Balance de la Comisión de Investigación a la Financiación Ilegal del PP.

Balance de la Comisión de Investigación a la Financiación Ilegal del PP.

Carolina Bescansa Hernández - Portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Investigación sobre la Financiación Ilegal del PP


MEMORIA - RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO ENTRE JUNIO DE 2017 Y FEBRERO DE 2019


La comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP se constituyó por acuerdo unánime de la cámara en el primer período de sesiones del año 2017, si bien no comenzó sus trabajos hasta el mes de Junio. La partición del PP en ese primer acuerdo se revirtió en la misma fecha en que se constituyó la comisión. A partir de ese momento, el PP pasó a oponerse a todas y cada una de las decisiones adoptadas por unanimidad por el resto de los grupos parlamentarios, cuestionando la legitimidad misma de la comisión y rechazando todas las solicitudes de comparecencias y documentación, tal y como puede comprobarse en las actas del Congreso.



PLAN DE TRABAJO

Los objetivos de la comisión eran claros: esclarecer las distintas tramas y subtramas de financiación ilegal del PP, en aquel momentoen el  gobierno, y determinar las responsabilidades políticas que se derivasen de ellas.

Los trabajos de la comisión fueron básicamente dos. En primer lugar, hacer comparecer a expertos investigadores policiales y periodísticos, dirigentes políticos corruptos del PP o responsables orgánicos de dichas tramas  y empresarios corruptores. Y, en segundo lugar, compilar y revisar los informes policiales, la documentación judicial y la producción periodística sobre la cuestión.

Desde nuestro grupo parlamentario propusimos, con relativo éxito, lo siguiente: 1) aceptar en su totalidad las propuestas de comparecencias y demandas de documentación formuladas por todos los grupos parlamentarios; y 2) secuenciar las comparecencias en sede parlamentaria dando la voz a los expertos policiales y periodísticos, en primer lugar, a los políticos corruptos en segundo lugar y a los empresarios corruptores en tercer y último lugar. Estos planteamientos fueron aceptados por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, y guiaron con éxito el trabajo de la comisión entre Junio 2017 y Diciembre de 2018, fecha en la que se rompe la dinámica de trabajo consensual entre nuestro grupo,el PSOE y C´s.


CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El balance global del trabajo de la comisión es necesariamente ambivalente. Por una parte, la secuencia de los testimonios de los comparecientes revelaron inequívocamente el carácter estructural de la corrupción en la financiación del PP, pero no sólo. Las declaraciones aportadas por algunos de los empresarios corruptores pusieron de manifiesto dinámicas sistémicas de corrupción que vinculaban no sólo a los políticos del PP sino también a los del PSOE e IU.

En relación al modus operandide las prácticas de financiación ilegal del PP, cabe diferenciar dos grandes etapas. Una primera etapa que transcurre desde la fundación de la propia Alianza Popular hasta finales de la década de los años 90s y una segunda etapa que se inicia con el siglo XXI y cuya finalización, si se ha producido, desconocemos. En la primera etapa, la financiación ilegal del PP se producía mediante donaciones de empresarios en efectivo que se gestionaban a través de una contabilidad paralela en B y se administraban desde la caja fuerte situada en la sede de la Calle Génova. El sistema se reproducía de manera idéntica en todas las sedes regionales del PP y la caja central del PP nacional funcionada a menudo como prestamista o receptora de porcentajes de las donaciones regionales y locales. Digamos que, durante ese período se siguen las viejas formas de hacer del tesorero Álvaro Lapuerta, a través de un sistema de entrada y salida de dinero negro, siempre en efectivo, y cuya contabilidad era literalmente manual.

En la segunda etapa, la que se inicia con el siglo XXI, el modus operandi cambia radicalmente pese a las resistencias y objeciones del propio Álvaro Lapuerta. En este período, simbólicamente representado en la persona de Luís Bárcenas, se pide a empresarios corruptores que, además de donar dinero en efectivo, financien directamente actos de campaña del PP nacional y muchos de los delosPPs regionales. Este nuevo sistema evita la acumulación de gran cantidad de dinero negro en la caja B y excluye al PP de la ruta de circulación directa de los pagos, al ser los empresarios corruptores los que abonan directamente los gastos de campaña del partido (elecciones autonómicas de 2007, generales de 2008 y autonómicas y generales de 2011). La implementación de este sistema requiere de la existencia de empresas proveedoras de servicios al PP (montaje de escenarios, sonido, agencias de viajes, catering, alquiler de locales, pago de artistas, etc.) dispuestas a emitir facturas falsas a los empresarios corruptores. Sin duda, las empresas intermediarias dispuestas a emitir facturas falsas más conocidas fueron las del Grupo Correa: SpecialEvents, Pasadena Viajes, etc. Tanto así que el grupo Correa bautizó la trama Gürtel (traducción a alemán de correa). La inmensa cantidad de rastros documentales y la actuación decidida de la UDEF son las principales razones por las que la financiación ilegal del PP ha sido judicializada, impulsando la existencia misma de esta comisión y la apertura de infinidad de investigaciones judiciales de piezas separadas o tramas similares de implantación territorial autonómica o municipal.

