Eichmann en Jerusalén
11. Las deportaciones de los Balcanes: Yugoslavia, Builgaria, Grecia y Rumania
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11. LAS DEPORTACIONES EN LOS BALCANES: YUGOSLAVIA, BULGARIA, GRECIA Y RUMANIA
Quienes siguieron atentamente la acusación del fiscal y leyeron la sentencia que reorganizaba el confuso y equívoco «cuadro general» de aquélla, quedaron grandemente sorprendidos de que no se mencionara en ningún caso la clara línea divisoria que separaba los territorios dominados por los nazis en el este y sudeste europeo del sistema de estados nacionales situado en la Europa central y occidental. La franja de heterogénea población que se extiende desde el mar Báltico, al norte, hasta el Adriático al sur, esta área que actualmente se encuentra casi en su totalidad tras el telón de acero, estaba entonces formada por los llamados estados sucesores establecidos por las potencias victoriosas, tras la Primera Guerra Mundial. Se concedió un nuevo orden político a los numerosos grupos étnicos que durante siglos vivieron bajo el dominio de los imperios, del imperio ruso al norte, el austrohúngaro al sur, y el otomano al sudeste. Entre los estados nacionales resultantes no había siquiera uno que poseyera la homogeneidad étnica de las viejas naciones europeas que les sirvieron de modelo, en la hora de redactar sus constituciones. El resultado fue que cada uno de estos países contenía amplios grupos étnicos violentamente hostiles al gobierno que les administraba, debido a que sus aspiraciones nacionalistas fueron olvidadas en beneficio de otro grupo étnico ligeramente superior en número. Si se necesitara demostrar la inestabilidad política de estos estados de reciente fundación, bastaría con contemplar el caso de Checoslovaquia. Cuando, en marzo de 1939, Hitler entró en Praga, fue entusiásticamente bienvenido no solo por los Sudetendeutschen, la minoría alemana, sino también por los eslovacos a quienes había «liberado» al ofrecerles un Estado «independiente». Exactamente lo mismo ocurriría más tarde en Yugoslavia, donde la mayoría serbia, anterior dominadora del país, fue tratada como enemiga, mientras la minoría croata recibía su propio gobierno nacional. Además, debido a que las poblaciones de estos territorios no siempre estaban concentradas en determinadas regiones, no había fronteras naturales ni históricas, y aquéllas que se establecieron en los tratados de Trianón y Saint Germain eran totalmente arbitrarias. En consecuencia no hubo dificultad en lograr que Hungría, Rumania y Bulgaria se adhirieran al Eje, gracias a la oferta de generosas ampliaciones de sus territorios. Los judíos de estas zonas anexionadas en momento alguno recibieron la consideración de nacionales del país de que se tratara, sino que automáticamente se convirtieron en apátridas y, en consecuencia, sufrieron el mismo destino que los judíos refugiados en los países de la Europa occidental. Invariablemente, fueron los primeros en ser deportados y liquidados.
En el curso de los años a que nos referimos, también quedó destrozado el sistema de estatutos de las minorías, mediante el que los aliados habían intentado resolver un problema que, en el marco de un Estado nacional, es siempre irresoluble. En todos los estados sucesores, los judíos eran una minoría oficialmente reconocida, y el estatuto de que gozaban no les había sido impuesto a la fuerza, sino que era el resultado de reivindicaciones y negociaciones realizadas por sus propios delegados en la Conferencia de Paz de Versalles. Esto último significó una importante encrucijada en la historia de los judíos, ya que fue la primera ocasión en que los judíos occidentales, o sea, los judíos asimilados, no fueron considerados como portavoces de todo el pueblo judío. Ante la sorpresa y, en algunos casos, el desaliento de los «notables» judíos educados en Occidente, resultó que la gran mayoría de los judíos no deseaba la autonomía política, sino tan solo una especie de autonomía social y cultural. Desde un punto de vista jurídico, el estatuto de los judíos de la Europa oriental era exactamente igual al de cualquier otra minoría, pero desde un punto de vista político —y ello tuvo decisiva importancia— los judíos eran el único grupo de aquella región que carecía de una «patria», es decir, el único grupo carente de un territorio en el que ellos constituyeran la población mayoritaria. Sin embargo, tampoco vivían en aquella dispersión propia de sus hermanos de la Europa central y occidental. En estas últimas zonas, antes del advenimiento de Hitler, llamar judío a un judío había sido un indicio de antisemitismo, pero en el Este tanto los amigos como los enemigos consideraban que los judíos constituían un pueblo distinto. Esto tuvo gran repercusión en el estatus de aquellos judíos del Este que verdaderamente estaban asimilados, por lo que se hallaban en situación muy distinta de la de los judíos de Occidente, donde la asimilación, bajo una forma u otra, era norma. La gran masa de judíos de la clase media, característica en los países de la Europa central y occidental, no existía en el Este; en su lugar había un escaso número de familias judías de la clase media alta que, en realidad, pertenecía a la clase dirigente, y cuyo grado de asimilación, mediante el dinero, el bautismo y los matrimonios mixtos, a la sociedad gentil era infinitamente superior que el de la mayoría de los judíos occidentales.
