Antifascistas
46. Catalunya y los ecos del referéndum
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46. Catalunya y los ecos del referéndum
«Difícilmente se puede abordar la cuestión de la extrema derecha en el Estado español sin tener en cuenta el papel que ha jugado Catalunya en este terreno. Primero, desde el punto de vista ideológico como centro importador y fábrica de ideas de extrema derecha; una extrema derecha que, excepto en contadas excepciones, ha venido asociada al españolismo radical. Y segundo, con el rol que le ha tocado vivir, como un campo de batalla convertido en la amenaza latente del desmembramiento del Estado. Y es que las reivindicaciones catalanistas históricamente han significado una amenaza para toda la transversalidad del nacionalismo español».
JORDI BORRÀS,
«Catalunya como campo de batalla»,
en el informe De los neocón a los neonazis:
la derecha radical en el Estado español
(Fundación Rosa Luxemburgo, 2021)
El 11 de septiembre de 2013, la librería Blanquerna de Madrid, propiedad de la Generalitat de Catalunya, se viste de gala para celebrar la Diada. Miembros del Govern y representantes de la sociedad catalana conversan tranquilamente cuando una serie de gritos captan su atención. Las cámaras de TV3 graban entonces a un grupo de personas bajando las escaleras que llevan a la sala donde se realiza el acto. Llevan banderas y gritan: «¡No nos engañan, Catalunya es España!». Son miembros de los partidos neonazis Alianza Nacional, Democracia Nacional y La Falange. Entran hasta el fondo de la sala, arremeten contra el atril y los micros, y amenazan y empujan a varios de los presentes. Según explicó El País:
Agredieron a varios de los presentes, entre ellos al senador del PNV Iñaki Anasagasti y los diputados Teresa Cunillera (PSC) y Josep Sánchez Llibre (UDC). Los extremistas derribaron varias librerías, lanzaron el gas lacrimógeno y arrancaron el atril y la senyera que presidía el acto.[154]
Dos días después, la policía detuvo a varios de ellos. Otros seis se entregaron. Algunos de ellos ya eran conocidos del mundillo ultra: Pedro Chaparro (DN), Manuel Andrino (FE-La Falange) e Íñigo Pérez de Herrasti Urquijo, cuñado de Íñigo Méndez de Vigo, exportavoz del Gobierno y ministro de Cultura y Educación con el Gobierno de Mariano Rajoy. Según recuerda El Mundo:
[Íñigo Pérez] es un conocido activista de ultraderecha. Dirigente de Alianza Nacional, ostenta en su currículum varias condenas de prisión. Fue condenado en el año 2000 a catorce años de cárcel por posesión de armas y material para fabricar explosivos, acusado de intentar atentar contra familiares de presos de ETA.[155]
Hacía un año que rondaba en la política catalana la intención de celebrar una consulta no vinculante sobre el futuro de Catalunya y su relación con el Estado español. En 2009 ya se había celebrado una consulta simbólica organizada por el Moviment Arenyenc per a l’Autodeterminació (MAPA) en la localidad de Arenys de Munt. El independentismo catalán se movilizó para demandar otra consulta similar, pero de mayor alcance y bajo la responsabilidad de la Generalitat. En Arenys ya apareció un grupo de falangistas porque consideraban que había un inminente riesgo de ruptura de España.
El nacionalismo español ya se había movilizado unos años antes contra la reforma del Estatut catalán, que incluía la definición de Catalunya como nación. Ahora volvió a lanzar el grito al cielo invocando la unidad de España. Y la ultraderecha decidió actuar. Esta vez, asaltaron la librería de la Generalitat, en pleno centro de Madrid; casualmente, no había ni rastro de policía ese día tan señalado.
El independentismo catalán siempre ha sido una obsesión para la ultraderecha española. Por eso los grupos fascistas elegían Barcelona desde los años ochenta para celebrar el Día de la Hispanidad y por eso la catalanofobia es todavía hoy uno de los signos distintivos del nacionalismo español y más aún de la ultraderecha. Catalunya también ha sido el centro de operaciones de una buena parte de la ultraderecha española, desde CEDADE y la librería Europa hasta Plataforma per Catalunya, que fue el primer partido ultraderechista que logró cierto éxito antes de Vox. Pero es con el auge del independentismo estos últimos años cuando Catalunya ha pasado a centrar gran parte del discurso no solo de la extrema derecha, sino también del Estado, contra todo lo que se considera disidencia, más allá incluso del independentismo.
