcelona ya consideró en el año 2000 que el párrafo cuestionado podría «resultar contrario al derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción». La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Eugenio Gay Montalvo, recibió cuatro votos particulares que discrepaban de la opinión de la mayoría. El magistrado Roberto García-Calvo consideró que la sentencia debería haber declarado constitucionales los dos incisos y mantener la negación como delito. Su compañero Jorge Rodríguez-Zapata apoyó esta valoración y precisó que «tal amplitud de la libertad de expresión representa un retroceso inoportuno y grave en las garantías del pluralismo». Otros dos magistrados, Ramón Rodríguez Arribas y Pascual Sala Sánchez, emitieron votos en el mismo sentido. El primero consideraba que el llamado «negacionismo» supone un claro menosprecio a las víctimas y el segundo destacó que la difusión de doctrinas que nieguen los delitos de genocidio forma parte del «discurso del odio» que todo Estado democrático está obligado a perseguir.
Esta apreciación del Tribunal Constitucional respecto a estos delitos, así como la rebaja de pena de Pedro Varela un año después, causaron una gran indignación entre los colectivos que venían denunciando la apología nazi de la librería Europa y que alertaban constantemente sobre la peligrosidad y la impunidad de los discursos de odio. Según la sentencia, Varela solo desarrolló «una labor de difusión de las doctrinas mencionadas», pero no realizó una discriminación racial directa. El abogado de la defensa alegó ante el tribunal que su cliente era «un simple librero».
La librería siguió acogiendo conferencias de los principales negacionistas, como David Irving, y de líderes racistas como David Duke, antiguo jefe del Ku Klux Klan y uno de los más famosos supremacistas blancos del mundo. Eso sí, los grupos antifascistas se manifestaban cada vez que había un acto de este tipo. De este modo, disuadían a los simpatizantes neonazis que pretendían acudir a ver a sus ideólogos, los cuales tenían que dar las conferencias protegidos por un amplio dispositivo policial.
En enero de 2010, por fin, se inició el nuevo juicio contra Varela por la Operación Séneca de 2006. La crónica de El País del 30 de enero explicó así la estrategia de la defensa:
Orador brillante, el popular dueño de la librería Europa se presentó al juicio —en el que afronta una petición de cuatro años de cárcel— como víctima de un sistema que persigue sus opiniones. Antes de entrar a la sala, se comparó con Jesucristo, Juana de Arco e Indira Gandhi. «A quien hace algo interesante, se le persigue». Para él y su defensa —que intentó llevar el foco al terreno de la libertad de opinión— no hay lo uno ni lo otro. En su declaración, Varela exploró distintas vías para defenderse. Argumentó que su librería y su clientela son más plurales de lo que se dice y se presentó como un simple «editor de libros». Explicó que no lee todos los libros que edita y vende y añadió que no necesariamente está de acuerdo con lo que dicen sus autores. Aun así, dejó caer algunas lindezas cuando le preguntaron por el Holocausto: «No digo que no hubo persecución [a los judíos], pero hasta ahora nadie ha hallado las pastillas de jabón. Y dudo que se alcanzara la cifra mítica de seis millones». Según la doctrina del Tribunal Constitucional, negar el Holocausto no es delito; justificarlo, sí.[46]
El fiscal Miguel Ángel Aguilar, quien poco después se encargaría de llevar la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona, le recordó: «Aquí no juzgamos ideas, sino la difusión de la doctrina del odio». Finalmente, en marzo del mismo año 2010, Varela sería condenado a dos años y nueve meses de cárcel por difusión de ideas genocidas y por atentar contra los derechos fundamentales. Esta nueva condena tampoco frenó la actividad del nazi ni de su librería. Un mes después de nuevo desafió a las autoridades organizando una conferencia de Manfred Roeder,[47] un terrorista neonazi que combatió de adolescente en la defensa de Berlín en 1945, antes de la caída del Tercer Reich. En 1982 fue juzgado y condenado por pertenecer a los Deutschen Aktionsgruppen (Grupos de Acción Alemanes), grupo terrorista neonazi que se dedicó a poner bombas en centros de asistencia a refugiados en Alemania, lo que causó la muerte de dos personas de origen vietnamita. El fiscal envió a los Mossos d’Esquadra a grabar la conferencia por si se cometía algún delito, pero no la prohibió. Acudieron tan solo treinta personas y mucha prensa. Varias unidades antidisturbios se apostaron en el entorno de la librería para evitar cualquier intento de boicot por parte de los grupos antifascistas, que ya habían alertado de la presencia del nazi alemán.
