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El principio de legalidad tiene su base en las ideas de la Ilustración y en el principio de la separación de poderes, como un presupuesto necesario del Estado de derecho. Se trata de un principio de aplicación en todo nuestro sistema jurídico, si bien tiene un alcance diferente en cada campo jurídico. En derecho penal cobra especial relevancia, ya que con él se trata de garantizar la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales. Soy abogado penalista en Valencia. Si necesita abogado con amplia experiencia en Derecho Penal, contacte conmigo e infórmese sin compromiso. ¿En qué consiste el principio de legalidad en derecho penal? El principio de legalidad es uno de los pilares del Estado de derecho, e impone el sometimiento de los poderes públicos a la ley y al derecho. En derecho penal, más concretamente, supone la imposibilidad de que una persona sea castigada penalmente por una acción u omisión que no esté prevista como delito en una ley, en este caso, en el Código Penal.
Se encuentra condensado en la expresión latina nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta, stricta et certa, cuyo significado es que no puede haber delito ni pena sin ley previa, escrita, estricta y cierta. Por un lado, impone la necesidad de que exista una predeterminación normativa, es decir, de que exista una ley previa a la conducta punible para que esta pueda ser castigada. Además, esa regulación debe ser suficiente y precisa. Por otro lado, ofrece una garantía formal, en el sentido de que debe existir una norma con rango de ley que limite la capacidad punitiva del Estado. Esto es lo que se conoce como reserva de ley, que en el ámbito penal es absoluta. ¿Cuál es el fundamento del principio de legalidad penal? El fundamento principal del principio de legalidad en el orden penal es la seguridad jurídica, ya que ofrece la garantía al ciudadano de que no podrá ser sancionado ni castigado penalmente si esa conducta no está tipificada previamente.
Este fundamento se completa con el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables al reo, que refuerzan la seguridad jurídica para el ciudadano. Además, el principio de legalidad supone un límite al ejercicio arbitrario de los poderes públicos y a la potestad punitiva y sancionadora del Estado. ¿Dónde se regula el principio de legalidad en derecho penal español? Nuestro ordenamiento contempla el principio de legalidad penal tanto en la Constitución Española como en el Código Penal. El artículo 9.3 establece de manera general la garantía constitucional del principio de legalidad y de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables. El artículo 25 se centra en el derecho penal, y dispone que nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que no constituyan delito o infracción administrativa de acuerdo con la legislación vigente en el momento de cometerse. Establece la reserva de ley penal al añadir que la Administración civil no podrá sancionar con privación de libertad.
El artículo 53.1 se reafirma en el principio de reserva de ley, que es un principio de legalidad formal, al establecer que el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos solo podrá regularse por ley. El artículo 81 reserva a una ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. El artículo 1 enuncia el principio de legalidad penal, estableciendo que no se podrá castigar ninguna acción ni omisión no prevista previamente por ley, y extiende esa obligación a los presupuestos necesarios para la aplicación de las medidas de seguridad. El artículo 2 prohíbe la retroactividad de la ley penal desfavorable. El artículo 3 se centra en la garantía jurisdiccional y en la garantía de ejecución, de modo que los jueces y tribunales deberán ceñirse a la ley para dictar sentencia, y las penas y medidas solo podrán ejecutarse si han sido impuestas en sentencia firme.
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