Antifascistas
34. Golpe policial a las bandas neonazis
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34. Golpe policial a las bandas neonazis
Desde finales de los años ochenta, cada mes de noviembre decenas de neonazis desfilaban por las calles de la ciudad alemana de Wunsiedel, en Baviera. Los vecinos observaban inquietos la peregrinación de jóvenes cabezas rapadas a la tumba de Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler. A pesar de los intentos para que se prohibiera la marcha, los tribunales bávaros siempre daban la razón a los neonazis y les permitían homenajear a uno de los principales responsables del Holocausto. Los grupos antifascistas y numerosos colectivos de derechos humanos alemanes, así como partidos políticos de izquierdas y de derechas, mostraban públicamente su rechazo y organizaban actos de protesta para contrarrestar a los nazis.
A finales de 2004, un grupo antifascista alemán hizo llegar a varios periodistas y colectivos antifascistas del Estado español una carpeta con fotografías de la marcha neonazi de aquel año. Adjuntaron otra carpeta titulada Nazis de España en Wunsiedel con imágenes de un grupo de más de una veintena de individuos —la mayoría con la camiseta azul de la División 250 (la División Azul), los españoles que combatieron en la Segunda Guerra Mundial a las órdenes de Hitler—, varias banderas españolas —algunas con el águila bicéfala— y una pancarta con el texto: «Rudolf Hess prisionero de la paz. Caído el 18/08/1987». Entre los asistentes, algunas caras conocidas del movimiento neonazi de Barcelona, Zaragoza y Madrid, pero ninguna sigla que los enmarcara en una organización en concreto.
En diciembre de 1999, tres personas registraron legalmente en el Ministerio del Interior y en la Comunidad de Madrid una asociación dedicada a «la conservación de la cultura europea y el fomento del activismo juvenil que apoye este fin». Según sus estatutos, se trataba de una asociación que pretendía «separar a la juventud de la droga y otros problemas de marginalidad fomentando las actividades culturales» y se indicaba que estas actividades serían de música, deporte, marchas y protestas junto con otras asociaciones y plataformas a favor de la cultura, charlas culturales e informativas y campañas publicitarias.
Podría ser un grupo de boy scouts, pero en realidad se trataba de la sección española de Blood & Honour (Sangre y Honor), una organización neonazi internacional creada en 1987 en Reino Unido. Durante seis años, este grupo de skinheads neonazis se financió con la organización de conciertos de RAC, así como con la venta de armas. Liderada por un guardia de seguridad del metro de Madrid, la organización también tenía militantes en Zaragoza, Jaén y Sevilla, aunque su principal base de operaciones era Madrid y algunas localidades de los alrededores.
Pocos meses después, ya en el 2000, Hammerskin, otra organización neonazi internacional, anunciaba la creación de su delegación española, pero esta vez sin pasar por el registro del Ministerio del Interior. Aunque las ideas de Blood & Honour (B & H) y Hammerskin coincidían plenamente, rivalidades entre sus miembros por diversos motivos, entre ellos el fútbol, motivaron que cada una abriera su propia franquicia en España. Ambos grupos compitieron durante años e impulsaron los principales conciertos de RAC en España hasta la fecha.
Los antifascistas intentaban averiguar el lugar de los conciertos, pero el secretismo de los organizadores, que sigue hasta hoy, solía funcionar. Tan solo anunciaban la ciudad o una localidad cercana al lugar donde estaba reservada una sala, una nave industrial o un camping y unas pocas horas antes, principalmente a través del boca a boca o de contactos de confianza, revelaban el lugar del evento.
B & H celebró varios conciertos en Cuarte de Huerva, cerca de Zaragoza. Los colectivos antifascistas sabían que allí se habían celebrado otros eventos relacionados con la extrema derecha desde los años noventa e iniciaron una campaña para exigir su cierre. En 2001 y en 2004, tras un concierto, se registraron varias agresiones en la ciudad, lo que motivó que la Plataforma Antifascista incrementara su presión sobre el Ayuntamiento de Cuarte y realizara una campaña de concienciación en la zona. Según contó el periódico Diagonal en febrero de 2008, finalmente el Ayuntamiento acordó su cierre.
Aunque pueda parecer incomprensible que durante tres años grupos nazis hayan tenido un local ilegal para sus conciertos —según el dueño, alquiló la nave para almacenar instrumentos musicales— justo en el centro del pueblo, la negligencia de las autoridades lo permitieron.
