Born
Capítulo 13. 1989-2002. Menem lo hizo
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Los bienes restituidos —aclaró— no tenían relación con ese dinero, ya que Graiver lo había destinado a la compra de entidades bancarias extranjeras que luego habían quebrado. “Entiendo que si los bienes se reintegran no serán para que la menor cumpla con las obligaciones que su padre hubiera contraído con los Montoneros, porque de esta manera indirecta la acción del Estado agravaría el bien común en forma más que manifiesta”, concluyó.
Romero Victorica había encontrado la ventana por la cual entrar.
Para retribuir los gestos de Alfonsín, Papaleo había cooperado en la causa contra Firmenich. Los testimonios de la familia sobre el apriete que sufrieron tras la muerte de Graiver de parte de los Montoneros —encarnado en las amenazas del doctor Paz—, le habían servido al fiscal como prueba de que el grupo guerrillero había cobrado un rescate de los hermanos Born.
Ahora solo necesitaba que los ex montoneros refrendaran aquello que Papaleo y la familia Graiver ya habían admitido: que le habían dado 17 millones de dólares al banquero fallecido y que gran parte de ese dinero provenía del botín del secuestro de los hermanos Born.
Para ello Galimberti podía resultar de gran utilidad.
Por intermedio del titular de la SIDE, acordaron encontrarse en el Caffé Tabac, en la esquina de las avenidas del Libertador y Coronel Díaz. En el expediente, Romero Victoria había librado un oficio para averiguar el paradero de Galimberti (también de Vaca Narvaja y de Perdía). Ahora sabía dónde encontrarlo: se disponía a compartir un café con él.
Después de un saludo frío, Galimberti observó a su alrededor, fijó la vista en las mesas con sillas de terciopelo verde que se encontraban ocupadas y le advirtió al fiscal:
—¿Ve la gente que está en esas mesas? Es gente mía.
No perdía las mañas.
—
Yo vine solito —le contestó Romero Victorica.
—
No hay nada que temer. En realidad quiero que sepa que estoy a su disposición.
Y a continuación comenzó a hablar del asunto que los unía. Le ofreció información, contactos y gestiones con otros ex guerrilleros. Se manifestó dispuesto a declarar en la causa y a llevarlo hasta las
cárceles del pueblo en las que habían alojado a los hermanos. En síntesis: cualquier cosa que pudiera necesitar.
Romero Victorica le explicó que su objetivo era probar que los 17 millones de los Montoneros no se habían perdido en la compra del banco en Nueva York, sino que se habían integrado al patrimonio de los Graiver. En ese caso, Born podía reclamar parte de la indemnización que les había concedido Alfonsín, escandalosa a gusto del fiscal. El secretario de Justicia de Menem, César Arias, supervisaba cada movimiento de la causa y había evaluado denunciar a Alfonsín por el convenio con Papaleo y los Graiver. El presidente lo consideró innecesario.
La energía del funcionario se podía canalizar mucho mejor. Arias, con el consentimiento de Romero Victorica y la colaboración de Galimberti, podía lograr algo realmente importante: allanar el camino a los indultos y permitir que cada quien —incluidos quienes se esforzaran por volver el desquicio a su cauce— recibiera lo que le correspondía del dinero mal habido por los Montoneros.
Los abogados de los hermanos Born ya se habían presentado como querellantes en la causa.
A los herederos de Graiver les quedaban pendientes de cobro las últimas tres cuotas del acuerdo: más de 30 millones de dólares. Si lograba inmovilizar esos compromisos, el fiscal y el juez Carlos Luft podían forzar a las partes para que llegaran a un acuerdo.
Romero Victorica notó que el ex guerrillero se excitaba cuando escuchaba hablar de dinero. “Se movía como un mercenario”, lo semblanteó.
Hablaron de los depósitos en Cuba. El fiscal había mandado exhortos al gobierno de Fidel Castro para preguntar si existían cuentas a nombre de alguno de los jefes guerrilleros, o de alguna sociedad vinculada a ellos. Las respuestas fueron siempre negativas.