Cuatro años después del asalto a la librería Blanquerna, el soberanismo catalán, que era mayoritario en el Parlament, inició el proceso para consultar a la ciudadanía qué relación debía tener Catalunya con el Estado. Se fijó el 1 de octubre de 2017 para realizar el referéndum. Antes, hubo diversas movilizaciones masivas a lo largo y ancho de Catalunya que mostraron una capacidad de organización y determinación sin precedentes. En gran parte, fueron respaldadas por el mismo Gobierno catalán, de mayoría independentista. A esto le acompañó el pulso del Estado, que advirtió desde el primer momento que la consulta era ilegal y que se emplearía a fondo, hasta las últimas consecuencias, para impedirla. Los medios de comunicación y gran parte del debate político pivotaron alrededor de esta cuestión durante meses, mientras la ultraderecha, reforzada por el relato oficial, vio una oportunidad magnífica de participar y hacerse visible.
Los días previos a la consulta, cuando las autoridades buscaban desesperadas las urnas que nunca encontraron, varios colectivos fuera de Catalunya mostraron su apoyo a la convocatoria. En Madrid, el colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir reunió a cientos de personas en el Teatro del Barrio de Lavapiés, después de que un juez denegase la cesión de un espacio municipal para celebrar un acto en favor del referéndum.[156] En Vitoria, otro juez suspendió la cesión de un espacio para una conferencia de la entonces diputada de la CUP Anna Gabriel Sabaté.
En València, la Plataforma Pel Dret a Decidir convocó un acto en el teatro El Micalet, una escuela de música que alquila ese espacio para actos de todo tipo. La situación fue realmente tensa a escasos metros de la puerta, donde se concentraban cerca de cien ultraderechistas que insultaban a todo el que se acercaba al recinto mientras eran vigilados por un dispositivo policial. Muchos de los alumnos de la escuela de música dieron media vuelta al ver a una horda de neonazis exaltados gritando a todo aquel que se acercaba al local. Pero, de repente, la algarada fascista se vio sorprendida por la irrupción de decenas de antifascistas que aparecieron por una calle adyacente. Mostrando banderas de Antifeixistes País Valencià, formaron un muro humano a pocos metros de los nazis, con lo que consiguieron desviar la atención para que otra gente que asistía al acto lograse sortear a los ultraderechistas. Estos arremetieron contra los antifascistas y fueron bloqueados por varios policías antidisturbios, a los que también se encararon sin que los agentes detuvieran a nadie.
Pocos días más tarde, Anna Gabriel Sabaté (CUP) participó en un acto en la Universidad de València, lo que también provocó la ira de los fascistas. La noche anterior llenaron el campus de pintadas amenazantes y símbolos nazis. «Tiro a Anna Gabriel», rezaba una pintada en el suelo mismo de la Facultad de Geografía e Historia, que acogía el acto. Los grupos antifascistas de la ciudad se organizaron para proteger la conferencia. Mostraron un enorme dispositivo de seguridad en el exterior y en el interior, ahuyentando así a cualquier fascista que quisiese boicotear el acto. La conferencia finalmente se celebró sin más problemas que el aforo completo y decenas de personas intentando oír desde fuera.
Otras ciudades del Estado organizaron actos de solidaridad y apoyo al referéndum, sobre todo a raíz de las brutales imágenes que circularon con una actuación policial desproporcionada en varios colegios. En Madrid, una concentración en la Puerta del Sol con el lema «Catalunya no está sola» que congregó a miles de personas terminó con una carga policial tras aparecer un grupo de neonazis que increpó a los asistentes. Poco después del acto, los ultraderechistas atacaron a varios de los asistentes y llegaron a agredir a algunos de ellos. Un mes más tarde, la policía detuvo a seis jóvenes por la denuncia de dos ultraderechistas.
Estos jóvenes publicaron en un comunicado:
Nos acusan de haber protagonizado unos disturbios contra un grupo de ultraderecha que pretendía boicotear una concentración legal, multitudinaria y pacífica.
Se les pidió cinco años de prisión y una fianza de 17.000 euros.[157] El juicio se celebró en julio 2021, y la sentencia se conoció a finales de año: condena a dos de los seis acusados por un delito de lesiones, un delito leve de lesiones en concurso con un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas concurriendo la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de dilaciones indebidas. Por estos delitos se condena a estas dos personas a un año y diez meses de prisión, multa de dos meses y diez días con una cuota diaria de seis euros y a indemnizar conjunta y solidariamente a uno de los denunciantes con 6.000 euros por lesiones y 2.100 euros por secuelas y a otro a 50 euros por lesiones. En un comunicado, los antifascistas condenados remarcaban:
Lo más sorprendente es que dos personas hayan sido condenadas por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, cuando la concentración en solidaridad con Catalunya era totalmente legal y los denunciantes reconocieron que estaban participando en una contramanifestación ilegal.
La ultraderecha también venía movilizándose desde los días previos al referéndum y no solo en Catalunya. El grito «¡A por ellos!», que se había usado durante el mundial de fútbol para animar a la selección española, se recicló para alentar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que salían entre vítores de sus cuarteles hacia Catalunya unos días antes del referéndum.
