Una sentencia destapa el espionaje de Marruecos al Frente Polisario en España.
The Spanish Army
Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional por la que se deniega la nacionalidad española a un ciudadano de origen marroquí revela que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detectó en 2010 la existencia de una red de espionaje de Marruecos que recababa información sobre “el Frente Polisario y [la] colonia marroquí residente en España”. El fallo, fechado el 31 de mayo y al que ha tenido acceso EL PAÍS, recalca que este ciudadano tenía presuntamente contacto con un “jefe” de los servicios de inteligencia marroquíes, cuya identidad no revela. En los últimos 11 años, la justicia española ha rechazado en, al menos, otras cinco ocasiones conceder la nacionalidad a otros tantos ciudadanos originarios del país magrebí por la existencia de informes del CNI en los que se alertaba de que los solicitantes habían espiado para Rabat.
En junio de 2021, en plena crisis diplomática entre Marruecos y España por el ingreso hospitalario en Logroño del líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, un documento confidencial del CNI ya alertaba al Gobierno de la intensa actividad del espionaje marroquí en España en contra de esta organización. En concreto, aquel informe detallaba que los servicios de inteligencia marroquíes habían activado una doble estrategia “judicial y mediática” con el fin de “acosar” a Gali y “dificultar su movilidad”.
El CNI aseguró entonces que Rabat empleaba para ello “bastantes recursos, incluso económicos”, para “presionar al Gobierno de España para conseguir un posicionamiento favorable a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental”. En marzo de 2022, Pedro Sánchez abandonó la tradicional postura de neutralidad de España en el conflicto del Sáhara, mantenida durante 47 años, y tomó partido por Rabat, al considerar su propuesta de autonomía para la excolonia “como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”. Poco después de este último anuncio se supo que los teléfonos móviles del propio Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de la titular de Defensa, Margarita Robles, y de la entonces responsable de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya —quien saldría del Ejecutivo en julio siguiente— habían sufrido ataques con el programa espía Pegasus.
La reciente sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional confirma estas actividades marroquíes en España. La resolución judicial detalla que el supuesto colaborador del servicio secreto marroquí inició en mayo de 2010 los trámites para conseguir la nacionalidad española. Para ello, alegó el largo tiempo que llevaba viviendo de manera legal en España ―22 años― y que durante todo ese tiempo no había sido “detenido ni en una sola ocasión por delito, no constándole ni siquiera una sanción administrativa”.
El solicitante concluía que estos datos eran demostración de “su perfecta integración social, cultural y familiar en España”, que recalcaba por el hecho de que vivía con su esposa y dos hijos, y que estos tres tenían ya la nacionalidad española. También esgrimía que tanto el juez encargado del Registro Civil ―que se encarga de entrevistar al solicitante para “examinar si se adapta a la cultura y estilo de vida española”―, como la Fiscalía y la Dirección General de la Policía habían informado favorablemente para que se le diera nacionalidad. El primero, incluso, había destacado que hablaba “correctamente la lengua castellana”.
Pese a ello, la solicitud fue rechazada el 10 de abril de 2019 por la Dirección General de los Registros y el Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia. El motivo fue la incorporación al expediente de nacionalización de un informe ―cuya autoría la sentencia no especifica, pero que según ha podido confirmar este diario en fuentes policiales, fue elaborado por el CNI― en el que se desaconsejaba que se concediera a este ciudadano marroquí la nacionalidad española “por motivos de orden público o interés nacional”.
La sentencia recalcaba que, según este documento del servicio secreto, se tenía “constancia” de que el ciudadano marroquí colaboraba con “los servicios de inteligencia marroquíes desde el año 2010, cuando mantuvo contacto con el jefe de los mismos”. Este hecho fue considerado suficiente para considerar que el solicitante no había “justificado” la “buena conducta cívica” que exige el artículo 22.4 del Código Civil para dar la nacionalidad española y se la denegó.
El ciudadano marroquí presentó en julio de aquel año un recuso contencioso-administrativo que ahora ha rechazado la Audiencia Nacional con el apoyo de la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Justicia. En la sentencia, el tribunal considera que el informe del CNI es razón suficiente para denegar la petición del ciudadano marroquí al considerar que demuestra que no cumple el requisito de “integración” a pesar de que en el expediente había otros informes que se mostraban favorables.
No es la primera vez que una sentencia de la Audiencia Nacional saca a la luz las supuestas actividades del espionaje del país norteafricano en España. El último caso se conoció en septiembre. Entonces, un tribunal denegó la solicitud a un trabajador del consulado marroquí en Madrid al que el servicio secreto español investigaba desde 2011 como presunto “agente local” del espionaje del país magrebí. Entonces, el informe del CNI acusó a este trabajador de mantener “estrechos vínculos con su país de origen” y “con el actual jefe de los servicios de inteligencia marroquíes en España”. El ciudadano marroquí lo negó.