La ‘policía patriótica’ del PP espió a 69 diputados de Podemos a través de las bases de datos de Interior

Las pruebas documentales de un supuesto espionaje ilegal a los 69 diputados que Podemos logró en las elecciones de diciembre de 2015 han llegado a la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz investiga las maniobras de la denominada policía patriótica durante el mandato del Partido Popular contra sus adversarios políticos. El rastreo masivo que hicieron los agentes con cientos de consultas en bases de datos policiales entre 2015 y 2016 afectó al menos a 55 parlamentarios recién elegidos de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra o Irene Montero.

La operación policial, ahora documentada, se enmarca dentro del interés del por entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, en sus conversaciones de enero de 2016 con el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, en buscar datos que dañaran la reputación de los recién elegidos diputados de Podemos. Así se deduce de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el político y el mando policial que fueron extraídos del teléfono móvil requisado a Martínez durante la investigación del caso Kitchen, el supuesto espionaje policial ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, para sustraerle documentación sobre la financiación bajo sospecha de la formación conservadora.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abrió una investigación judicial este febrero a raíz de una querella presentada por Podemos donde denunciaba haber sido víctima de las maniobras de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior en época del Gobierno de Mariano Rajoy. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha remitido ahora al juez el informe sobre el uso de bases de datos policiales en 2015 y 2016 para investigar distintos aspectos de la vida de los 69 parlamentarios de Podemos.

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, consultado por este diario, ha señalado: “La noticia que dais confirma algo que venimos diciendo desde hace tiempo, tenemos una democracia limitada, en la que hay poderes del Estado, en este caso policías, altos mandos policiales, que se toman la justicia por su mano y que llevan a cabo una investigación prospectiva ilegal contra quien consideran un adversario político sin tener competencias para considerarlo”. “Lo que reforzaría nuestra democracia es que esos policías acabaran en prisión, creo que eso es muy difícil que ocurra con una derecha judicial tan legitimada después del acuerdo del PSOE con el PP de repartirse el Consejo General del Poder Judicial, temo que esto va a quedar en la impunidad y que se va a seguir normalizando que en este país hay poderes impunes, poderes ajenos al derecho, que son los que realmente mandan más allá de lo que decidan los ciudadanos”, ha agregado.

“Mirar a los 69 de Podemos se saca, pero deja rastro”

Así fue dicha conversación entre Martínez y Castaño el 30 de enero de 2016:

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

SIGUE LEYENDO

Francisco Martínez: De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?

García Castaño: Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar. Se me pasó.

Martínez: Sería muy interesante saberlo... Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etc.

García Castaño: Josetxu Arrieta, el único que tiene pertenencia a ETA.

Martínez: ¿Estuvo condenado?

García Castaño: Sí.

Martínez: ¿Y los demás nada?

García Castaño: ¿Nada?

Martínez: ¿Digo que si los demás están limpios? ¿Tampoco violencia callejera, anarcas, etc.?

García Castaño: Lo vuelvo a mirar, pero creo que no.

Martínez: Cagüenlaputa (…) Alguno tiene que ser chungo.

García Castaño: Vamos a ver.

Francisco Martínez: Mira con ojos atentos.

García Castaño: Te parece poco todo lo que tienen, Castiñeira [Jefe de la Brigada Provincial de Información] tiene que tener lo que haya, porque los trabajó mucho tiempo. (…) Le pregunto.

Francisco Martínez: Y de los otros, ¿qué? No me mandas nada....

García Castaño: El cabrón de Germán me dice que esta tarde, porque mirar los 69, se saca, pero hay que mirar uno a uno y, claro, deja rastro.

Ese “rastro” figura en el informe fechado el pasado 8 de julio que la policía ha enviado al juez Santiago Pedraz, donde se detallan cientos de consultas sobre los 69 diputados de Podemos en bases de datos policiales (Argos, Sidenpol y otras). Consultas sin ningún motivo aparente y sin amparo judicial. Esas bases de datos permitían conocer los antecedentes policiales de las personas investigadas, el contenido de las diligencias policiales que afectaran a los espiados, sus viajes, alojamientos o vehículos y otro tipo de información. Era un espionaje destinado a rastrear en la vida de los 69 parlamentarios de Podemos.