Entre los primeros países en que los ejecutores de la Solución Final se encontraron con estas circunstancias estaba el Estado satélite de Croacia, en Yugoslavia, cuya capital era Zagreb. El gobierno croata, presidido por el doctor Ante Pavelié, tuvo la amabilidad de decretar medidas antisemitas tres meses después de haber accedido al poder, y cuando se le preguntó qué destino debía darse a las escasas docenas de judíos croatas residentes en Alemania, repuso que «agradecería que fuesen deportados al Este». El ministro del Interior del Reich pidió que el país quedase judenrein en febrero de 1942, y Eichmann mandó al Hauptsturmführer Franz Abromeit para que colaborase con el agregado policial en Zagreb. Las deportaciones fueron llevadas a cabo por los propios croatas, especialmente por los miembros del fuerte movimiento fascista, el Ustashe, y pagaron a los nazis treinta marcos por judío deportado. A cambio, recibieron todos los bienes de los deportados. Esto último era consecuencia del «principio territorial» oficialmente adoptado por los alemanes, aplicable a todos los países europeos, en virtud del cual el Estado heredaba todas las propiedades de los judíos asesinados que habían residido en su territorio, fuese cual fuere su nacionalidad. (Los nazis no siempre respetaban su «principio territorial», y disponían de muchos medios para soslayarlo, cuando les parecía que merecía la pena. Los hombres de negocios alemanes compraban todos sus bienes a los judíos, antes de ser deportados, y el Einsatzstab Rosenberg, al principio, autorizó la confiscación de todos los capitales hebraicos y judaicos para que fuesen entregados a los centros de investigación antisemitas. Posteriormente amplió su campo de acción, y entre los bienes confiscables incluyó obras de arte, así como valiosas piezas de mobiliario). El plazo que terminaba en febrero de 1942 no pudo ser cumplido, debido a que los judíos pudieron escapar desde Croacia al territorio ocupado por los italianos. Pero después del coup d’État de Badoglio, otro hombre del grupo de Eichmann, llamado Hermann Krumey, llegó a Zagreb, y en el otoño de 1943 treinta mil judíos habían sido ya deportados a los centros de exterminio.
Pero, entonces, los alemanes se dieron cuenta de que el país todavía no estaba judenrein. En las iniciales medidas legislativas antijudías habían advertido la presencia de un curioso párrafo que transformaba en «arios honorarios» a todos los judíos que hubieran contribuido a la «causa croata». Como es natural, en el curso de los años que mediaron, el número de estos judíos aumentó grandemente. Los judíos muy ricos, es decir, aquéllos que se desprendían voluntariamente de sus riquezas, quedaron exentos. Y más interesante todavía fue el hecho de que los servicios de contraespionaje de las SS (dirigidos por el Sturmbannführer Wilhelm Höttl, que fue citado como testigo de la defensa en Jerusalén, pero cuya declaración utilizó el fiscal para fundamentar sus alegaciones) descubrieron que casi todos los miembros de la minoría directiva de Croacia, desde el primer ministro hasta el jefe del Ustashe, estaban casados con mujeres judías. Los mil quinientos judíos que en esta zona lograron sobrevivir —el cinco por ciento, según un informe del gobierno yugoslavo— eran todos ellos, sin duda alguna, miembros de aquel grupo judío altamente asimilado y extraordinariamente rico. Como sea que el porcentaje de judíos asimilados en las masas del Este ha sido muy a menudo estimado en un cinco por ciento, cabe deducir que en el Este la asimilación, siempre que era posible, ofrecía mayores probabilidades de supervivencia que en el resto de Europa.
