Antifascistas
31. Todo es ETA
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31. Todo es ETA
«Haika mutil, jeiki hadi, zer oinon
den mira hadi! Bai, nausia, egia da;
mutiltto hau unhatu da».
«¡Arriba, muchacho, levántate,
mira qué más hay! Sí, señor, es verdad;
este muchachito está cansado».
MIKEL LABOA, Haika Mutil, 1974
Martxelo Otamendi, director del periódico Egunkaria, fue detenido junto a otros diez trabajadores el 20 de febrero de 2003. Se consideraba que el periódico formaba parte de un conglomerado empresarial controlado por ETA y fueron acusados de integración en organización armada. Tras pasar cinco días incomunicado en prisión, Otamendi denunció que había sido sometido a numerosas torturas. Pocos medios del Estado español se hicieron eco de su denuncia. En medio de la estrategia de todo es ETA, que un vasco denunciase torturas no era noticia. Y por supuesto, no se le creía. Todo estaba justificado si existía el más mínimo atisbo de relación con el independentismo vasco.
Aquellos años, la violencia de ETA provocaba ya un gran rechazo social no solo entre los detractores del independentismo, sino en gran parte de la sociedad, también en sectores de izquierdas o independentistas que anteriormente habían sido relativamente acríticos ante la lucha armada. La estrategia de la «socialización del sufrimiento» con asesinatos como los de Miguel Ángel Blanco, Ernest Lluch y varios concejales de pequeñas localidades, periodistas, así como atentados como el de Hipercor, entre muchos otros, fueron determinantes para abrir una brecha en el apoyo que el movimiento había tenido hasta entonces. En 1998 se había intentado una salida negociada al conflicto con el Pacto de Lizarra-Garazi, promovido por formaciones políticas, sociales y sindicales nacionalistas y de izquierdas (desde el PNV hasta Ezker Batua, la marca vasca de IU). ETA declaró una tregua que rompió el año siguiente. El Estado era consciente de los movimientos de la izquierda y el nacionalismo para convencer a ETA de que abandonase la lucha armada. Al frente del Gobierno estaba José María Aznar, que había criticado ferozmente al PSOE por los GAL. Aznar, con la ayuda de jueces como Baltasar Garzón, emprendió una cruzada contra todo lo que estuviese relacionado con la izquierda abertzale o simplemente se le atribuyese tal relación. Inauguró así lo que se conocería como todo es ETA. Además, en junio de 2002 el Gobierno aprobó la ley de partidos, con la cual se ilegalizó Batasuna, el partido de la izquierda abertzale, así como las sucesivas formaciones que trataron de sortear esta ley creada ad hoc para combatir lo que consideraban el entorno político y social de ETA.
La violencia de ETA no cesó hasta 2011, pero la política y la retórica antiterrorista condicionaron no solo a la sociedad vasca, sino a la de todo el Estado español durante décadas, incluso hasta hoy. El Estado se sirvió de ella para estigmatizar y perseguir no solo lo que consideraba simpatizante del independentismo vasco o crítico con las políticas antiterroristas o represivas del Estado, sino simplemente todo el entorno de la izquierda, fuese o no independentista y fuese o no vasca. Cualquiera que criticase la política antiterrorista, denunciase las torturas o cuestionase la ilegalización de organizaciones o la detención de personas del entorno abertzale era susceptible de ser relacionado con ETA.
Durante muchos años, el debate sobre la violencia de ETA fue habitual. Siempre hubo quienes justificaban cualquier acción suya, pero también quienes manifestaban sus discrepancias, su condena y su cansancio ante tal situación. Por otro lado, estaban quienes justificaban cualquier actuación contra «el entorno», que para ellos era mucho más amplio que el real. Esto lo sabían, pero les servía para machacar cualquier disidencia.
Una grieta que apareció en aquellos bloques monolíticos de «conmigo o contra mí» fue el documental de Julio Medem La pelota vasca: La piel contra la piedra (2003). Medem dio voz a familiares de víctimas de ETA y a personas de la izquierda abertzale que habían sufrido torturas, algo que hasta ese momento nadie se había atrevido a hacer. Si alguien denunciaba torturas, se afirmaba automáticamente que era una consigna de ETA y casi nunca se investigaban; mucho menos se reconocían y menos aún se condenaban. Tampoco se hablaba del conflicto como lo hizo Medem, con una mirada amplia, sin obviar la violencia que lo atravesaba, pero sin reproducir los marcos a los que estábamos habituados a través de los medios de comunicación. El film es un potente relato humano y plural sobre el conflicto, de exquisita manufactura y envuelto en la preciosa música de Mikel Laboa, que acompaña las bonitas imágenes de los montes y bosques de Euskal Herria.
