Detras de una persecución política: Secuestro, Red de trata y Narcotráfico en Honduras

La semana pasada Suecia le deniega por tercera vez consecutiva el pedido de asilo político al activista de Derechos Humanos, el hondureño Erlín Armando Mejía Andino. A pesar de las apelaciones realizadas y las pruebas documentales presentadas por sus abogados a las autoridades competentes, el Gobierno sueco aduce en su negativa de que no estaría suficientemente probada su persecución política para brindarle el estatus de asilado. "Con la repatriación arriesgo mi vida", enfatiza Mejía a Redcom.

Erlin Mejía Andino, conocido en Honduras por su lucha en favor de los Derechos Humanos, de los Derechos de los discapacitados, y miembro del partido de izquierda Libre, emprende su viaje -el 1° de septiembre de 2017- a Suecia en busca de asilo político, patrocinado por la Unión Europea y a través de la ONG Oxfam. Hoy, a casi tres años y con tres denegaciones de asilo, Erlin y su familia corren el riesgo de tener que volver a vivir el peligro, la persecución política, las amenazas de muerte, en su país de origen.

Las propias autoridades suecas afirman que el gobierno de Honduras "puede garantizarle su seguridad", pero no es así. Es que miembros del mismo gobierno hondureño lo han perseguido, reprimido y amenazado.

Honduras, un estado fallido

A pesar de las pruebas contundentes que los abogados del activista hondureño han presentado ante la Migración sueca, el Gobierno se empeña en no querer saber nada sobre el contexto en que se han producido los atropellos contra su persona y miembros de su familia. En este sentido, añadamos a su vez, el contexto en que viven los propios hondureños bajo un Régimen totalitario debido a su débil institucionalidad democrática, la falta de independencia judicial y la cooptación de los tres poderes del Estado.

Hoy, Honduras es uno de los países más débiles en institucionalidad democrática, respecto a la legalidad, independencia judicial y ocupa el lugar 28 de 30 en América Latina y es el peor en Centroamérica.

Están en una permanente anormalidad democrática desde el 2009 hasta la fecha. En 2009 hubo un golpe de estado contra el poder ejecutivo, que hasta el momento está sin resolverse.

“En diciembre de 2012 hubo un golpe contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando fueron destituidos 4 magistrados y magistradas que fueron sustituidos por afines al régimen que en 2015, ejecutaron otro rompimiento del orden constitucional cuando a través de una sentencia espuria, permiten de facto la reelección presidencial, a pesar que es un artículo pétreo que sólo puede ser modificado por el poder constituyente”, así lo explicaba el Dr. Joaquín Mejía experto en Derechos Humanos e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras.

En 2017 se da un fraude electoral evidenciado por distintas Misiones internacionales y se impone por  la fuerza el régimen de Juan Orlando Hernández (JOH).

El régimen se caracteriza por un cinismo estructural, un creciente deterioro de la institucionalidad democrática y el aumento de la desconfianza ciudadana. Pero, por otro lado, el uso político perverso de la violencia, la persecución política, y la criminalidad (red de trata de personas, narcotráfico, secuestros), con el objetivo único de re-militarizar la sociedad y el Estado, así como la creación de una serie de normas para ejercer un control social hacia la oposición ciudadana.

El gobierno sueco, respecto de lo que venimos señalando, debería tener presente -ante su negativa- lo que ha emitido la Relatoría de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que en su informe del 2019 sobre Honduras, destaca que "las personas que defienden los derechos humanos son estigmatizadas a través de campañas de desprestigio  y que el gobierno hondureño los equipara con terroristas y delincuentes".

Pero además, y de acuerdo con el índice de la democracia realizado por el diario inglés The Economist (2019), que Honduras es un régimen híbrido porque el estado de derecho es débil, no existe libre división de poderes y "se encuentra a un escalón de convertirse en un régimen totalmente autoritario".

Por otro lado, dentro del índice de estados débiles y frágiles, elaborado por el Fondo para La Paz, ha registrado que Honduras es un país en estado de elevada advertencia de convertirse en un estado fallido debido a la erosión de la legitimidad, la incapacidad de proveer servicios básicos y la falta de independencia judicial.

El proyecto de Justicia Global que publicó el índice sobre el estado de derecho en el mundo, señaló a Honduras como  uno de los países más débiles en institucionalidad democrática, respeto a la legalidad, independencia judicial y ocupa el lugar 28 de 30 en América Latina y es el peor en Centroamérica.