La situación era muy distinta en el vecino territorio de Serbia, donde el ejército de ocupación alemán tuvo que luchar, casi desde el primer día, con una guerra de guerrillas, que por su intensidad tan solo puede compararse con la que se desarrolló en Rusia, tras las líneas alemanas. Anteriormente he mencionado el único incidente que puso en relación a Eichmann con la matanza de judíos serbios. La sentencia del tribunal de Jerusalén reconoció que «no hemos podido comprender con la debida claridad cuáles eran las normales líneas de mando, con respecto a los judíos de Serbia», y la explicación se encuentra en el hecho de que la oficina de Eichmann ninguna relación tuvo con lo ocurrido en esta zona, debido a que no se deportó en ella ni a un solo judío. El «problema» fue enteramente resuelto sobre el terreno. So pretexto de ejecutar rehenes apresados en la lucha de guerrillas, el ejército mató a tiros a la población judía masculina. Las mujeres y los niños fueron entregados al comandante de la policía de seguridad, un tal doctor Emanuel Schäfer, especialmente protegido por Heydrich, quien los mató en camiones dotados de gas. En agosto de 1942, el Staatsrat Harald Turner, jefe de las oficinas civiles del gobierno militar, informó orgullosamente que Serbia era «el único país en que se han resuelto los problemas tanto judíos como gitanos», y devolvió a Berlín los camiones de gas. Se estima que unos cinco mil judíos se unieron a los guerrilleros, y esta fue la única vía de escape que tuvieron.
Después de la guerra, Schäffer fue juzgado por un tribunal alemán de lo criminal. Por haber dado muerte mediante gas a 6.280 mujeres y niños, fue condenado a seis años y seis meses de presidio. El gobernador militar de la región, el general Franz Böhme, se suicidó, pero el Staatsrat Turner fue entregado al gobierno yugoslavo, y condenado a muerte. Una vez más se repitió la vieja historia: los que lograron escapar al juicio de Nuremberg y no fueron entregados a los gobiernos de los países en que cometieron sus crímenes, o bien jamás fueron juzgados, o bien los tribunales alemanes les trataron con la mayor «comprensión» que cabe imaginar. Estos hechos traen a la memoria el recuerdo de la República de Weimar, cuya especialidad fue perdonar los delitos políticos cuando el asesino pertenecía a uno de los violentos grupos antirrepublicanos de la derecha.
Bulgaria tenía más razones que cualquier otro país de los Balcanes para estar agradecida a la Alemania nazi, debido al considerable aumento de su territorio conseguido a expensas de sus vecinos, Rumania, Yugoslavia y Grecia. A pesar de esto, Bulgaria no fue agradecida. Tanto su gobierno como su pueblo no eran lo bastante blandos para permitir que la «despiadada dureza» surtiera sus efectos. Y así fue no solo en lo referente a la cuestión judía. La monarquía búlgara no tenía razón alguna para sentirse inquieta por el movimiento fascista del país, el Ratnizi, debido a que era numéricamente pequeño, y sin influencia política, en tanto que el Parlamento siguió siendo un cuerpo altamente respetado, que trabajaba al unísono con el rey. Por esto, Bulgaria se negó a declarar la guerra a Rusia, y ni siquiera se tomó la molestia de mandar, a título de muestra, un cuerpo de «voluntarios» al frente oriental. Pero lo más sorprendente fue que los búlgaros no «comprendían en modo alguno el problema judío», a pesar de hallarse en una zona de población mixta en que el antisemitismo había prendido en todos los grupos étnicos, y en que se había adoptado como política oficial, mucho antes de la llegada de Hitler. Cierto es que el ejército búlgaro se había mostrado de acuerdo en que fuesen deportados todos los judíos de los territorios recientemente anexionados —en total unos quince mil judíos—, que se hallaban bajo administración militar y cuyas poblaciones eran antisemitas; pero es muy dudoso que los búlgaros supieran en aquel entonces lo que el término reasentamiento significaba en realidad. Poco antes, en enero de 1941, el gobierno también accedió a promulgar ciertas medidas legislativas antijudías, pero éstas, desde el punto de vista nazi, fueron sencillamente ridículas: unos seis mil judíos, varones y en buen estado físico, fueron movilizados para emplearlos en diversos trabajos. Todos los judíos bautizados, fuese cual fuere la fecha de su bautizo, quedaron exentos, lo que provocó una epidemia de conversiones. Cinco mil judíos más —de un total de cincuenta mil, aproximadamente— recibieron privilegios especiales. Y en cuanto a los médicos y hombres de negocios judíos, se estableció un numerus clausus bastante alto, ya que estaba basado en el porcentaje de judíos existentes en las ciudades, en vez de en el porcentaje de los judíos existentes en todo el país. Cuando estas medidas fueron puestas en ejecución, los representantes del gobierno búlgaro declararon que la situación se había estabilizado a satisfacción de todos. Evidentemente, los nazis no solamente tenían que instruirlos en las exigencias propias de «una solución del problema judío», sino también enseñarles que la estabilidad jurídica y los movimientos totalitarios son incompatibles.