La derecha emprendió una campaña brutal de acoso contra Medem por haber tenido la osadía de salirse del guion. Se convocó una protesta contra su película a las puertas de los Premios Goya y el Gobierno del PP llegó incluso a retirar el apoyo económico de la Embajada de España al festival internacional de cine de Londres como protesta por proyectarla. Medem declaró a El País:
Me acusan de incitar al terrorismo, de no ser respetuoso con las víctimas y de cobrar del PNV por hacer esta película. Ahora dicen que soy persona non grata. No merece la pena ser víctima de tanta calumnia.
Precisamente en la proyección de La pelota vasca en el Kursaal de Donosti, Eduardo Madina, miembro del PSOE en Euskadi, se acercó a saludar al músico Fermín Muguruza, fundador de Kortatu y Negu Gorriak. Madina le mostró su solidaridad ante la campaña de acoso y criminalización en su contra, que había provocado la cancelación de numerosos conciertos suyos. El militante socialista había perdido una pierna un año antes en un atentado de ETA. «Me cago en la hostia, ahí estabas tú solidarizándote conmigo, un año y pico después de que ETA casi se te llevara por delante», explicaba Fermín en una entrevista en el periódico El Mundo. Madina recordaba que cuando empezó a militar en las Juventudes Socialistas en 1993, Negu Gorriak era uno de sus grupos preferidos. Este encuentro casual motivó algo más. En 2016, Madina y Muguruza se citaron en Irún y conversaron durante horas. Los acompañó el historietista e ilustrador Alfonso Zapico, quien inmortalizaría aquel encuentro en un cómic, Los puentes de Moscú (Astiberri Ediciones). Es lo que relata el periodista Pedro Simón en un reportaje de El Mundo:
En la vida, en la política y en la cultura, hay quienes se dedican a derrumbar puentes y hay quienes se dedican a levantarlos. Esta historia va de los segundos. […] «Ningún conflicto tan difícil de explicar como este. Tan cruel en sus pequeños detalles, tan doloroso en sus silencios», comenta Zapico. «Dibujar los años negros de Euskadi es embarrar los zapatos en un charco. ¿Por qué lo hago? Por curiosidad, por ver la desembocadura. Tal vez el charco sea ya la desembocadura» […]. «El cómic tiene un valor sentimental para gentes como Fermín y Eduardo, esas generaciones que no piensan en la mochila que llevan detrás, sino que tienen entre ceja y ceja lo que va a pasar con sus hijos», asegura el autor. «La única incógnita que yo tengo es cómo le llegará a la gente. No se puede pretender hablar de un tema como este sin esperar que a alguien le parezca mal».[60]
Con el tiempo, se produjeron cada vez más gestos desde diferentes lados que intentaban superar una barrera que parecía insalvable. Lo que se llamó encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios —presos o familiares de presos de ETA y víctimas de ETA, del GAL o del Batallón Vasco Español— acercaba a diferentes víctimas del conflicto para tratar de restaurar la humanidad en una situación salpicada por todo tipo de violencias y demasiado ruido interesado.
Este es el caso de obras como la de Aitor Merino, actor y director de cine residente en Madrid que explicó su relación con su mejor amigo, Asier, quien acabó formando parte de ETA, cuya violencia él rechazaba tajantemente. El film muestra las discusiones entre ambos, atravesadas por su amistad y por sus contradicciones. Plasmó su historia en el documental Asier eta biok (Asier y yo, 2013). La hermana de Aitor, Amaia Merino, y Miguel Ángel Llamas estrenaron más recientemente (en 2021) otro documental sobre el caso de Mikel Zabalza. Este joven navarro, conductor de autobús, fue detenido por la Guardia Civil en 1985 y, a pesar de que no guardaba ninguna relación con ETA, apareció un tiempo después muerto en el río Bidasoa con signos de haber sido torturado. Non dago Mikel? recoge también testimonios de otras víctimas de torturas, como el del escritor Jon Arretxe, quien fue detenido en la misma operación que Zabalza cuando tenía veintiún años y estudiaba Bellas Artes. El propio Arretxe relata aquellos días en los que fue sometido a terribles torturas en su libro Intxaurrondo, la sombra del nogal (Garaje Negro, 2015).