Hammerskin España celebraba sus reuniones principalmente en el local denominado La Bodega, situado en la calle Mínimos de Alcalá de Henares, en cuya puerta colgaba un cartel: Only whites («Solo blancos»). También se reunían en el bar Drakkar, próximo al estadio Santiago Bernabéu. Por su parte, B & H tenía sus bases de operaciones en San Sebastián de los Reyes y en Zaragoza. Ambos grupos se dedicaron más al proselitismo nazi, a la realización de conciertos y fanzines y a la venta de armas que a realizar acciones públicas. Por eso, la actividad de estas organizaciones era más interna que de cara al público. Sus actos no se promocionaban para que asistieran personas interesadas, sino que se realizaban con absoluta discreción. No hacían manifestaciones ni concentraciones, ni redactaban comunicados de prensa. Todo era de autoconsumo, de puertas para dentro en el submundo nazi; más concretamente, skinhead nazi.
El periodista Antonio Salas retrató a varios miembros de Hammerskin cuando se infiltró en aquellos mundos y los relacionó directamente con Ultras Sur y las Brigadas Blanquiazules. También detectó la enemistad que había con Blood & Honour. En su libro se publicaron cartas cruzadas entre ambos colectivos en las que se manifestaba un evidente desencuentro. Tras el fallecimiento de tres miembros de B & H en un accidente de coche, organizaron un concierto de homenaje. Desde Blood & Honour advertían:
A ningún miembro de vuestra organización le será permitido el acceso al evento; por lo cual os recomendamos no acudir hasta allí para evitar males mayores e ir en balde y que RESPETÉIS LA MEMORIA DE NUESTROS CAMARADAS.
La réplica de Hammerskin (HSE) no tardó en llegar:
Tras recibir este «comunicado» por vuestra parte, simplemente deciros que por parte de HSE se acabó todo tipo de diálogo con cualquier miembro de B & H, declarando el incondicional enfrentamiento y las consecutivas represalias a todos sus miembros.
La Guardia Civil empezó a vigilar de cerca a estos grupos a partir del 2003, ya que la mayoría de sus miembros eran conocidos neonazis que habían formado parte de otras bandas anteriormente o que militaban en partidos o tenían un papel importante en las hinchadas ultras de varios estadios. Eran una especie de élite respetada dentro del mundo skinhead neonazi, además de una buena fuente de ingresos en merchandising y otro tipo de negocios.
En València, la Benemérita seguía la pista a otra organización, el Frente Antisistema (FAS), y la relacionaba con una página web en la que se vendían armas y parafernalia nazi con absoluta naturalidad. La agresión a varios jóvenes antifascistas en València y la denuncia que varios de ellos hicieron en un foro señalaron a uno de los supuestos agresores como el responsable de esta web. Esto motivó que la Guardia Civil, según consta en el sumario, solicitara autorización a un juzgado para realizar escuchas telefónicas a este conocido neonazi. La jueza de instrucción de Carlet (València) las autorizó y otros jueces también autorizaron que se intervinieran los teléfonos de miembros de B & H y HSE durante casi dos años. Simultáneamente, se pusieron en marcha tres operaciones policiales contra estos tres grupos neonazis, que desembocaron en su desarticulación entre 2004 y 2005.
Los primeros en caer fueron los Hammerskin, en marzo de 2004. La Guardia Civil detuvo a catorce personas en Madrid, Barcelona, València y Guadalajara relacionadas con esta organización. Se les atribuían varias agresiones, sobre todo en el ámbito futbolístico, y en los registros se les intervino una pistola del calibre 6,35 mm, siete pistolas detonadoras, munición de 9 mm parabellum, llaves de pugilato, bates, defensas, hachas, machetes y navajas. Se conoció como Operación Puñal.
Un año después, el 20 de abril —fecha del aniversario de Hitler—, la Guardia Civil comenzó la Operación Espada, esta vez dirigida contra la sección española de Blood & Honour. Así lo explicó la propia Guardia Civil en una nota de prensa:
Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de skinhead, de la denominada organización Blood & Honour, que estaban adquiriendo y vendiendo armas prohibidas. Seguidamente, la Guardia Civil ha podido determinar que este grupo mantenía una estructura piramidal y jerárquica, en la que cada uno de sus miembros desarrollaba una actividad dentro de la propia organización, al mismo tiempo que sus componentes participaban en la tenencia, compra y venta ilícita de armas, cuyos beneficios se revertían en la propia asociación.
Se han llevado a cabo diecinueve registros en los domicilios de los detenidos y en el local de reunión, incautando dos pistolas del calibre 6,35 con su correspondiente munición, defensas extensibles, puños americanos, espráis lacrimógenos y armas blancas.
