REVISTA DE PRENSA

MOSCÚ, 24 de julio. /TASS/. Las conversaciones de Rusia y Ucrania en Estambul terminaron con nuevos acuerdos humanitarios y confirmaron las diferencias en las posturas de las partes. Kiev aprueba ley sobre agencias anticorrupción que provoca manifestaciones, a la vez que Madrid da luz verde a la desclasificación de documentos del franquismo. Al mismo tiempo, el organismo judicial de la ONU reconoce vinculantes los compromisos internacionales en materia medioambiental. TASS le ofrece estos y otros temas que son noticia en los medios rusos.

Vedomosti: Rusia y Ucrania discutieron en Estambul los proyectos de memorándums de paz y cuestiones humanitarias

El 23 de julio finalizó en Estambul la tercera ronda de conversaciones directas entre Moscú y Kiev en 2025. La reunión duró unos 40 minutos, informaron las agencias estatales rusas.

Luego del encuentro, el jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, anunció el cumplimiento de los acuerdos humanitarios pactados durante la segunda ronda de conversaciones. En particular, Rusia devolvió a Ucrania los cuerpos de más de 7.000 soldados y oficiales. En vísperas de la reciente reunión en Turquía, el Kremlin anunció que la delegación rusa abordaría con la parte ucraniana asuntos relacionados con los borradores de memorándums intercambiados durante la segunda ronda del 2 de junio, y que también plantearía discutir la continuación del importante proceso de canje de prisioneros de guerra. El 23 de julio, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que los borradores de Moscú y Kiev eran diametralmente opuestos y que las partes tenían mucho trabajo por delante. 

En este sentido, el alto el fuego inmediato exigido por Ucrania es inaceptable para Rusia, ya que Moscú lo considera un respiro para las Fuerzas Armadas ucranianas, declaró a Vedomosti Nikolái Siláyev, investigador del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO). Por lo tanto, es poco probable que las partes consigan acercar posiciones en cuestiones políticas, afirma Dmitri Suslov, subdirector del Centro de Estudios Europeos e Internacionales Integrales de la Escuela Superior de Economía. En cuanto a la posición de Ucrania, el liderazgo de ese país insiste en una agenda con un alto el fuego inmediato y la preparación de una reunión a nivel de líderes de Estado para provocar una respuesta negativa de Moscú y acusar a Rusia de ser incapaz de llegar al acuerdo en el que insiste el presidente estadounidense, Donald Trump.

Izvestia: La ley sobre mecanismos anticorrupción aprobada por Zelenski genera descontento en Ucrania y Occidente

Es muy probable que los aliados occidentales de Kiev vinculen la mala situación de las tropas ucranianas en el frente con los problemas de corrupción en el país. La OTAN y los países de la UE no pararán los suministros de armas a Kiev por completo, pero medios de comunicación extranjeros afirman que la ley aprobada por Vladímir Zelenski, que limita las competencias de los organismos anticorrupción, afectará el deseo de Occidente de proporcionar asistencia a Ucrania. La decisión de Kiev ya ha provocado protestas masivas en las principales ciudades ucranianas, así como fuertes críticas por parte de altos funcionarios europeos. Según la nueva normativa, la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Anticorrupción quedan bajo la supervisión del fiscal general de Ucrania. Este podrá tomar casos investigados por dichos organismos y transferirlos a otros fiscales, limitando de ese modo la independencia de los organismos anticorrupción del país.

En consecuencia, las acciones de Zelenski tendrán graves consecuencias para él y su entorno cuando se haga público el fracaso de la campaña militar ucraniana de verano-otoño boreal, opina el exdiputado del Legislativo ucraniano Spiridón Kilinkárov.

"Es evidente que los socios occidentales no quieren asumir la responsabilidad de la derrota de Ucrania, y uno de sus argumentos para justificarla probablemente sea la corrupción. Políticamente, la decisión de Zelenski incluso les beneficia a sus socios occidentales, ya que ahora les resultará muy fácil encontrar culpables. Esto también afectará las posibilidades de Ucrania de unirse a la UE", argumentó el entrevistado. Sin embargo, es poco probable que el flujo de dinero a Ucrania se detenga de inmediato, porque "Occidente no apoya a Zelenski personalmente, sino a las autoridades prooccidentales y antirrusas", explicó a Izvestia Aleksánder Dúdchak, experto del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes.

Por lo tanto, a los Estados occidentales les resulta más importante resolver los problemas estratégicos que combatir la corrupción en Ucrania, subraya Alekséi Fenenko, profesor de la Facultad de Política Mundial de la Universidad Estatal de Moscú.

"Para Occidente, Ucrania es garante de la no restauración de la Unión Soviética. Seguirán ayudando independientemente de las decisiones de Zelenski. Sería un gran error nuestro esperar que Occidente se niegue a apoyar a Ucrania por nimiedades", resaltó el especialista.

