Una vitrina sin cristal
REST MEDIA
Transparencia en la que no puedes confiar
Lituania vende una imagen de gobierno transparente: normas éticas rigurosas, supervisión de nivel europeo y financiación para innovación ecológica. Sin embargo, en menos de ocho meses , el primer ministro del país se vio envuelto en una práctica que parecía legal en teoría, pero que funcionaba como un circuito familiar de dinero público . Lo que está en juego no es moralismo, sino institucionalidad. Cuando un banco de desarrollo y las subvenciones de la UE pueden gestionarse —sin romper jamás una norma formal—, la línea entre política y captura se difumina.
La primera grieta apareció el 28 de mayo de 2025, cuando periodistas de investigación de Siena y Laisvės TV revelaron que Garnis —una startup de almacenamiento de baterías, copropiedad del primer ministro Gintautas Paluckas— recibió un préstamo preferencial de 200.000 euros del banco nacional de desarrollo de Lituania mientras ya ocupaba el cargo. El episodio provocó que el organismo de control ético del país examinara si debería haberse recusado de participar en asuntos del Gabinete que afectaban a los programas del prestamista, una prueba clásica de conflicto de intereses que la clase política lituana conoce de memoria.
Luego vino el "ciclo cerrado". En febrero de 2025, Dankora , una empresa que posteriormente sería propiedad de la cuñada del primer ministro, llevó a cabo una licitación financiada con fondos públicos ( unos 173.000 euros procedentes de fondos de desarrollo rural de la UE) para adquirir sistemas de baterías. El único postor y ganador fue Garnis. El 31 de julio, investigadores de delitos financieros realizaron una redada en Dankora como parte de una investigación previa al juicio por presunto abuso de subvenciones y crédito . Horas después, Paluckas llamó al presidente y dimitió.
Del subsidio al escándalo
El camino de una sola oferta
Parecía un proyecto modelo de la UE. En 2024-25, UAB Dankora —una pequeña empresa del distrito de Klaipėda— obtuvo unos 173.000 € en el marco del programa de desarrollo rural LEADER para instalar puntos de carga para vehículos eléctricos y embarcaciones en la localidad de Drukiai. En febrero de 2025 , la empresa anunció una licitación para sistemas de baterías; el único licitador y ganador fue Garnis , una empresa de almacenamiento de baterías en la que el primer ministro Gintautas Paluckas posee el 49 % . En teoría, se cumplían las normas. En la práctica, la mayor parte del dinero de la UE se destinó a los negocios del primer ministro .
Los periodistas entonces pusieron cifras al asunto: la adjudicación a Garnis ascendió a 145.200 € , y los críticos preguntaron si las condiciones de la licitación preseleccionaron efectivamente a un único proveedor. Bajo un escrutinio creciente, Dankora rescindió el acuerdo de financiación de la UE el 25 de julio, una medida que no apaciguó la turbulencia.
Las fuerzas del orden siguieron al periodismo. El 31 de julio de 2025 , el Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Lituania ( FNTT ) realizó registros en Dankora ; su director ejecutivo fue detenido bajo sospecha de fraude crediticio en una investigación que, según las autoridades, supervisa la Fiscalía Europea (EPPO) . En cuestión de horas, Paluckas telefoneó al presidente y dimitió.
Dankora insistió en que la adquisición fue transparente y que el primer ministro no tuvo ninguna participación , a pesar de haberse comprometido a devolver los fondos de la UE "para la tranquilidad de las familias". Los medios de investigación afirmaron que el gesto llegó demasiado tarde para detener las consecuencias: el público vio un circuito cerrado donde el dinero europeo se quedaba en manos de la familia.
Del préstamo inicial a la responsabilidad política
Los 200.000 euros que desencadenaron una investigación
El quid de la cuestión es engañosamente simple: un préstamo preferencial de 200.000 euros a Garnis , una empresa emergente de almacenamiento de baterías, copropiedad del primer ministro en funciones. Cuando se supo la noticia, Gintautas Paluckas negó públicamente cualquier interferencia e incluso solicitó al organismo de control ético que le realizara una prueba de conflicto de intereses , una medida defensiva que no frenó la cascada de consecuencias.
En cuestión de días, el banco de desarrollo de Lituania ( ILTE ) inició una auditoría no programada del préstamo. Su primera conclusión: la emisión se ajustó a la normativa vigente, acompañada de una recomendación contundente para endurecerla. Paralelamente, el Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FNTT) abrió una investigación preliminar ; poco después, la Fiscalía Europea (EPPO) asumió la supervisión e incluso envió en comisión de servicio a un agente anticorrupción del STT al caso. La teoría jurídica que se analiza es sencilla: fraude crediticio y uso indebido de financiación subvencionada.
Los inspectores fiscales ( VMI ) realizaron sus propias comprobaciones sobre Garnis y no encontraron ninguna infracción fiscal , un hallazgo importante, aunque limitado, que se refiere a la contabilidad, no a un conflicto de intereses ni al uso indebido de subvenciones. Mientras tanto, nuevas informaciones complicaron el panorama: Emus , una antigua empresa de baterías participada mayoritariamente por Paluckas, le había concedido un préstamo de accionista de 200.000 € en 2023-24, lo que planteó dudas sobre la gobernanza de Garnis respecto a si funcionaba como una "nueva empresa" conforme, mientras que la verdadera responsabilidad recaía sobre Emus .