Las sentencias judiciales, el análisis de los informes de la UDEF y de la UCO y las comparecencias tanto de los responsables del Grupo Correa como de los tesoreros del PP desde su fundación han permitido reconstruir para la comisión esta secuencia de manera inequívoca.

Desde el punto de vista de la responsabilidad política y a tenor de las muchas declaraciones de los comparecientes en sede parlamentaria, la dirección política de la financiación ilegal correspondió siempre a los presidentes del  partido (M. Fraga, J.M. Aznar y M. Rajoy) y era ejecutada en términos operativos por el secretario general de cada época (F.Alvarez Cascos, J.Arenas, M.Rajoy, A.Acebes y M.D. de Cospedal), a través de las instrucciones que facilitaban de manera directa a los sucesivos tesoreros del partido (A.Lapuerta, L.Bárcenas y C.Navarro). Este sistema se reproducía de manera idéntica en todas las Comunidades Autónomas, con flujos de dinero de ida y vuelta a la caja B de la calle Génova. A su vez, existió un sistema de pago de sobresueldos en dinero negro a la mayoría de los miembros de las sucesivas direcciones del PP nacional a lo largo del tiempo, cuyas cuantías oscilaban entre los 2.600€ mensuales (F.Alvarez Cascos y F.Trillo), 2.400€/mensuales (M.Rajoy, J.Arenas) y sobresueldos puntuales de 2.000€ o 3.000€ a otros dirigentes, tal y como recoge la contabilidad conocida como “Papeles de Bárcenas”. Por su parte, la lista de los sufragadores de esta caja B, los empresarios corruptores, incluye a muchos de los presidentes de las grandes empresas constructoras españolas, desde Villar Mir hasta Florentino Pérez, pasando por el presidente de Mercadona, y extendiéndose a otros actores, como el propio presidente del Tribunal de Cuentas, que en 2004 donó puntualmente 3.000€ a la caja B, de acuerdo con lo acreditado por los informe de la UDEF.

Desde finales de la primera década del siglo XXI hasta mediados de la década de los años 10s la trama se fue haciendo cada vez más compleja. En la Comunidad de Madrid se produjo una auténtica guerra dentro del PP madrileño por el control de las adjudicaciones de obra pública (operación Púnica). Políticos corruptos como Francisco Granados recibieron empresas licitadas para concursar a la adjudicación de gran obra pública de empresarios corruptores como López Madrid, yerno de Villar Mir y amigo íntimo del rey Felipe VI y la reina Letizia. Este intento de penetrar en los grandes concursos para la adjudicación de obra pública fueron repelidos por otros políticos corruptos como Ignacio González, ex presidente de la Comunidad del Madrid, al objeto de conservar en exclusiva la recepción de las comisiones por adjudicación irregular de gran obra pública en la región, como se ha acreditado en las investigación del “Caso Canal” y sus piezas separadas. 

La comisión no ha podido esclarecer si el diseño programático de las grandes inversiones públicas en infraestructuras del PP nacional de 2004, 2008 y 2011 (autopistas madrileñas, aeropuertos de distintas ciudades españolas, etc.) fue obra de los equipos de programa del propio PP o, tal y como apuntan algunos expertos, fueron propuestas directamente elaboradas por los propios empresarios corruptores con el objetivo de ganar las licitaciones.


BALANCE DEL TRABAJO ENTRE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DENTRO DE LA COMISIÓN

La dinámica de trabajo entre grupos parlamentarios fue consensual desde Septiembre de 2017 hasta Diciembre de 2018, a excepción del PP que, como ya se ha mencionado, se opuso desde un primer momento al propio plan de trabajo y todas las comparecencias acordadas.

Todos los grupos parlamentarios presentes en la comisión a excepción del PP, es decir, PSOE, C´s, ERC, PNV y Bildu aceptaron nuestro primer plan de trabajo que explícitamente secuenciaba el orden de las comparecencias en esta sucesión cronológica: primero, expertos investigadores policiales y periodísticos; después, dirigentes políticos corruptos del PP o responsables orgánicos de dichas tramas; y, por último, empresarios corruptores. Así mismo, se aceptó por unanimidad -excepción hecha del PP- el respaldo de todos los grupos a las solicitudes de informes policiales, documentación judicial yproducción periodística que cualquier portavoz pudiera solicitar.

