Planificación familiar, género, desigualdad y pandemia

Hoy, 3 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar.

La Planificación Familiar es el conjunto de prácticas utilizadas por mujeres y hombres, orientadas al control de la reproducción y a la formación de una familia en sentido general.

Dentro de la Planificación Familiar se incluye también la educación sexual, el acceso libre y seguro a métodos anticonceptivos y al aborto, para interrumpir embarazos no deseados, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, el asesoramiento antes y durante el embarazo, el tratamiento a la infertilidad y la adopción. 

La planificación familiar es un derecho humano clave para alcanzar la igualdad de género y el fortalecimiento de las mujeres, y forma parte a su vez de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Es también un elemento vital para erradicar la pobreza. 

En América Latina, los medios de comunicación han venido replicando testimonios durante meses que evidencian cómo la emergencia asociada al nuevo coronavirus ha vulnerado el derecho de las mujeres al acceso voluntario a métodos seguros de planificación familiar. 

Con los sistemas sanitarios enfocados en contener al virus, las mujeres también experimentan severas dificultades para acceder a los servicios de salud reproductiva de manera oportuna, a métodos anticonceptivos y al aborto seguro, a pesar de ser considerado todo esto por la OMS como esencial. 

Un monitoreo realizado en países latinoamericanos permite comprobar que estas limitaciones han ocasionado, como consecuencia, un incremento de la mortalidad materna. Así lo confirma el informe “La Salud Reproductiva es Vital”, realizado por el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai), entre marzo y agosto de 2020, que comprobó una tendencia al alza en los indicadores de mortalidad materna en la región con respecto al año anterior, como consecuencias de las restricciones en los servicios de salud reproductiva durante el confinamiento. 

Este informe también llama la atención sobre un incremento en los partos domiciliarios, conocidos como extrainstitucionales no planificados, que luego pueden reflejarse en las cifras de gestantes fallecidas.

El informe citado también concluye que el servicio de abortos fue otro de los más afectados durante el prolongado confinamiento. Si bien existen en algunos países latinoamericanos (muy pocos) el derecho garantizado al aborto legal, y en otros solo para casos de violación, inviabilidad fetal o peligro para la vida de la gestante, en tiempos de pandemia el acceso a este procedimiento en muchos contextos fue casi imposible, obligando a mujeres, adolescentes y niñas a continuar forzosamente sus embarazos, una clara violación de sus derechos humanos.

La COVID-19 puso y continúa colocando sobre la palestra muchas preguntas en el marco de una agenda pública regional para la igualdad, se ha cuestionado la falta de atención al impacto del aislamiento en las violencias dentro del hogar y el olvido en el que quedaron las poblaciones/comunidades vulnerables como las rurales, migrantes o indígenas (y sus mujeres). A estas preocupaciones debemos también sumar la efectividad de las medidas adoptadas por los gobiernos y la profundización de las barreras y brechas para el acceso oportuno (sobre todo de las mujeres) a los servicios de planificación familiar.