En septiembre de 2005, la Guardia Civil llevó a cabo en València la Operación Panzer contra el Frente Antisistema (FAS). Entre los detenidos había varios militares, un opositor a guardia civil, un concejal de España 2000 en Silla (València) y un personaje conocido: Pedro José Cuevas Silvestre, el asesino de Guillem Agulló. Cuevas, que negó su vinculación con grupos nazis en el juicio por el crimen de Montanejos, aparecía de nuevo en escena. Solo había cumplido cuatro años de prisión de los dieciséis a los que había sido condenado, algo que familiares y amigos de Guillem venían denunciando desde que se enteraron de que había sido puesto en libertad. Ahora, esta nueva detención les daba la razón y la sociedad valenciana volvía a revivir una vez más que la impunidad acompañara a los ultraderechistas.
La Guardia Civil explicó los motivos de la Operación Panzer en una nota de prensa:
La organización desmantelada se autodenomina Frente Antisistema, está ubicada en Valencia y posee una estructura jerarquizada y una rígida disciplina, con reparto de funciones y cometidos entre los distintos miembros. Se financiaba con la venta de efectos relacionados con la ideología nazi, con la venta de armas prohibidas y con las cuotas que periódicamente pagaban sus miembros. Entre las actividades ilícitas desarrolladas en el seno de la organización se encuentra la incitación a la discriminación, al odio y a la violencia, así como lesiones contra las personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía. Una de sus principales actividades era la organización de «cacerías», consistentes en salir a buscar miembros de tribus rivales (punkis) o inmigrantes para agredirlos. Esta organización se encontraba realizando en la actualidad una gran labor de proselitismo para captar nuevos miembros, mediante conferencias, charlas, conciertos, salidas al campo, así como la comercialización de textos, documentos y fancines afines a la ideología nacionalsocialista.
A pesar del desmantelamiento de tres de las principales organizaciones nazis españolas, la violencia no cesó. El casi medio centenar de neonazis detenidos en estas operaciones policiales solo era una pequeña parte del entramado ultraderechista. Incluso en algunas ciudades aumentó su actividad. O se recicló. En València, por ejemplo, uno de los detenidos en la Operación Panzer fue luego el encargado de dirigir la sección valenciana de Alianza Nacional (AN), que utilizó el local del FAS como sede. Aquí empezaron a desarrollar actividades con total normalidad y se convirtieron en punto de encuentro habitual para neonazis de la zona y el resto del Estado. Este partido se presentó públicamente en la plaza Zaragoza, junto a Mestalla, unos meses después de la Operación Panzer. Incluso actuó el líder del grupo musical de RAC Batallón de Castigo.
Como ya se ha contado antes, en estos años de plomo la violencia de la extrema derecha aumentó de forma preocupante en València. La acción de grupos anticatalanistas, de bandas de jóvenes neonazis y de los ultras del fútbol se intensificó y cada vez era más violenta. Volvieron las cacerías nazis a las zonas frecuentadas por jóvenes de izquierdas y hubo apuñalamientos, incendios de centros sociales, artefactos explosivos, asaltos a librerías y un sinfín de actos violentos.
Aunque hubo movimientos sociales y militantes antifascistas que les plantaron cara, no existía una estructura estable dedicada en exclusiva a combatir a estos grupos y los colectivos organizados en el ámbito local o comarcal intentaban contener la escalada violenta como podían. Acció Antifeixista de València, reactivada un año antes, denunciaba las constantes agresiones y actividades organizadas por los neonazis con absoluta impunidad, como el concierto de marzo de 2007 en el local de Alianza Nacional.
También las fuerzas políticas de izquierdas, principalmente el Bloc Nacionalista Valencià (BNV) y Esquerra Unida, así como entidades culturales, ONG y todo tipo de organizaciones que venían siendo el blanco de los ataques fascistas denunciaban constantemente la impunidad con que se realizaban estas acciones ante los responsables políticos, tanto el Gobierno español —entonces en manos del PSOE— como las autoridades valencianas —en manos del PP.
En 2007, una noticia aumentó aún más la indignación y provocó una reacción sin precedentes: el asesino de Guillem Agulló, que había sido arrestado durante la Operación Panzer, se presentaba a las elecciones municipales por el partido neonazi Alianza Nacional en la localidad valenciana de Xiva. Ante esta situación, varias organizaciones que venían desde hacía tiempo coordinándose para denunciar conjuntamente la impunidad de la violencia ultraderechista decidieron dar un paso al frente.