Es muy probable que las autoridades alemanas sospecharan ya las dificultades que les esperaban en Bulgaria. En el mes de enero de 1942, Eichmann escribió una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que afirmaba que estaba «en situación de recibir judíos de Bulgaria». Proponía que se hicieran las gestiones pertinentes ante el gobierno búlgaro, y aseguraba al Ministerio de Asuntos Exteriores que el agregado policial en Sofía «se encargaría de los aspectos técnicos de la deportación». (Parece que el tal agregado tampoco cumplía sus deberes con demasiado entusiasmo, ya que poco después Eichmann enviaba allí a uno de los hombres de su equipo, es decir, a Theodor Dannecker, quien abandonó su misión en París para pasar a ser «asesor» en Sofía). Es muy interesante advertir que esta carta contradecía abiertamente el contenido de la notificación que Eichmann mandó a Serbia, pocos meses antes, diciendo que no disponía todavía de los servicios precisos para recibir judíos, y que ni siquiera los judíos del Reich podían ser deportados. La alta prioridad concedida a la tarea de dejar a Bulgaria judenrein quizá pueda explicarse únicamente por el hecho de haberse recibido información en Berlín, en el sentido de que era preciso actuar a toda prisa, si es que se pretendía obtener resultados positivos. Por esto, la embajada alemana hizo gestiones ante el gobierno búlgaro, pero todavía tardó seis meses en intentar inducir a los búlgaros a adoptar medidas «radicales», la primera de las cuales sería la implantación del distintivo amarillo. Pero incluso esta disposición produciría disgustos y quebraderos de cabeza a los nazis. En primer lugar, tal como la embajada alemana informó a sus superiores, el distintivo consistía tan solo en una «estrella muy pequeña»; en segundo lugar, la mayoría de los judíos se abstuvieron de llevarla, y, en tercer lugar, quienes la ostentaban «eran objeto de tales manifestaciones de simpatía por parte de la mal informada población, que estaban orgullosos del distintivo», como escribió Walter Schellenberg, jefe del Servicio de Contraespionaje de la RSHA en un informe transmitido al Ministerio de Asuntos Exteriores en noviembre de 1942. A continuación, el gobierno búlgaro revocó el decreto ordenando el uso del distintivo amarillo. A consecuencia de las fuertes presiones alemanas, el gobierno búlgaro decidió expulsar a los judíos de Sofía, enviándolos a las zonas rurales, pero tal medida no era la que los alemanes esperaban, ya que producía el efecto de dispersar a los judíos en vez de concentrarlos.
