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CORREPI: 92 PERSONAS ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL DURANTE EL ASPO

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La semana pasada, en videoconferencia con un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, expusieron su posición frente a los hechos represivos ocurridos durante la pandemia, y en particular sobre la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro.

A pesar de las invocaciones de la alianza gobernante en términos de su voluntad de “prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas de seguridad y servicio penitenciario en todo el territorio nacional” y de “otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas” y aunque ello muestre una actitud diferente con la gestión del gobierno anterior, lo cierto es que los pocos datos reconocidos guardan una enorme distancia con los que CORREPI pudo registrar en el mismo período.

El secretario Pietragalla informó de 531 denuncias recibidas por hechos represivos durante el ASPO, contra 71 recibidas entre el 10 de diciembre y al 20 de marzo, y la ministra Frederic dijo que recibieron en ese mismo tiempo 39 denuncias por “uso abusivo de la fuerza” por parte de los efectivos bajo su dependencia, con 96 efectivos involucrados, de los cuales 6 fueron pasados a disponibilidad, con 10 acciones disciplinarias en curso. Más de la mitad de las denuncias (22) fueron contra GNA, 9 contra PFA, 7 contra PNA y una contra PSA.

Frente a esos datos oficiales, contraponemos los que surgen de nuestro Archivo, que venimos tratando de actualizar permanentemente, a pesar de las obvias dificultades que nos impone la emergencia sanitaria, tanto para chequear los casos de los que nos enteramos como para que las familias puedan contactarse.

El casi centenar de reportes y notas publicadas desde el 20 de marzo pasado con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país, mediante golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios, muestran claramente cuál ha sido, hasta donde sabemos, el resultado concreto de la decisión de poner en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento.

El saldo más duro, sin dudas, es el de las muertes que esa política de estado generó, de la que damos cuenta en las tablas y gráficos que acompañan esta nota.

Desde la vigencia del DNU 297/2020 (del 20 de marzo al 6 de agosto), registramos 92 muertes de personas a manos de integrantes de la fuerzas estatales. Innecesario aclarar, a esta altura, que nuestro Archivo sólo incluye aquellos casos en que no existía situación real de peligro para el matador o terceros. De esos 92 casos, 34 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 45 muertes bajo custodia -cárceles o comisarías-; 4 femicidios y femicidios relacionados; 3 desapariciones forzadas; dos son consecuencia de otros delitos policiales, dos son otras modalidades, como el uso del patrullero como arma, y un caso es intrafuerza (se mataron entre ellos).

En materia territorial, la provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor población del país, va a la delantera con 42 casos, seguida de lejos por Santa Fe (10); Córdoba y San Luis (6 cada una); Tucumán (5); Jujuy (4); Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Santa Cruz y Mendoza (3 cada una); Neuquén y San Juan (2 cada una) y finalmente Chaco, Chubut y Santiago del Estero (1 cada una).

Es necesario aclarar que de los 42 casos en territorio bonaerense, 4 fueron cometidos por la Policía Federal y 6 por Policías de la Ciudad que viven en provincia.

Si hacemos el desglose por fuerza interviniente, el conjunto de las policías provinciales mataron 50 personas, los servicios penitenciarios provinciales son responsables de 27 muertes, las fuerzas federales de conjunto, de 8, y la Policía de la Ciudad, de 7.

Adjuntamos a esta nota los gráficos correspondientes, así como los que ilustran la incidencia represiva, en materia de muertes, desde el inicio de la actual gestión, el 10/12/2019, que suma ya 159 casos, entre fusilamiento de gatillo fácil (59); muertes bajo custodia (75); femicidios y femicidios relacionados (9); desapariciones forzadas (4); consecuencia de otros delitos policiales(4); otras modalidades (4) e intrafuerza (4) en todo el país.

Como siempre, las muertes bajo custodia, en cárceles y comisarías, y los fusilamientos de gatillo fácil, que tiene como principales víctimas a jóvenes de la clase trabajadora, representan casi el 90% del total de casos registrados. Pero cabe aclarar que en nuestro Archivo consignamos todos los casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, bajo la modalidad que sea, lo que incluye los femicidios y femicidios relacionados de uniforme, en los que obviamente hay un vínculo personal previo, así como los asesinatos intrafamiliares (muchos de mujeres policías que ultiman a sus parejas o hijos) e intrafuerza. Es que, como enseñaba Rodolfo Walsh hace unas seis décadas, su vocación de violencia no se agota en los episodios represivos, y “…sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria“, sin dejar de ser resultado de su condición de integrante de una fuerza de seguridad. Huelga aclarar que en esos casos no nos acercamos a las familias afectadas, pertenecientes o vinculadas a las fuerzas, pero no podemos dejar de consignar que también se matan entre ellos, como sucede también en muchos casos de muertes como resultado de alguna de las tantas actividades criminales de uniforme.

En esta pandemia se destacan tres desapariciones forzadas (Luis Armando Espinoza, Francisco Valentín Cruz y Facundo Astudillo Castro). Los cuerpos de los dos primeros, asesinados tras la detención policial arbitraria, ya fueron encontrados, mientras que seguimos exigiendo la aparición con vida de Facundo.

Estos números -que son personas, que son proyectos de vida truncos y familias devastadas- obligan a redoblar el reclamo del cumplimiento de la agenda antirrepresiva mínima que venimos exigiendo desde CORREPI, que cualquier gobierno con algo de voluntad política podría implementar para reducir un poco la sistemática letalidad de las fuerzas de seguridad, sin perjuicio de que la solución de fondo dependa de una profunda transformación del sistema social imperante.
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