En relación con el documental sobre el caso Zabalza, la periodista Eulàlia Iglesias señalaba en El Confidencial cómo funcionaba el relato oficial y las dificultades que había para denunciar las torturas y la guerra sucia que se desarrolló durante el Gobierno de Felipe González.
El relato de los torturados se confronta con los posicionamientos oficiales de las instituciones del Estado por aquel entonces. Choca la tremenda desfachatez con que, por ejemplo, Jorge Argote, abogado de la Guardia Civil, se explaya en una rueda de prensa en la versión oficial falsa de la fuga de Zabalza y su ahogamiento en el río Bidasoa, mientras insiste en que las personas que denuncian torturas «por supuesto que mienten». El documental también recupera dos intervenciones del diputado del PNV Marcos Vizcaya interpelando a Barrionuevo sobre los hechos en el Congreso de los Diputados. Resulta clave oír al ministro del Interior manifestando que solo había dos posibles versiones, o la oficial mantenida por el Gobierno o la de los «amigos» de ETA. Y que no cabía una tercera posibilidad. Barrionuevo dejaba claro el control sobre la narrativa en torno a la violencia en el País Vasco, en un posicionamiento que no solo no es propio de una «democracia plena», sino que además imposibilitaba cualquier vía alternativa para acabar con el terrorismo.[61]
Más recientemente, el actor gallego Luis Tosar fue también objeto de una campaña de criminalización por parte de varios sectores de la ultraderecha. En la película Maixabel (Icíar Bollaín, 2021), Tosar encarna a Ibon Etxezarreta, un miembro de ETA relacionado con el asesinato de Juan María Jáuregui, exgobernador civil de Guipúzcoa en el año 2000. El film trata sobre el encuentro de Etxezarreta con Maixabel Lasa, viuda de Jáuregui y una de las impulsoras de los encuentros restaurativos entre familiares de víctimas de ETA y miembros de la banda que querían realizar un gesto de reconocimiento hacia sus víctimas. En una entrevista para El Correo realizada por Oskar Belategui, Tosar explicó que se había encontrado con la persona a la que iba a representar en la película y dice de él: «Ideológicamente estábamos situados en un lugar muy parejo», ya que Tosar había crecido en ambientes nacionalistas gallegos de izquierdas, «por suerte en un entorno mucho más calmado y benévolo que Euskadi». Y a continuación confesaba: «Yo no podía evitar pensar que, si hubiera nacido donde Ibon nació, igual estaban las tornas cambiadas». El periodista le pregunta entonces si podría haber acabado en ETA, a lo que Tosar responde: «Quizás sí. O no. Depende de muchos factores, el entorno puede mucho pero también hay una intención, está en ti. Lo terrible es cuando llega el momento en el que te das cuenta del error cometido y del dolor que has provocado».
A pesar de ser obvio que las declaraciones de Tosar no son ni una justificación ni un apoyo a ETA ni a la violencia, a la derecha le dio igual y emprendió una campaña contra él acusándolo de banalizar y justificar el terrorismo. Por suerte, la campaña no cuajó y se quedó en una pataleta en redes sociales que no llegó a más.
En 2010, la Audiencia Nacional falló por fin en el caso de Egunkaria. El periodista José Yoldi lo explicó así en El País:
El juez Juan del Olmo, basándose en un informe de la Guardia Civil y con los mismos documentos de ETA que habían servido al juez Garzón para cerrar Egin, clausuró Euskaldunon Egunkaria, el único diario que se editaba íntegramente en euskera en esos momentos y que recibía subvenciones del Gobierno vasco como promoción al citado idioma. Además, detuvo a todos sus directivos, ordenó su incomunicación, clausuró la sociedad editora y liquidó sus bienes. Todo ello porque, según exponía, Egunkaria fue «creada, financiada y dirigida por ETA, teniendo un lugar en las estructuras de la banda y unos enlaces determinados para recibir las directrices de la misma y poder remitir información».