Ese día no se presentaron los antifascistas, pero no tardarían en volver a visitar el templo nazi. El 29 de septiembre de 2010, aprovechando que ese día se había convocado una huelga general, un grupo organizado de una veintena de encapuchados asaltó la librería.[48] En solo diez minutos, adoquines, golpes y huevos de pintura inutilizaron libros nazis y parte del mobiliario. La dependienta de la librería no sufrió ninguna agresión. Los asaltantes le pidieron que se metiese en el almacén mientras destrozaban el local nazi. La policía estaba desbordada por la acción de los piquetes informativos en toda la ciudad y llegó tarde, de modo que no consiguió capturar a ninguno de los antinazis. Varela y los suyos se presentaron una vez más como víctimas de la intolerancia.
Varela ingresó en prisión dos meses después. Hasta ese momento, la actividad del propagandista nazi no cesó y se sucedieron campañas que pedían su libertad y acusaban al Estado de coartar su libertad para difundir el odio en varias ciudades e incluso en el ámbito internacional. Los nazis tenían a su mártir. Esto les sirvió para reforzar la idea de que realmente ellos eran los perseguidos por el sistema. No era la primera vez que Varela estaba preso. En 1993, fue absuelto tras pasar tres meses encarcelado en Austria. El diario El País contó así la resolución del caso:
La policía secreta austriaca, que sigue los pasos de Varela hace once años, obtuvo un vídeo que constituyó la prueba definitiva para que la fiscalía iniciara el juicio. En la grabación, realizada el 25 de octubre de 1991 durante una reunión de la cúpula internacional de los neonazis en la ciudad de Weyr, Varela se refiere a Adolfo Hitler como «héroe entre los héroes». Interrumpido por los aplausos de los asistentes y en perfecto alemán, aseguró luego que «las propuestas de Hitler pueden ser aplicadas hoy».
La sentencia en favor de Varela se dicta mientras unidades antiterroristas buscan infructuosamente en Austria a los neonazis locales que enviaron recientemente diez cartas bomba a personas relacionadas con refugiados o que se han expresado «amistosamente» hacia los extranjeros. Según el Archivo de la Resistencia Austriaca, en las publicaciones neonazis Halt y Sieg, ambas editadas y distribuidas desde Barcelona a Alemania y Austria, hay sendos artículos en contra de dos de las víctimas de las cartas bomba.[49]
Durante su estancia en la cárcel, Varela recibió numerosas muestras de apoyo de sus camaradas. En la cárcel de Can Brians, continuó con su proselitismo nazi y se dedicó a distribuir libros negacionistas y pronazis entre los reclusos. Tras quince meses, salió de prisión en marzo de 2012 y aseguró que «redoblaría esfuerzos» para continuar con su actividad al frente de la librería Europa, que no había cerrado en ningún momento. Pero todavía quedaba un asunto pendiente en este periplo judicial: la denuncia del consulado alemán contra el librero por vender sin autorización Mi lucha, de Adolf Hitler, cuyos derechos pertenecen al land alemán de Baviera.
Sin embargo, no todo fueron malas noticias para Varela. Los abogados de Varela escribieron una carta al Vaticano en la que presentaban a su defendido como una víctima. El 17 de agosto de 2011, el Vaticano respondió pronunciándose a favor del nazi. Monseñor Renzo Fratini aseguró que se había puesto en contacto con las autoridades españolas interesándose por el caso y calificó como «lamentable la situación del señor Pedro Varela Geiss, que sufre cautiverio en Brians». También aseguró «que esta nunciatura apostólica se ha interesado ante las autoridades por tan sensible caso» y «su santidad le tendrá presente en sus oraciones».[50]
Al gesto del Vaticano, se sumó en 2013 la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a favor del nazi. Este había presentado recurso a dicho tribunal por la primera sentencia en su contra en 1996. La resolución de este tribunal condenaba a España a indemnizar a Varela con trece mil euros, pues consideraba que, tras el cambio de criterio del Tribunal Constitucional español, Varela no tuvo la «posibilidad de ejercer su defensa de una manera concreta y efectiva, y en un plazo razonable».