Romero Victorica no lo sabía, pero Born había intentado otra gestión a través de su amiga querida María Julia Alsogaray, la hija de Álvaro Alsogaray, el capitán ingeniero relacionado con varias dictaduras que en democracia había creado la Unión de Centro Democrático (UCeDé). Padre e hija se habían sumado al gobierno de Menem, ella como secretaria de Medio Ambiente. Cuando le tocó viajar a La Habana, le prometió a Born que preguntaría por la plata al mismísimo Fidel Castro.
El líder cubano le respondió que ese dinero jamás había llegado a la isla.
—
Toda esa historia es una fantasía. Una fantasía.
Born se disgustó:
—
Al final María Julia no averiguó nada —le contaba a sus amigos.
En realidad no era un tema sencillo para Castro. El supervisor de la operación, José Abrantes, ex ministro de Interior y jefe de la custodia del líder cubano, había sido apartado del cargo y condenado a veinte años de prisión.
Lo juzgaron junto al coronel Arnaldo Ochoa, un héroe de la guerra de Angola, extremadamente popular en Cuba, a quien el régimen fusiló por traición a la patria el 13 de julio de 1989. Con él también fue ejecutado Antonio
Tony De la Guarda, el coronel que había llevado el dinero de los Montoneros a Checoslovaquia. El juicio había sido bastante opaco —muchos vieron en Ochoa a un chivo expiatorio, que se sacrificaba por la revolución, para evitar que el delito se elevara a otras esferas— y se televisó como algo ejemplar. A su término, los condenaron a la pena capital por lavado de dinero, tráfico de armas y negocios con el narcotráfico, en sociedad con Pablo Escobar Gaviría, jefe del Cartel de Medellín en Colombia.
Según las averiguaciones de Yofre, todos esos acontecimientos habían complicado todavía más el acceso de la cúpula montonera a los fondos depositados en Cuba. Desde 1984 en adelante, solo les autorizaban remesas mensuales para financiar al aparato del partido que fundaron en democracia y para mantener una estructura de unos 200 militantes. De modo excepcional les hacía llegar cifras más suculentas para los aportes de campaña. Además les exigían que cada pedido se tramitara con el acuerdo de Firmenich, Vaca Narvaja y Perdía: los tres juntos. Galimberti lo sabía, porque había rebotado en cada intento por acceder al dinero.
Descartada la pista de Cuba, el fiscal y su nuevo asistente informal en la causa —el voluntarioso Galimberti— se concentraron en reunir la prueba para que el cobro de las cuentas pendientes recayera sobre los Graiver.
El plan fluía. Se reflejaba en una segunda causa, paralela al expediente del secuestro de los hermanos Born: el 1º de septiembre de 1989 el juez Carlos Luft volvió a incriminar a Papaleo y los Graiver como parte “de una asociación subversiva”. A los 17 millones de dólares que los Montoneros le habían entregado al banquero en 1975, Luft les aplicó un 8 por ciento de interés anual y embargó bienes de los herederos por 46 millones de dólares. Además bloqueó los últimos tres documentos que tenían por cobrar de la indemnización, de 10 millones de dólares cada uno.
En una pinza, el juez federal de San Isidro, Alberto Piotti, reabrió la causa por el secuestro de Heinrich Metz, el gerente de la planta de Mercedes Benz que había caído en manos de los Montoneros poco después de la liberación de Jorge Born. El grupo guerrillero le había confiado a David Graiver la administración de 12 millones del botín de los Born y otros 5 del pago de Mercedes Benz. Por esa causa se encontraban presos Magario y Graciela Daleo.
El ex jefe de Finanzas de Montoneros recibió en la cárcel la visita del secretario de Justicia. Arias quería saber si estaba dispuesto a declarar que la guerrilla le habían entregado el dinero a Graiver. Podía sumarse a la lista de los indultados que estaban por salir. Al día siguiente Romero Victorica le tomó su testimonio en la cárcel de Caseros.
—
Todos arreglaron por plata, Romero Victorica también —dijo Magario —.
Yo fui el único boludo que no cobré nada.