A este acuerdo explícito en el plan de trabajo de la Comisión, se añadieron dos acuerdos verbales adoptados por nuestro grupo con PSOE y C´s: 1) La celebración de la comparecencia de M.Rajoy en la última sesión de la comisión dedicada a tales efectos, calendarizada el 12 de Febrero de 2019, y 2) la alteración de la secuencia expertos/políticos corruptos/empresarios corruptores en la primera sesión de comparecencias de la Comisión, llamando al Congreso en primer lugar a Luis Bárcenas. Esta propuesta del PSOE no contó inicialmente con nuestro respaldo, pero aceptamos en pro del buen inicio de los trabajos y la garantía de que la comisión se cerraría con la comparecencia de Mariano Rajoy.

Lamentablemente, el PSOE rompió con su palabra de manera inexplicada en Diciembre de 2018 y logró cerrar la comisión de facto, gracias a un acuerdo con el PP y Nueva Canaria inédito hasta ese momento en la vida de la comisión. El portavoz del PSOE forzó el aplazamiento sine die de las comparecencias acordadas para Diciembre, Enero y Febrero, lo que a tenor de las escasas semanas hábiles que restaban hasta la finalización de la comisión, se convertía de facto en su cierre.En consecuencia, se suspendieron por acuerdo del PSOE, PP y Nueva Canarias las comparecencias de Ignacio López Hierro, marido de M.D.de Cospedal, y exconsejero de Iberdrola, SocietéGeneraleCorporate, Neoris, Thesan Capital, etc.; IgnacioCosidó, portavoz del PP en el Senado y exdirector general de la Policía durante la etapa de J. Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior; Sergio Ríos, chófer y espía de L.Bárcenas, bajo las órdenes M.D. de Cospedal; Florentino Pérez, presidente del ACS; y M. Rajoy, expresidente del PP y ex secretario general del PP en el período 2003-2004.

Tras dos meses sin reunirse y yacon escasísimo plazo para la celebración de comparecencia alguna, la comisión se reunió de nuevo el 12 de Febrero de 2019. Propusimos entonces la comparecencia por vía de urgencia de Florentino Pérez, presidente de ACS, y M.Rajoy. La propuesta fue parcialmente respaldada por el portavoz de Ciudadanos y en su totalidad por ERC y Bildu. Pero fue rechazada por PSOE, PP, PNV y Nueva Canarias.

El fracaso de los presupuestos generales del Estado de esa misma semana precipitó la convocatoria de nuevas elecciones generales y, por consiguiente, la disolución de la Cámara. In extremis, la comisión se reunió por última vez en la semana del 18 de Febrero con la intención de elaborar unas mínimas conclusiones que, si bien no podían ya ser aprobadas por el Congreso, sí podrían al menos ser publicadas en el boletín. Sin embargo, ese intento se frustró al negarse PSOE, PP, Nueva Canaria y PNV a incorporar a esas conclusiones la recomendación de que las Cortes que nazcan de las próximas elecciones del 28 de Abril reabriesen esta comisión con objeto de elaborar conclusiones a la altura del trabajo realizado y con recomendaciones legislativas destinadas a luchar contra los distintos tipos de corrupción conocidos a través de esta investigación.


CONCLUSIONES

1) Alianza Popular/ Partido Popular se han financiado irregularmente desde su propio nacimiento como organización. La tipificación de sus prácticas ha variado a partir de la inclusión de la financiación ilegal de los partidos como delito penal en nuestra legislación, pero su forma de conseguir recursos para financiar sus campañas y su organización ha incurrido a lo largo de décadas en numerosos ilícitos.

2) Los sobornos de los empresarios corruptores a lo largo del tiempo no han afectado únicamente al PP. También han tenido lugar en el PSOE y en IU.

3) La corrupción del PP nacional no ha sido eminentemente finalista, o no en la mayoría de los casos investigados. Los empresarios corruptores han donado cantidades variables al partido (ya en efectivo a la caja B ya mediante el pago de gastos electorales) al objeto de participar en algo parecido a un “club de empresas amigas” a las que el PP les garantizaba “buen trato”por parte de las administraciones gobernadas por él. En algunos casos, como el del fallido tren de Navalcarnero o la adjudicación del contrato para la recogida de basuras del Ayuntamiento de Toledo, sí es claro el carácter finalista de las donaciones para la financiación de las campañas regionales de Mª Dolores de Cospedal o Esperanza Aguirre, respectivamente. Pero en el PP nacional, la consolidación del sistema entre empresas muy grandes (con capacidad jurídica para concursar a la adjudicación de gran obra pública) estableció un sistema asimilable al del “turno pacífico”, en el que los grandes corruptores se venían beneficiados por la adjudicación de obra pública de manera periódica y, a menudo, compartida con otras empresas corruptoras a través de la formación de UTEs.

