Lawfare: Imputan a parte de la cúpula de Podemos, por una supuesta 'caja B'

La persecución política a uno de los partidos de la coalición gobernante, continúa

Tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos englobados en la existencia de una supuesta 'caja B', el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además del tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val,  respectivamente.

Segun adelantara el periódico digital español Público  y confirmado por la Agencia hegemónico corporativa Europa Press, el magistrado ya había citado a los tres para el 20 de noviembre en calidad de investigados después de que Calvente ratificara su denuncia ante Escalonilla y declarara durante varias horas a finales del pasado julio.

Aparte de estas citas, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha, como es requerir a Podemos mucha documentación, que incluye desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores .

Las comparecencias de los investigados tendrán lugar después de que hayan declarado tanto Calvente como Gloria Eliza, actual vicepresidenta tercera del Congreso y ex responsable del equipo legal de Podemos, y Mónica Carmona, otra de las antiguas abogadas del partido que fue despedida también en diciembre . Ambas están citadas el 15 de septiembre como testigos de refutación tras la denuncia de Calvente.

Lawfare y la pata mediática

El rol de los medios de comunicación es uno de los pilares fundamentales en la construcción del Lawfare. No es posible el Lawfare sino hubiera una relación directa entre Poder Judicial y medios de comunicación.

En este sentido, el proceso de judicialización de la política, con la asistencia de los aparatos mediáticos constituye un factor determinante en los procesos de desestabilización política en España y en la desacreditación y destitución de líderes populares -como ha sido en los casos de Lula Da Silva, Cristina Fernández o Dilma Rousseff, entre otros-, a través de la modalidad del “golpe institucional”, conocido como “golpe blando”.

Esta desestabilización política y desacreditación al partido morado, intenta dar de lleno en la línea de flotación de uno de los partidos de la coalición: Pablo Iglesias, através del abogado desplazado de las filas de Podemos.

El aparato está en marcha. La pata judicial se activó con la denuncia de Calvente y la posterior imputación de Escalonilla a tres miembros del partido de Iglesias por una supuesta caja B. Faltaba la pata mediática. Y la Agencia corporativa Europa Press dijo: presente! Un actor indispensable, junto al poder judicial, para la construcción se sentido en la opinión publica en pos de la judicializacion de la política, la persecución y criminalización.

En este sentido, la Agencia europea de noticias le habilitó la voz al abogado destituido para que de rienda suelta a sus denuncias por posibles irregularidades al interior de Podemos.

El propio abogado le dijo a Europa Press que, tanto Carmona como él estaban haciendo una investigación interna por posibles irregularidades contables a Podemos cuando fueron despedidos. Irregularidades que habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o sobresueldos. También dirige sus sospechas contra Neurona Comunidad SL, empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

En todo caso, Calvente quiso dejar claro que él no ha denunciado a Podemos como persona jurídica y que su escrito no se dirige contra personas concretas, sino que ha relatado unos hechos presuntamente irregulares, por lo que es el juez el que ha decidir, tras la investigación correspondiente, quiénes son los posibles autores.

Pero hay algo que tanto el abogado despechado como la Agencia hegemónica se han "olvidado" de añadir a su campaña. Y es que el abogado fue despedido en diciembre tras ser denunciado por otra de las letradas del partido, Marta Flor, de acoso sexual y laboral, denuncia que, obviamente, ha sido archivada recientemente por otro juez de Madrid al "no encontrar ningún indicio".

Podemos: "Buscan un caso mediático"

En este contexto de Lawfare, y a raíz de las imputaciones de Del Olmo, el tesorero y la gerente, los dirigentes de Podemos consideran que el magistrado Escalonilla está haciendo "una investigación prospectiva" por "practicar diligencias dando por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio de la investigación". Y donde la presunción de inocencia no existe.

El objetivo de este tipo de investigaciones amañadas con antelación, es convertir la causa en "un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada" por las inconcistencias en el acto procesal.

Convengamos que desde su nacimiento, Podemos ha sido acusado de diferentes delitos mediante querellas judiciales de alto impacto en el imaginario social. Principalmente sus vías de financiación han sido puesta en entredicho públicamente mediante algunas informaciones en medios de comunicación que se han traducido en varias denuncias ante la justicia. La pasada semana, tras el comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) denunciando amenazas y acoso del partido morado a un grupo de periodistas, sus dirigentes han invitado a la organización a acudir a los tribunales. Además han recordado que todas las denuncias presentadas oficialmente han sido archivadas. En total, hasta el momento han sido al menos 14 las querellas archivadas por los tribunales dirigidas al partido liderado por Pablo Iglesias o contra alguno de sus dirigentes. Las dos últimas han sido conocidas esta misma semana.

El pasado día 5 de agosto, Podemos solicitó la nulidad de todas las actuaciones por no haber sido entregada la testifical de Calvente a la parte denunciada. Según obra en la solicitud de nulidad, “únicamente se ha proporcionado grabación de los primeros 41 minutos y 52 segundos (y por cierto, con importantes deficiencias técnicas que impiden entender gran parte de lo declarado por el denunciante), no constando la entrega de la grabación del tiempo restante, que deberían ser unas 2 horas y 40 minutos (ya que, salvo error, la declaración se prolongó casi 3 horas y 30 minutos)”.

La persecución política a uno de los partidos de la coalición gobernante, continúa. El Lawfare está más vivo que nunca.

Fuentes: El Nacional/Cuarto Poder/

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