Prohibición para funcionarios públicos de tener participación en países de baja o nula tributación (Paraísos fiscales)
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
El presente Proyecto de Ley tiene por objeto modificar la Ley de Ética Pública N° 25.188, a los fines de incorporar una serie de prohibiciones y sanciones para los funcionarios públicos, desde el momento de su designación como para cuando se encuentren en el ejercicio mismo de su función.
Desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha, nuestro país ha sido foco de escándalo mundial, por la enorme cantidad de funcionarios públicos de la actual gestión de gobierno que detentan algún tipo de vínculo con las vulgarmente llamadas “cuentas off shore”, o para decirlo claramente, empresas creadas con el objeto de “lavar dinero” o evadir impuestos. Ni el estudioso más optimista en la materia, le atribuiría alguna función benévola para los intereses del país a la concreción de este tipo de empresas y sus correspondientes cuevas fiscales.
Pero el cinismo y la ridiculez de este gobierno no para de sorprendernos. La designación del nuevo titular de la AFIP y los antecedentes que acompañan al funcionario, constituyen un nuevo capítulo de la avanzada de Cambiemos sobre los intereses del Pueblo Argentino. Y lo digo de esta manera, porque quien preside el organismo que recauda impuestos en nuestro país, declaró en la Oficina Anticorrupción tener su dinero depositado en cuentas en el exterior, Luxemburgo y Gran Bretaña, además de tener participaciones en fideicomisos administrados en Estados Unidos.
Quizá lo más grotesco, es que el flamante titular de la AFIP no sólo posee ahorros en el exterior, sino que también integró el directorio de la compañía agropecuaria “El Tejar”, inscripta en Bermudas (paraíso fiscal) según consta en los documentos de “Panamá Papers”. Este hecho, pone de relieve la relación estrecha del funcionario con los diferentes dispositivos financieros que procuran la disminución y evasión impositiva. Estos datos, que al mismo tiempo constituyen contradicciones por la función institucional que cumple la AFIP, cuanto menos ponen en duda la legitimidad del nuevo funcionario.En criollo, ponen al zorro a cuidar las gallinas.
Y antes de profundizar sobre el contenido del presente Proyecto, resulta conveniente retrotraernos en el tiempo y ejercitar nuestra memoria, a los fines de vislumbrar las diferentes operaciones políticas y mediáticas que llevó a cabo el actual gobierno sobre la presente cuestión.
El día 31/03/2015, el diario clarín publicó una nota en donde se mencionaba que Máximo Kirchner sería cotitular, junto a Nilda Garré, de dos cuentas secretas. Textualmente la nota periodística decía: “Máximo Carlos Kirchner sería uno de los cotitulares de la cuenta abierta en el banco Felton de Delaware, EE.UU., que había manejado Nilda Garré, según dos fuentes bancarias y un documento consultados por Clarín. Habría otra cuenta abierta en el Morval Bank & Trust Ltd de las islas Caimán que llegó a tener 19.845.300 dólares. Según las fuentes en esta cuenta también figurarían Garré y Máximo. La revista brasileña Veja afirmó que también estaría como cotitular la hija de Garré, María Paula Abal Medina”.
Con posterioridad, el 20/05/2015 el mismo matutino negó la existencia de una empresa fantasma atribuida a Máximo Kirchner y Nilda Garré, mencionando que: “El gobierno de Belice negó que en su país esté registrada la empresa fantasma Business and Services IBC, a la cual dos fuentes bancarias consultadas por Clarín habían atribuido la titularidad de una supuesta cuenta en el banco Felton de EE.UU., y que habrían manejado Nilda Garré y Máximo Kirchner”.
Como puede apreciarse entonces, esta operación mediática careció del blindaje externo y terminó desmontándose con la investigación internacional de los “Panamá Papers”. El sol ya no se podía tapar con las manos.
A los fines de ser gráfica, efectuaré una enumeración de los distintos funcionarios que resultaron implicados dentro de lo que se conoció a nivel mundial como los “Panamá Papers”:
Mauricio Macri (Presidente de la Nación) fue imputado en abril del 2016 por integrar Fleg Trading Ltd., radicada en las islas Bahamas, y Kagemusha SA, registrada en Panamá.
Fernando De Andreis (Secretario General de la Presidencia) apareció implicado en un entramado de sociedades offshore en paraísos fiscales, de acuerdo con la información a la que accedió LA NACION a instancias del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario SüddeutscheZeitung.
Claudio Bernardo Avruj (Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) figura como presidente, director y subscriptor de Kalushy SA.
Jorge Macri (Intendente de Cambiemos en Vicente López y primo del Presidente de la Nación) es propietario de la empresa LatiumInvestments INC, cuya titularidad comparte con Carlos Libedinsky y Enrique Fraga.
Néstor Grindetti (Intendente de Cambiemos en Lanús) figura como apoderado de Mercier Internacional, una empresa offshore. Ocupó ese rol entre 2010 y 2013, mientras era secretario de Hacienda porteño. Por esta causa quedó imputado. Además, aparece asociado a una cuenta bancaria en Suiza. “No cometí ningún ilícito”, dijo entonces el dirigente.
