Quo vadis 2026

¿A dónde vas?

Cuba atraviesa una transición cuya naturaleza no puede ocultarse detrás de los vocabularios administrativos de la actualización, el perfeccionamiento o la coexistencia entre diversas formas de propiedad. Esas categorías describen instrumentos, pero no alcanzan a expresar la magnitud del conflicto en curso.

Hoy por hoy, lo que se vive es una fase áspera, administrativamente errática y profundamente desigual, es como una nave casi al pairo, en la que la institucionalidad del sistema socialista enfrenta la pujanza cotidiana de relaciones económicas, jerarquías sociales e imaginarios culturales propios de otro sistema.

El país no ha dejado atrás —formalmente— el orden que se propuso organizar la vida colectiva a partir de la responsabilidad estatal, los derechos universales y la igualdad relativa; sin embargo, esas premisas se ven desbordadas por una economía donde la capacidad de vivir con seguridad (energética, alimentaria y ciudadana) depende hoy de la posesión de divisas, de los vínculos externos, de la intermediación comercial y de la aptitud individual para obtener lo que la institucionalidad no consigue garantizar.

Para entender, la honestidad por delante:

La crudeza de este momento radica, ante todo, en que no existe un tránsito organizado hacia un modelo nuevo, en primera instancia porque no hay un modelo descrito, sino una acumulación de respuestas y propuestas urgentes a una crisis que compromete la reproducción cotidiana de la vida.

En Cuba no hay un capitalismo institucionalmente estabilizado, sujeto a reglas transparentes, derechos laborales efectivos, garantías contractuales o límites claros a la concentración de la riqueza. Pero tampoco subsiste un socialismo dotado de la capacidad material necesaria para cumplir, de manera sostenida, sus compromisos redistributivos y protectores.

Entre ambas realidades se abre una zona de incertidumbre en la que los principios formales de un sistema conviven con los mecanismos prácticos del otro. La planificación se enfrenta a la improvisación; la responsabilidad pública, a los circuitos privados de supervivencia; la seguridad ciudadana a la suerte y la percepción individual del riesgo; la noción de derecho, a la necesidad y posibilidad de comprar; la igualdad declarada, a diferencias de ingreso y consumo cada vez más visibles.

En estas condiciones, la expansión del mercado no debe entenderse como un fenómeno abstracto ni como la simple presencia de negocios privados. El comercio, la iniciativa individual y la inversión no estatal pueden tener funciones útiles dentro de una estrategia nacional si están sujetos a una dirección pública capaz de ordenar prioridades y corregir desigualdades.

El problema aparece y se convierte en verdugo cuando el mercado deja de ser un instrumento subordinado y se convierte, por necesidad, en el principal regulador de la existencia. Cuando los bienes elementales, los medicamentos, el transporte, la alimentación, la energía o incluso el acceso a la conectividad dependen de cuánto dinero se posee, qué moneda se maneja y qué redes familiares o comerciales se tienen, la mercancía deja de ser un objeto económico para convertirse en una condición de ciudadanía.

En una sociedad pautada por el acceso desigual a divisas, la disponibilidad material empieza a definir quién puede proyectar un futuro y quién queda atrapado en la urgencia del día.

La insuficiencia de los canales públicos no produce un vacío neutral. Cada necesidad no satisfecha crea un espacio ocupado por quien posee recursos para resolverla y convertirla en fuente de ingreso. Así se amplían las redes privadas de importación, transporte, comercialización, financiamiento y distribución; crecen las figuras que controlan un producto escaso, una ruta logística, una conexión digital, una remesa o un vínculo con proveedores externos.

Muchas de esas prácticas nacen de la necesidad y de la capacidad popular de sobrevivir. Pero la necesidad no elimina la lógica estructural que se forma cuando determinados grupos logran apropiarse de los recursos decisivos para la vida cotidiana. En una economía de escasez, controlar una oferta equivale a ejercer poder sobre quien no puede acceder a ella. El enriquecimiento deja entonces de ser una consecuencia marginal de la iniciativa y pasa a ser una forma de acumulación fundada en la fragilidad material de los demás.

De este proceso nace una burguesía nacional emergente, todavía heterogénea, si se quiere dispersa en sus intereses y no necesariamente articulada en una conciencia política común, pero objetivamente favorecida por el desorden. No necesita exhibir las formas tradicionales del gran capital para desempeñar ese papel.

Puede concentrar poder a través de pequeños y medianos negocios, cadenas informales de abastecimiento, monopolios prácticos sobre ciertos productos que incluyen el control de aduana, el acceso privilegiado y sin control a moneda fuerte, canales de importación o servicios que sustituyen prestaciones públicas deterioradas. Su poder se expresa en la capacidad de fijar precios, establecer condiciones de acceso, seleccionar a quién se vende y decidir qué necesidad puede ser satisfecha y a qué costo.

Cuando las instituciones que antes protegían de manera más amplia pierden eficacia material, esta clase no tiene que conquistar el Estado de forma abierta, le basta con ocupar la realidad económica que el Estado no logra ordenar.

La contradicción se profundiza porque el sistema político conserva un lenguaje de justicia social, universalidad y defensa del interés común, mientras la economía que se expande premia conductas y valores contrapuestos. Las instituciones hablan de derechos; la práctica obliga a competir. Se invoca la igualdad; la vida cotidiana recompensa el acceso a dólares, conexiones y capital previo. Se defiende la responsabilidad estatal; la supervivencia se organiza crecientemente por medio de redes privadas.

Esta distancia entre la promesa institucional y la experiencia concreta tiene un efecto corrosivo sobre la legitimidad. Un principio político no se sostiene solo porque sea moralmente superior o históricamente justo: necesita convertirse en una realidad verificable para la población.