Al poco tiempo Magario asumió como asesor de Carlos Corach, ministro del Interior de Menem. De la Casa Rosada pasó a trabajar en el Municipio de La Matanza, el más poblado de la provincia de Buenos Aires, para el intendente Alberto Balestrini y luego para su sucesor, Fernando Espinoza. Atendía en el centro de San Justo, en un local partidario de tres pisos bautizado en honor al presidente Néstor Kirchner. Renunció a finales de 2011 pero trasladó su gran influencia a la concejal Verónica Magario, su hija, luego diputada nacional y en el 2015 aspirante a la intendencia del distrito poderoso.
La causa del dinero de los Born se extendió como una mancha venenosa entre todos los que intervinieron.
Y todos, por algún motivo extraño, se sentían en la obligación de aclarar que ellos no habían cobrado comisión alguna, a diferencia de… Siempre se les ocurría otro a quien señalar.
La manera en que aparecían los testigos, las ventajas que obtenían a cambio, sumado a la falta de transparencia en los números y en el manejo de los fondos, alentó un estado de sospecha generalizado sobre el resultado final.
Por orden del juzgado, el dinero embargado a Papaleo y los Graiver quedó depositado en el Banco Nación, en un plazo fijo renovable cada siete días. Los papeles que Alfonsín había entregado se pagaban en australes —la desmoronada moneda nacional hasta 1992— en la fecha del vencimiento. Acosados por las deudas, los herederos del banquero habían librado letras anticipadas contra esos pagos. Los tenedores de esos pagarés —entre ellos los abogados que habían llevado adelante los expedientes de la familia— se presentaron ante el juzgado como damnificados.
Presionaban los acreedores. Presionaba Papaleo y la familia Graiver. Inclusive los abogados de los Born presionaban: no querían que el dinero se licuara. Al fin el juzgado autorizó la compra de dólares y de bonos para preservar el valor de los fondos mientras el asunto se dirimía en los tribunales. El capital quedó bajo la administración del titular del Banco Central, Hugo Santilli: un dirigente de River —los colores del Presidente— que había dejado la conducción del club para acompañar a su amigo Menem en la gestión.
Según Romero Victorica, con el correr de los meses los movimientos de compra de dólares y de bonos no solo preservaron el valor del último tramo de la indemnización: lo multiplicaron. El fiscal estimó que los 30 millones se habían transformado en 50 millones de dólares. Esas ganancias, sin embargo, no se asentaron en la causa.
Vaca Narvaja y Perdía, por su parte, se hacían los misteriosos. El 27 de septiembre de 1989 la revista
Somos publicó en su tapa un artículo, “El oro monto”. Según el texto, así como en 1984 habían elegido la democracia en lugar de las armas, ahora los guerrilleros traerían el dinero. “No vamos a decir cuánta plata queda ni dónde está”, declaró Perdía. “Esos son datos reservados. Son cuestiones que están en discusión y que se van a tener que concretar sobre la base de acuerdos con el Gobierno.”
Los acuerdos aludían a los indultos. Los negociaba Mario Montoto, el apoderado de Firmenich. El ex jefe montonero estimó que a esa altura en Cuba quedaban entre 16 y 18 millones de dólares.47 También había calculado que la primera tanda de indultos sería mucho más propicia. Sintió una gran frustración.
Durante los primeros días de octubre de 1989 Menem firmó cuatro decretos que perdonaron a 220 militares y a 70 civiles. Amparó a quienes no habían sido beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final; a Leopoldo Fortunato Galtieri y demás condenados por la guerra de Malvinas; a Aldo Rico y demás carapintadas que se sublevaron en la Semana Santa de 1987 y los regimientos de Monte Caseros y Villa Martelli. También muchos dirigentes Montoneros: Galimberti, Vaca Narvaja, Perdía, Magario y Daleo (la única que rechazó el indulto).
Firmenich y los jefes de las Juntas Militares quedaron excluidos.
Papaleo y los Graiver avizoraron que el acuerdo detrás del indulto los dejaría en una situación muy desventajosa; tanto que a ellos les tocaría pagar —intuyeron— la cuenta del arreglo económico entre unos y otros.