Esta expulsión motivó, en realidad, que la situación cambiara de signo, debido a que la población de Sofía intentó impedir que los judíos llegaran a la estación del ferrocarril, y a continuación se manifestó ante el palacio real. Los alemanes albergaban la falsa creencia de que el rey Boris era el principal responsable de la seguridad de que los judíos gozaban en Bulgaria, y cabe razonablemente presumir que fueron agentes del servicio de espionaje alemán quienes le asesinaron. Pero ni la muerte del monarca ni la llegada de Dannecker a principios de 1943 contribuyeron en lo más mínimo a alterar la situación existente, debido a que tanto el Parlamento como la población permanecieron claramente al lado de los judíos. Dannecker consiguió llegar a un acuerdo con el comisario búlgaro de asuntos judíos, a fin de deportar a Treblinka seis mil «judíos notables», pero ni uno de estos judíos llegó a abandonar Bulgaria. El acuerdo en sí mismo merece ser tenido en cuenta por cuanto indica que los nazis no tenían la menor esperanza de lograr la cooperación de los líderes judíos, en orden a conseguir sus propósitos. No podían servirse del rabí principal de Sofía, debido a que el metropolitano Stephan de Sofía lo tenía escondido, y había declarado públicamente: «Dios determinó el destino de los judíos, y los hombres no tienen ningún derecho a torturarlos ni perseguirlos» (Hilberg), lo que representa mucho más de lo que el Vaticano llegara a decir en momento alguno. Por fin, en Bulgaria ocurrió exactamente lo mismo que debía de ocurrir en Dinamarca pocos meses después, es decir, los funcionarios alemanes allí destacados perdieron confianza en sí mismos, y dejaron de merecer la de sus superiores. Esto, tanto cabe decirlo del agregado policial, miembro de las SS, cuya misión era localizar y detener a los judíos, como del embajador alemán en Sofía, Adolf Beckerle, quien en junio de 1943 había comunicado al Ministerio de Asuntos Exteriores que la situación no ofrecía la menor posibilidad de éxito, debido a que «los búlgaros han convivido demasiado tiempo con gentes como los armenios, los griegos y los gitanos, para poder comprender debidamente el problema judío», lo cual era, desde luego, una pura y simple tontería, debido a que lo mismo cabía decir, mutatis mutandis, de todos los pueblos del este y sudeste de Europa. También fue Beckerle quien informó a la RSHA, en tono patentemente irritado, de que no podía hacerse más de lo que se había hecho. El resultado fue que ni un solo judío búlgaro había sido deportado o había padecido muerte no natural cuando, en agosto de 1944, ante la inminente llegada del Ejército Rojo, se revocaron las leyes antisemitas.
Que yo sepa no se ha efectuado ningún intento de explicar la actitud seguida por el pueblo búlgaro, que bien podemos calificar de única en aquella zona de población heterogénea. Pero al pensar en ello, a nuestra memoria acude el recuerdo de Georgi Dimitrov, el comunista búlgaro que se encontraba en Alemania cuando los nazis accedieron al poder, y a quien eligieron para acusarle del Reichstagsbrand, el misterioso incendio del Parlamento de Berlín, ocurrido el 27 de febrero de 1933. Dimitrov fue juzgado por el Tribunal Supremo Alemán, y se efectuó un careo entre él y Göring, al que interrogó como si él mismo —Dimitrov— fuese el presidente de la sala; gracias a Dimitrov, todos los acusados, salvo Lubbe, fueron absueltos. Su comportamiento le mereció la admiración del mundo entero, sin excluir a Alemania. La gente solía decir: «En Alemania tan solo queda un hombre de veras, y este hombre es búlgaro».
Grecia, cuya zona norte estaba ocupada por los alemanes, y la zona sur por los italianos, no ofrecía especiales problemas, por lo que bien podían dejar que esperase su turno de quedar judenrein. En febrero de 1943, dos especialistas de Eichmann, los Hauptsturmführers Dieter Wisliceny y Alois Brunner, llegaron allí a fin de disponer todo lo necesario para la deportación de los judíos de Salónica, donde estaban concentradas las dos terceras partes de la población judía griega. La tarea de estos dos especialistas en Grecia estaba dentro del «marco de la Solución Final del problema judío en Europa», tal como decía la carta de nombramiento que les dirigió la Subsección IV-B-4. En estrecha colaboración con un cierto Kriegsverwaltungsrat doctor Max Merten, que representaba al gobierno militar de la región, los dos hombres organizaron inmediatamente, como de costumbre, el Consejo Judío, a cuya cabeza pusieron al rabí principal Koretz. Wisliceny, que era quien estaba al frente del Sonderkommando für Judenangelegenheiten en Salónica, implantó el distintivo amarillo, e hizo saber desde el primer momento que no toleraría excepciones. El doctor Merten trasladó a la población judía, en su totalidad, a un gueto del que podía ser extraída fácilmente, ya que se hallaba en las inmediaciones de la estación de ferrocarril. Las únicas categorías privilegiadas eran las de los judíos con pasaporte extranjero, y, como es natural, la del personal del Judenrat, que en total no llegaban a unos centenares de individuos, quienes, en su día, fueron enviados al campo de canje de Bergen-Belsen. Los judíos no tenían otro camino para huir que el conducente hacia el sur, donde los italianos, al igual que en todos los territorios por ellos ocupados, se negaban a entregar los judíos a los alemanes. Sin embargo, la seguridad que ofrecía la zona italiana debía durar poco. La población griega se mostraba indiferente ante las dificultades de los judíos, en el mejor de los casos, y, por otra parte, los guerrilleros contemplaban con «agrado», en algunas ocasiones, las operaciones de deportación. Al cabo de dos meses, la población judía en peso había sido deportada, los trenes partían casi a diario camino de Auschwitz, transportando cada uno de ellos entre dos mil y dos mil quinientos judíos en vagones de carga. En el otoño del mismo año, cuando se derrumbó la resistencia del ejército italiano, se llevo a cabo rápidamente la evacuación de treinta mil judíos, aproximadamente, procedentes del sur de Grecia, incluida Atenas y las islas. En Auschwitz, fueron muchos los judíos griegos que quedaron incorporados a los llamados «comandos de la muerte», encargados del funcionamiento de las cámaras de gas y los hornos crematorios, y en 1944 todavía estaban con vida, en tanto que los judíos húngaros habían ya sido exterminados, y el gueto de Lódz se hallaba en trance de ser desmantelado. Al término de aquel verano, cuando comenzaron a correr rumores de que las matanzas con gas terminarían pronto, y las correspondientes instalaciones serían desmontadas, se produjo una de las pocas revueltas que estallarían en los campos de exterminio. Los miembros de los comandos de la muerte tuvieron entonces la certeza de que les había llegado el turno de morir. La revuelta fue un fracaso. Solo quedó un superviviente.