Persecución y secuestro

Señalemos entonces, para que las autoridades suecas reflexionen, que es en este marco de Estado fallido y en medio de la brutal represión militar y policial desatada por el régimen, que Mejía Andino ha venido luchando y abriéndose paso por la defensa de los DDHH cercenados por el Régimen. Perseguido, reprimido, humillado, amenazado de muerte por las autoridades policiales, a pesar de su silla de ruedas con la que se moviliza y de sus afecciones de salud, Erlin Mejía continuó su lucha enarbolando sus banderas.

Hasta aquí, Mejía aguantó estoicamente las arbitrariedades del Régimen. Pero en la madrugada del 4 de octubre de 2016, sufre, junto al resto de sus familiares, el secuestro de su hermana Ana Milagro Mejía Andino. Más tarde se supo que este secuestro fue perpetrado por Osman Amador, junto a otras personas, quienes a su vez conformaban un "grupo de tareas". Amador, terminó siendo detenido y acusado por los delitos de Violación Especial y Trata de Personas, proceso que actualmente sigue en curso a cargo de la (in)justicia hondureña, cooptada por el Régimen.

Erlin fue el primero en darse cuenta de que su hermana no se encontraba en la casa y que la puerta de calle se encontraba abierta de par en par. Tras revisar toda la casa, le comunica a su madre y hermanas la falta de su hermana Ana.

A las pocas horas, la familia se dirigió a la policía de Danlí (ciudad donde vivía la familia), pero les comunicaron que no podían tomarles la denuncia, ya que deberían pasar al menos 72 horas para darla por desaparecida. Esto les resultó muy extraño, ya que la ley hondureña no menciona en ninguna parte este lapso de tiempo, exigido por las autoridades policiales.

Luego de 40 horas de angustiosa espera, sus captores entregan a la hermana de Erlin Mejia. Pero en ese preciso momento, ocurre algo que llama poderosamente la atención de Mejía. Y es que un agente de la policía de Danlí, Manuel Rico, se había contactado con los secuestradores y transmitido que un operativo de rescate estaba en curso. En el mismo instante en que se iba a dar comienzo el operativo, los delincuentes entregan a Ana Mejía. De este opaco accionar, Mejía se enteraría a posteriori de los hechos. Y aquí hay una pregunta que se cae por su propio peso, y es: ¿cómo la policía podría saber quién o quiénes habían secuestrado a Ana, si no estuviesen complotados en el hecho? Esto explicaría, en parte, el por qué Ana fue entregada a la misma hora en que los uniformados tenían planificado comenzar con el operativo de rescate.

Ya Mejía había sido acosado y amenazado con anterioridad por militares en septiembre de 2016, es decir un mes antes del secuestro de su hermana. Y estos hechos de hostigamiento y amenazas, se dieron en medio de las protestas anti-gubernamentales contra el régimen de JOH. Por aquellos meses, Mejía participaba de las manifestaciones populares frente al Congreso hondureño producto de la re-eleccion fraudulenta del presidente. Pero además, en julio de 2015, Mejía había sido detenido frente a la casa presidencial durante otra protesta, en donde su detención se había realizado bajo orden expresa del Coronel René Cruz, jefe de la Guardia de Honor presidencial.

Red de trata de personas

A partir del secuestro de Ana Mejía, Erlín comienza a investigar por su propia cuenta la concatenación de los hechos acontecidos. Y es así, como, con la ayuda de distintas personas, Organizaciones de DDHH, organismos internacionales, Asociaciones y abogados, en primera instancia da con el autor del secuestro de su hermana, Osman Amador. Para luego desentrañar la trama policial que estuvo en contacto con el grupo de tareas, que irrumpió en su casa y secuestró a su hermana sordo muda.

A través de la información que Erlin iba sumando día a día, a través de las distintas fuentes aportantes, pudieron comprobar que Amador asistía a unas reuniones que se realizaban en la Asociación de Sordos de Honduras (ASH). Las pesquizas los llevó a que, esta institución que lleva años operando en el país, dependía directamente de la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD).

Consultadas varias organizaciones nacionales e internacionales, descubren que estas dos Asociaciones son la pantalla de una red de trata de personas que opera en distintos países latinoamericanos, de Europa y África, como: México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, España y Marruecos, y en donde estrían involucrados diversos personajes de la clase política hondureña.

En diálogo telefónico con REDCOM, Erlin Mejía nos especifica que a nivel local (por Honduras) "las reuniones para la coordinación de esta red de trata de personas, se realizaban en la propiedad del ex-alcalde de Danlí, Luis Sanabria. A su vez, esta propiedad oficiaba como sede de la ASH y cuya directora era Dilcia Sanabria, que dirigía también la red local.

En este organigrama, Amador recibía ordenes directas de la Directora Sanabria y de Junior Rodríguez, jefe responsable de la ASH a nivel nacional, y pareja de Dilcia. Sanabria es hija del ex-alcalde de Danlí, Luis Sanabria, hombre muy cercano al Partido Nacional y al poder político hondureño.

