420 víctimas por facciones del SNA en Siria en el primer trimestre de 2023
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Violaciones de derechos y libertades
Desde que las facciones armadas de oposición respaldadas por Turquía, también conocidas como el Ejército Nacional Sirio (SNA, por sus siglas en inglés), tomaron el control de las regiones de Afrin, Sere Kaniye (Ras al-Ain) y Tel Abyad, en el norte de Siria, en 2018 y 2019, no han dejado de cometer violaciones y crímenes de guerra sistemáticos contra el pueblo original mientras el mundo observaba. Han cometido estos crímenes con el apoyo de Turquía y han provocado el desplazamiento de unas 700.000 personas. Las áreas bajo su control, que son testigos de una seguridad inestable, se han convertido en un epicentro para el comercio de narcóticos y el tráfico de personas.
En cinco años, las facciones violaron los derechos de los civiles, los arrestaron arbitrariamente, los torturaron y abusaron de ellos. Cometieron ejecuciones extrajudiciales, confiscaron propiedades y les impusieron regalías. Ninguna ley o resolución nacional o internacional disuadió a estos militantes de cometer estas acciones para aliviar su impunidad. En 2022, North Press logró documentar la muerte de 28 y la lesión de otros 43 por parte del SNA, además de la muerte y lesiones de 42 mujeres y niños y 72 casos de violación contra mujeres y niños en las áreas controladas por el SNA.
En el primer trimestre de 2023, las violaciones se han intensificado contra los civiles en las áreas controladas por el SNA. El Departamento registró la muerte de 19 personas y la lesión de 71, incluidas dos mujeres y tres niños, por el SNA. También documentó 21 casos de robo y 33 casos de apropiación de bienes civiles en los que las facciones utilizaron armas de fuego contra civiles, incluidos ancianos y mujeres. Las facciones talaron ilegalmente 5.258 árboles para venderlos como leña y ganar dinero extra.
Las facciones arrestaron arbitrariamente a 307 personas, incluidos 191 solicitantes de asilo entregados por los guardias fronterizos turcos. Liberaron a 211 personas, incluidos solicitantes de asilo y 20 civiles después de pagar enormes cantidades de dinero. La mayoría de los 96 detenidos son de Afrin y sus zonas rurales, y aún se desconoce su destino y ubicación. 62 detenidos fueron acusados de complicidad con la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), un cargo que las facciones utilizan constantemente para arrestar arbitrariamente a opositores o civiles. Detuvieron a otros 14 por participar en protestas, mientras que se desconoce el motivo de la detención de los restantes detenidos.
En marzo, la región de Afrin fue testigo de protestas a gran escala tras el asesinato de cinco civiles en la ciudad de Jindires por parte de la facción Ahrar al-Sharqiya por encender fuego para celebrar Newroz el 20 de marzo. Los lugareños exigieron que los perpetradores rindan cuentas por el crimen, pero la facción negó que los acusadores les pertenecieran. La verdad , según testigos presenciales, familiares de las víctimas y un informe de Human Rights Watch, es que los acusadores son efectivamente miembros de Ahrar al-Sharqiya.
En febrero, después de que gran parte de Siria fuera destruida por el devastador terremoto de magnitud 7,7, las facciones no detuvieron sus violaciones a pesar de la destrucción que se produjo en las zonas bajo su control. Encontraron una oportunidad de ganar dinero incautando la ayuda de socorro enviada a las personas afectadas por el terremoto, imponiendo impuestos a los convoyes de ayuda, robando pertenencias de casas parcialmente destruidas de civiles que vivían en tiendas de campaña y cometiendo discriminación racial durante las operaciones de búsqueda y rescate y la entrega de ayuda. El departamento registró que las facciones se apoderaron de más de 1000 tiendas de campaña proporcionadas por ONG a los sobrevivientes del terremoto, además de más de cuatro camiones de ayuda y cientos de raciones de ayuda.
En enero, antes de que ocurriera el terremoto, las hostilidades y los disturbios de seguridad se intensificaron en la estadística más alta registrada desde principios de 2023. Las facciones mataron a 11 personas e hirieron a otras 25, cometieron 32 casos de apropiación de bienes civiles, 18 casos de robo y corte derribó 3.262 árboles en la región de Afrin.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria (IICI) publicó un informe el 7 de febrero de 2023 que reveló la participación de funcionarios turcos en la tortura de víctimas que fueron arrestadas arbitrariamente en Siria por facciones de oposición respaldadas por Turquía. El informe mostró casos de tortura y agresión, en los que estuvieron involucrados funcionarios turcos. Según el informe, las víctimas fueron sometidas a golpes, descargas eléctricas, acoso sexual, violación y amenazas de violación. El informe confirmó que estas personas fueron detenidas arbitrariamente por períodos de tiempo que iban desde un mes hasta tres años. A sus familiares se les prohibió conocer su ubicación. Algunos detenidos fueron trasladados ilegalmente a Turquía.
La Comisión explicó en el informe que en áreas bajo el control activo de Turquía, Turquía está obligada por las obligaciones de derechos humanos existentes y es responsable de garantizar el orden público y la seguridad y brindar protección especial a mujeres y niños.
El Departamento logró obtener información sobre tres centros de detención ubicados en Sere Kaniye bajo el control de la facción al-Hamzat, la Policía Civil y la Policía Militar. Los detenidos son sometidos a abusos, torturas, hambre, desnudez forzada y otros tratos inhumanos. Según la fuente, la mayoría de las detenciones son arbitrarias y maliciosas, donde los detenidos son liberados luego de pagar sumas de dinero, a partir de 500 dólares, al funcionario penitenciario.
En un caso, se impuso la pena de muerte a un detenido porque sus familiares no podían pagar su liberación. Los archivos del detenido a menudo se envían a Turquía, que a su vez decide sentenciar al detenido a permanecer en territorio sirio o transferirlo a Turquía para ser juzgado. Las facciones aprovechan esta situación para explotar a las familias de los detenidos para sacarles dinero con el pretexto de agilizar los trámites.
Todas las acciones sistemáticas cometidas por facciones respaldadas por Turquía con el apoyo de las autoridades turcas contra civiles son una violación de sus derechos y de las leyes e instrumentos internacionales. Estas prácticas se clasifican como crímenes de guerra y crímenes inhumanos por los que los perpetradores deben rendir cuentas. Turquía, partidaria de estas facciones y como fuerza de ocupación, está sujeta al derecho internacional humanitario y de derechos humanos, que prohíbe todas las violaciones mencionadas en el informe y la obliga a garantizar la supervivencia de los civiles y el respeto de todos sus derechos