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SourceWilder Pérez Varona (Filósofo, investigador del pensamiento cubano)
“El diseño del sistema político cubano ha sido problematizado por estudios nacionales desde diversas posiciones. Desde limitaciones de mecanismos aceptados por el socialismo histórico (mandato vinculante y sus expresiones, rendición de cuentas y revocabilidad), hasta críticas desde referentes ajenos, impugnados o no reconocidos por la tradición socialista a la que Cuba se adscribiera. La disputa sobre el sentido de las reformas actuales acaso pueden converger sobre tres ejes de problemas relacionados: la centralización de la toma de decisiones, la representatividad del orden institucional y el papel de la ley para normar las relaciones y procesos sociales, al interior del Estado, y entre el Estado y la ciudadanía. Tales problemas no atañen solamente a las instituciones políticas, sino a todo el proyecto de sociedad, desde 2019 definido como Estado socialista de derecho.
“En rigor, son viejos problemas bajo nuevas formas. Han sido lastres del modelo de socialismo que prevaleció en el siglo XX. De un modelo que asumió al Estado como demiurgo del socialismo, como su fuente, representante y garante. En la práctica, promovió la burocratización uniforme de las relaciones sociales y monopolizó la representación y gestión de la sociedad en nombre de una ideología oficial. A la postre, este modelo erró como alternativa cultural a las condiciones que heredó y quiso superar. La forma que asumen tales problemas en la Cuba de hoy obedecen, claro está, al modo peculiar en que las condiciones de capitalismo dependiente fueron modificadas por la revolución y el orden socialista resultante.
“Por tanto, pienso que existe hoy en Cuba una tensión entre la política entendida como administración de una sociedad, como modo de organizarla, de adjudicar jerarquías y funciones, de una parte, y la política asumida como intervención sobre ese orden social, como reivindicaciones plurales de igualdad (de condiciones, derechos, oportunidades) que instituyen nuevas libertades (políticas, económicas, sociales). En esa contradicción se disputa la legitimidad del sistema, su capacidad para procurar consensos, su naturaleza misma. Pese a lo que afirma el texto constitucional, se juega hoy la compatibilidad entre socialismo y estado de derecho.”
(…)
“Tales procesos han dado lugar a una pluralización de nuestro espectro político. Entre quienes se adhieren a la agenda recolonizadora de “transición democrática” para Cuba y quienes afirman la soberanía nacional como eje rector de todo proyecto futuro de sociedad (mayoritarias de uno y otro lado del estrecho de la Florida), se ha desplegado en las últimas décadas un abanico de posiciones, demandas, intereses y sujetos que las representan. La proliferación de canales y medios de expresión y difusión, de actores sociales y referentes, hallan en el ámbito nacional oportunidades desiguales de despliegue, alcance o legitimación. A priori, muchos se hallan constreñidos por el sistema normativo y entramado institucional vigentes.
“La injerencia estadunidense ha condicionado sin dudas la acusación estereotipada de financiamiento extranjero para quienes se oponen o disienten respecto al gobierno. En ausencia (por inexistencia, inoperancia o postergación) de un marco legislativo adecuado a las actuales condiciones, se ha apelado a viejos expedientes, por diversos medios, que persiguen un objetivo común: externalizar, marginalizar el disenso, expulsarlo del cuerpo social, simbólica e institucionalmente.
“Preservar la integridad nacional frente a proyectos de subversión financiados por potencias o entidades extranjeras —cuyos efectos hemos padecido generaciones de cubanas y cubanos— es un derecho inexcusable. Como tal, requiere de un marco jurídico robusto y eficiente, capaz de discernir, mediante un proceso público, la naturaleza y alcance de tales amenazas. En un contexto de crisis y multiplicación de posiciones políticas como el que vivimos, apelar al descrédito y a la criminalización, a negar indiscriminadamente el derecho de interlocución, obstaculizan un nuevo consenso en torno a un proyecto de sociedad y atiza la polarización de representaciones, afectos y deseos. La tradicional lógica de confrontación antagonista, efectiva en el pasado, se aviene mal con la labor de constituir un Estado socialista de derecho. La nueva Constitución, resultado de una inédita deliberación popular, puede y debe ser horizonte político para el cambio de época que vivimos, para la creación de un nuevo civismo, para la concreción de una soberanía más propiamente nacional, por inclusiva.”