A los pocos días se convocó una rueda de prensa —a la que asistieron PSPV-PSOE, EUPV, PCPE, BNV, ERPV, ACPV y el Foro de Inmigrantes— para exigir la ilegalización de Alianza Nacional. Sin embargo, el portavoz del PSOE valenciano, Andrés Perelló, declaró posteriormente a VilaWeb que no había que impugnar esta candidatura, aunque el Gobierno español del PSOE había impugnado 133 candidaturas de Acción Nacionalista Vasca y 246 de Abertzale Sozialistak porque había gente vinculada a Batasuna. Según Perelló, la situación era diferente, porque el peso de las candidaturas abertzales era mucho mayor que el de Alianza Nacional en Xiva. Por ese motivo, la mejor manera de actuar contra este partido era que los ciudadanos de Xiva no le votaran. El líder de AN y exmiembro de AuN, Pedro Pablo Peña, se encontraba en la prisión de Segovia por el atentado fallido en 2000 contra un autobús de familiares de presos de Ekin.
La ofensiva legal de las víctimas de los ataques fascistas culminó con la presentación, a finales de año, de la plataforma Acció Popular Contra la Impunitat (APCI), formada por partidos políticos de izquierdas, ONG, organizaciones culturales y sociales de todo tipo, y el anuncio de que se personaría como acusación popular en el caso Panzer.
Ahora es el momento de materializar la protesta que realizamos conjuntamente todas las organizaciones el pasado mes de mayo, ejerciendo como acusación popular en el juicio de la Operación Panzer, a fin de dar una respuesta a la triste situación de acoso y violencia que padecemos, aportando nuestras pruebas y haciendo pública una vez más nuestra preocupación por la falta de libertad, coaccionada por estos grupos extremistas.
Servirá para mostrar la unidad entre los que procuramos por una convivencia pacífica basada en el respeto y la tolerancia. Nos mostramos juntos en la defensa de unos valores que rechazan la coacción y la discriminación de cualquier persona y por cualquier motivo, haciéndonos fuertes de cara a quienes pretenden dejar pasar estas actitudes e incluso las subvencionan.
Daríamos una contundente respuesta contra la impunidad, haciendo patente nuestra preocupación y nuestro compromiso con los valores democráticos y la defensa de las víctimas de estos grupúsculos. Podemos presentarnos como acusación popular porque somos las víctimas directas de las actividades de los neonazis, y esta es la ocasión que no debemos dejar pasar, ya que posiblemente no se volverá a repetir una oportunidad así donde tantos personajes importantes dentro del movimiento neonazi se encuentran en el banquillo de los acusados, y las agresiones, desgraciadamente, siguen a la orden del día.
Finalmente, aunque a la plataforma se sumaron más de setenta organizaciones, la acusación popular estaría representada por el Bloc Nacionalista Valencià, Jarit, Acció Cultural del País Valencià, Ca Revolta y el Movimiento Contra la Intolerancia, que también ejercía de acusación popular en los casos de Hammerskin España y Blood & Honour.
La campaña de agitación de la plataforma permitió que la izquierda y el valencianismo, que llevaban décadas aguantando estoicamente las agresiones y los ataques de la ultraderecha, llevaran sus reivindicaciones a los medios de comunicación, a las calles e incluso al Congreso de los Diputados, al Senado, a las Cortes Valencianas y al Parlamento Europeo. En abril de 2010, los diputados Joan Ridao (ERC) y Mercè Pigem (CiU) solicitaron la comparecencia de Antonio Camacho, secretario de Estado para la Seguridad, para pedirle explicaciones sobre la incesante violencia ultraderechista y su eterna impunidad. El digital L’Informatiu recogió así la noticia:
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, compareció ayer en el Congreso a petición de diferentes grupos de la cámara para dar explicaciones sobre los altos índices de violencia fascista en la Comunidad Valenciana y el incremento de la actividad neofascista en todo el Estado. Camacho negó que en la comunidad haya impunidad en las acciones violentas de la extrema derecha y que exista ninguna preocupación al respecto. «No es cierto que exista preocupación en torno los datos de criminalidad», dijo, remarcando la reducción de actos delictivos en general y mezclando los delitos comunes con los delitos xenófobos denunciados por diferentes colectivos.