Los bandazos judiciales con Pedro Varela no impedían que sus actividades siguieran con absoluta normalidad. El nazi se dedicó a recorrer todo el Estado dando conferencias en las que era presentado como un mártir. Ni las campañas de grupos antirracistas ni las protestas contra los hoteles y locales que acogían sus actos lograban frenar su incesante actividad. En marzo de 2014 se repitió un ataque a la librería Europa, en el que de nuevo un grupo de encapuchados irrumpió en el local lanzando pintura y rompiendo los cristales.[51]
Finalmente, en marzo de 2016 las autoridades dieron el último golpe a Varela y su negocio. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a cuatro personas relacionadas con la librería y con Ediciones Ojeda, pero no dieron con Varela, que se encontraba fuera de su domicilio en el momento en que tuvo lugar la operación policial. Según contó El País, a los arrestados y al propio Varela se les acusaba «no solo de la publicación de libros, sino de organizar conferencias en la librería donde se enaltece y justifica el genocidio nazi y se niega el Holocausto judío. Una de las últimas charlas fue la celebrada a finales del mes de enero por el histórico líder ultraderechista Ernesto Milà, que presentó El tiempo del despertar, una obra que ensalza el auge del nazismo. La fiscalía pidió, en enero, información a los Mossos d’Esquadra de aquella conferencia y es uno de los informes aportados en la presente causa».[52]
En julio de 2016, pocos meses después, el Ayuntamiento de Barcelona, bajo el mando de Ada Colau, prohibió la reapertura de la librería, que permanecía precintada por orden judicial desde marzo.
Esto fue posible porque se detectó que el local carecía de licencia desde hacía años; un hecho que, curiosamente, había pasado inadvertido durante todos los procesos judiciales que habían tenido lugar contra el propietario. Así lo contó El País:
El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, ha explicado este martes que el consistorio ha ordenado el cese de la actividad de la librería —ahora precintada cautelarmente por orden judicial— y que garantiza que no pueda reabrir en el distrito, porque el plan de usos de Gràcia no lo permite. Asens ha calificado el establecimiento de «agujero negro de la democracia, que ofende la dignidad». […] Asens ha explicado que los informes policiales indican que la librería «era una actividad secundaria, donde la principal era la sala de conferencias desde donde se hacía apología del nazismo, era un espacio pantalla para poder realizar estas actividades. […] La librería era el cuartel general de la extrema derecha en la ciudad, centro de difusión de ideas fascistas y supremacistas, y Barcelona, como ciudad comprometida con los derechos humanos, no puede permitirse tener abierta una librería así, ofende la dignidad», ha concluido.[53]
Finalmente, la clausura definitiva se confirmó un 19 de julio. Curiosamente, como recordaba el periodista Marc Font en Público, el mismo día que se cumplían ochenta años desde que los ciudadanos de Barcelona derrotaran a los militares sublevados e impidieran el triunfo del golpe de Estado en la ciudad.[54]
En septiembre de aquel mismo año, los neonazis de Democracia Nacional convocaron una concentración ante la librería Europa para protestar por su cierre, que fue respondida por una concentración antifascista que reunió a cientos de personas a escasos metros. Ambas estuvieron separadas por un cordón policial.[55] La campaña desarrollada por los colectivos antifascistas barceloneses, en la que se volcó la plataforma Unitat Contra el Feixisme, finalmente daba sus frutos. El barrio de Gràcia, feudo tradicional de la izquierda barcelonesa, por fin se libraba de uno de los mayores centros de difusión del nazismo que todavía quedaban en el mundo. A pesar de las múltiples operaciones policiales, de los juicios y condenas, esto no habría sido posible sin la presión de muy diferentes colectivos: la comunidad judía, los supervivientes del Holocausto, los colectivos antirracistas y toda la amalgama de organizaciones que componen el extenso y plural antifascismo catalán.
Varela finalmente cumplió solo un mes de prisión por la condena por la venta de más de cuatro mil ejemplares del Mein Kampft entre 1997 y 2010. Fue la última vez que el líder nazi pisó la prisión hasta hoy, pero desde entonces no ha cesado su actividad como propagandista del nacionalsocialismo. Sigue dando conferencias, escribiendo libros y siendo un referente para todo el mundo neonazi y no solo en España.
