LA MALA LECHE DE NESTLE
Antonio García.
Nestlé, la multinacional de alimentos Suiza vuelve a enfrentar un escándalo internacional tras revelarse la venta de fórmulas infantiles contaminadas con cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus. La denuncia fue impulsada por la organización de defensa del consumidor Foodwatch, quien informó que unas diez fábricas europeas utilizaron aceite contaminado en productos distribuidos en más de sesenta países, incluidos varios de América Latina.
El problema no se limita a la contaminación, sino también a la demora en la reacción. Según Foodwatch, la empresa habría detectado el riesgo a fines de noviembre de 2025 y notificado a autoridades neerlandesas en diciembre, pero el retiro masivo de productos no comenzó hasta enero de 2026. Durante ese lapso, algunos lotes fueron retirados de manera subrepticia sin informar claramente a los consumidores.
En Francia, la situación derivó en investigaciones judiciales tras varios casos de bebés hospitalizados y al menos una muerte bajo análisis. Las denuncias apuntan a posibles delitos como comercialización de productos peligrosos, incumplimiento de normas sanitarias y falta de notificación oportuna, en un contexto especialmente sensible por tratarse de alimentos destinados a lactantes.
El caso también salpica a otras transnacionales del sector lácteo como Danone y Lactalis, cuyos productos habrían utilizado el mismo ingrediente contaminado. La crisis ha reavivado el debate sobre la trazabilidad, el control de proveedores y la responsabilidad empresarial en la industria global de alimentos infantiles.
Este nuevo episodio se suma a una serie de controversias previas que han afectado la reputación de Nestlé, incluidas denuncias recientes de la ONG suiza Public Eye por la adición de azúcar en alimentos infantiles vendidos en África. En conjunto, los hechos refuerzan cuestionamientos persistentes sobre la transparencia y la ética corporativa, donde las grandes transnacionales priorizan la rentabilidad y no la salud pública.
Es importante recordar que ya en Colombia desde hace décadas se han venido denunciando estas prácticas recurrentes de la gigante de los alimentos, justamente en el 2008 se llevó a cabo el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se ocupo de investigar y juzgar el papel de las transnacionales y su participación directa en el conflicto como financiadoras o auxiliadoras del paramilitarismo y otras prácticas contra el pueblo colombiano.
En efecto, empresas como la Chiquita Brands, Coca cola y Nestlé entre otras fueron juzgadas por este tribunal alternativo, y allí se encontró que la transnacional suiza tiene como práctica recurrente la distribución de alimentos procesados de mala calidad y/o vencidos, colocando en alto riesgo a los consumidores de todo el mundo, especialmente a la población infantil que consumen dichos productos.
Por tanto, este no es un caso aislado, sino de "mala leche", pues se trata de una política o practica recurrente de la Transnacional en contra de los pueblos con la connivencia de diferentes Estados y gobiernos del mundo que se someten al soborno del gran capital mundial.