Camacho contestó a las preguntas de los diputados de ERC y CiU asegurando que los equipos policiales responsables de controlar estos grupos funcionan perfectamente y trabajan duro en la «prevención» de actos violentos y difusión del odio. Mercé Pigem (CiU) en primer lugar, y a continuación Joan Ridao (ERC), recordaron los escalofriantes datos del Informe Raxen, que cada año elabora la ONG Movimiento Contra la Intolerancia, y donde el País Valenciano lidera las cifras de acciones violentas de todo el Estado, así como las reiteradas quejas y los informes de los miembros de la plataforma Acción Popular Contra la Impunidad, citando una por una las más de ochenta acciones violentas impunes de la extrema derecha en los últimos dos años.
Incluso el PP se sumó a la preocupación de los anteriores grupos, y recordó una condena que las Cortes Valencianas consensuaron a raíz de los atentados con bomba contra las sedes del Bloc y ERPV el año 2008 y que exigía el Gobierno central medidas contundentes para detener estas acciones.
Los diputados del PSOE tildaron de «marginal» el movimiento ultra, «incapaz de unirse» y con «grandes diferencias con otros países, donde son muchos más». «Estamos lejos de la impunidad y de la inacción», agregó a su vez el secretario de Estado de Seguridad. Camacho argumentó con las leyes que criminalizan el odio y la violencia, remarcando que existen muchas medidas de prevención, y destacando las operaciones policiales contra los grupos neonazis Hammerskin, Blood & Honour y Frente Antisistema, este último en la comunidad en 2005. También destacó la designación de un fiscal en la Audiencia Nacional centrado específicamente en los grupos neofascistas. «Abordar bien un problema significa tener la cautela de ni minimizarlo ni magnificarlo», agregó, criticando que Ridao sugiere cierta connivencia de la policía con los ultras.
El juicio por el caso Panzer tardaría años en celebrarse. La APCI desarrolló un intenso trabajo de denuncia señalando que los actos y las agresiones neonazis no cesaban. El 9 de noviembre de 2013, la plataforma se unió con los diferentes grupos antifascistas de la comarca para celebrar en València un acto multitudinario en la plaza de la Virgen. Se exhibieron diversos paneles con fotografías de varios atentados neonazis, víctimas mortales y recortes de prensa. Fue una impactante muestra de la violencia ultraderechista, que, hasta entonces, había pasado inadvertida para gran parte de la ciudadanía. La fecha elegida no era casual, es el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el fatídico día de 1938 en el que los nazis asaltaron las viviendas, los comercios y los templos de la comunidad judía alemana. El pogromo se cobró la vida de noventa personas y detuvieron a cerca de treinta mil judíos, que acabarían siendo deportados a campos de concentración. Este aniversario se recuerda en varias ciudades del mundo no solo para homenajear a las víctimas, sino también para alertar sobre el peligro del discurso de odio y del antisemitismo.
Mientras tanto, se miraba de reojo lo que sucedía en otras partes del Estado, particularmente en los juicios de Hammerskin y Blood & Honour. El goteo de información que se iba filtrando a la prensa desvelaba que la trama neonazi iba más allá de los grupos desarticulados. En junio de 2010, el diario El País reveló que diecisiete de los dieciocho acusados de pertenecer a Blood & Honour habían ido en las listas del Movimiento Social Republicano (MSR), el partido neofascista dirigido por Juan Antonio Llopart. Es más, el MSR y B & H compartían sede en San Sebastián de los Reyes. Precisamente en este municipio, uno de los miembros de B & H juzgados siguió ejerciendo de policía municipal.
El 24 de julio de 2009, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia pionera. La sección séptima condenó a dos años y seis meses de prisión por asociación ilícita al jefe de los Hammerskin España, José Eduardo C. H., y al resto de imputados a un año y medio por este mismo delito. Era la primera vez que se condenaba a un grupo neonazi por asociación ilícita. Otro de los acusados, Ángel M. N., fue condenado a un año más por tenencia ilícita de armas. A todos les impuso el pago de una multa de 2.700 euros. Además, la sala acordó la disolución del grupo Hammerskin España y el cese de todas sus actividades. Según la sentencia, el tribunal consideraba «suficientemente acreditada la existencia de la organización Hammerskin España, compuesta por una pluralidad de personas, entre las que se encuentran los acusados, que están estructurados, organizados y jerarquizados con carácter permanente desde 2000», cuyo fin era «promover la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual…». Los condenados recurrieron, pero el Tribunal Supremo ratificó la sentencia en febrero de 2012.