La consulta se celebró tal y como estaba prevista, a pesar de los asaltos de cientos de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a varios centros de votación, lo que provocó cientos de heridos y terribles escenas de violencia policial que dieron la vuelta al mundo. Yo mismo fui testigo de lo que se vivió aquel día en Barcelona, adonde me había desplazado para cubrir el referéndum sabiendo que, además de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también la ultraderecha haría acto de presencia.
Quedé con Jordi Borràs a media mañana cerca de las Cotxeres de Sants, donde había pasado la noche. Allí se votó sin problemas, pero en otros puntos de la ciudad, concretamente en la escuela Ramón Llull, la policía se empleó a fondo y provocó varios heridos. Entre ellos, el músico Roger Español, que perdió un ojo por un disparo a la cara de una bala de goma que realizó un agente. Nos dirigimos a plaza Catalunya, donde se concentraban varios grupos de ultraderechistas. Eran pocos y estaban controlados de cerca por un dispositivo de los Mossos. Aquel día, la ultraderecha cometió varias agresiones, tal y como recogió Jordi en un informe. Pero la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron quienes trataron de impedir la votación. Y no lo consiguieron.
En verano de 2021, Jordi y yo hablamos sobre el libro que cada uno estaba escribiendo. Me comentó que en el suyo también recogería los hechos del 1 de octubre y algunas cosas más que hemos compartido estos últimos años. Decidí entrevistarlo también para este libro, porque considero que su trabajo lo merece y porque ha sufrido en sus carnes no solo las amenazas y la violencia fascista, sino también la impunidad y la complacencia de las instituciones, como demuestra lo que contaré más adelante sobre la agresión que sufrió a manos de un agente de la Brigada de Información de la Policía Nacional.
Conocí a Jordi en 2013, cuando empezó a ser amenazado por grupos neonazis. Jordi había empezado a interesarse por la ultraderecha pocos años después del asesinato de Roger Albert en 2004. De nuevo un crimen de odio motivaba a alguien para meterse a investigar a estos grupos, que fue lo que me pasó a mí con Guillem y a otras personas que perdieron a alguien cercano. Jordi cuenta:
El asesinato de Roger me pilla muy de cerca. Lo conocía desde pequeño, porque íbamos al mismo grupo escolta. Lo mataron en el barrio donde vivía, en Gràcia, a doscientos metros de mi casa de entonces. Estuve varios años trabajando sin problemas, documentando las manifestaciones gracias a esa relación amor-odio de los nazis con la prensa. Al mismo tiempo que odian a los periodistas, luego pierden el culo por aparecer en la foto.
En 2013, tras el mitin neonazi del Doce de Octubre en Montjuïc, se produjo un encontronazo entre neonazis y antifascistas en Sants. Jordi, que había advertido de la presencia de estos neonazis en la zona, fue señalado como cómplice de los antifascistas. A partir de entonces, se vio obligado a cancelar varias conferencias por las constantes amenazas que recibía en las redes sociales.
En 2014, me disfracé de facha para ir a la gran manifestación que organizaba Societat Civil Catalana (SCC) el Doce de Octubre contra la consulta del 9N. Ni siquiera mis compañeros fotógrafos me reconocieron. Fue bastante gracioso. Al año siguiente volví a Montjuïc, porque pensaba que habría un dispositivo policial adecuado; pero no era así, solo los vigilaban de lejos. Entonces, Chaparro (DN) me señaló diciendo por el megáfono que yo, Jordi Borràs, estaba allí. En ese momento empezaron a increparme y me tuve que ir. Cuando se subió al escenario, yo ya me había marchado, pero el líder de DN animó a los presentes a agredirme:
—Hemos visto por aquí a esa rata de Jordi Borràs. Os pido a todos que miréis a vuestro lado y, si está, le deis un capón; no muy violento, no sea que os vayan a detener, pero una buena hostia y que se vaya.
Por estas palabras, el juzgado de lo penal número 26 de Barcelona condenó en 2017 al vicepresidente de DN a un año de cárcel y una multa de mil ochocientos euros por un delito contra el ejercicio de libertades fundamentales por incitar al odio contra el fotoperiodista.[158] En cambio, a él y a otro miembro de DN los absolvió de los delitos de coacciones y amenazas.
En 2016, Jordi publicó el libro Desmuntant Societat Civil Catalana (Saldonar, 2016). Esta organización se había erigido como un nuevo frente antiindependentista, y recibió simpatías de toda la derecha y parte de la izquierda españolista. El libro de Jordi desvelaba lo que había detrás de ese supuesto movimiento de base creado para combatir el auge del independentismo en Catalunya.