Diríase que la indiferencia con que los griegos fueron testigos del destino de sus judíos ha pervivido hasta después de su liberación. El doctor Merten, testigo de la defensa en el juicio de Eichmann, asegura en la actualidad, con evidente incongruencia, que nada supo de las deportaciones de los judíos, y, al mismo tiempo, dice que salvó a muchos de ellos de aquel destino por él ignorado. Después de la guerra, el doctor Merten regresó sigilosamente a Grecia, como representante de una agencia de viajes. Allí, no tardó en ser detenido, pero fue libertado, y obtuvo autorización para regresar a Alemania. El caso del doctor Merten quizá sea único, ya que los juicios por crímenes de guerra, celebrados en países que no sean Alemania, siempre han concluido con severas sentencias condenatorias. Y sus declaraciones como testigo de la defensa, que hizo en Berlín en presencia de representantes del defensor y del fiscal, fueron, sin duda alguna, únicas. Aseguró que Eichmann había prestado gran ayuda en un intento de salvar alrededor de veinte mil mujeres y niños de Salónica, y que el causante de todos los males fue Wisliceny. Sin embargo, el doctor Merten reconocería después haber sido objeto de presiones por parte del hermano de Eichmann, abogado en Linz, y de una organización alemana integrada por ex miembros de las SS. El propio Eichmann negó todo lo dicho por el doctor Merten: nunca había estado en Salónica y jamás ayudó al doctor Merten en nada.
Eichmann aseguró más de una vez que sus tareas de organización, la coordinación de las evacuaciones y deportaciones llevada a cabo por su oficina, habían, en realidad, ayudado a sus víctimas, por cuanto les había facilitado ir al encuentro con su destino. Eichmann decía que, si es preciso hacer algo, más vale hacerlo ordenadamente. En el curso del juicio, nadie, ni siquiera la defensa, prestó la menor atención a este argumento de Eichmann, que pertenecía evidentemente a la misma categoría que su insensata y reiterada afirmación de haber salvado cientos de miles de vidas judías mediante la «emigración forzosa». Sin embargo, en vista de lo ocurrido en Rumania es difícil no preguntarse si acaso Eichmann no llevaba razón. En Rumania todo fue mal, también, aunque en sentido distinto a lo ocurrido en Dinamarca, donde incluso los hombres de la Gestapo saboteaban las órdenes procedentes de Berlín, ya que en Rumania incluso los miembros de las SS quedaron sobrecogidos, y en ocasiones aterrorizados, ante los horrores de los gigantescos pogromos llevados a cabo de modo espontáneo y a la antigua. Los nazis intervinieron a menudo a fin de salvar a los judíos de las más espantosas carnicerías, y para conseguir que las matanzas se efectuaran al modo que los nazis consideraban civilizado.