Según el experto, los aliados de Kiev en esta situación se limitarán a condenar las medidas, pero no promoverán un cambio radical en la política de apoyo a Ucrania. En cuanto a la adhesión de Kiev a la UE, el experto opinó que este tema quedará fuera de la agenda de Bruselas por mucho tiempo.

Vedomosti: EE.UU. y Japón firmaron un acuerdo comercial que es desfavorable para Tokio

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció en su cuenta de Truth Social la firma de un acuerdo comercial con Japón. "Acabamos de cerrar un importante acuerdo con Japón, posiblemente el mayor acuerdo jamás firmado. Japón invertirá, siguiendo mis instrucciones, 550.000 millones de dólares en EE.UU., que recibirá el 90% de los dividendos. Este acuerdo creará cientos de miles de empleos", escribió el mandatario. Trump destacó como punto más importante que, según los términos del convenio, Japón se abrirá al comercio de automóviles, camiones, arroz y otros productos agrícolas. A cambio, el inquilino de la Casa Blanca redujo los aranceles para Tokio al 15% en lugar del 25% previsto anteriormente.

Las condiciones del nuevo pacto comercial entre Tokio y Washington resultan dudosas para el país asiático en comparación con la situación comercial previa al regreso de Trump a la Casa Blanca, lo que probablemente significa que Japón terminó perdiendo, opina Víktor Kuzminkov, investigador del Centro de Estudios de Asia y el Pacífico del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales (IMEMO, por sus siglas en ruso). 

En este sentido, los beneficios que Tokio recibirá a cambio de sus concesiones aún no son del todo evidentes, señala el experto. Además, la Casa Blanca ejerce presión sobre Japón para que aumente su gasto militar al 3,5% del PIB, en vez del 2% previsto para 2027. En la difícil situación económica actual, el país insular simplemente no tiene de dónde obtener el dinero para semejantes gastos, y la oposición japonesa exige una reducción de impuestos. En general, Japón se encuentra ahora en una encrucijada ante cambios importantes en su política interna y, probablemente, en la exterior, resume Kuzminkov. En el caso de Filipinas y Japón, Trump transformó astutamente el factor militar en uno económico, señala al respecto Vladímir Vasíliev, investigador jefe del Instituto de EE.UU. y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia. Lo más probable es que los japoneses simplemente hayan aceptado un acuerdo comercial poco ventajoso con Washington para no tener que gastar fondos adicionales en objetivos militares impulsados por EE.UU., tales como la contención de China. Hasta qué punto esto funcionará en la práctica es un punto discutible, ya que para EE.UU. este asunto no perderá relevancia, y continuará utilizando todos los mecanismos de presión posibles para restringir a Pekín y reforzar la infraestructura militar en la región de Asia-Pacífico.

Kommersant: Órgano judicial de la ONU confirmó el carácter vinculante de los acuerdos climáticos

El 23 de julio, la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen sobre las obligaciones de los Estados para combatir los efectos del cambio climático, reconociendo que los acuerdos en este ámbito son vinculantes y no meramente consultivos. Con este paso, la agenda climática se ha elevado a un nivel supranacional. Rusia, en audiencias preliminares con la participación simultánea de 96 países, se opuso al establecimiento de decisiones vinculantes en materia climática, pero la Corte de la ONU discrepó con esta postura. Según los expertos, la decisión aprobada en La Haya permitirá presentar demandas contra los países que no cumplan con sus obligaciones o no las acepten en absoluto. Al mismo tiempo, existe el riesgo de que, en lugar de una acción conjunta sobre el clima, los países comiencen a demandarse entre sí.

 Al respecto, Mijaíl Yulkin, experto del Centro Internacional para el Desarrollo de la Energía Sostenible bajo los auspicios de la UNESCO, explicó a Kommersant que, si bien no existe un procedimiento para hacer cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia, fue publicado un documento que define las consecuencias legales para los Estados que incumplan la agenda climática. En particular, permitirá impugnar judicialmente la ausencia de legislación climática nacional, objetivos claros en este ámbito, un mecanismo para regular las emisiones, etc. Además, este brindará la oportunidad de iniciar pleitos contra los países que incumplan sus obligaciones en el marco de proyectos climáticos conjuntos. 

Al mismo tiempo, el experto reiteró que existe el riesgo de que los países se limiten a presentar demandas judiciales contra otros Estados en lugar de tomar medidas para reducir el impacto colectivo sobre el clima. Otro riesgo, según Yulkin, es que algunos países, incluida Rusia, se nieguen a acatar la decisión de la Corte Internacional de Justicia, y las consecuencias de dicho aislamiento obstaculicen la entrada de inversiones y el comercio internacional.