Societat Civil Catalana (SCC) se articula a imagen y semejanza de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ya que el españolismo se da cuenta de que, aunque tiene el monopolio económico y político con capital en Madrid, a nivel de movilización ciudadana hay un vacío inmenso. No hay un movimiento de base, como sí lo había en el independentismo, que iba de abajo arriba, desde el asociacionismo, que tiene más de un siglo de historia. El españolismo en Catalunya va de arriba hacia abajo. Así, entienden que hay que copiar el modelo de la ANC. Por eso, un lobby económico y político empieza a gestar SCC. En su núcleo hubo gente de la órbita de Ciudadanos, del PSC, del PP y de la ultraderecha. Hay gente que hace de puente entre todos ellos.
El impulso que SCC dio al españolismo fue evidente, como se vio en las sucesivas convocatorias contra el referéndum y el independentismo desde su fundación, que reunían a grupos de extrema derecha y personajes de derecha e izquierda, como el exmiembro del partido comunista Paco Frutos. La importancia de SCC radica en la capacidad que tuvo para sacar al españolismo a las calles, vestir el nacionalismo español de «constitucionalismo» y amparar bajo su nombre a todo el espectro, tratando de sortear el estigma ultraderechista e impulsar un movimiento de masas; eso sí, pensado y articulado desde los despachos del poder. En esta aventura, a la vez que el españolismo «constitucionalista» mostraba músculo, los ultraderechistas contaban con un buen paraguas y la organización de estos actos nunca les hizo un feo ni les pidió que se fueran. Al contrario. Ya en su fundación, SCC contó con el apoyo de miembros de Vox, que todavía era extraparlamentario, así como de otras figuras de la extrema derecha españolista de Catalunya. No les importó, ni a unos ni a otros, caminar juntos.
La extrema derecha española aprovechó el relato oficial contra el independentismo catalán, y más concretamente lo que se conoce como el procés, para reivindicar su protagonismo en la defensa de la unidad de España. Legitimada por el discurso del poder, vio la ocasión para actuar con mayor contundencia y descaro en las calles; además, contó con una sospechosa impunidad o, al menos, la pasividad de las autoridades. Borràs documentó más de un centenar de ataques españolistas solo entre septiembre y diciembre de 2017. Los publicó en el dosier En nombre de España.
Entre el 8 de septiembre y el 11 de diciembre de 2017 se produjeron en Catalunya al menos 139 incidentes violentos que tenían una motivación política en defensa de la unidad de España (sin incluir la acción de las fuerzas de seguridad del Estado alrededor del 1 de octubre para impedir el referéndum). De estos, la mayoría (86) son agresiones, que han provocado un total de 101 víctimas con heridas de diferente consideración. El resto de los delitos son de diversa tipología, pero principalmente encontramos amenazas, coacciones, actos vandálicos, violación de la propiedad privada y al menos dos casos de violencia sexual.[159]
Ya hacía años que Borràs recibía constantes amenazas e incluso su dirección se había publicado en varios foros ultraderechistas. A pesar de las precauciones que tomaba, en julio de 2018 alguien lo encontró. Fue el policía nacional I. R., adscrito a la Brigada de Información de la Policía Judicial de Barcelona. Se cruzó en el centro de Barcelona con Jordi, que volvía de cubrir un acto para el diario El Món. El policía, que iba de paisano, la emprendió a golpes al grito de «Viva España» y «Viva Franco», según varios testigos. Quienes presenciaron la agresión lograron retenerlo. El agresor se identificó entonces como policía e incluso mostró su placa antes de huir, imagen que fue captada y publicada en las redes sociales. Borràs sufrió la rotura del tabique nasal y varias contusiones que requirieron atención médica.
El periodista Joan Cantarero publicó en 2020 un nuevo dato sobre el agresor: estaba afiliado a Vox desde 2016.
El policía I. R. no es ajeno a la política convencional, ya que desde el 17 de marzo de 2016 es militante de Vox en Barcelona. Según consta en sus datos de afiliación, el agente tiene el carné número 26.259 del partido.
El 25 de enero de 2022, en el juzgado de lo Penal número 16 de Barcelona, el inspector de policía, con conocimientos en artes marciales, admitió que había propinado puñetazos y patadas a Borràs guiado por su animadversión ideológica. Además, el agente retiró la denuncia que interpuso contra el fotoperiodista, al que acusaba de una agresión en una pelea que en realidad nunca sucedió. Fue únicamente una agresión del policía al fotoperiodista. El agente aceptó un año de cárcel por un delito de lesiones con la agravante de discriminación ideológica y no podrá acercarse ni comunicarse con Borràs durante cuatro años. La pena de prisión ha quedado en suspenso siempre que el inspector no delinca en dos años, cumpla con la prohibición de comunicación con Borràs y realice sendos cursos de prevención de la violencia y de aceptación de la diversidad. Sin embargo, el policía no ha sido expulsado del Cuerpo.