Por otra parte, el viejo camarada de Varela e ideólogo nazi Ramón Bau y el resto de los acusados por el caso del Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI) y la librería Kalki habían sido condenados en 2009 a penas de hasta seis años y tres meses de prisión. A ellos se sumó otro líder neofascista que estaba al cargo de Ediciones Nueva República, Juan Antonio Llopart, que, a su vez, lideraba el partido neonazi Movimiento Social Republicano (MSR). Se les condenó por un delito continuado de difusión de ideas genocidas y otro contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.
El periódico La Razón publicó el 3 de junio de 2011 un artículo en el que informaba de que el Tribunal Supremo había resuelto el recurso planteado por los condenados y los absolvía de todos los cargos.
La Audiencia Provincial de Barcelona consideró probado que entre enero y julio de 2003 los responsables vendieron a través de la librería ubicada en la calle Argenter del barrio de Sant Pere de Barcelona y de su página de Internet todo tipo de publicaciones en las que se justificaba y exaltaba el régimen nazi y se incitaba a «la eliminación del pueblo judío». Algunas de las publicaciones también ridiculizaban el Holocausto e incitaban a la discriminación y el exterminio de distintos grupos raciales.
[…] La sentencia hecha pública este viernes por el Tribunal Supremo subraya que los responsables de la librería no realizaron actos que puedan considerarse como «incitaciones directas» a la comisión de actos xenófobos o discriminatorios. La resolución recuerda que «los derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión permiten, inicialmente, no solo asumir cualquier idea, sino expresarla e, incluso, difundirla, y acomodar a ella el desarrollo de la vida propia, siempre con los límites que impone la convivencia respetuosa con los derechos de los demás […]. La Constitución no prohíbe las ideologías que se sitúan en los dos extremos del espectro político. Incluso podría decirse que tampoco prohíbe las ideas que, por su extremismo, se sitúen fuera de ese amplio espectro político, por muy rechazables que puedan considerarse desde la perspectiva de los valores constitucionales y de los derechos fundamentales», asegura el Supremo. A pesar de reconocer que las ideas difundidas en los libros que se vendían en la librería Kalki son «contundentemente rechazables por su directa ofensa a la dignidad humana», los magistrados del Tribunal Supremo aseguran que «no bastan para incurrir en la conducta punible por el Código Penal».
La resolución, de más de doscientos folios, indica que las actividades de los responsables de la librería no constituyeron «un incitación directa o indirecta» a la comisión de actos xenófobos ni generaron «un clima de opinión o de sentimientos que den lugar a un peligro cierto de comisión de actos concretos de discriminación, odio o violencia». Los magistrados afirman que el hecho de «editar, distribuir o vender al público libros como, por ejemplo, Mi lucha, de Adolf Hitler» no es delictivo. El Alto Tribunal asegura que se trata de obras «en las que se reflejan pensamientos, doctrinas, ideas o planteamientos emitidos en otros momentos históricos que hoy serían rechazables por su contenido discriminatorio, vejatorio para determinados grupos, o directamente de naturaleza genocida, pero que han existido en la historia de la humanidad en distintos lugares y tiempos». Destacan en este sentido que muchos de los libros que se vendían en Kalki son «de libre acceso, pues se encuentran en varias librerías, entre ellas en la Biblioteca Nacional a disposición de quien desee adquirirlas o, en su caso, consultarlas […]. Entre los libros se encuentra incluso una obra atribuida a Francisco de Quevedo (Execración contra los judíos), en la que se vierten juicios negativos sobre aquellos», indica el alto tribunal.
