Los 5 ‘fichajes’ del PP para seguir controlando el CGPJ

El Partido Popular maneja varios nombres relacionados con el ámbito conservador, incluso directamente con su formación política, en su negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, de la que quieren excluir a Unidas Podemos a pesar de ser parte del Gobierno

Durante la mañana de hoy han salido a la luz varios nombres de jueces y magistrados que tanto PP como PSOE manejan en sus negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva caducado dos años. El ímpetu por parte de la formación azul para excluir a la pata morada del Gobierno de los acuerdos les ha llevado a manejar a las dos fuerzas un reparto, ya habitual, de 10 a 10, dejando dos vocalías que estarían relacionadas con el PNV y Cataluña pero, en ningún caso, con el independentismo.

Los casos de corrupción que asolan al Partido Popular han recrudecido las negociaciones, y sus propuestas ostentan vinculaciones –algunas históricas– o afinidades políticas con su formación. ¿Quiénes son dichos jueces?

ALEJANDRO ABASCAL, EL JUEZ CONSERVADOR DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Abascal es un gran conocido dentro de la judicatura relacionada con las esferas conservadoras. En su corta trayectoria como juez, forma parte de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de la que también provienen Carlos Lesmes y Manuel García-Castellón.

Dentro de su carrera profesional en el poder judicial destaca su incorporación en 2010 al CGPJ, nombrado Jefe de Sección del Servicio de Personal bajo la presidencia de José Carlos Dívar Blanco, magistrado denunciado por una presunta malversación de fondos públicos por la que sería obligado a dimitir en 2012.

Esta primera incursión en el CGPJ finaliza en 2016, tras el impulso que recibió de la mano de Carlos Lesmes, nombrándole juez de refuerzo del magistrado Eloy Velasco en la Audiencia Nacional, quien también ostenta vinculaciones con Génova desde 1995 cuando formó parte, de la mano de Zaplana, del primer Gobierno del PP en Valencia. Durante los 6 meses que desarrolló el cargo, en este juzgado se investigaban casos como la trama Púnica.

Tras su estancia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en 2019 regresa al CGPJ donde Carlos Lesmes, a través de un mandato ya caducado, le nombra de nuevo juez de refuerzo de la Audiencia Nacional, en esta ocasión, bajo el mando de Manuel García-Castellón. Nombramiento no exento de polémica, ya que fue recurrido ante el Tribunal Supremo por una jueza, Rosa Freyre, que contaba con el triple de antigüedad y presentaba un mayor número de méritos.

Ahora, ambos magistrados no solo investigan la trama Púnica, también casos como Lezo y Tándem, por lo que el ‘fichaje’ del Partido Popular podría verse motivado por la importancia de Abascal en la resolución judicial de las corruptelas por las que múltiples miembros del partido se encuentran imputados.

Asimismo, se le conocen también relaciones remuneradas con la fundación de José María Aznar, FAES, a través de la realización de conferencias, charlas y cursos.

Según ha podido saber LÚH, ante todos los antecedentes que presenta este magistrado, Unidas Podemos no estaría dispuesto a aceptar su nombramiento. Abascal, que mantiene una profunda amistad personal con Pablo Casado, establece una “línea roja” en las negociaciones.

GEMA ESPINOSA, LA PAREJA DE PABLO LLARENA RELACIONADA CON UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN CONTINUADA

Gema Espinosa es otra de las candidaturas propuestas por el Partido Popular. Casada con el polémico Pablo Llarena, juez instructor del ‘procés’, presidente de la APM y conferenciante estrella de FAES, el nombre de la magistrada saltó tras la polémica creación ilegal de una plaza de fiscales para beneficiar a la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Todo un entramado para que Sofía Marchena pudiese obtener un puesto en Fiscalía a pesar de no contar con los méritos ni la calificación necesaria.

Público destapó en exclusiva que el presunto delito de prevaricación continuada radicaba en la “ejecución de un plan tendente a alterar la garantía de la imparcialidad y de la independencia judicial (...) para el que propusieron y aprobaron la cobertura de los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional con miembros de la carrera judicial seleccionados por su perfil y por su posicionamiento ideológico (...) con el fin de garantizarse el enjuiciamiento por medio de Magistrados afines al Partido Popular en las causas de corrupción que afectan a sus dirigentes”.

JOSÉ ANTONIO MONTERO, MAGISTRADO DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE OSTENTA RELACIONES CON EL ÁMBITO BANCARIO

José Antonio Montero es uno de los magistrados que forman parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Dicho estamento de la judicatura es conocido por promover la sentencia a favor de los bancos que obliga a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados a los clientes con hipotecas y no a las entidades.

Todo un proceso rodeado de polémica ya que, tras una primera decisión donde se condenaba a los bancos a su amortización, finalmente se asistió a un cambio súbito de doctrina.

Poco tiempo después, se conoció la relación que mantenían 4 de los magistrados de la Sala con esferas bancarias, que habrían participado en actividades retribuidas y cursos impartidos por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), un centro patrocinado por bancos como el Santander, BBVA o Sabadell y la Asociación Española de Banca.

RAÚL SÁNCHEZ CONESA, SEÑALADO POR SUS “CHAPUZAS JUDICIALES”

De este magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena solo se conoce oficialmente su apretada agenda de trabajo. Presume de resolver hasta 44 asuntos al día a través de videoconferencias durante la pandemia.

Ello le ha valido críticas de particulares que califican de “chapuzas” sus instrucciones. En un caso relacionado con un instituto de Murcia por acoso laboral, señalan faltas serias en el proceso. “Este mismo juez, Raúl, dictó auto de apertura de juicio oral en julio de 2012, pero, antes de eso, no emitió ningún auto de conclusión de las diligencias imputando al profesor delito o falta alguna, sino que se precipitó en la tramitación del procedimiento (...). O sea, que el citado juez ha prescindido del procedimiento establecido para la tramitación de la causa, lo que sería constitutivo de un delito de prevaricación judicial”, aseguran en un comunicado los denunciantes.

FRANCISCO OLIVER, DIRECTOR DE SEGURIDAD DE IGNACIO GONZÁLEZ

Oliver, conocido por condenar a un trabajador de la planta de Coca Cola en Fuenlabrada a 6 meses de cárcel y una indemnización de 4.800 euros a dos antidisturbios, sentencia a la que CC.OO. atribuyó un “sesgo ideológico” por “estar llena de contradicciones”.

Lo cierto es que, en el momento de dictaminarla, el juez ostentaba el cargo de Director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, presidida en aquel momento por Ignacio González (PP), quien le adjudicó el puesto.

Fuente: La Última Hora

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