Sitio Caliente Y Sitio Frío

Un sitio caliente es un servicio comercial de recuperación frente a desastres que permite a la empresa mantener sus operaciones informáticas y de red en caso de un fallo del equipamiento o de la instalación. Por ejemplo, si el centro de datos corporativo se ve incapacitado, entonces la empresa puede mover todas las operaciones de proceso de datos a ese sitio caliente. El sitio caliente dispone de todo el equipamiento necesario para que la empresa siga realizando sus operaciones, incluyendo despachos y mobiliario, líneas de teléfono y equipamiento informático. Un sitio frío es un servicio similar al que hemos comentado, pero con la diferencia de que es el cliente el que suministra e instala el equipamiento necesario para poder reactivar las operaciones. Este sitio frío es más barato pero también necesita más tiempo para poder ponerse en marcha y para que la empresa recupere la plena operatividad después del desastre. Normalmente, la empresa tiene un contrato anual con una empresa que ofrece estos servicios de sitios fríos y calientes a cambio de una cuota mensual. Algunas empresas de recuperación de desastres ofrecen servicios de copia de seguridad de manera que la empresa pueda disponer de todos los datos necesarios, con independencia de si usa un sitio frío o caliente. Si la empresa finalmente hace uso de ese sitio frío o caliente, entonces suelen tener que abonar algunos costes adicionales y una tarifa diaria a los costes básicos del servicio.
El principio de legalidad tiene su base en las ideas de la Ilustración y en el principio de la separación de poderes, como un presupuesto necesario del Estado de derecho. Se trata de un principio de aplicación en todo nuestro sistema jurídico, si bien tiene un alcance diferente en cada campo jurídico. En derecho penal cobra especial relevancia, ya que con él se trata de garantizar la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales. Soy abogado penalista en Valencia. Si necesita abogado con amplia experiencia en Derecho Penal, contacte conmigo e infórmese sin compromiso. ¿En qué consiste el principio de legalidad en derecho penal? El principio de legalidad es uno de los pilares del Estado de derecho, e impone el sometimiento de los poderes públicos a la ley y al derecho. En derecho penal, más concretamente, supone la imposibilidad de que una persona sea castigada penalmente por una acción u omisión que no esté prevista como delito en una ley, en este caso, en el Código Penal.
Se encuentra condensado en la expresión latina nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta, stricta et certa, cuyo significado es que no puede haber delito ni pena sin ley previa, escrita, estricta y cierta. Por un lado, impone la necesidad de que exista una predeterminación normativa, es decir, de que exista una ley previa a la conducta punible para que esta pueda ser castigada. Además, esa regulación debe ser suficiente y precisa. Por otro lado, ofrece una garantía formal, en el sentido de que debe existir una norma con rango de ley que limite la capacidad punitiva del Estado. Esto es lo que se conoce como reserva de ley, que en el ámbito penal es absoluta. ¿Cuál es el fundamento del principio de legalidad penal? El fundamento principal del principio de legalidad en el orden penal es la seguridad jurídica, ya que ofrece la garantía al ciudadano de que no podrá ser sancionado ni castigado penalmente si esa conducta no está tipificada previamente.
Este fundamento se completa con el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables al reo, que refuerzan la seguridad jurídica para el ciudadano. Además, el principio de legalidad supone un límite al ejercicio arbitrario de los poderes públicos y a la potestad punitiva y sancionadora del Estado. ¿Dónde se regula el principio de legalidad en derecho penal español? Nuestro ordenamiento contempla el principio de legalidad penal tanto en la Constitución Española como en el Código Penal. El artículo 9.3 establece de manera general la garantía constitucional del principio de legalidad y de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables. El artículo 25 se centra en el derecho penal, y dispone que nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que no constituyan delito o infracción administrativa de acuerdo con la legislación vigente en el momento de cometerse. Establece la reserva de ley penal al añadir que la Administración civil no podrá sancionar con privación de libertad.
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