Aun así, el Supremo reconoce que muchas de las expresiones recogidas en la mayoría de los libros que se distribuían en Kalki «tienen un contenido negativo y en ocasiones vejatorio hacia los judíos, y, en ocasiones, hacia otros colectivos identificados por su color o su etnia» y «suponen un evidente exceso sobre los límites del respeto a los demás, a su dignidad como personas y a su derecho a ser tratados de forma igual […]. Es claro que tales expresiones, ideas o doctrinas, más aún en la forma en que son expuestas, resultan hoy día absolutamente rechazables y deben ser contundentemente rechazadas, pues son frontalmente contrarias al respeto a la dignidad del hombre y a la vigencia de los Derechos Humanos», señala la sentencia hecha pública este viernes. Las ideas xenófobas defendidas por el régimen nazi, agrega, «no dejaron de existir, y por lo tanto pueden ser reflejadas legítimamente por quienes estudian o analizan ese periodo de la historia» o por aquellos que «desean satisfacer su curiosidad sobre distintos aspectos de la historia o sobre las distintas visiones que pudieran existir sobre ella». En definitiva, los magistrados del Supremo afirman que, aunque los libros de Kalki «contengan alguna forma de justificación del genocidio», no se aprecia por ello «una incitación directa al odio, la discriminación o la violencia contra esos grupos, o indirecta a la comisión de actos constitutivos de genocidio», ni la creación de «un clima de hostilidad que suponga un peligro cierto de concreción en actos específicos de violencia».[56]
El fiscal de delitos de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, se mostró muy crítico con esta sentencia del Tribunal Supremo. «Si bien constituye, por el momento, una resolución judicial aislada sin valor jurisprudencial, entorpece y dificulta la persecución de los delitos cuya motivación se basa en el odio y el desprecio hacia las personas», afirmó en un comunicado. Aguilar manifestaba «su firme discrepancia» en la interpretación que realizó el Supremo de los «delitos de provocación al odio y de difusión de ideas que justifican el genocidio, que clamorosamente se aparta de las previsiones establecidas en los tratados internacionales ratificados por España, de la doctrina del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
Tras desarticularse el CEI, pronto volvería a descubrir otra organización casi idéntica que se declaraba, de nuevo, abiertamente nacionalsocialista, que usaba el mismo lenguaje y que se había inscrito sin problemas en el Ministerio del Interior. Devenir Europeo sería la continuación de este nacionalsocialismo intelectual alejado de las bandas callejeras, como lo estuvieron CEDADE en su día y posteriormente el CEI, y se dedicaría a dar charlas, a visitar monumentos, exposiciones y realizar salidas al campo. Por si acaso, Devenir Europeo aclara en su página web:
Que condena toda apología de cualquier genocidio cometido en la historia y expresa su dolor por cualquier víctima inocente; del mismo modo que condena todo tipo de xenofobia y odio a cualquier raza, pues amamos las razas como parte de la naturaleza y deseamos su diferencia y su existencia. Por ello, condenamos toda violencia ejercida por meros motivos de pertenencia a una raza, religión, etcétera.
Que apoya la libre investigación de los temas históricos para saber qué pasó realmente en cada sitio y momento, sin que ello implique despreciar o insultar a las víctimas inocentes de cualquier conflicto.
Que trata de establecer un estudio de temas europeos y relativos al socialismo nacional, pero no pretende ser una restitución de ningún régimen del pasado.
Esta organización sigue activa hoy en día y no son pocas las veces que me he encontrado sus pegatinas celebrando el aniversario de Hitler u otras lindezas. Pero no son los únicos. También otras organizaciones y hasta partidos políticos legales han realizado comentarios negacionistas del Holocausto o han reivindicado el nazismo.
El debate sobre la persecución de la apología del nazismo, la negación del Holocausto y todo lo que tratase de rehabilitar o promocionar las ideas genocidas del nazismo sigue hoy en día vigente. Existen posiciones enfrentadas entre quienes reconocen la absoluta libertad para defender esta y cualquier otra idea, y quienes entienden que el discurso de odio debe perseguirse y no se ampara bajo la libertad de expresión. Los grupos antifascistas, así como los colectivos judíos, supervivientes del Holocausto y múltiples asociaciones de derechos humanos, observaban que, a pesar de los reiterados procesos judiciales, el mito del librero crecía entre sus seguidores y le otorgaba, además, esa áurea de proscrito, de perseguido por la justicia por defender sus ideas sin haber ejercido la violencia física contra nadie. Él no, claro. Pero sí quienes consumían todo ese tipo de obras que no solo negaban las atrocidades del nazismo y del fascismo, sino que a veces hasta las justificaban.
El papel de víctima que asumió Varela y que reivindicaron sus seguidores era fácil por ser «simplemente un librero», un hombre amable y pacífico, y no el típico skinhead neonazi que llamaba a matar a los judíos y a los homosexuales en una página web. Ese es el mantra que repiten hasta hoy los nazis: encarcelado por vender libros. Como si el contenido fuese inocente.
Obviamente, el debate sobre los límites de la libertad de expresión es necesario, más todavía cuando precisamente aquí, en el Estado español, no son pocos los casos de artistas, activistas de izquierdas o simples internautas que han sido condenados por delitos de odio, apología del terrorismo o contra los sentimientos religiosos. Por expresar sus ideas. Entonces, ¿dónde trazamos la línea de la libertad de expresión? ¿O no ponemos límites?