No exageraremos si afirmamos que Rumania era el más antisemita país europeo de preguerra. Incluso en el siglo XIX, el antisemitismo rumano era un hecho claramente establecido. En 1878, las grandes potencias intentaron intervenir en los asuntos interiores rumanos, a través del Tratado de Berlín, a fin de que el gobierno rumano diera a los habitantes judíos del país la condición de ciudadanos, aun cuando quedaran en una situación de ciudadanos de segunda categoría. Ni siquiera esto se consiguió, y al término de la Primera Guerra Mundial todos los judíos rumanos, con la excepción de unos centenares de familias sefarditas y de algunos judíos de origen alemán, eran todavía extranjeros residentes en Rumania. Fue preciso que los aliados ejercieran toda su influencia a fin de persuadir, en las negociaciones del tratado de paz, al gobierno rumano de que aceptara un acuerdo reconociendo la presencia de una población minoritaria, y concediera a los judíos la ciudadanía. Esta concesión hecha ante la presión de la opinión mundial fue revocada en 1937 y 1938, cuando, confiados en el poder de la Alemania de Hitler, los rumanos creyeron que podían correr el riesgo de denunciar el acuerdo de reconocimiento de una población minoritaria, so pretexto de constituir una imposición sobre su soberanía nacional, y privaron de la ciudadanía a varios cientos de miles de judíos, aproximadamente la cuarta parte de la población judía. Dos años más tarde, en agosto de 1940, algunos meses antes de que Rumania entrase en la guerra al lado de la Alemania de Hitler, el mariscal Ion Antonescu, jefe de la nueva dictadura de la Guardia de Hierro, declaró apátridas a todos los judíos, con la excepción de los miembros de unos pocos centenares de familias que habían sido ciudadanos rumanos antes de los tratados de paz. Aquel mismo mes, promulgó también unas medidas legislativas antijudías que fueron las más draconianas de Europa, sin excluir a Alemania. Las categorías privilegiadas, formadas por excombatientes y miembros de familias que habían tenido la ciudadanía rumana desde antes de 1918, tan solo abarcaban unos diez mil individuos, poco más de un uno por ciento de la población judía. El propio Hitler se daba cuenta de que Alemania corría peligro de ser superada por Rumania, y se quejó a Goebbels, en agosto de 1941, pocos meses después de haber dado la orden de la Solución Final, a quien dijo que «en estos asuntos, Antonescu se comporta de un modo mucho más radical de lo que nosotros nos hemos comportado hasta el presente».
Rumania entró en la guerra en febrero de 1941, y la Legión Rumana pasó a ser una fuerza militar digna de ser tenida en cuenta en la invasión de Rusia que se estaba preparando. Tan solo en Odesa, los soldados rumanos fueron responsables de la matanza de sesenta mil individuos. En contraste con los gobiernos de los restantes países balcánicos, el gobierno rumano tuvo desde el principio exacta información sobre las matanzas de judíos en el Este, y los soldados rumanos, incluso después de que la Guardia de Hierro fuera expulsada del poder, en el verano de 1941, se entregaron al cumplimiento de un programa de matanzas y deportaciones que «llegaron a superar los excesos cometidos por la Guardia de Hierro en Bucarest». Fue un programa cuyos horrores no tienen paralelo en toda esta historia de atrocidades (Hilberg). Las deportaciones al estilo rumano consistían en meter a cinco mil personas en unos cuantos vagones de carga, y dejarles morir de asfixia allí, mientras el tren rodaba a través de los campos de Rumania, sin destino, durante días y días. Remate muy apreciado de estas operaciones de matanza era exponer los cadáveres de las víctimas en las carnicerías propiedad de judíos. Asimismo, los horrores de los campos de concentración rumanos, organizados y administrados por los propios rumanos, debido a que no podían deportar a sus judíos al Este, eran más atroces y más refinadamente crueles que el peor de los campos alemanes. Cuando Eichmann, siguiendo su costumbre, mandó a Bucarest al consabido asesor en asuntos judíos, que fue el Hauptsturmführer Gustav Richter, éste comunicó un informe en el que decía que Antonescu deseaba expedir ciento diez mil judíos a «dos bosques situados al otro lado del río Bug», es decir, en territorio ruso ocupado por los alemanes, para liquidarlos. Los alemanes quedaron horrorizados, y todo el mundo intervino: los altos jefes del ejército, el Ministerio de Rosenberg para los Territorios Ocupados en el Este, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el ministro acreditado en Bucarest, Freiherr Manfred von Killinger, ex alto jefe de las SA, amigo personal de Röhm, y, en consecuencia, sospechoso a los ojos de las SS, quien probablemente era espiado por Richter, quien tenía la misión de «asesorarle» en los asuntos judíos. Sin embargo, en la cuestión a la que nos hemos referido, todos estaban de acuerdo. El propio Eichmann imploró al Ministerio de Asuntos Exteriores, en una carta de abril de 1942, que detuviera aquellos desorganizados y prematuros esfuerzos rumanos para «desembarazarse de los judíos»; era necesario hacer comprender a los rumanos que «la evacuación de los judíos alemanes, que estaba ya en período de ejecución», tenía prioridad. Y Eichmann terminaba la carta con la amenaza de «hacer entrar en acción a la policía de seguridad».
