NUNCA MÁS ESPIONAJE ILEGAL

El Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesta su profunda preocupación y repudia la utilización de organismos de inteligencia del Estado, con participación de la Policía de la Ciudad, para la persecución ilegal de dirigentes políticos, periodistas, funcionarios y organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

En 2012 Mauricio Macri, por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue imputado por asociación ilícita, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, junto con las máximas autoridades de la Policía Metropolitana. La justicia entendió que el entonces Jefe de Gobierno, sirviéndose de la estructura de la Policía Metropolitana y de recursos del Estado había conformado una asociación ilícita que “pinchaba” teléfonos de dirigentes políticos de la oposición, sindicalistas, referentes sociales, dirigentes empresariales e incluso a miembros de la propia familia Macri, entre otros.

Ya en 2016, en ejercicio del poder del Estado, Mauricio Macri fue sobreseído y la causa elevada a juicio oral con once imputados, por la Sala I de la Cámara Federal.

En noviembre de 2016, en la Legislatura porteña se aprobó la ley 5.688 de “Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que dio origen a la estructura de la actual Policía de la Ciudad. Una nueva policía con perspectiva en Derechos Humanos.

Hoy queda en evidencia que ese ideal de una policía diferente, se diluyó en las manos de quienes tenían -y aún tienen- la responsabilidad política-institucional de su conducción. Que en lugar de fortalecer el espíritu y sostener los principios con los que fue creada, la hicieron partícipe de una estructura ilegal, estatal y paraestatal, montada a través de la Agencia Federal de Inteligencia.

Según las pruebas documentadas a instancias judiciales, la estructura delictiva se conformaba por miembros de la Policía de la Ciudad, narcotraficantes, barrabravas y servicios de inteligencia. Ellos recolectaban información que posteriormente clasificaban y entregaban a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, responsables de la AFI, así como también a otros funcionarios de la máxima confianza de Mauricio Macri, con el objetivo de presionar y perseguir.

El grado de sincronización entre los miembros y sus habituales visitas a Casa Rosada, muestran la gravedad política e institucional de los hechos que se investigan. Tal es la gravedad que llega hasta la utilización de recursos de la Ciudad para el sostenimiento de esta estructura ilegal.

Es parte de nuestra responsabilidad velar por los derechos de quienes fueron objeto de la utilización de la estructura estatal para ser espiados y perseguidos, estructura que llegó a incluir en sus listas al propio Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el Vicejefe de Gobierno Diego Santilli. 

Exigimos la mayor diligencia judicial, para que los responsables de estos hechos rindan cuentas; como también exigimos la interpelación al Jefe de Ministros, Felipe Miguel, y de todos aquellos funcionarios con responsabilidades ineludibles por su rol de gestión, quienes hasta el momento no han dado explicaciones, haciendo caso omiso a las diferentes citaciones y pedidos de informe solicitados desde este espacio político en la Legislatura porteña.

Debemos decir “NUNCA MÁS” a estas viejas prácticas mafiosas, que a través de la utilización inescrupulosa del Estado, violenta el ejercicio democrático, poniendo en riesgo la vida y calidad institucional del país y la Ciudad.