Diputados espiados

En algunos casos apenas se trata de media docena de consultas; en otros son decenas o cientos. Entre los diputados supuestamente espiados figuran la vicepresidenta Yolanda Díaz, el actual ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, la secretaria general de esta formación, Ione Belarra; la exministra Irene Montero, o el actual portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.

Pablo Iglesias. Las búsquedas al por entonces líder del Podemos fueron 121, repartidas homogéneamente entre el 7 de enero de 2015 al 29 de diciembre de 2016, los dos años completos de registros que solicitó el juez a la Policía. El análisis señala que 39 usuarios diferentes ejecutaron el rastreo de información en cuatro bases de datos diferentes (según aparece en el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS), la mayoría en Argos (59) y Personas (46). En las palabras de búsqueda destacan las palabras “hospederías”, “joyas” y referentes a viajes en avión o barcos.

Íñigo Errejón. El entonces diputado de Podemos y hoy portavoz de Sumar en el Congreso aparece en el informe policial con 34 búsquedas a tres bases de datos diferentes por 10 usuarios de la Policía. Las fechas de las consultas van del 14 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2016.

Yolanda Díaz. La actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo era bastante desconocida cuando se desencadenó el supuesto espionaje ilegal a diputados de Podemos. Pese a ello, es de las diputadas que más consultas en bases de datos sufrió: 401 entre el 2 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2016. Al menos 230 usuarios rastrearon a Díaz, en su mayoría en la base de datos Sindepol.

Irene Montero: La exministra de Igualdad, por entonces diputada, fue espiada por 18 usuarios de la Policía a través de 28 búsquedas, en las bases de datos policiales Argos y Sindepol, entre el 13 de enero de 2015 y el 27 de julio de 2016.

Ione Belarra. La entonces diputada de Podemos por Navarra en el Congreso y ahora secretaria general del partido fue investigada al menos en 13 ocasiones por la Policía Nacional durante el periodo de tiempo de entre enero de 2015 al 10 de octubre de 2016, aunque se intensificaron a partir de febrero de ese último año, donde la exministra de Asuntos Sociales fue rastreada hasta en siete ocasiones.

Pablo Bustinduy. El actual ministro de Asuntos Sociales fue espiado mientras formaba parte del equipo de Podemos en 2016. Era entonces ideólogo de la formación morada y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores y diputado en el Congreso en 2016. Bustinduy fue rastreado en 13 ocasiones; un año antes habían sido consultados sus datos seis veces.

Joan Baldoví. El portavoz de Compromís en Valencia también figura en el listado de los diputados investigados por Interior. Baldoví fue cabeza de lista en las generales de 2015 con la coalición Compromís-Podemos por Valencia para el Congreso de los Diputados. Su nombre aparece registrado en 15 ocasiones, todas las búsquedas se efectuaron desde enero de 2016 hasta diciembre de ese año.

Operación de descrédito

La recopilación y el uso de datos personales con fines policiales es un delito contra el derecho a la vida privada y familiar de una persona, así como de su domicilio y correspondencia, según el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos humanos, que especifica que “no podrá haber injerencia de la autoridad pública” a menos que esta sea “necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales”. El análisis de estas búsquedas reflejan una desproporcionalidad, tanto por el tiempo en el que se ejecutó este espionaje como por la cantidad de búsquedas realizadas en diferentes bases de datos.

Aquella operación policial, supuestamente ilegal, se desencadenó cuando el PP temía perder el Gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, por una posible alianza de PSOE y Podemos junto a otras fuerzas minoritarias con las que podrían sumar los 176 diputados necesarios. Para neutralizar esa posibilidad, desde el Ministerio del Interior se planificó una operación consistente en desacreditar a los diputados de Podemos mediante la búsqueda de algún elemento en sus vidas que pudiera ser motivo de reproche social.

‏Source elpais.com