Carlos Augusto Lo Turco (Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas) figura como presidente y director de Marbira SA, radicada en Panamá el 28/12/2006 con el número 549605, vigente al 8/4/16.
Jesús María Silveyra (Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria) figura como secretario y director de Trafimex SA Holding Corporation radicada en Panamá el 19/12/1984 con el número 142873.
Clarisa Lifsic (Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones) figura como directora en cuatro empresas radicadas en Chipre desde mediados de los años ´90, de las cuales tres continúan activas a la fecha. OrsettInvestmentsLimited (creada en 1995), EmergingUkranianLimited (creada en 1998 y cerrada en 2006), UkranianDolphinLimited (abierta en 1997) y Prior InvestmentsLimited (abierta en 1995).
Hugo Darío Miguel (Subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones) es tesorero y director de la empresa TESACOM Panamá SA (21/04/2008).
Jorge Braulio Norverto (Subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa) es socio de la firma “La Jotabe, LLC”, inscripta el 23/10/2010 en el estado de Florida, EE.UU. Allí figura también el abogado norteamericano DarinWadeMellinger, como agente de registro. Según Castellani, el domicilio informado es compartido por decenas de sociedades comerciales.
María Paula Schiappapietra (Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social) figura como titular de la empresa actualmente inactiva Los Didis, radicada en Florida (Estados Unidos) e inscripta el 13/02/2012.
Pablo Clusellas (Secretario Legal y Técnico de la Presidencia) fue intermediario entre su estudio jurídico y Mossack Fonseca, la firma panameña especializada en crear sociedades offshore.
Como si toda esta evidencia difundida públicamente no fuera suficiente para calmar la sed mediática de odio y mentira, el 22/08/2016 los medios de comunicación dominantes volvieron a la carga con un nuevo episodio del “periodismo de guerra”, asegurando que mi persona había ocultado movimientos sospechosos por u$s 492 millones, que serían "giros en el exterior de socios y financistas vinculados al mundo K".
El gran problema de esa operación mediática, fue no haber encontrado ninguna cuenta en el exterior, ni tampoco fondos ocultos o no declarados, sencillamente porque no existían. Solo existían las del actual Presidente de la Nación y su séquito de funcionarios de gobierno.
Sin embargo, la historia no culminó allí. Ante cada operación mediática del “periodismo de guerra” se develaban nuevos casos de funcionarios implicados en cuentas off shore, a saber:
Juan José Aranguren (Ministro de Energía) involucrado por haber sido director de dos empresas offshore que trabajaron con Shell. Se trata de Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, y de Sol Antilles y GuianasLimited. Con un agravante: la empresa subsidiaria ganó licitaciones por más de USD 150 millones durante su gestión como ministro (noviembre del 2017).
Luis Caputo (Ministro de Finanzas) manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo. Además, fue el administrador de NoctuaPartners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware, otra jurisdicción donde imperan el secreto y los beneficios fiscales.
Gustavo Arribas (Director de la Agencia Federal de Inteligencia) con participación en la empresa “Venezuela Corp” (EEUU).
Como broche de oro, en el mes de febrero del año en curso, se descubrió que Valentín Díaz Gilligan (ex Subsecretario general de la Presidencia de la Nación) ocultó 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en Andorra, el dinero habría permanecido en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de una sociedad, según la documentación a la que ha tenido acceso El País.
Diversas estimaciones señalan que la riqueza de argentinos en paraísos fiscales representa entre un 40% y un 100% de su PBI. Según un trabajo reciente publicado por el National Bureau of EconomicReserarch (NBER), hay 220.000 millones de dólares de argentinos en cuenta off shore (40% del PBI). Considerando esta cifra -conservadora en relación a otros estudios- Argentina ocuparía el quinto lugar en el ranking mundial de depósitos en paraísos fiscales del mundo, detrás de Rusia, Arabia Saudita, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos.
Como consecuencia de maniobras de evasión impositiva de empresas multinacionales que se canalizan en estas guaridas fiscales –la mayor parte de este dinero no está declarado-, sólo en el año 2016 Argentina dejó de recaudar 21.406 millones de dólares (4,4% de su PBI).
Sra. Presidenta, no existe andamiaje justificatorio que explique satisfactoriamente los motivos por los cuales los principales funcionarios del gobierno, desde el Presidente de la Nación hacia abajo, operaban cuentas de dinero y sociedades en guaridas (paraísos) fiscales.
Más allá del blindaje mediático y judicial que encubre a dirigentes y funcionarios oficialistas, ninguno de los tres poderes del Estado puede tener entre sus funcionarios personas que utilicen las guaridas o paraisos fiscales, y al mismo tiempo reclamarle a los y las ciudadanas que cumplan con sus obligaciones tributarias. O peor aún, ir a suplicar al extranjero inversiones para encontrarnos con la vergonzosa y patética escena de un Ministro de Economía argentino al que le enrostran tener su patrimonio fuera del país.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.