Jordi Borràs ha perdido la cuenta de los juicios a los que ha asistido como víctima. Tiene todavía dos pendientes a día de hoy.
Cada juicio es un proceso agotador. Supone un desgaste a nivel personal muy grande y te desesperas, sobre todo cuando no hay una respuesta favorable en la sentencia. Aun así, yo soy partidario de denunciar siempre. Lo que no se denuncia no consta. Y si no lo haces, es como si esos hechos no existieran. Denunciar es también un acto antifascista. Sé que muchas veces no servirá de nada, pero creo que moralmente debo hacerlo.
En verano de 2020 le pedí a Jordi que se encargara del capítulo sobre Catalunya en el informe De los neocón a los neonazis: la derecha radical en el Estado español, que coordiné para la Fundación Rosa Luxemburgo. El tema catalán daba para un capítulo entero y, sin duda, Jordi era la persona indicada para este tema. En este capítulo, Jordi desgrana todo el espectro ultraderechista que actúa o ha actuado en Catalunya estos últimos años, así como el ya comentado papel de SCC y los medios de comunicación en el blanqueamiento de estas organizaciones. Sin embargo, también hace referencia a un sector marginal y minoritario del independentismo que se puede catalogar como ultraderechista.
No obstante, si la gran mayoría de partidos y organizaciones de extrema derecha que encontramos en Catalunya tienen en común su españolismo radical, también hay una minoría independentista que ha probado articularse de manera infructuosa desde hace décadas. Tanto las organizaciones actuales como las precedentes son organizaciones pequeñas, algunas de ellas virtuales y otras casi unipersonales.
Desde hacía años, grupúsculos independentistas reivindicaban la «Catalunya Catalana» usando el 33 como acrónimo y predicando algunos de los temas típicos de la extrema derecha: expulsión de las personas migrantes, islamofobia, antifeminismo, antiizquierdismo y todo el argumentario propio de la extrema derecha, pero bajo el barniz independentista. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en las movilizaciones españolistas, los propios independentistas siempre han impedido a estos grupos tener espacio dentro de sus actos. En numerosas ocasiones, una barrera humana les ha impedido el acceso a la ofrenda que se organiza cada 11 de septiembre a Rafael Casanova y otras veces se les ha expulsado del Fossar de les Moreres, lugar emblemático para el independentismo; por ejemplo, en 2021 se echó a un pequeño grupo a base de golpes y sillazos. En las redes sociales, que es donde más presencia tienen estos grupos, son constantemente señalados y equiparados con el resto de las ultraderechas; aunque ellos lo niegan escudándose en que su nacionalismo lo es de una nación oprimida, usan los mismos tópicos que el resto de nacionalismos de extrema derecha contra personas migrantes, musulmanas, izquierdistas, feministas e incluso otros independentistas, a los que acusan de traidores. Sin embargo, y es importante señalarlo, quienes les han obligado durante años a mantener un perfil bajo han sido en gran parte el resto de independentistas.
Esto no significa que no haya dentro del independentismo algunos discursos que hacen saltar ciertas alarmas. El relato que asocia todo nacionalismo con la extrema derecha y con posiciones xenófobas se refuerza cuando se oyen los términos «colonos», «ñordos» o «españoles» como insulto o cuando formaciones de extrema derecha de otros países, por diferentes motivos, han hecho, en algún momento, un guiño al independentismo. Ese lenguaje que usan algunos, aunque sean una minoría, se aprovecha para estigmatizar a todo el movimiento.
En otoño de 2021, tras la polémica suscitada por un personaje independentista que relacionaba migración con delincuencia, decidí hacer una prueba. Este personaje se decía de izquierdas y pro-LGTBI, pero se fotografiaba con la lideresa de un partido ultraderechista independentista marginal que es un calco de la ultraderecha europea en todos los sentidos, excepto en el marco nacional. Traduje al catalán el programa de Vox sobre migración, lo colgué en Twitter y pregunté a la gente del entorno independentista qué opinaba. Muchos lo identificaron inmediatamente y lo rechazaron, pero otros —quienes defendían al personaje que se fotografiaba con la ultra— lo compraron sin rechistar y afirmaron que se trataba de medidas de sentido común. Por supuesto, no sabían que era el programa de la ultraderecha española. Horas más tarde, desvelé la trampa, pero sirvió, al menos por unos momentos, como alerta para navegantes. Ningún nacionalismo, ni siquiera el de las naciones sin Estado, está a salvo de que surjan elementos reaccionarios. Tanto el racismo como la islamofobia, la homofobia o el antifeminismo son demasiadas veces elementos transversales que salpican incluso a quienes se consideran progresistas.