Por mucho que les pesara a los alemanes dar a Rumania, en lo referente a la Solución Final, una orden de prioridad más favorable que la que se había proyectado con respecto a todos los países de los Balcanes, tuvieron que ceder a fin de evitar que la situación degenerara en un sangriento caos, y, por mucho que Eichmann hubiera gozado al formular su amenaza de recurrir a la policía de seguridad, tampoco hay que olvidar que ésta no había sido adiestrada precisamente con la finalidad de salvar judíos. El caso es que, a mediados de agosto —tiempo en que los rumanos habían ya asesinado a casi trescientos mil judíos, sin apenas ayuda alemana—, el Ministerio de Asuntos Exteriores concluyó un acuerdo con Antonescu «en orden a la evacuación de los judíos de Rumania, que será llevada a cabo por unidades alemanas», y, por su parte, Eichmann inició negociaciones con los ferrocarriles alemanes, a fin de que le proporcionaran los vagones necesarios para transportar doscientos mil judíos a los campos de exterminio de Lublin. Pero precisamente entonces, cuando todo estaba dispuesto, y tras haber hecho tan grandes concesiones, los rumanos dieron el gran cambio. Como un rayo caído de los cielos, llegó a Berlín una carta del concienzudo Richter: el mariscal Antonescu había cambiado de manera de pensar. Tal como informó el embajador Killinger, ahora el mariscal quería desembarazarse de los judíos «de una manera más cómoda». Los alemanes no habían tenido en cuenta que Rumania era un país con un altísimo porcentaje de asesinos normales y corrientes, y que, además, era el país más corrupto de los Balcanes. A la par que las matanzas, se había desarrollado un floreciente comercio de venta de exenciones, ejercido por todas las ramas de la burocracia, fuera estatal o municipal. La especialidad del gobierno consistía en la imposición de desorbitados tributos que ciertos grupos, o comunidades enteras, determinados al azar debían satisfacer. Ahora se descubrió que los judíos podían ser vendidos al extranjero por moneda fuerte, por lo cual los rumanos pasaron a ser los más fervientes defensores de la emigración judía, a mil trescientos dólares por cabeza. De este modo Rumania se convirtió en uno de los pocos puntos de salida de la emigración judía hacia Palestina durante la guerra. A medida que el Ejército Rojo se acercaba, el mariscal Antonescu se hacía más y más «moderado», e incluso llegó a mostrarse dispuesto a que los judíos se fueran, sin tener que pagar por ello.
Es curioso observar que Antonescu, desde el principio hasta el fin, no fuera más «radical» que los alemanes (como Hitler creía), sino que estuviera siempre un paso más adelantado que éstos. Él fue el primero en privar a los judíos de su nacionalidad, y él fue quien comenzó las matanzas a gran escala, sin ocultaciones y con total desvergüenza, en una época en que los alemanes todavía se preocupaban de mantener en secreto sus primeros experimentos. Él fue quien tuvo la idea de vender judíos, más de un año antes de que Himmler hiciera la oferta de «sangre a cambio de camiones», y él fue quien terminó, cual haría después Himmler, por suspender el asunto, como si se hubiera tratado de una broma. En agosto de 1944, Rumania se rindió al Ejército Rojo, y Eichmann, especialista en evacuaciones, fue enviado a toda prisa a aquella zona, para salvar a unos cuantos «alemanes étnicos», empeño en el que no tuvo éxito. Aproximadamente la mitad de los ochocientos cincuenta mil judíos de Rumania lograron sobrevivir, gran número de los cuales —varios cientos de miles— fueron a Israel. En la actualidad, se ignora cuántos judíos quedan en el país. Los asesinos rumanos fueron todos ejecutados, y Killinger se suicidó antes de caer en manos de los rusos. Únicamente el Hauptsturmführer Richter, quien ciertamente jamás tuvo ocasión de actuar, vivió en paz en Alemania hasta el año 1961, en que fue una tardía víctima del juicio contra Eichmann.