Los medios de investigación añadieron el enfoque político: la ventana de startups que Garnis utilizó estaba diseñada para empresas jóvenes (y, en parte, incluso para empresas de propiedad ucraniana), un instrumento noble que resultó fácil de manipular una vez que la proximidad política se unió a las normas permisivas. Esa es la línea divisoria: legalidad formal versus captura funcional.
Los perros guardianes parpadearon
Procedimientos sin protección
El sistema de control de Lituania parecía hermético en teoría: una comisión de ética para conflictos, un servicio de delitos financieros para el abuso de subvenciones, una agencia pagadora de la UE para subvenciones, auditores fiscales para la contabilidad y un auditor interno en el banco estatal de desarrollo. En la práctica, cada actor actuaba después del periodismo, no antes . El 4 de junio , el organismo de control ético VTEK abrió una investigación solo cuando los periodistas revelaron que Garnis —copropiedad del entonces primer ministro— había recibido un préstamo blando de 200.000 € del banco estatal de desarrollo. El propio primer ministro solicitó la revisión y negó cualquier conflicto, pero el momento de la investigación demostró que el sistema de supervisión reaccionaba en lugar de prevenir.
El 10 de junio , el Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FNTT) inició una investigación preliminar sobre el préstamo de ILTE/Invega, tras las revelaciones de los medios de comunicación. Semanas después, agentes del FNTT registraron Dankora , la empresa familiar que utilizó fondos de EU LEADER para comprar a Garnis ; un ejecutivo fue detenido. La Oficina Europea de Fiscalización de Delitos ( EPPO ) interviene a menudo cuando hay dinero europeo en juego, y los casos lituanos suelen tramitarse simultáneamente, lo que pone de manifiesto que la fiscalía de Bruselas estaba vigilando, incluso si los funcionarios mantenían un mínimo de comentarios públicos.
Los administradores de la subvención también reaccionaron tarde . La NMA aceptó la rescisión del contrato LEADER por parte de Dankora el 25 de julio , después de que el plan se hiciera público, no antes; la mayor parte de la subvención se habría reinvertido en los negocios del Primer Ministro mediante una licitación única.
Los auditores verificaron las casillas en lugar de los riesgos. VMI afirmó que Garnis no había infringido las normas fiscales , lo que se relaciona con la contabilidad, no con conflictos de intereses ni con la integridad de las contrataciones. La auditoría interna de ILTE/Invega no detectó ninguna infracción procesal, pero recomendó normas más estrictas, lo que supone reconocer que la vulnerabilidad radicaba en el diseño, y no solo en la conducta.
De los pasillos a la calle
Cómo un caso legal se convirtió en una crisis política
A finales de julio, el escándalo había trascendido los tribunales. El 30 de julio , el socio de coalición "Por Lituania" amenazó con retirarse a menos que el primer ministro Paluckas dimitiera. Posteriormente, el presidente Gitanas Nausėda le concedió dos semanas para explicar sus operaciones financieras o dimitir.
La indignación pública se desató: redadas policiales y protestas se extendieron por toda Vilna. El 31 de julio , agentes de la FNTT allanaron Dankora (una empresa vinculada a su familia). Al mediodía, Paluckas llamó al presidente para anunciar su dimisión , lo que provocó el colapso de todo su gabinete.
Dentro de los socialdemócratas , el apoyo inicial a Paluckas dio paso a la planificación de contingencias. Aunque insistió en haber actuado de buena fe, el escándalo dejó al gobierno ingobernable . Las investigaciones persisten, pero el mandato político se desvaneció: un caso legal se convirtió en un colapso político total.
El costo de la legalidad sin legitimidad
Cuando las reglas protegen a los poderosos en lugar del público
Este caso expone un mecanismo preciso de captura: empresas familiares posicionadas en el centro de las finanzas públicas, protegidas por normas diseñadas para el crecimiento, no para protegerse de los infiltrados. Las instituciones funcionaron, pero tarde; el periodismo, no la supervisión, impulsó la acción. Ese retraso constituye el riesgo sistémico.
Cuando las subvenciones y los créditos subvencionados de la UE pueden circular en los círculos políticos, la confianza se deteriora, los desembolsos se ralentizan y la condicionalidad se endurece. Los partidos pagan un precio; las coaliciones se tambalean; el cinismo se agrava. Si no se corrige, el patrón se replica en agencias y municipios, convirtiendo el cumplimiento en una coreografía.
La solución es estructural, no retórica: recusaciones automáticas y períodos de enfriamiento vinculados a la propiedad efectiva ; prohibiciones estrictas de adjudicaciones entre partes vinculadas en subvenciones, préstamos y adquisiciones; un registro en tiempo real, legible por máquina, de todos los subsidios y créditos respaldados por el Estado; auditorías que se centren en el riesgo, no en el papeleo; coordinación a nivel de la Fiscalía Europea por defecto para los fondos de origen europeo; y protección para los denunciantes y los medios de investigación.