Por eso, el problema de la extrema derecha va más allá de las banderas que enarbolen unos u otros, porque se trata de una infección en el sentido común de la gente. Ese es el éxito de su batalla cultural. La verdad es que estoy seguro de que, si hubiese hecho la misma prueba en otros ambientes no independentistas y de izquierdas, también nos habríamos llevado algunas sorpresas.
Tras el 1 de octubre, Catalunya vivió un ciclo de protestas que pusieron en jaque a las autoridades, con una oleada de disturbios y episodios de violencia entre policías y manifestantes que coparon los informativos y las tertulias durante semanas. Se mezcló de nuevo la reivindicación soberanista con la antirrepresiva, tanto a favor de los políticos y activistas presos por el referéndum (a partir de que se conociera la sentencia del procés) como por el caso del rapero Pablo Hasél, entre muchas otras causas. Desde entonces, hay cientos de personas encausadas por participar en diferentes movilizaciones. Varias personas, como el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el rapero mallorquín Valtonyc y la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira, viven en el exilio. También la exdiputada de la CUP Anna Gabriel salió del país por el macroproceso que abrió el juez Llanera contra los diputados independentistas de la época del procés.
Jordi comenta:
Inequívocamente, una parte del antifascismo participó de lleno en el referéndum y en todo lo que vino después. Esto no fue solo el ejercicio del derecho a la autodeterminación, sino que es un gran acto antifascista, o al menos así fue entendido desde aquí. Aunque no convocase ningún colectivo antifascista, aquí estaban muchos de sus integrantes.
Mucha gente piensa que el procés es un proyecto hecho de arriba hacia abajo, es decir, desde los políticos a la sociedad civil. Sin embargo, muchos catalanes lo interpretan precisamente al revés. Jordi asegura que fue la base la que empujó a los políticos a ponerlo en marcha.
Jordi Borràs recuerda:
Entre la gente que ayudó a esconder urnas con el referéndum, había incluso militantes anarquistas.
También aclara:
Hubo una izquierda del resto del Estado, más allá de los partidos políticos, que defendió el referéndum. Mucha gente de Catalunya descubrió que en España había quienes apoyaban el derecho a decidir y eso les supuso una gran sorpresa. Generalmente son colectivos muy silenciados por los medios, pero existen y muchos de ellos vivieron el 1 de octubre desde Castilla, Canarias, Andalucía y otros puntos del Estado.
El 16 de marzo de 2019, mientras transcurría el juicio a los líderes políticos catalanes que habían promovido el referéndum, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural convocaron una manifestación en Madrid bajo el lema «La autodeterminación no es delito, democracia es decidir», a la que se sumaron setenta asociaciones madrileñas. A la marcha asistieron decenas de miles de personas (56.000 según el periódico El País y 120.000 según la organización), que llenaron las calles de la ciudad durante horas. Durante el recorrido, varios neonazis de Hogar Social Madrid hicieron acto de presencia para provocar a los asistentes. Siete de los miembros del servicio de orden de la manifestación fueron a juicio por un supuesto delito de odio y otro de amenazas. El periódico El Salto habló con varios de ellos.
No nos denuncia Hogar Social Madrid, quien se presenta como denunciante es la Brigada de Información de la Policía —explica Ángel a El Salto, uno de los activistas que fueron a juicio, quien señala que este es «absolutamente político»—. Cuando vas viendo el auto y las pruebas… una es que Hogar Social Madrid es una asociación vecinal de reparto de comida, no se menciona que son de extrema derecha.[160]
Según los acusados, fueron a hablar con los agentes de la Policía Nacional hasta en seis ocasiones para advertirles que había un grupo de neonazis molestando a los manifestantes. «Nos identificaron cada vez y nos dijeron que era una cuestión formal». Meses después, recibieron una notificación en la que se les avisaba que tenían pendiente un juicio por un delito de amenazas en relación con la manifestación del 16 de marzo.
—Es gracioso, nosotros éramos el servicio de orden, y previendo cómo actúan estos grupos [en referencia a Hogar Social Madrid], hicimos lo conveniente para proteger a las familias que estaban allí, nuestra labor era que no pasara nada —señala uno de ellos a El Salto.
La policía les acusaba de haber perseguido a los miembros de Hogar Social Madrid «de manera intimidatoria» y de proferir «gritos», sin dar más información ni sobre qué se decía, ni quién. Cuando acudieron a comisaría a ver el atestado, vieron que los agentes de la Brigada de Información habían interrogado a Melisa, la lideresa de Hogar Social, haciéndole preguntas como que «si tenían pintas de independentistas», a lo que ella respondió todo con un «sí», sin dar más información. «Es evidente que es un juicio que se han montado para reprimir a quien muestre solidaridad con el proceso catalán».