4) El modus operandi de la corrupción de PP varió con el cambio de siglo. Hasta finales de los años 90s, las donaciones irregulares al PP eran mayoritariamente en efectivo y se gestionaban desde la caja B administrada por AlvaroLapuerta. Con el cambio de siglo, se introducen modificaciones sustantivas en la forma de recibir las donaciones irregulares. El PP nacional primero y los PPs regionales después, impulsaron un sistema en el que las empresas corruptoras pagaron directamente actos de campaña del partido. Para ello, el PP necesitó empresas proveedoras de servicios dispuestas a falsificar facturas, emitiéndolas a nombre de los empresarios corruptos y no del PP, verdadero beneficiario de los servicios. Este nuevo sistema dejó innumerables rastros documentales, claves en la investigación primero de la trama Gürtel y después de muchas otras tramas regionales.

5) Tanto el primer sistema de financiación ilegal construido desde la circulación de maletines y sobres con dinero en efectivo, como el segundo, basado en el pago por parte de los empresarios corruptores de los gastos de las campañas electorales del PP a través de facturas falsas, fue replicado por el PP a nivel autonómico en todo el país.

6) Adicionalmente, lo principales dirigentes nacionales del PP cobraron durante años sobresueldos en dinero negro procedentes de la caja B, incluido el presidente del gobierno M.Rajoy.

7) La dirección de la financiación ilegal del PP correspondió siempre a los sucesivos presidentes del PP. Por su parte, los distintos secretarios generales nacionales actuaban como mandos operativos y los tesoreros como administradores de los recursos y responsables de la contabilidad. En muchos aspectos, la estructura es asimilable al de una organización criminal.

8) Aunque esta comisión de investigación no ha podido esclarecerlo, es muy posible que el diseño programático de las grandes inversiones públicas en infraestructuras del PP nacional de 2004, 2008 y 2011 (autopistas madrileñas, aeropuertos de distintas ciudades españolas, etc.) no fueraniniciativa de los equipos de programa del propio PP si no propuestas directamente elaboradas por los propios empresarios corruptores con el fin de recibir, posteriormente, la adjudicación de dichas obras, tal y como sostienen algunos expertos.

9) Esta comisión de investigación se cerró de facto en la primera semana del mes de diciembre de 2018, tras un inexplicado acuerdo del PSOE con el PP orientado a impedir las comparecencias de Ignacio López Hierro, Ignacio Cosidó, Sergio Ríos, Florentino Pérez y Mariano Rajoy y la elaboración en forma y fecha de unas conclusiones a la altura del trabajo realizado.

10) Tras interpelar a PSOE en reiteradas ocasiones al objeto de obtener una explicación sobre su repentino acuerdo con el PP para cerrar la comisión, no obtuvimos respuesta. Y lamentablemente esta comisión se cerró sin ella. Dejamos sobre las mesa, eso sí, las dos hipótesis que más circularon en esos días entre políticos y periodistas. La primera sostenía que el PSOE no quiso abrir la puerta a la comparecencia de personajes como López Hierro o Ignacio Cosidó, protagonistas tanto de las tramas corruptas del PP como del funcionamiento de lo que se ha dado en llamar “las cloacas del ministerio del Interior”, por temor a que en esas comparecencias pudiesen salir a la luz los supuestos usos que el PSOE de A.Pérez Rubalcaba habría hecho en su día de esas mismas cloacas. La segunda hipótesis sostiene que el PSOE pactó con el PP la “no comparecencia” de M.Rajoy en esta comisión a cambio de que el PP renunciase a la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en la comisión del Senado dedicada a investigar su tesis doctoral. Como quiera que sea, no obtuvimos una respuesta cierta sobre el por qué del cierre en falso.

11) Por último, no cabe duda de que nuestro trabajo fue clave para que la sentencia de la primera época de la trama Gürtel tuviera traducción política. A tenor de los antecedentes en el comportamiento del conjunto del sistema de partidos español en el pasado, bien podría haber ocurrido que la sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de Mayo de 2018 se hubiese convertido en un elemento más del escándalo mediático permanente. Sin embargo, a nuestro juicio, fueron los trabajos de esta comisión los que permitieron mantener la cuestión de la corrupción del PP y la del país en el centro del debate social y mediático entre Junio de 2017 y Junio de 2018, generando las condiciones sociales y políticas necesarias para el triunfo de la moción de censura que puso fin al gobierno del partido más corrupto de Europa.



Carolina Bescansa Hernández

Portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Investigación sobre la Financiación Ilegal del PP


Congreso de los Diputados, 19 de Marzo de 2019