Declaración del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia en relación con las violaciones de los derechos de los creyentes en Ucrania
Cancillería de Rusia
El Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia condena resueltamente los hechos de violaciones flagrantes de los derechos de los creyentes en Ucrania, que son el resultado de la política de intolerancia religiosa llevada a cabo por el régimen de Kiev.
En efecto, las autoridades ucranianas intentan imponer al pueblo de Ucrania como Iglesia oficial una estructura cuasipolítica creada con el apoyo de Occidente y que se autodenomina la "Iglesia Ortodoxa de Ucrania". Al mismo tiempo, la canónica Iglesia Ortodoxa Ucraniana está siendo perseguida: sus iglesias se incautan, las comunidades se liquidan ilegalmente, los sacerdotes se despojan de su ciudadanía y se los reprime. Chocante fue la reciente decisión de las autoridades ucranianas de privar a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana de uno de sus principales santuarios, el Monasterio de las Cuevas de Kiev.
Un nuevo acto indignante fue la profanación del libro sagrado para los musulmanes de todo el mundo, el Corán. Este acto de vandalismo es consecuencia directa de la política oficial ucraniana de discriminación contra los miembros de las comunidades étnicas y religiosas que viven en Ucrania.
Dicha política de las autoridades de Kiev viola flagrantemente el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, garantizado por los documentos internacionales fundamentales de las Naciones Unidas: La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación fundadas en la religión o las convicciones.
Lo que está ocurriendo está causando ira y resentimiento entre todos los ciudadanos de la Federación de Rusia.
El Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia hace un llamamiento a los parlamentos de los Estados extranjeros y a las organizaciones parlamentarias internacionales para que adopten una postura de principios y exijan a las autoridades oficiales ucranianas que vuelvan a respetar sus obligaciones internacionales y pongan fin a la política de discriminación contra los creyentes y a la profanación de santuarios religiosos.