El Salto, que tuvo acceso al atestado, explica que este señalaba que Melisa y el resto de activistas de Hogar Social Madrid estaban allí «paseando», sin que el espacio elegido tuviera nada que ver con la convocatoria por el derecho a decidir, a pesar de que en su perfil de Facebook se han publicado vídeos en los que decían que habían ido a la manifestación para denunciar a los independentistas. «Vamos a una manifestación para denunciar un juicio político [en referencia al juicio al procés] y se acaba haciendo otro juicio expresamente político y se ampara a un grupo de nazis que pretende justamente esto, es superrocambolesco» —concluye uno de los jóvenes juzgados.
Finalmente, el juez decidió archivar el caso.
Meses más tarde, el 16 de octubre, se hizo pública la sentencia del procés, que condenaba a prisión a los líderes independentistas. Además de las múltiples protestas en Catalunya, también en Madrid se convocó una protesta a la que acudieron de nuevo grupos de extrema derecha a provocar. Según el periódico El Plural, «fascistas con estética skin han contraprogramado la convocatoria cerca de las 20.00 horas. Estos han intentado cargar contra los manifestantes, pero la policía ha realizado un cordón y ha cargado contra los ultraderechistas, reduciendo su intento y haciéndolos retroceder hasta la calle Arenal».
La jornada terminó con varios incidentes y con la detención de varios manifestantes. Uno de ellos fue Dani Gallardo, un joven malagueño residente en Madrid que pasó un año y un mes en prisión preventiva por atentado a la autoridad, acusado de golpear a un policía. Dani fue condenado a cuatro años y medio de prisión. La defensa del acusado subrayó que en el parte de atención del Samur presentado por el agente de policía figuraba que había sido dos horas antes de que tuvieran lugar los hechos y en otro lugar. El caso de Dani generó una ola de solidaridad en todo el Estado español. Él fue uno de los centenares de encausados por participar en las numerosas protestas en todo el Estado a raíz del referéndum del 1 de octubre.
Aunque los líderes del procés ya salieron de prisión cuando fueron indultados por el Gobierno español, todavía quedan varias personas exiliadas y cientos encausadas. La organización del referéndum y todo lo que se organizó posteriormente en solidaridad con las personas encausadas ha sido uno de los movimientos sociales más importantes desde la transición, independientemente de la opinión que se tenga sobre él. También fue evidente el apoyo que gran parte del movimiento antifascista, tanto en el Estado español como en otros países de Europa, brindó al derecho a decidir y en solidaridad con las víctimas de la violencia policial y las causas judiciales que se derivaron del procés.
La extrema derecha, por su parte, quiso aprovechar este escenario para legitimarse y escudarse en el «constitucionalismo» (que era como la mayoría de los medios describía a los nacionalistas españoles) para ganar visibilidad e incluso actuar contra el independentismo con cierta impunidad. Varios grupos ultraderechistas formaron incluso patrullas que denominaron «brigadas de limpieza» para eliminar la propaganda independentista y los lazos amarillos, que representaban la solidaridad con los presos independentistas de los pueblos y ciudades catalanas. Algunos de los miembros de estos grupos mostraron al periodista Lucas de la Cal, del diario El Mundo, la nave industrial donde guardaban el material robado: diez millones de lazos, ochocientas banderas esteladas y carteles con la cara de los presos.
«Nos solemos juntar unas diez personas y salimos todas las semanas, al menos dos veces, a quitar lazos amarillos», explica Natalie. Lo hacen de madrugada, en vehículos grandes, con escaleras, tenazas y pértigas en los maleteros. Usan una aplicación de walkie talkie en el móvil para comunicarse entre ellos y cámaras GoPro para grabar sus actuaciones.
«Antes, la mayoría nos tapábamos las caras con pasamontañas y gorras para que los CDR (Comités de Defensa de la República) no nos identificaran. Pero ahora tenemos a mucha gente a la que se le ha quitado el miedo al sistema totalitario que han instalado los separatistas y sale a cara descubierta».[161]
La publicidad y el buen trato en los medios de comunicación españoles estimularon todavía más la actividad de estos grupos antiindependentistas, que en numerosas ocasiones pasaron de la mera retirada de simbología a las agresiones físicas, las amenazas o los daños materiales. El periódico Directa siguió de cerca su actividad y su composición, y dedicó varios reportajes a desvelar las vinculaciones con la extrema derecha de gran parte de estos grupúsculos.[162] En septiembre de 2018, el periodista Jesús Rodríguez explicaba el incremento de la actividad y la escalada violenta de algunos de estos grupos, a los que se refería como «guerrillas de personas encapuchadas» que arrancaban placas independentistas instaladas por acuerdo de los plenos municipales, esteladas de parques de bomberos, pancartas solidarias con presos y tomas de balcones consistoriales, lazos amarillos de viviendas particulares o simbología colgada en farolas, rejas o barandillas de la vía pública.
