Un BCE dividido se prepara para auxiliar al sur de Europa y evitar una nueva crisis de deuda

El Banco Central Europeo (BCE) se enfrentará en el próximo mes a duras negociaciones internas para consensuar un "mecanismo antifragmentación", es decir, un sistema de auxilio que contenga el aumento de rendimientos exigidos a la deuda de países como Grecia, Italia o España -y de sus primas de riesgo-, y que convenza a los 19 miembros de la Eurozona, tanto a los del norte como a los del sur.

Después de reunirse de urgencia este miércoles, el Consejo de Gobierno ha anunciado que reinvertirá las ganancias de la deuda comprada en el marco del Programa de Emergencia por la Pandemia (PEPP) en nuevas compras de deuda de algunos países, los del sur, para intentar frenar el incremento de sus primas de riesgo que se han disparado en la última semana.

Este Consejo -órgano rector supremo integrado por los miembros del Comité Ejecutivo del BCE y por los gobernadores de todos los bancos centrales nacionales, incluido Pablo Hernández de Cos por el Banco de España- ha anunciado también que ha encargado a los "Comités del Eurosistema pertinentes y a los servicios del BCE que aceleren la finalización del diseño de un nuevo instrumento antifragmentación para su consideración por parte del Consejo de Gobierno". Ambos anuncios consiguieron bajar ayer la prima de riesgo española bajó un 10% hasta los 124 puntos básicos y el interés del bono a diez años se redujo hasta el 2,87%

Ahora, el personal técnico del BCE -del que forman parte expertos de bancos centrales nacionales que están en Fráncfort en comisión de servicio- elaborará una primera propuesta escrita y después la compartirá con los miembros del Consejo de Gobierno para que puedan hacer aportaciones y trabajar en el borrador.

La próxima reunión del Consejo de Gobierno se celebrará el miércoles 22 de junio, pero al tratarse de una reunión que no es de política monetaria no está previsto que se analice este asunto, según confirman fuentes del BCE a EL MUNDO. El jueves 23 el Consejo se verá de nuevo en otra reunión en la que se abordarán temas generales. No se trata de un cónclave de política monetaria, pero sí es posible que los miembros del Consejo comenten los avances en este mecanismo en caso de haber recibido una primera propuesta.

El principal conflicto que surgirá en las negociaciones estará en la condicionalidad, ya que los países que tienen unas finanzas públicas más saneadas -niveles de deuda pública y déficit público aceptables-, que presentan menos nivel de riesgo y que, por tanto, tienen unas primas de riesgo más bajas, como los del Norte de Europa, podrían poner problemas a que el BCE compre únicamente deuda de los países del sur para mantener sus rendimientos bajos de forma artificial y sus primas de riesgo contenidas, cuando estos países siguen sin presentar un plan de consolidación fiscal -como España- y mantienen políticas públicas expansivas que les impiden reducir su desfase presupuestario.

Según datos de Eurostat, en 2021, Dinamarca y Luxemburgo cerraron el ejercicio con superávit presupuestario (del 2,3% y 0,9% sobre PIB) y diez economías europeas consiguieron reducir su déficit por debajo del 3% -el nivel que recomienda el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que está desactivado-: Suecia (-0,2%), Lituania (-1%), Chipre (-1,7%), Polonia e Irlanda (-1,9%), Estonia (-2,4%), Países Bajos (-2,5%), Finlandia (-2,6%), Portugal (-2,8%) y Croacia (-2,9%).

Pero otras, situadas todas en el sur de Europa, registraron grandes desequilibrios fiscales como Malta (-8%), Grecia (-7,4%), Italia (-7,2%), Rumania (-7,1%), España (-6,9%) y Hungría (-6,8%). Muchos de estos países mediterráneos lideran también la clasificación en deuda pública sobre PIB: Grecia tiene un 193,3% a cierre del año pasado, seguida de Italia (150,8%), Portugal (127,4%) y España (118,4%); mientras que los países con deuda más controlada son Estonia (18,1%), Luxemburgo (24,4%), Bulgaria (25,1%), Suecia (36,7%) y Dinamarca (36,7%). Una importante brecha que se aprecia también en las primas de riesgo.

Como ya adelantó este periódico, el BCE baraja imponer ciertas cláusulas de condicionalidad a los beneficiarios del programa, lo que provocará una pugna entre los potenciales favorecidos (que buscarán la menor condicionalidad posible) y aquellos que mantienen sus finanzas saneadas y su prima de riesgo a raya (que pedirán garantías), de hecho muchos expertos creen que el acuerdo será difícil y que podría no producirse antes de la próxima reunión de política monetaria del 21 de julio -en caso de que no haya nuevas citas de emergencia-.

Ese día, si en el intercambio de documentos se ha llegado a una versión casi definitiva, el Consejo podría acordar un diseño del mecanismo y anunciarlo en la rueda de prensa posterior, pero cabe la posibilidad también de que no se haya producido ese acuerdo y el instrumento se haga esperar, lo que podría tensar de nuevo los diferenciales entre países.

Difícil el acuerdo

Jack Allen-Reynolds, economista sénior para Europa de la consultora británica Capital Economics, cree que "no hay garantía de que lleguen a un consenso inmediato, por lo que no sería sorprendente que los diferenciales se amplíen un poco más antes de que se vean obligados a actuar. De hecho, hay una amplia variedad de opciones para el diseño de una herramienta de lucha contra la fragmentación y las opiniones del Consejo difieren significativamente en cuanto a lo que es apropiado".

"Es probable que los detalles del mecanismo se revelen en los próximos días y semanas a medida que se solucionen las preguntas más importantes a responder, que en nuestra opinión son: la condicionalidad -¿los países a los que se comprarán bonos soberanos tienen que cumplir alguna condición, por ejemplo, adherirse al Pacto de Estabilidad y Crecimiento?-; el tamaño -¿qué cantidad se le permitiría comprar al BCE a través de este instrumento?-; el vencimiento -¿cuál es el vencimiento de los bonos que el BCE compraría?-; y el desglose de compras -¿tendrá el BCE margen para comprar bonos solo en alguna jurisdicción?-", se plantean, por su parte, los expertos de ING.

Ya existe algún precedente de instrumentos condicionales como el programa de compras ilimitadas de deuda pública (OMT) que Mario Draghi activó en septiembre de 2012. Este mecanismo nunca llegó a aplicarse porque ningún país lo solicitó, pero su mera existencia sirvió para solucionar el problema de percepción que existía en el mercado.

Una cuestión adicional que tendrá que valorar el BCE al definir su nuevo instrumento está en su legalidad, ya que en países como Alemania, por ejemplo, este tipo de operaciones del máximo órgano de política monetaria del continente ya han sido llevadas a los tribunales por exceder el mandato del BCE, infringir los poderes de los estados e incluso violar la prohibición de financiar los presupuestos de los países.

Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finace, apuntaba esta mañana que veía "legalmente muy complicado comprar sólo bonos del sur", en alusión a los posibles problemas que podría encontrarse la medida en tribunales nacionales.

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‏Source www.elmundo.es