Siete años después, la Audiencia ha desmontado el montaje. Javier Gómez Bermúdez, presidente y ponente; Manuela Fernández Prado y Ramón Sáez, en una resolución valiente y documentada, han puesto las cosas en su sitio. «Las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA, lo que por sí determina la absolución con todos los pronunciamientos favorables», dice la sentencia, que añade: «Pero, más allá de esto, tampoco se ha acreditado ni directa ni indirectamente que el periódico Euskaldunon Egunkaria haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado; esto último, además, no sería delictivo».
Por si no fuera poco, agrega que «incluso los miembros de la Guardia Civil que comparecieron como peritos reconocieron que no se había investigado si la línea del periódico era o no de apoyo a ETA, lo que hace incomprensible la imputación». El tribunal critica al juez instructor al precisar: «El cierre provisional o cautelar de Euskaldunon Egunkaria, único diario que existía en euskera, no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara».
[…] «Los medios de comunicación desarrollan una actividad imprescindible en una sociedad democrática al ser vehículo de los derechos fundamentales básicos de los ciudadanos», dice la sentencia, que puntualiza que el quebranto de los derechos, desde el punto de vista del pluralismo, es mayor en el caso de Egunkaria, al ser la única publicación diaria en euskera. La sentencia excluye la omnipresencia de ETA en la sociedad vasca y subraya que «la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tenga que estar fomentado o controlado por ETA conduce, en el proceso penal, a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación».
La sentencia critica a las acusaciones y señala que primero han decidido cuál era la conclusión que se predica, sin base, y luego se buscan las señales que coincidan, rechazando las explicaciones que no apoyen la conclusión.[62]
Dos años después, en 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España al entender que el Estado español vulneró el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe el trato inhumano o degradante, y recuerda que la detención bajo régimen de incomunicación precisa de medidas de vigilancia jurisdiccional apropiadas para evitar abusos sobre la integridad de los detenidos. El periódico El País contó así este nuevo revés de la justicia europea al Estado español por no investigar las torturas denunciadas:
En los días siguientes a su detención, Otamendi fue examinado en cuatro ocasiones por un forense. En sus informes, el médico relató que Otamendi se había quejado de haber tenido que permanecer de pie durante periodos prolongados, haber sido amenazado de torturas, haber recibido golpes intimidatorios en sus órganos genitales y otros malos tratos.
Ante el juez de instrucción denunció que se le había impedido dormir, que le habían obligado a hacer flexiones durante dos horas, haber sufrido insultos homófobos y que había sido desvestido y obligado a adoptar una posición sexual. También denunció que le colocaron un objeto metálico sobre la sien que habría hecho un ruido semejante a una detonación de pistola y que le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico.
La denuncia de Otamendi por malos tratos durante su incomunicación sufrió diversas vicisitudes procesales hasta que una juez de instrucción de plaza de Castilla ordenó comparecer al forense. Este declaró que había encontrado a Otamendi perfectamente consciente y orientado y sin signos aparentes de agotamiento. El forense añadió que el detenido siempre había rehusado dejarse examinar y aseguró que recogió textualmente en su informe las palabras del preso. También declaró que tuvo la impresión de que las alegaciones de malos tratos no se correspondían con lo que había visto.
La denuncia de Otamendi fue archivada provisionalmente en 2004 y sus sucesivos recursos, rechazados. El Tribunal Constitucional no admitió a trámite su recurso de amparo. En abril de 2010, Otamendi y otros cuatro directivos de Egunkaria fueron absueltos de pertenecer a ETA. El Tribunal de Estrasburgo observa que el primer juez de instrucción se mostró pasivo ante las sevicias denunciadas por Otamendi, y que sus demandas de ser escuchado en persona y de que declarasen los agentes de la Guardia Civil implicados y la persona que compartió la celda con él no fueron tenidas en consideración por otros jueces. Estima el tribunal que las investigaciones llevadas a cabo no profundizaron suficientemente ni fueron efectivas para cumplir los requisitos el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Corte subraya que a pesar de la insistencia del recurrente de denunciar los malos tratos, la desestimación de su denuncia se produjo sobre la base de los informes médicos y la declaración del forense, sin que Otamendi fuera interrogado personalmente.[63]
Es importante incluir esto en el libro para explicar el clima de aquellos años y el papel que jugaron la violencia de ETA, las políticas antiterroristas y la caza de brujas conocida como todo es ETA. El miedo de quienes se veían como objetivo de la banda y el miedo de cualquiera a ser relacionado con ella o acusado de darle apoyo condicionó mucho la actividad política y puso en relieve la instrumentalización de un conflicto que, lamentablemente, es recurso habitual todavía hoy para la derecha española. La acusación de «proetarra» o las referencias a la banda son aún recurrentes para estigmatizar al adversario.