Si el salario defectuosamente diseñado e incapaz pierde la capacidad de garantizar una vida equilibrada, racional y digna, y el mercado se convierte en árbitro de los bienes esenciales, la población aprende que la ciudadanía formal pesa menos que la capacidad individual de pago.

La consecuencia más profunda se observa en la transformación de la subjetividad social. Durante décadas, el proyecto revolucionario afirma que las necesidades fundamentales no deben depender de la riqueza particular y que la comunidad política tiene obligaciones hacia cada persona.

La crisis prolongada y el avance de las relaciones mercantiles empujan hacia una pedagogía opuesta: cada quien debe resolver como pueda, proteger a los suyos, buscar divisas, aprovechar oportunidades, establecer contactos y competir por recursos limitados.

No se trata de un defecto moral del pueblo, sino de una adaptación racional ante un entorno hostil. Sin embargo, esa adaptación, multiplicada a escala social, debilita los fundamentos culturales de toda política de igualdad plena. La solidaridad puede aparecer como un lujo; el derecho, como una promesa abstracta; la riqueza visible, como prueba de inteligencia o mérito. De esa manera, la restauración capitalista se vuelve más eficaz cuando no necesita declararse, sino que avanza en la conciencia común antes de formalizarse plenamente en las leyes.

La hostilidad estadounidense y el bloqueo constituyen la arquitectura fundamental y decisiva del contexto en que esta crisis se ha desarrollado. Durante décadas, Washington ha limitado deliberadamente las posibilidades cubanas de comerciar, obtener créditos, acceder a tecnologías, atraer capital e insertarse con normalidad en los circuitos financieros internacionales. Esta política ha buscado, entre otros objetivos, intensificar las privaciones para erosionar el respaldo social al proceso revolucionario.

Ignorar esta dimensión sería abandonar la historia concreta, veraz y comprobable, y atribuir a causas puramente internas una crisis que ha sido sistemáticamente estimulada desde fuera. Pero el reconocimiento de la agresión tampoco exonera de analizar los modos internos en que la crisis se administra, se distribuye y se convierte en estructura. Si el objetivo de la presión externa es fracturar la cohesión social, permitir que la emergencia produzca una minoría enriquecida gracias a las carencias populares equivale a hacer más profunda esa fractura.

El problema no es, por tanto, la existencia de una economía mixta como tal, sino la ausencia de una jerarquía política clara capaz de impedir que lo privado determine el rumbo general de lo público. Una economía socialista puede admitir espacios de mercado, de producción no estatal e incluso de inversión extranjera, siempre que esos elementos se subordinen a la soberanía nacional, a la justicia distributiva, a la producción de bienes prioritarios y a una regulación efectiva.

Pero cuando la institucionalidad pierde capacidad para establecer esas condiciones, la relación se invierte: el mercado comienza a dictar las prioridades, la necesidad pública se transforma en oportunidad privada y la desigualdad se presenta como precio inevitable de la supervivencia. Entonces no se produce una complementariedad entre sistemas, sino una subordinación gradual de la lógica socialista a la lógica de la acumulación.

La sensación de deriva no proviene de una percepción subjetiva ni de una impaciencia política. Se deriva de una situación en la que las reglas anteriores ya no explican completamente cómo funciona la vida y las reglas nuevas aún no han sido reconocidas ni reguladas de manera coherente.

Se toman decisiones bajo presión, se multiplican las excepciones, se aplican soluciones parciales y se intenta responder a urgencias inmediatas sin una arquitectura visible que articule el conjunto, respondiendo en todo caso y tremendamente a la narrativa foránea. En semejante escenario, quienes poseen información, capital, conexiones externas y liquidez no aguardan a que el modelo se defina: lo definen en la práctica, hasta escalar el poder político.

Cada circuito comercial no regulado que sustituye la distribución pública, cada desigualdad que se convierte en rutina y cada ganancia fundada en bienes esenciales produce relaciones de poder que luego buscarán consolidarse jurídicamente y traducirse en influencia política.

No se trata de defender una inmovilidad imposible ni de negar que la supervivencia nacional exige cambios profundos. Se trata de comprender que toda reforma económica es también una reforma de la estructura social, de la cultura política y de las relaciones de poder.

La pregunta decisiva es si esas transformaciones serán conducidas por una voluntad pública capaz de reconstruir capacidades productivas, asegurar abastecimientos, proteger el salario diseñado y dispuesto, gravar la renta especulativa, limitar la concentración de riqueza y sostener derechos universales, o si quedarán libradas a los sectores que convierten la crisis en negocio y el desorden en una ventaja competitiva.

El socialismo no se defiende preservando palabras o instituciones vaciadas de eficacia; se defiende asegurando que el pueblo no tenga que abandonar sus derechos para poder sobrevivir.

Aún existe margen para impedir que esta fase desemboque en la consolidación irreversible de un capitalismo dependiente, desigual y sin vocación nacional. Pero ese margen se estrecha a medida que la precariedad se normaliza, el salario se distancia de la subsistencia y los circuitos privados sustituyen en la práctica funciones esenciales de la vida pública.

La tarea histórica no consiste en restaurar mecánicamente el pasado, sino en recuperar la capacidad de dirigir la economía desde fines colectivos. Si la política no vuelve a gobernar los mecanismos materiales de la vida, esos mecanismos terminarán por gobernar la política.

Y en ese caso, la actual transición dejará de ser un espacio incierto, caótico y disputable para convertirse en el origen definitivo de un orden capitalista que habrá nacido no de la prosperidad, sino de la escasez, el desamparo y la desintegración de la comunidad social tal y como la construimos por cerca de 70 años.

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#Cuba