El 9 de junio de 2011 —pocos días después de la absolución de los propagandistas nazis del CEI, Kalki y ENR—, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que ilegalizaba la sección española de la organización neonazi internacional Blood & Honour. Esta sentencia —dictada en junio de 2010 por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid— condenaba a quince de los dieciocho integrantes de la «asociación cultural» B & H España (creada en 1999) a penas de entre uno y tres años y seis meses de prisión por delito de asociación ilícita. El Supremo aplicó en este caso el artículo 515 del Código Penal sobre asociaciones ilícitas, que considera punibles las agrupaciones que «promuevan e inciten al odio, la discriminación y la violencia por motivos racistas y de intolerancia».
En los juicios a los neonazis, estos habitualmente reniegan de su ideología y se presentan como un grupo de amigos amantes de la naturaleza, el deporte o la historia, llegando a veces a extremos que rozan lo cómico. Este fue el caso del líder de Blood & Honour, que declaró al tribunal que eran una asociación cultural de amigos que no vestían de «ninguna forma especial» en la que podían entrar «gitanos, judíos y homosexuales».
Uno de los testigos en este caso fue Juan Antonio Aguilar, exmiembro de Bases Autónomas y en ese momento miembro del MSR y del colectivo Tierra Verde, en el que se integraron algunos de sus miembros. Aguilar declaró que B & H les había pedido asesoramiento político.[76] Los definió como «un grupo de jóvenes que seguían un tema “estético urbano y de música”, pero “querían hacer algo más” en el tema político […]. “Buena gente, con nada reprochable en principio”». Ese mismo verano de 2010, Aguilar fue noticia cuando se descubrió que se había infiltrado en el sindicato CGT —lo detectaron militantes antifascistas de la misma CGT—. El diario Público lo contó así:
Aguilar ha sido presidente durante más de un año del comité de empresa de la compañía de informática Tecnocom, en Madrid. Recientemente fue a testificar al juicio que condenó a la red neonazi Blood and Honour y fue secretario general de Movimiento Social Republicano (MSR).[77]
Los militantes que descubrieron la infiltración llevaban tiempo intentando convencer a sus compañeros del peligro de dar cobijo a este personaje, pero algunos sindicalistas no veían problema en que un reconocido ultraderechista formase parte de la organización. Finalmente, cuando Público se puso en contacto con el sindicato, este tomó medidas.
Algunos miembros del sindicato ya denunciaron en marzo pasado los hechos a varios miembros de la sección sindical de CGT en Tecnocom, pero la respuesta que recibieron por correo electrónico fue la siguiente: «Desde que le conocemos, el comportamiento de Juan Antonio, cuando formaba parte de CC OO y ahora que ha pasado a nuestras filas, siempre ha sido el mismo: coherencia en la defensa de los derechos de los compañeros y siempre intentando implicar a los mismos en su defensa. Es más, siempre ha trabajado por encima de la media del resto de representantes».
Sin embargo, no ha sido hasta ayer cuando, tras una llamada recibida por este diario, el sindicato no ha enviado un comunicado interno a sus miembros en el que asegura que «detectada la presencia de personas de ideología neonazi como afiliadas en una sección digital de CGT, la organización ha puesto en marcha sus procedimientos estatutarios y ya han dejado de pertenecer al sindicato de forma fulminante».
Las investigaciones revelaron que otro líder neofascista, Juan Antonio Llopart, entonces secretario del MSR, también había pertenecido a este sindicato, según explicaba él mismo en su blog.
La fecha del juicio por el caso Panzer se dilató hasta el 2014. Nueve años de instrucción que se resolvieron en tan solo cuatro sesiones. La acusación popular deseaba conseguir una condena similar a las logradas contra B & H y HSE, pero pesaba el escepticismo por cómo se habían resuelto otros casos. De hecho, la sala a la que se adjudicó el caso había absuelto años atrás al grupo nazi Armagedón, acusados de incendiar varias sedes políticas en el 2000.
Poco antes de que comenzara el juicio llegó la primera sorpresa: la Guardia Civil había destruido «por error» las armas incautadas a los neonazis. El periodista Joan Cantarero explicó en el diario Público el 13 de julio de 2013 el recorrido del asunto que llevó a este «error».
