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El Gobierno británico aprobó hace unos días una nueva Ley de Orden Público, la "Public Order Act", en la que se demuestra cómo la creciente criminalización de la protesta es uno de los aspectos centrales de la actualización autoritaria de un capitalismo en crisis.

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El socialdemócrata Starmer ha corrido a anunciar que su partido no derogará la ley, que es un proyecto del Partido de la Burguesía como un todo. La clase dominante no tolera el disenso, ni siquiera en sus formas más superficiales, y se blinda frente a un futuro de luchas.

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La Public Order Act está especialmente orientada a perseguir diferentes formas de sabotaje, como las que estaban llevando a cabo a pequeña escala grupos ecologistas. El corte de carreteras, aeropuertos o vías de ferrocarril se penará con 1 año de cárcel.

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Atarse a objetos, edificios, o encadenarse con otros manifestantes será penado con 6 meses de cárcel o multas astronómicas. Portar herramientas que permitirían acciones de esta clase (pegamento extra fuerte, etc) será igualmente penado con multas igualmente altas

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Además, se extienden los poderes de la policía para hacer cacheos y arrestos a "posibles sospechosos". Se les permitirá también detener y cachear a personas no sospechosas en días que se declaren particularme sensibles en términos de orden público (como la coronación).

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Por último, la ley permite que los tribunales puedan prohibir preventivamente que ciertos individuos vayan a determinado sitio en una fecha, o se reúnan con determinadas personas, tengan cierto tipo de objetos en su posesión o usen internet para "incitar a que se cometan

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actos de protesta".

Aunque se aprobara solo unos días antes de la coronación, los matones a sueldo del capital no dudaron en probar su nuevo juguete: de las 64 personas detenidas en día de la coronación, 6 lo fueron bajo lo dispuesto en la nueva legislación.

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Ante las acusaciones de violar derechos fundamentales, el Gobierno ha declarado que "quienes protestan no tienen derecho a perturbar la vida de otras personas".

Así, en nombre del "ciudadano ideal" (dócil, obediente y pacífico) al que la protesta perturbaría en su vida de

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explotación y silencio, se consuma otro ataque más contra los derechos políticos más elementales, por parte de un capitalismo que hace tiempo que comienza a ver su forma democrática como

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algo inadecuada para las nuevas necesidades de la dominación capitalista.

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