El 10 de octubre de 1989 la familia publicó una solicitada en los diarios
Clarín y
La Nación: “La verdadera historia”. Decían:
Durante doce años hemos guardado silencio. Al principio, porque el secuestro y la cárcel nos lo impusieron. Luego porque el adecuado funcionamiento de las instituciones de la democracia satisfizo nuestros derechos. Hoy se ha desatado una nueva campaña, donde, como ayer, se mezclan lo ideológico, afanes de notoriedad personal y el negocio del escándalo.
Si antes habían negado los vínculos de Graiver con la guerrilla peronista, ahora admitieron:
Con posterioridad a la muerte de David Graiver fuimos extorsionados y amenazados de muerte bajo el reclamo de una suma, que variaba, de exigencia en exigencia, por quienes se decían Montoneros.
Miguel Etchecolatz, quien había sido condenado por los crímenes que había cometido durante la dictadura como la mano derecha de Ramón Camps en la Policía Bonaerense, estaba en libertad gracias a la Ley de Obediencia Debida. Como otros ex represores, había fundado una empresa de seguridad privada. Entre sus clientes se contaba la familia Born.
Hugo Alberto Guallama, el chófer de Etchecolatz en los viejos tiempos, llevaba y traía a Matilde, la viuda de Jorge Born II. El criminal exonerado se ocupaba en persona de la custodia del director de Bunge y Born, quien se había mudado a la ciudad de Buenos Aires. Solían conversar sobre los Montoneros. A Born lo intimidaba la ferocidad con que se expresaba su custodio.
Etchecolatz no desatendía su pasado. Para contrarrestar la solicitada, volvió a escarnecer a los Graiver: difundió los audios de los interrogatorios a los que había sometido a Papaleo bajo tortura.
El titular de la SIDE organizó la gran cita.
Se concretó el 12 de octubre de 1989 a las 10 de la mañana en el Hotel Lancaster, un edificio de los años ’40 con una fachada muy elegante en la esquina de la avenida Córdoba y Reconquista. Desde muy temprano Yofre llenó el lobby con sus hombres.
Galimberti eligió un saco Príncipe de Gales para reencontrarse con Born. Lo quería impresionar bien: contaba con que Born solo lo asociaría a su secuestro.
—
Yo vengo acá solo a pedirle disculpas y a ponerme a su disposición porque sinceramente estoy muy arrepentido de lo que hicimos —fue lo primero que dijo mientras extendía su mano—
. Un ejército, cuando pierde, tiene que entregar sus armas y declararse vencido. Nosotros no fuimos capaces ni tan siquiera de eso.
Born lo escuchaba entre estupefacto y entretenido: ese lenguaje tan militar… ¿Así que los chiquilines se habían creído un ejército?
—No solo nos equivocamos con usted —siguió Galimberti—
también con su compañía, que tanto bien le está haciendo al país.
—Para mí es un asunto olvidado —lo cortó—
. Ya pasó mucho tiempo. Pero si es cierto que usted está arrepentido nos puede ayudar con el juicio.
—Estoy a su disposición para que lo que necesite.
—Le voy a pedir entonces que se ponga en contacto con mis abogados.
Yofre los observaba sin dar crédito. Había esperado algo más conmovedor, un preámbulo más extendido aun si hubiera sido hipócrita. Pero la víctima y el victimario lo sorprendieron:
—¡Enseguida se pusieron a hablar de plata! —recordó.
El ex secretario de la Columna Norte halagó al empresario a la vez que fue al grano:
—
Lo tengo que felicitar: usted, desde un primer momento, tuvo una actitud de valentía y de coraje fuera de lo común. Además, tuvo razón cuando nos dijo que íbamos a hacer una mala administración del dinero.
Born quiso saber qué pasaba con los fondos que estaban en Cuba.
—
La cúpula dice que no le devuelven la plata, pero es una excusa para no devolvérsela a usted —lo azuzó Galimberti.
Aunque de modo tácito, cerraron trato a toda velocidad. El ex montonero conseguiría los testigos que le faltaban a la causa y a cambio obtendría una recompensa.
En cierta medida el negocio encerraba una reparación emocional para ambos. Born podía recuperar parte del botín que había mortificado a su padre y acaso acelerado su muerte; Galimberti rompía el cerco que la cúpula había tendido para que él no pudiera acceder al dinero de la
Operación Mellizas.