El propio gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) señalaba a principios de esta semana «que la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia había solicitado reiteradamente mediante tres escritos fechados los días 14 de marzo, 28 de marzo y 30 de octubre de 2013, la autorización del alto tribunal valenciano para destruir todas las armas que tenían en custodia correspondientes únicamente al año 2006», que es precisamente el año en el que el arsenal de la Operación Panzer había sido depositado tras la finalización de las investigaciones. Se da la circunstancia [de] que la petición de destrucción de «las armas de 2006» coincide en el tiempo con la noticia de la inminente celebración de la vista oral que inicialmente apuntaba su celebración ese mismo año.[78]
La Guardia Civil se vio salpicada por tan grave «error» en un asunto que ellos mismos habían investigado. Obviamente, a los agentes que habían llevado a cabo la Operación Panzer no les hizo ninguna gracia que sus «compañeros» destruyeran las pruebas de la investigación.
Las defensas trataron de exonerar a sus clientes argumentado, entre otras cosas, que no se les podía imputar ningún delito de agresión, ya que no existía denuncia alguna. Las escuchas telefónicas que hablaban de agresiones —cometidas o en preparación— no bastaban si no se demostraba que se habían materializado.
En una de esas conversaciones, el asesino de Guillem Agulló, Pedro Cuevas, y otro neonazi comentaban lo siguiente:
¡Vamos a cazar moros y guarros! Me llevo un pincho. Voy a hacer pupa […]. Hay que darles bien. Dejarlos mareados. […] El otro día nos fuimos a por guarros, también este fin de semana, a por sharperos. Fuimos a buscarlos a casa, ¿sabes? A casa. Sabemos dónde viven. Íbamos dos coches. Vamos un montón de basca ahora. Lo que pasa es que es gente muy jovencita.
Según publicó el periodista Joaquín Gil en El País:
[Cuevas] se ofrecía como suministrador de un «hierro» (pistola o revólver). Sugería revender puños americanos a «chiquillos». Y aparece vinculado en agosto de 2005 a una batida humana en Villena (Alicante) donde un «punkarra asqueroso» recibió un «palizón». Otra transcripción le relaciona con un robo.[79]
El asesino de Guillem, que ya pasaba de los cuarenta años, seguía siendo miembro activo de los grupos neonazis y, por lo que sugieren las conversaciones registradas por la Guardia Civil, se dedicaba a ir con jóvenes neonazis, que lo consideraban un referente por haber asesinado a un antifascista.
Un agente de la Guardia Civil explicó que la desarticulación de la banda se precipitó, porque temían una agresión o algo más grave. La agencia EFE relató así su declaración:
El guardia civil que dirigió las investigaciones ha declarado que esta supuesta banda de neonazis organizó «cacerías» de «guarros o punkis» en Villena y que, para evitar agresiones, se «desplegó un equipo». Este agente ha explicado que varios de los imputados hicieron referencia en sus conversaciones telefónicas a una supuesta paliza a un «punki», aunque ha reconocido que no se halló denuncia ni parte de lesiones, si bien hay constancia de que algunos de los procesados estuvieron en Villena y realizaron una pintada con simbología fascista. «A posteriori teníamos conocimiento de agresiones» —ha explicado este testigo— que no se pudieron constatar, «pero el riesgo era inasumible y por eso se decide incautar», ha añadido. Este agente ha enumerado otras supuestas tentativas de delitos, como robos o estafas, que al parecer planeó este colectivo y ha explicado que disponían de una página web para la venta de libros sobre teorías negacionistas del Holocausto y temas similares, pero la Guardia Civil no constató ninguna venta.
Y es que algunas de las conversaciones eran realmente inquietantes. En ellas, además de hablar de las cacerías, se desvelaba que un guardia civil les había advertido que los estaban siguiendo y que era posible que les hubieran pinchado el teléfono. Incluso se menciona un contacto dentro de la misma Delegación del Gobierno que también conocía la investigación y había avisado a los neonazis.
Había más conversaciones preocupantes, como esta:
Por tanto debemos ser los más preparados, los más inteligentes, los más calculadores, los más violentos y los más fanáticos. […] Como dice ETA, a ETA se entra, pero solo se sale con un tiro en la nuca. […] ¿Cuándo tendremos nosotros una infraestructura similar?
El juicio duró solo cuatro días. El abogado de la acusación popular denunció que uno de los acompañantes de los acusados le había amenazado a la entrada de los juzgados con «romperle la cabeza». Varios reporteros gráficos también denunciaron amenazas e intimidaciones.
José Manuel Megía Carmona fue el juez encargado de redactar la sentencia, que se leyó pocas semanas después. En ella absolvía a los neonazis, pues consideraba que los pinchazos telefónicos no estaban suficientemente motivados —aunque los había autorizado la jueza de instrucción dos años antes de la operación policial—. La teoría del fruto del árbol envenenado invalida cualquier prueba obtenida mediante una actuación supuestamente irregular, en este caso las escuchas.