Directa documentó los incidentes violentos de estos grupos, como:
El ataque que acabó con siete personas heridas a finales de julio en la plaza Onze de Setembre de Manresa —capitaneado por Raúl Macià y donde entre las víctimas hubo un menor— o de la patada en la cara que Toni Noguera propinó a un hombre que le recriminaba que retirara lazos amarillos, en la carretera de acceso a la cárcel de Lledoners el día que trasladaban a los presos políticos desde Madrid.
Macià, uno de los protagonistas de estos incidentes, reingresó poco después en prisión por incumplir el tercer grado penitenciario del que gozaba. Según el periódico Regió7, en el 2011 fue condenado «a casi nueve años de cárcel por haber participado en un robo a punta de pistola en un piso de narcotraficantes».[163]
El reportaje de Jesús Rodríguez en Directa desvelaba lo que los medios españoles omitían cuando hablaban de los comandos antilazos o entrevistaban a sus miembros: la vinculación directa de algunos partidos de extrema derecha y exmiembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con estos grupos. El reportaje desvelaba que un ex guardia civil financiaba a los autodenominados Grupos de Defensa y Resistencia (GDR) desde Suiza.
Actúan de noche y la mayoría de las intervenciones las realizan las mismas personas que se desplazan por diferentes comarcas. Muchas horas de dedicación y gastos de transporte, logística y manutención. El trabajo voluntario de los GDR ha hecho que empresas y medios de comunicación españolistas hicieran llamadas a financiar este movimiento. «Que no tengan que pagar de su bolsillo las multas o la gasolina de los coches con los que se desplazan», apuntaba el empresario José Manuel Opazo desde Zúrich, donde tiene domiciliadas la mayoría de sus empresas del sector inmobiliario. Cuando tenía veinte años ingresó en la Guardia Civil, en el municipio vizcaíno de Durango, pero a mitad de los años ochenta se marchó repentinamente del País Vasco para establecerse en Suiza. Se muestra orgulloso de su amistad con el general condenado por los GAL, Enrique Rodríguez Galindo, y de haber realizado negocios inmobiliarios con el exministro Rodrigo Rato, investigado por corrupción. Opazo ya ha hecho donaciones económicas a la causa antiindependentista, asumiendo la defensa jurídica del ultra Raúl Macià o sufragando decenas de grandes pancartas de convocatoria en la manifestación españolista del 9 de septiembre.[164]
Rodríguez, además, demostraba en este mismo reportaje las vinculaciones de varios de miembros de los GDR con partidos políticos de extrema derecha, concretamente con PxC, Vox y DN. La entradilla del artículo en Directa afirmaba:
Plataforma per Catalunya, Democracia Nacional, Vox y reductos falangistas compiten por el liderazgo de los Grupos de Defensa y Resistencia (GDR), después de que la actividad de estos grupúsculos haya recibido el impulso mediático y político de Ciutadans.
Sin embargo, las diferencias entre los distintos grupos, que se acentuaron de cara a las elecciones, provocaron algunos roces. Jesús Rodríguez volvió a explicarlo de nuevo en la Directa.
A medida que se acercan las elecciones municipales y que las actuaciones de las guerrillas contra la simbología independentista copan más espacio en el prime time de la actualidad informativa, los partidos políticos unionistas han intensificado la guerra enterrada por el control de los grupos que arrancan lazos amarillos. En algunas comarcas la carrera se ha convertido en competencia o directamente confrontación, con estrategias divergentes tanto en el ámbito de la acción en la calle como en el campo comunicativo. […] El Grupo de Acción y Resistencia de Ciudadanos por España (GARCE) se distancia de los Segadors del Maresme, controlados por PxC, al tiempo que Ciudadanos impulsa retiradas de lazos amarillos en solitario.[165]
La influencia del procés y la reacción del Estado ante el independentismo han condicionado la política catalana y española estos últimos años. También a gran parte de los movimientos sociales catalanes, que se han visto arrollados por la omnipresencia en casi todos los escenarios del debate sobre la cuestión nacional y las consecuencias de lo vivido alrededor del referéndum, algo que en algunos casos ha supuesto ciertos desencuentros.
Uno de los proyectos más novedosos que trabajan en la monitorización, exposición y denuncia de la ultraderecha es Som Antifeixistes,[166] que publica en redes abundante información sobre las principales figuras del ultraderechismo en Catalunya, tanto del españolista como del independentista, y junta a independentistas y no independentistas en las convocatorias contra los actos de grupos neonazis y fascistas. También en varias localidades, comarcas y universidades catalanas siguen existiendo numerosos colectivos antifascistas y movimientos sociales transversales que se activan cuando existe algún tipo de acto de la extrema derecha. Aun así, sigue existiendo una gran conciencia antifascista en la sociedad catalana, que continúa peleando en distintos ámbitos contra los grupos ultraderechistas de cualquier bandera.