Al empresario le fascinó ese personaje exagerado, que resultó muy eficaz para brindar aquello que prometía.
Galimberti había rastreado a Pablo González Langarica, el montonero que había entregado la caja fuerte en Suiza a cambio de su libertad, y se había puesto en comunicación con Juan Gasparini en Ginebra. Buscaba testigos para la causa del fiscal. Les ofrecía —en nombre del gobierno de Menem— un lugar en la lista de los indultados. Y también dinero: al menos tres personas dijeron que se les habían propuesto cifras importantes.
Gasparini, cuya extradición se estaba por pedir a Suiza, negoció que en la causa se adjuntara una copia de la biografía de Graiver que estaba a punto de publicar. No quería responder preguntas y ahí encontrarían los datos que necesitaban, argumentó.
Tres sujetos que se identificaron como ex oficiales montoneros se presentaron en las oficinas de la SIDE en Europa y dijeron que tenían los papeles que probaban la conexión que desvelaba al Gobierno. Prometían tres recibos originales de 4, 3 y 7 millones de dólares cada uno, entregados por la
Banque Pour l’Amerique Du Sud (de Graiver) a Empresas Catalanas Asociadas S.A. (de los Montoneros) con fecha del 5 de junio de 1975. Un cable clasificado llegó al despacho de Yofre: “Piden que la SIDE tome contacto con los damnificados por el secuestro y que les informe su intención de negociar un rescate de los documentos tras un pago de tres millones de dólares, uno de los cuales ofrecen como
donación a la SIDE”.
Para completar la romería, Arias sumó a Vaca Narvaja y Perdía a los testigos que ya había aportado Galimberti.
Ellos dos también habían negociado con el secretario de Justicia las condiciones para que Romero Victorica les tomara declaración el 13 de diciembre de 1989. Pero cuando llegaron al despacho del fiscal se encontraron con una sorpresa ingrata. Se lo hicieron saber a Menem a través de una nota.
Al Excelentísimo Señor Presidente
Dr. CARLOS SAÚL MENEM
Algunas consideraciones sobre cuestiones judiciales y el tema de los recursos:
En la audiencia a la que debimos compadecer en la Causa Born (Juez Luft-Juzgado Federal de San Martín), que teóricamente había sido consensuada con el fiscal Romero Victorica, se hicieron presentes sorpresivamente el abogado de Jorge Born, como querellante, y un representante de la Procuraduría del Tesoro.
Nos llama la atención la presencia del abogado de Jorge Born. El desarrollo del trámite judicial, bajo estas condiciones, seguramente inmovilizará los recursos que quisiéramos destinar al financiamiento de actividades productivas de los sectores más humildes.
Ratificamos lo que manifestamos en nuestro
m
e
m
o
anterior en el sentido de acelerar los acuerdos para la entrega de recursos y acordar con Jorge Born los mecanismos para que se eviten problemas.
Por todo ello reiteramos nuestra disposición para conversar con Jorge Born, lo que podría gestionarse a través del Tata
Yofre por su relación con el mismo, evitando que la insistencia de la acción procesal del fiscal Romero Victorica pueda perjudicar los objetivos que venimos planteando.
Reciba Ud. un respetuoso y fraternal abrazo.
Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja.
Superadas las molestias, a los pocos días los ex miembros de la CN de los Montoneros prestaron un testimonio que resultó muy útil para la causa y que no representó riesgo alguno para ellos.
Relataron a Romero Victorica que ellos solo supieron que la organización guerrillera había cobrado un rescate por el secuestro de los hermanos Born por Roberto Quieto, otro integrante de la CN, quien se había encargado de llevar adelante la
Operación Mellizas. Quieto les había hablado de su relación anterior con Graiver, motivo por el cual le había confiado los fondos al banquero. El ex guerrillero estaba desaparecido, el banquero se había subido a un avión que se estrelló: los dos hombres sobre los que se explayaron, convenientemente, no podían contradecirlos.