La investigación había comenzado a raíz de la venta de armas y difusión de material neonazi en una web, pero el juez consideró que estos indicios no justificaban pinchar los teléfonos; sin embargo, eso mismo había sido suficiente motivo para los jueces de los casos B & H y Hammerskin España. De modo que el juez del caso Panzer incluso arremetió en la sentencia contra la Guardia Civil por haber investigado a una banda neonazi a la que se le incautaron numerosas armas.
Esto es una obviedad vacía de contenido incriminatorio contra persona alguna, puesto que en Internet existe ese tipo de sitios y es algo que ni necesita ser investigado ni añade nada a una investigación policial. Es obvio que existen esas páginas, como tantas otras de diferente tipo e ideología. Si eso es lo que ha obtenido la investigación de dos años, no puede ser calificado más que de paupérrimo y ridículo.
[…] Son muchas las páginas webs que venden armas prohibidas, que en Internet se ofrezcan puños americanos, porras, porras eléctricas, navajas automáticas, navajas de mariposa, espray de defensa personal y grilletes es algo sabido. No se puede afirmar la existencia de delito en lo que es práctica o realidad absoluta en la Red.
Según explicó en Público el periodista Joan Cantarero,[80] que siguió el caso desde el principio y conoce bien a los grupos neonazis, la investigación de la Guardia Civil se realizó siguiendo un mandato internacional, la Resolución 1344, de 29 de septiembre de 2003, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre «La amenaza a la democracia por parte de partidos y movimientos extremistas en Europa».
Detrás de esta resolución aún vigente están la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Oficina de Derechos Humanos de la OSCE y la Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, «que advertía del peligro del crecimiento de los delitos de odio alentados a través de Internet mediante páginas webs neonazis».
Entre las medidas propuestas desde estas instituciones europeas están «el cierre de webs y la aplicación de la legislación penal prevista para quienes, por Internet, inciten al odio, a la discriminación o la violencia xenófoba, racial, neonazi o a cualquier otra manifestación de intolerancia criminal».
Por lo tanto cabría suponer que cuando la Guardia Civil, a través del Servicio de Información, vigilaba e investigaba las páginas webs neonazis (ver el informe de la Guardia Civil) que incitan al odio y a la violencia o cualquier otra actividad delictiva, como lo es vender armas prohibidas o ilegales, estaba cumpliendo con su trabajo, siguiendo órdenes de sus mandos, entonces bajo el Gobierno del PP de José María Aznar y siendo ministro del Interior Ángel Acebes, nada sospechosos ambos de estar vinculados a ideologías de izquierda radical.
Acció Popular Contra la Impunitat, que ejerció la acusación popular en nombre de casi un centenar de colectivos, no se rindió y presentó recurso ante el Tribunal Supremo. Al mismo tiempo, continuaba denunciando las incesantes agresiones de aquellos años. Un año después, el alto tribunal confirmó la absolución de los neonazis e impuso a las organizaciones de la acusación popular el pago de las costas: más de 43.000 euros a repartir entre las defensas.
No contentos con la absolución y el pago de las costas, los neonazis exigieron que se les devolvieran las armas incautadas. Como habían sido destruidas, el Estado tuvo que indemnizarles. El asesino de Guillem —al que de nuevo sonreía la justicia— pidió también que se le devolviera su colección neonazi. Cuevas, que cuando se le juzgó por el asesinato de Guillem declaró que era un joven ajeno a cualquier ideología política, reclamaba decenas de brazaletes con la esvástica y demás objetos de parafernalia nazi que la Guardia Civil le había incautado. Aparte de una navaja a la que, según decía, tenía especial cariño.
A pesar del mazazo que supuso para los colectivos de la plataforma y quienes habían confiado en que la justicia condenara por fin a un grupo nazi en València, el trabajo de la Acció Popular Contra la Impunitat no fue en vano. Se consiguió reunir prácticamente a todo el tejido asociativo durante años para denunciar conjuntamente la violencia de extrema derecha y su impunidad. Se consiguió visibilizar el problema como nunca se había hecho y sensibilizar a gran parte de la ciudadanía, que recibía constantemente noticias sobre cada acto de violencia ultraderechista que tenía lugar en el País Valenciano. Se registraron todos y cada uno de estos ataques y se recogían en informes que se enviaban a todos los partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de todo tipo. Tenían la manifiesta determinación de no normalizar una situación de violencia que no estaban dispuestos a aguantar, a pesar de la reiterada impunidad que la amparaba.