Un ejemplo fue el incidente que tuvo lugar en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de la localidad navarra de Altsasu. Dos guardias civiles y sus parejas denunciaron haber sido agredidos en el establecimiento por un grupo de jóvenes del pueblo tras una discusión. El relato de los medios de comunicación, al compás de la versión de los agentes, fue una especie de revival de la kale borroka y se pretendió acusar a los jóvenes primero de delito de odio contra la Guardia Civil y posteriormente de terrorismo, con una petición total de penas de 375 años de prisión. El caso fue juzgado en la Audiencia Nacional, que acabó por desechar la acusación de terrorismo, pero condenó a siete de los acusados a penas de entre nueve y trece años de cárcel, y a una acusada a dos años de prisión. La jueza fue Concepción Espejel, casada con un alto cargo de la Guardia Civil y condecorada por el Ministerio del Interior con la Orden del Mérito de la Benemérita. Varios de los jóvenes ya habían pasado más de un año en prisión preventiva a la espera de juicio y los medios de comunicación usaron de nuevo el fantasma de ETA para criminalizar a los jóvenes encausados y tratar de hacer pasar una pelea de bar por un ataque premeditado dentro de una estrategia política de la banda armada. El periodista del diario Público Danilo Albín explicó así el encaje de este relato:
Principalmente, la Benemérita y la Audiencia Nacional sostienen que no fue una pelea, sino un acto orquestado dentro de la campaña Alde Hemendik («Fuera de aquí») que tanto los agentes como los jueces atribuyen a ETA. De esta manera, la reyerta se acabó convirtiendo en una parte más del concepto todo es ETA, ampliado hasta límites insospechables durante la última década. «Esa posición absolutamente contraria y burda fue aceptada por el juzgado, y es la base fundamental para acusar a estos jóvenes de delitos terroristas», indicó a Público la abogada Amaia Izko, una de las encargadas de la defensa.
En ese contexto, los representantes legales de los acusados quisieron presentar ante el tribunal que los juzgará un informe pericial histórico y sociológico sobre el origen del Alde Hemendik o «Que se vayan», básicamente para demostrar que ni nació, ni creció ni se consolidó bajo la dirección de ningún grupo terrorista, sino que se trata de una reivindicación que nació a finales de los setenta de la mano de Euskadiko Ezkerra (movimiento que luego se coaligó al PSE). El término se popularizó como lema para reclamar la desmilitarización de Euskadi, una de las zonas de Europa con más policías por habitante.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó, en enero de 2022, el recurso de los encausados, que consideraban que podría haberse vulnerado el derecho a un juicio justo aludiendo a cuestiones como la supuesta parcialidad de la jueza por su vinculación con la Guardia Civil o la no admisión de algunas pruebas.
En octubre de 2021, coincidiendo con el décimo aniversario del anuncio del fin de la lucha armada por parte de ETA, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ofrecieron una rueda de prensa en Donostia:
Queremos trasladarles que sentimos su dolor y afirmamos que nunca debería haberse producido. A nadie puede satisfacer que aquello sucediera. No se debería haber prolongado tanto en el tiempo. Deberíamos haber llegado antes a Aiete [en referencia al anuncio del fin de ETA en 2011]. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado. Pero estamos convencidos de que es posible aliviarlo desde el respeto y la memoria. Sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a mitigarlo.
Ambos dirigentes abertzales hicieron referencia también a los presos, a las víctimas de las torturas (4.113 casos entre 1960 y 2014 certificados por el Instituto Vasco de Criminología)[64] y del terrorismo de Estado, y reafirmaron su compromiso con las «vías exclusivamente democráticas y pacíficas» para la resolución del conflicto. Sin embargo, a pesar del gesto y de la ausencia de violencia de ETA desde hace diez años, la derecha española no perdió la ocasión. El exministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestaron que «ETA está más presente que nunca».