Por lo demás, habían olvidado casi todo. Solo mencionaron a Magario y Gasparini, quienes ya habían declarado. Sabían que después de la muerte de Graiver la deuda nunca había sido saldada. Se negaron a responder si parte del botín había recalado en Cuba: la respuesta los podía auto-incriminar y prefirieron ampararse en la Constitución. Hasta ellos se sorprendieron de que ni el fiscal ni el juez les objetaran algo.
Un día antes de la presentación de los ex jefes guerrilleros, el experimento de Bunge y Born a cargo del Ministerio de Economía llegó a su final. En realidad había durado bastante, dadas las desinteligencias reiteradas entre Born y Menem y entre Born y Rapanelli.
Cada vez que sus adversarios en el gabinete rebatían una de sus propuestas, Born llamaba al ministro y le descargaba su frustración:
—
Pero ¿usted le explicó bien las cosas a Menem? Porque estos tipos hacen lo que les da la gana.
Born había pedido la cabeza de González Fraga, que seguía a cargo de Banco Central.
—Sí, claro que le expliqué. Pero usted sabe cómo es él, y cómo es toda esa gente que lo rodea…
—
Ahora estoy en San Pablo pero si hace falta me tomo un avión y me voy para allá
—No, no se moleste. Quédese tranquilo. Lo mantengo al tanto.
Rapanelli pretendía que Born lo tratara como al ministro de Economía que era, y no como al empleado que había sido. Pero las llamadas mantuvieron ese tono. Un día le ordenó:
—
Esto no da para más: nos vamos del gobierno.
Rapanelli intentó resistir.
—No estoy de acuerdo. Creo que nos tenemos que quedar.
Born no iba a tolerar su rebelión.
—Usted haga lo quiera. Yo ahora mismo llamo a Menem y le digo que nos vamos.
Si ya no representaba al grupo, al Presidente le dejó de interesar la permanencia de Rapanelli en el gabinete. Lo reemplazó el contador Antonio Erman González, un riojano amigo.
El alejamiento no interrumpió la marcha de la causa, un compromiso político de Menem con Jorge Born. Al fin y al cabo, nadie era ajeno al acuerdo económico final de todas las partes.
El 10 de enero de 1990, Galimberti llamó a un teléfono pinchado en las oficinas de Born. La transcripción de la SIDE registró su diálogo con Elsa, una secretaria del empresario que se negó a brindarle su contacto en San Pablo.
—
Necesitaría hablar con él, por el tema… referido a la buena marcha de sus intereses acá y fuera del país. Y necesitaría charlar con él personalmente en el momento que él disponga. No hay apuro, no es urgente, pero es importante, muy importante… es una cosa de largo alcance.
—
Le transmitiré el mensaje al señor Born, no se preocupe.
En su esfuerzo infatigable por conquistar la confianza de Born, el 2 de mayo de 1990 Galimberti llevó a Romero Victorica a la calle Carapachay y la pinturería de Villa Adelina, donde habían funcionado las
cárceles del pueblo. Piojo 1 y Piojo 2: los pequeños cubículos en los que Juan Born había perdido la salud psíquica y Jorge había debido negociar la vida de ambos ante la negativa de su padre a tratar con los Montoneros.
El reconocimiento quedó asentado en la causa:
“Tras el ingreso al galpón de amplias dimensiones, a la derecha del mismo se observa un recinto que se encuentra aproximadamente a dos o tres metros bajo el nivel de la superficie, y tras su descenso al mismo se observa una especie de hall que el testigo identifica como la sala de guardia, y a su derecha e izquierda respectivamente las dos celdas […]
El testigo manifiesta que no abriga dudas en cuanto a que el lugar que reconoce en este acto es el que identificara como Piojo 1. Agrega que a este lugar condujo el declarante al jefe de la organización Mario Eduardo Firmenich, donde éste se entrevistó con los cautivos”.
Como un guía en un museo, Galimberti les señaló las planchas de telgopor en el techo y el orificio para el extractor de aire, huellas del cautiverio de los Born.
La segunda propiedad se encontraba prácticamente en ruinas. Así y todo, afirmó:
“No obstante las modificaciones y el incendio que afectara al lugar, lo reconoce sin lugar a dudas como Piojo 2”.