Pero, la red no termina en el edil de Danlí. Fuentes consultadas, y que además han seguido la pista de esta red de trata, las que de momento han decidido permanecer en estricta reserva, confirmaron que el ex-militar y ex-candidato a diputado por el Partido Nacional, Billy Joya, también estaría involucrado en los hechos. Joya fue un oficial de alto rango durante la década de los 80´ en Honduras, y se le recuerda por haber participado en el temido “Batallón 3-16” del ejército nacional. Además, ha sido acusado por varias organizaciones sociales de cometer gravísimas violaciones a los DDHH en los tiempos de la guerra sucia en Centroamérica. El ex-militar, aún conserva vínculos con sectores de la cúpula policial y militar, los que han operado para encubrir las redes de trata de personas hacia diversos países de América Latina.

Esta red, también involucraría a sectores de la propia oposición hondureña. En este sentido, Erlin Mejía ha denunciado al diputado por el partido Libre, Francisco Javier Paz Lainez, quien en su momento, intentó convencerle de desistir con las denuncias contra Osman Amador, llegando incluso a ofrecerle dinero para silenciarlo. Ante estos hechos, el activista hondureño ha realizado las correspondientes presentaciones judiciales. Hoy, aún existe un expediente abierto, al que la justicia del país lo tiene paralizado.

La causa judicial involucra, además de al diputado Paz Lainez y a Osman Amador, al padre de Amador, Nery Amador, que junto con los hermanos de Dilcia Sanabria hostigaron y amenazaron a la familia de Mejía para que cese con las acciones legales por violación y secuestro contra Ana Milagro. En este sentido, Mejía le señala a Redcom, que la ex-pareja de Dilcia Sanabria, Junior Rodríguez, también lo ha presionado para que desistiera de la causa iniciada.

Por último, subrayar que la fiscal Ananyanci, responsable a cargo del proceso judicial contra Osman Amador, tiene un vínculo de parentesco con este, lo que ha sido también denunciado por Mejía, como un "elemento que ha golpeado gravemente la imparcialidad en las investigaciones" del caso de su hermana.

Narcotráfico en Red

Los nombres de los involucrados en esta red de trata de personas, no terminan allí. En la causa abierta, figura también el de Rigoberto Muñoz, personaje cercano a los Sanabria y a la Asociacion de Sordos de Honduras, y que está detrás del tráfico de personas hacia otros países del continente, principalmente a Panamá, Colombia, Venezuela, España, EEUU, entre otros. La línea de investigación devela que esta red contaría con el apoyo de sectores políticos, militares, policiales y de control migratorio de Honduras.

Con la detención de Tony Hernández, hermano del presidente hondureño, y actualmente encarcelado en los EEUU por narcotráfico, han quedado evidenciados los fuertes nexos entre las denominadas "caravanas" de trata de personas con las redes de narcotráfico en América Latina. Y Honduras no es la excepción a la regla, varios de los ministros del Régimen de JOH han sido investigados por la DEA por narcotráfico, incluyendo a su propio hermano. En este sentido, los primos Otto y Ronald Salguero, vinculados con el ex líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, han develado que este entregó 1 millón de dolares para la campaña presidencial hondureña de 2013, y fueron acusados de conspirar con el ex congresista, Juan Antonio 'Tony' Hernández, hermano JOH.

Sobre el caso del hermano del presidente hondureño, una fuente consultada por los colegas chilenos de la Revista De Frente indica que uno de los testigos durante el juicio a Tony Hernandez ha denunciado la utilización de mujeres para el transporte de drogas desde Honduras hacia los EEUU, detallando cómo las redes de trata de personas se entrecruzan y se encuentran en connivencia con el tráfico de drogas hacia otros países.

En estos momentos, Erlin Mejía aún continúa esperando justicia por el crimen cometido contra su hermana y los apremios ilegales recibidos por su persona. Ha denunciado persistentemente la existencia de esta red a diversas autoridades de América Latina, incluyendo al consulado de Chile en Suecia, a la embajada de México en España, y sin obtener una respuesta contundente por parte de las autoridades chilenas ni mexicanas.

Es sustancial que el gobierno sueco, no solo reconozca y oficialice su posición respecto del "estado fallido2 que se vive en Honduras, sino que también valore las pruebas presentadas sobre la persecución política que sufre la familia Mejía y se digne a concederle el estatus de asilados políticos, para así evitar que sus vidas corran peligro, en un caso eventual de que tuviesen que regrezar a Honduras. Un estado, donde la vida no vale nada y los Derechos de las personas son violentados desde la instauración del Régimen.

REDCOM