Nezavisimaya Gazeta: Gobierno socialista de España desclasificará documentos del franquismo para combatir a los ultraconservadores modernos

España planea desclasificar documentos de todas las agencias gubernamentales emitidos antes de 1981, incluyendo los archivos de la policía secreta y los tribunales militares durante la época de Francisco Franco. Consecuentemente, la sociedad española conocerá detalles de los acontecimientos relacionados con la dictadura franquista y el periodo de transición posterior. Muchos españoles creen que esto representa una victoria de la democracia española. Para el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, el nuevo proyecto de ley es una de varias iniciativas destinadas a combatir la ultraderecha, que ha ido ganando terreno en la política española desde la primera mitad de la década de 2010.

El Consejo de Ministros español aprobó la presentación al Parlamento de un proyecto de ley sobre información clasificada. De aprobarse, los documentos gubernamentales confidenciales pasarán automáticamente a ser públicos una vez transcurridos 45 años desde la fecha de su emisión. Esto significa que pronto la sociedad española obtendrá acceso a información hasta ahora desconocida sobre el régimen de Franco, una página controvertida de la historia nacional.

Franco estuvo en el poder de 1939 a 1975, y durante ese periodo se posicionó como el salvador de España del totalitarismo comunista. Sin embargo, su Gobierno estuvo marcado por represiones que afectaron al ciudadano común y a varias fuerzas políticas del país: republicanos, comunistas, socialistas, anarquistas, demócratas, etc. El régimen también persiguió a miembros de los movimientos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, que ahora son completamente legales en el país ibérico. Según diversas estimaciones, entre 100.000 y 200.000 personas fueron ejecutadas a lo largo de 36 años de la dictadura. Franco también estuvo asociado con los regímenes fascistas de Italia y Alemania, que proporcionaron apoyo militar al bando sublevado durante la Guerra Civil española de 1936-1939. Hacia finales de la década de 1950, el Gobierno de Franco optó por una mayor flexibilidad y un movimiento hacia la liberalización. En la década de 1960, se produjo el llamado milagro económico español e incluso surgieron algunos indicios de democracia: se desarrolló la legislación en el ámbito social y aparecieron los sindicatos de oposición. Sin embargo, esto no rehabilitó a Franco ante los ojos de todos los españoles ni hizo su época más atractiva desde una perspectiva histórica.

Los documentos sobre los crímenes del régimen de 1939 a 1975 eran inaccesibles al público debido a la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968. Esta no establecía un periodo durante el cual los documentos debían clasificarse como secretos. Es decir, la información nunca podía ser divulgada.

El nuevo proyecto de ley, que será debatido por el Legislativo español, revelará detalles no solo de la dictadura franquista, sino también sobre una página en gran medida misteriosa de la historia española: el periodo de transición tras la muerte de Franco. El desmantelamiento de su régimen no fue un proceso instantáneo, sino más bien complejo. Su punto central fue la Ley para la Reforma Política de 1977, que preveía, entre otras cosas, la amnistía para los presos políticos y la inmunidad procesal para los funcionarios del régimen culpables de represión. 

A partir de los documentos desclasificados, los españoles podrán conocer más sobre los antecedentes del intento de golpe militar del 23 de febrero de 1981, cuando oficiales del Ejército franquista irrumpieron en la sede del Congreso de los Diputados e intentaron devolver el país al pasado. Según el Ejecutivo actual, España finalmente adecuará su legislación a los requisitos de la UE para mejorar el acceso de los ciudadanos a la información.

Ekaterina Cherkásova, investigadora principal del Departamento de Estudios Políticos Europeos del IMEMO, declaró a Nezavisimaya Gazeta que, para los socialistas en el poder, el tema del franquismo y su influencia en la sociedad es de suma importancia. En 2007, gracias a sus esfuerzos, se aprobó la Ley de Memoria Histórica para desmantelar el conjunto memorial del Valle de los Caídos, un recinto monumental erigido durante el franquismo para conmemorar su victoria en la Guerra Civil. La ley, considerada por los socialistas como la restauración de la justicia histórica preveía la condena del franquismo y la perpetuación de la memoria de sus víctimas. Sin embargo, esta actitud hacia el periodo de mediados del siglo XX en España no siempre fue así, afirma Cherkásova.

"Durante mucho tiempo, prevaleció en la sociedad la idea de que el franquismo había sido superado y no volvería a suceder, y cuanto antes lo olvidara la sociedad, mejor. Esta tendencia existía antes de que Sánchez llegara al poder en 2018 y decidiera que el legado de Franco debía ser condenado constantemente, porque, en su opinión, los horrores de la Guerra Civil y la dictadura no podían olvidarse", explicó la experta. Los cambios se produjeron en 2013, cuando un partido de ultraderecha, Vox, surgió en España por primera vez en mucho tiempo. Se creía que la dictadura era tan detestada por la sociedad que el resurgimiento de tales fuerzas políticas en España era prácticamente imposible.

"Vox no es un sucesor político directo de Franco, pero algunas disposiciones de su programa están relacionadas con el franquismo. Sánchez está intentando por todos los medios oponerse a la creación de estos partidos y prevenir que atraigan partidarios. De ahí su gran interés por el pasado", opina Cherkásova.

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