Abogados De Extranjería Denuncian Expulsiones Ilegales De Inmigrantes Desde Canarias A Mauritania

Las ‘devoluciones en caliente‘ siguen siendo un hecho. La Asociación de Abogados Extranjeristas denuncia que tienen noticias que desde Canarias las autoridades españolas están realizando estas prácticas con atropello de derechos y falta de garantías a estos inmigrantes.

Esta asociación denuncia que aquellos grupos de personas que llegan a las cosas del archipiélago en cayucos desde Mauritania, sin darles la menor ocasión de expresarse, defenderse o bien de pedir asilo, y pese a ser identificados como malienses, son devueltos expeditivamente.

Una vez allí, las autoridades de ese país, con pleno conocimiento y conformidad de las españolas, los trasladan a Mali.

Mali es, además de uno de los países más pobres del mundo, un país agotado por una larga guerra, de poca presencia en los medios de comunicación, en la que los grupos afines a ‘Al Qaeda’, como ‘Boko Haram’, intentan controlar el territorio y someter a la población a la visión más rigorista de la ‘sharia’.

Cuando se ha logrado liberar alguna zona controlada por ‘Boko Haram’ las atrocidades que se cuentan no tienen fin y los objetivos preferidos de secuestro para enrolarlos por la fuerza o bien para convertir a las mujeres en esclavas sexuales son jóvenes como los que se atreven a hacer la senda en cayuco.

Francisco Solans, vicepresidente de la Asociación de Extranjeristas, recuerda a Confilegal que la Convención de Ginebra, el derecho de asilo reconocido en el artículo ciento treinta y cuatro de nuestra Constitución, los distintos acuerdos internacionales de derechos humanos, el Convenio Europeo y la Declaración de Derechos Humanos establecen la prohibición a los estados de, directa o bien indirectamente, expulsar a nadie a un territorio donde su vida pueda sufrir daño o bien sufrir daños inhumanos o degradantes.

Desde esta asociación se insiste en que “el riesgo de estos jóvenes en su forzoso regreso a Mali es conocido, y la pretendida ignorancia de las autoridades españolas, insolente y repugnante”.

Para Solans “el procedimiento que se usa es muy expeditivo. Conforme llegan las pateras de inmigrantes se tarde unos diez días en realizar la expulsión. En esos diez días terminan en uno de los 3 Centros Internamientos de Extranjeros (CIE) que hay en Canarias pero raras veces cuentan con asesoramiento jurídico serio”.

En la actualidad, el CIE de las Palmas está cerrado por reformas. Al mismo tiempo, el CIE de Lanzarote está prácticamente completo con lo cual estos inmigrantes terminan en Tenerife. “La comunicación con el letrado es deficiente con lo cual la mengua de sus derechos es evidente”. abogados para extranjeros

Apunta que “tampoco funciona el Servicio de Orientación Jurídica existente al no haber un convenio de cooperación entre el propio Ministerio del Interior y el CIE como sucede en otros casos”.

La única solución para salir de esta expulsión es que estos inmigrantes o alguna ONG presente una petición de asilo para de esta manera frenar dicha salida “pero en la práctica no acostumbran a cuajar, por el hecho de que pasa por una ventana del propio CIE y, habitualmente, esta solicitud no prospera”.

A su juicio, las ‘devoluciones en caliente’ no cumplen las  condiciones que la propia sentencia del TEDH establece, pues en un caso así no existe posibilidad de acceder por una ruta legal fronteriza a una oficina de asilo, por lo que no cabe que el Gobierno se escude en ello para justificar esta actuación.

La Asociación de Extranjeristas pide que el Ministro del Interior ponga fin “inmediatamente” a estas prácticas y que implante, como  obliga el reglamento de CIEs un servicio de orientación jurídica para todos y cada uno de los internos, con la debida información y asesoramiento de sus derechos.

Sobre la administración de inmigración de Grande-Marlaska, este colectivo de juristas se protesta de su falta de concreción “todavía esperamos una política de inmigración seria. Desgraciadamente estamos viendo lo habitual. Es el caso de las vallas que se pondrán más altas en Ceuta y Melilla”, apunta.

A juicio de este experto en extranjería es esencial tender a una disminución esencial en el número de expedientes de expulsión que se gestionan, como a una “racionalización, pues se tenderá a emplear las posibilidades de la ley solo sobre aquellos que presenten un verdadero perfil de conflictividad social, no gastando los recursos públicos en una persecución abierta y también indiscriminada de todo un sector social”.

Para esta asociación el servicio de orientación jurídica es “absolutamente imprescindible, dado que la estructura de los distintos Colegios de Abogados de las islas está provocando que la primera atención letrada se haga en condiciones muy deficientes”.

“Nos consta por alguna O.N.G. que en muchos casos se ha presentado la expresión de voluntad de pedir asilo y esta ha sido ignorada groseramente por la policía, lo que constituye una denegación de derechos muy grave. En todo caso, no va a poder jamás expulsarse a nadie a un país como Mali, quejado por tan grave conflicto”. En este contexto aseguran que “si no nos queda más antídoto tendremos que acudir a los tribunales”.

En este sentido, explican que los recursos por vía judicial son complejos “cuando el inmigrante es expulsado se le solicita un ‘apud acta’, esto es un apoderamiento del inmigrante al letrado en persona. Si ya lo han expulsado es complicado tenerlo”.  Al final se trata de buscar un caso estratégico y llevarlo hasta el final desde la vía contenciosa.

“En plan masivo no se logrará nada”, concluye.