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El sector de telecomunicaciones -tanto las operadoras de telecos (Movistar, Orange, y Vodafone, principalmente) como el de torreras (Cellnex, American Tower, Vantage y Totem)- está preocupado por la viabilidad del plan de extensión del 5G a las zonas rurales que anunció el Gobierno y que aún no se ha concretado. Ese plan, conocido como UNICO 5G, está dotado con hasta 150 millones de euros, pero nacía con un problema de inicio que finalmente se ha mostrado como irresoluble y que va a lastrar su aplicación hasta el punto de que la mayoría de los implicados cree que va a servir para muy poco y que se declarará desierto por falta de ofertas en su mayor parte.

El problema de origen es que el UNICO 5G fue aprobado por Bruselas con la condición de contemplar subsidios para construir torres de telecos, pero, sin embargo, no permite subvenciones para que esas torres incorporen los equipos de radio que hacen posible la comunicación. Es como tener subsidios para el edificio de la fábrica pero no para las máquinas de dentro, que son las que producen.

Además, la propia regulación europea provoca una situación paradójica y contraproducente. Por un criterio de prudencia y para evitar que hubiera subvenciones para torres "que sólo sirvieran para nidos de cigüeñas", es decir, que se quedasen vacías, el Plan UNICO 5G incorporaba la exigencia de que cada torre que se propusiese construir llevase un compromiso irrevocable de una teleco de que allí iba a instalarse el equipo de radio para dar servicio de comunicaciones móviles. Pero si el operador móvil señala que va a instalar ahí el equipo de radio, esa declaración oficial de intenciones impide cualquier posibilidad de subvención al equipo, puesto que ya no existiría el "fallo de mercado", es decir, el hecho de que los operadores no contemplasen instalar allí los equipos ni a corto ni a medio plazo, que es una de los requisitos fundamentales para clasificar una zona geográfica como zona blanca, que son en las que la CE permite las subvenciones públicas.

Por tanto, no va a haber subvenciones para redes de radio y, sin ellas, los operadores no van a desplegar sus redes en esas zonas ultrarrurales y con muy poca densidad de población. Y si los operadores no van a ocupar las torres, no tiene ningún sentido que las torreras las construyan, ya que no van a recibir ingresos. Ni aunque la subvención a la construcción cubriera el 100% de la inversión, puesto que tras construirla, la torre empieza a generar costes de mantenimiento y reparación, que serían ruinosos para las torreras si no generan ingresos. Ante esta situación, las operadoras de telecos y de torres calculan que sólo una parte mínima de las zonas contempladas para las ayudas serán cubiertas con nuevas torres.

Plan muy ambicioso

Hay que tener en cuenta que el plan era muy ambicioso puesto que se trataba de llevar 5G a lugares con bajísima población. De hecho, las 73.000 parcelas catastrales incluidas en el Plan UNICO 5G sólo tienen 173.000 habitantes en total, a 2,4 habitantes por parcela. Con el presupuesto del plan, de 150 millones de euros, se podrían instalar alrededor de 1.900 torres en la España vaciada, teniendo en cuenta un coste medio de unos 80.000 euros por torre.

La postura inicial de Economía de diseñar un proyecto exclusivamente para financiar torres se basaba, entonces, en las dificultades que planteaba la CE -con la excusa de prevenir posibles ayudas de Estado ilegales a las telecos- a la hora de que los Gobiernos concediesen ayudas para el despliegue de redes activas de radio para 5G en zonas rurales. Esas dificultades, que exigían que para conceder ayudas se necesitaba contar con la autorización previa expresa de la CE, llevó a Economía a centrar su objetivo sólo en las torres.

Presión para ejecutar

Pero ante las recientes advertencias del sector de que con este diseño lo más probable es que la mayoría de las zonas queden desiertas, lo más lógico sería volver a Bruselas a replantear el programa y exigir que se autorizase, también, la subvención a las redes de radio y no sólo a las torres. Sin embargo, eso supondría empezar de cero y esperar el largo trámite de aprobación comunitario. Pero el Gobierno tiene prisa por ejecutar proyectos de los fondos de reconstrucción -el ritmo general de ejecución de estos fondos es muy lento- y ha decidido no esperar y lanzar el plan tal y como está a pesar de saber que el resultado prevé ser muy decepcionante.

Las empresas del sector esperan que, al menos, una vez que el Plan UNICO 5G quede casi desierto y haya constancia fehaciente de que sin subsidios dobles -a la torre y a las redes de radio- es imposible avanzar, Bruselas entre en razón y sea más fácil convencer a la CE para que autorice, también, las subvenciones para las redes de radio.

Atrapados en los largos plazos de aprobación comunitaria

Los planes del Ministerio de Asuntos Económicos prevén una primera fase en la que las torreras ofrezcan visibilidad de las torres que tienen cada una en las zonas previstas para ser subvencionadas y una segunda fase, propiamente la licitación, que se lanzaría antes de este verano. Hay que recordar que la consulta pública inicial para lanzar este plan se publicó en agosto de 2021 y el plan se anunció en enero pasado. Es decir, que cuando se adjudique habrá pasado casi un año desde el inicio del proceso. Y ese es el gran problema. La lentidud de Bruselas, que se tomó cerca de 9 meses para autorizar el plan del Gobierno. Si ahora, Calviño decidiese empezar de nuevo el trámite para poder incluir subsidios a los equipos de radio, se le pasaría 2022 sin poder lanzar la licitación del programa.